La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de incorporar el financiamiento de Centros Comunitarios de Culto a uno de sus programas abrió un debate entre el Gobierno y parlamentarios respecto del uso de recursos públicos para infraestructura vinculada a organizaciones religiosas.
La nueva línea forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) y contempla una inversión total de 143.800 UF, equivalente a cerca de $5.900 millones, con 22 cupos distribuidos a nivel nacional.
Según informó el Minvu, es la primera vez que el programa incorpora una línea específica destinada a la construcción de este tipo de recintos. La cartera sostiene que los inmuebles no estarán dedicados exclusivamente a actividades religiosas, sino que deberán cumplir también una función comunitaria.
Los proyectos deberán disponer de espacios para el culto y la reflexión, además de dependencias destinadas a talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y otras actividades abiertas a los habitantes del sector.
También se contempla la habilitación de áreas exteriores para actividades culturales y recreativas, además de cocinas, oficinas, bodegas y baños.
El anuncio generó cuestionamientos de parlamentarios que plantearon reparos respecto del financiamiento estatal de infraestructura asociada a organizaciones religiosas y pidieron al Ejecutivo explicar los criterios utilizados para establecer esta prioridad presupuestaria.
El senador Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, argumentó que los recursos públicos deben dirigirse a objetivos de interés general y sostuvo que la iniciativa podría abrir un debate sobre la neutralidad religiosa del Estado.
La diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, afirmó que respeta el derecