La controversia por la compensación a los municipios ante la exención de contribuciones para adultos mayores abrió una discusión más amplia sobre el financiamiento de los gobiernos locales y el funcionamiento del Fondo Común Municipal (FCM), en medio de las diferencias surgidas entre alcaldes durante la tramitación de la denominada megarreforma.
El debate se originó por la fórmula escogida para compensar directamente a las comunas que dejarán de recibir ingresos como consecuencia de la exención, en lugar de canalizar esos recursos mediante el Fondo Común Municipal. La decisión generó cuestionamientos de alcaldes de oposición, que defendían un mecanismo con mayor efecto redistributivo.
En ese escenario, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Galilea, propuso incorporar en el Presupuesto 2027 alrededor de US$200 millones adicionales al Fondo Común Municipal.
Según el académico, una inyección fiscal de esa magnitud permitiría entregar mayor respaldo financiero a municipios de menores ingresos, especialmente aquellos pertenecientes a comunas rurales o alejadas de los principales centros urbanos.
Galilea sostuvo que la elevada dependencia que algunas municipalidades mantienen respecto del FCM limita su autonomía efectiva y reduce su capacidad para responder a las necesidades de sus comunidades.
El especialista planteó además que una fórmula de este tipo podría contribuir a superar las divisiones surgidas entre los alcaldes durante la discusión de la reforma. A su juicio, resulta necesario preservar el carácter transversal que tradicionalmente ha tenido el municipalismo, más allá de las diferencias partidarias entre los jefes comunales.
La controversia también reactivó cuestionamientos sobre el grado de descentralización fiscal existente en Chile. El senador por Antofagasta Esteban Velásquez planteó que los municipios mantienen una excesiva dependencia de decisiones adoptadas por el Gobierno central y de procedimientos administrativos que pueden retrasar la entrega de recursos.
El parlamentario cuestionó que numerosos proyectos y financiamientos locales deban pasar por distintas instancias ministeriales antes de ser ejecutados, situación que, según su evaluación, dificulta responder oportunamente a las necesidades de las regiones.
Velásquez llamó además a revisar los criterios utilizados para distribuir los recursos públicos entre los territorios y disminuir los espacios de discrecionalidad de las administraciones centrales. Su caracterización de ese mecanismo como una forma de “chantaje político” corresponde a su evaluación sobre el actual modelo de relación financiera entre el Estado y los gobiernos locales.
La discusión municipal también comenzó a formar parte de la estrategia política de sectores de oposición. Representantes metropolitanos del PPD, PS, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana y Partido Liberal acordaron coordinar posiciones frente a distintas iniciativas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast.
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, vinculó los problemas de financiamiento municipal con la orientación económica del Ejecutivo y cuestionó la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos con la oposición.
Sus afirmaciones corresponden a una crítica política de su sector y se producen en momentos en que las colectividades opositoras buscan fortalecer su coordinación frente a la agenda legislativa de La Moneda.
Más allá de las diferencias partidarias, la controversia vuelve a instalar una discusión estructural sobre el financiamiento municipal: cuánto debe aportar directamente el Estado, qué comunas deben contribuir en mayor proporción al Fondo Común Municipal y qué criterios deberían utilizarse para redistribuir los recursos.
La propuesta de incorporar US$200 millones adicionales al FCM mediante el Presupuesto 2027 aparece como una alternativa planteada por Galilea para reforzar los ingresos de las comunas de menores recursos. Su eventual incorporación, sin embargo, dependerá de las prioridades fiscales que establezca el Ejecutivo y de la posterior discusión presupuestaria en el Congreso. (NP-ChatGPT-Radio U.Chile)
La entrada Proponen inyectar US$200 millones al FCM tras disputa por contribuciones de tercera edad se publicó primero en Nuevo Poder.
La controversia por la compensación a los municipios ante la exención de contribuciones para adultos mayores abrió una discusión más amplia sobre el financiamiento de los gobiernos locales y el funcionamiento del Fondo Común Municipal (FCM), en medio de las diferencias surgidas entre alcaldes durante la tramitación de la denominada megarreforma.. El debate se originó por la fórmula escogida para compensar directamente a las comunas que dejarán de recibir ingresos como consecuencia de la exención, en lugar de canalizar esos recursos mediante el Fondo Común Municipal. La decisión generó cuestionamientos de alcaldes de oposición, que defendían un mecanismo con mayor efecto redistributivo.. En ese escenario, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Galilea, propuso incorporar en el Presupuesto 2027 alrededor de US$200 millones adicionales al Fondo Común Municipal.. Según el académico, una inyección fiscal de esa magnitud permitiría entregar mayor respaldo financiero a municipios de menores ingresos, especialmente aquellos pertenecientes a comunas rurales o alejadas de los principales centros urbanos.. Galilea sostuvo que la elevada dependencia que algunas municipalidades mantienen respecto del FCM limita su autonomía efectiva y reduce su capacidad para responder a las necesidades de sus comunidades.. El especialista planteó además que una fórmula de este tipo podría contribuir a superar las divisiones surgidas entre los alcaldes durante la discusión de la reforma. A su juicio, resulta necesario preservar el carácter transversal que tradicionalmente ha tenido el municipalismo, más allá de las diferencias partidarias entre los jefes comunales.. La controversia también reactivó cuestionamientos sobre el grado de descentralización fiscal existente en Chile. El senador por Antofagasta Esteban Velásquez planteó que los municipios mantienen una excesiva dependencia de decisiones adoptadas por el Gobierno central y de procedimientos administrativos que pueden retrasar la entrega de recursos.. El parlamentario cuestionó que numerosos proyectos y financiamientos locales deban pasar por distintas instancias ministeriales antes de ser ejecutados, situación que, según su evaluación, dificulta responder oportunamente a las necesidades de las regiones.. Velásquez llamó además a revisar los criterios utilizados para distribuir los recursos públicos entre los territorios y disminuir los espacios de discrecionalidad de las administraciones centrales. Su caracterización de ese mecanismo como una forma de “chantaje político” corresponde a su evaluación sobre el actual modelo de relación financiera entre el Estado y los gobiernos locales.. La discusión municipal también comenzó a formar parte de la estrategia política de sectores de oposición. Representantes metropolitanos del PPD, PS, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana y Partido Liberal acordaron coordinar posiciones frente a distintas iniciativas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast.. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, vinculó los problemas de financiamiento municipal con la orientación económica del Ejecutivo y cuestionó la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos con la oposición.. Sus afirmaciones corresponden a una crítica política de su sector y se producen en momentos en que las colectividades opositoras buscan fortalecer su coordinación frente a la agenda legislativa de La Moneda.. Más allá de las diferencias partidarias, la controversia vuelve a instalar una discusión estructural sobre el financiamiento municipal: cuánto debe aportar directamente el Estado, qué comunas deben contribuir en mayor proporción al Fondo Común Municipal y qué criterios deberían utilizarse para redistribuir los recursos.. La propuesta de incorporar US$200 millones adicionales al FCM mediante el Presupuesto 2027 aparece como una alternativa planteada por Galilea para reforzar los ingresos de las comunas de menores recursos. Su eventual incorporación, sin embargo, dependerá de las prioridades fiscales que establezca el Ejecutivo y de la posterior discusión presupuestaria en el Congreso. (NP-ChatGPT-Radio U.Chile). La entrada Proponen inyectar US$200 millones al FCM tras disputa por contribuciones de tercera edad se publicó primero en Nuevo Poder.
La controversia por la compensación a los municipios ante la exención de contribuciones para adultos mayores abrió una discusión más amplia sobre el financiamiento de los gobiernos locales y el funcionamiento del Fondo Común Municipal (FCM), en medio de las diferencias surgidas entre alcaldes durante la tramitación de la denominada megarreforma. El debate se originó La entrada Proponen inyectar US$200 millones al FCM tras disputa por contribuciones de tercera edad se publicó primero en Nuevo Poder.
La controversia por la compensación a los municipios ante la exención de contribuciones para adultos mayores abrió una discusión más amplia sobre el financiamiento de los gobiernos locales y el funcionamiento del Fondo Común Municipal (FCM), en medio de las diferencias surgidas entre alcaldes durante la tramitación de la denominada megarreforma.. El debate se originó por la fórmula escogida para compensar directamente a las comunas que dejarán de recibir ingresos como consecuencia de la exención, en lugar de canalizar esos recursos mediante el Fondo Común Municipal. La decisión generó cuestionamientos de alcaldes de oposición, que defendían un mecanismo con mayor efecto redistributivo.. En ese escenario, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Galilea, propuso incorporar en el Presupuesto 2027 alrededor de US$200 millones adicionales al Fondo Común Municipal.. Según el académico, una inyección fiscal de esa magnitud permitiría entregar mayor respaldo financiero a municipios de menores ingresos, especialmente aquellos pertenecientes a comunas rurales o alejadas de los principales centros urbanos.. Galilea sostuvo que la elevada dependencia que algunas municipalidades mantienen respecto del FCM limita su autonomía efectiva y reduce su capacidad para responder a las necesidades de sus comunidades.. El especialista planteó además que una fórmula de este tipo podría contribuir a superar las divisiones surgidas entre los alcaldes durante la discusión de la reforma. A su juicio, resulta necesario preservar el carácter transversal que tradicionalmente ha tenido el municipalismo, más allá de las diferencias partidarias entre los jefes comunales.. La controversia también reactivó cuestionamientos sobre el grado de descentralización fiscal existente en Chile. El senador por Antofagasta Esteban Velásquez planteó que los municipios mantienen una excesiva dependencia de decisiones adoptadas por el Gobierno central y de procedimientos administrativos que pueden retrasar la entrega de recursos.. El parlamentario cuestionó que numerosos proyectos y financiamientos locales deban pasar por distintas instancias ministeriales antes de ser ejecutados, situación que, según su evaluación, dificulta responder oportunamente a las necesidades de las regiones.. Velásquez llamó además a revisar los criterios utilizados para distribuir los recursos públicos entre los territorios y disminuir los espacios de discrecionalidad de las administraciones centrales. Su caracterización de ese mecanismo como una forma de “chantaje político” corresponde a su evaluación sobre el actual modelo de relación financiera entre el Estado y los gobiernos locales.. La discusión municipal también comenzó a formar parte de la estrategia política de sectores de oposición. Representantes metropolitanos del PPD, PS, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana y Partido Liberal acordaron coordinar posiciones frente a distintas iniciativas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast.. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, vinculó los problemas de financiamiento municipal con la orientación económica del Ejecutivo y cuestionó la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos con la oposición.. Sus afirmaciones corresponden a una crítica política de su sector y se producen en momentos en que las colectividades opositoras buscan fortalecer su coordinación frente a la agenda legislativa de La Moneda.. Más allá de las diferencias partidarias, la controversia vuelve a instalar una discusión estructural sobre el financiamiento municipal: cuánto debe aportar directamente el Estado, qué comunas deben contribuir en mayor proporción al Fondo Común Municipal y qué criterios deberían utilizarse para redistribuir los recursos.. La propuesta de incorporar US$200 millones adicionales al FCM mediante el Presupuesto 2027 aparece como una alternativa planteada por Galilea para reforzar los ingresos de las comunas de menores recursos. Su eventual incorporación, sin embargo, dependerá de las prioridades fiscales que establezca el Ejecutivo y de la posterior discusión presupuestaria en el Congreso. (NP-ChatGPT-Radio U.Chile)
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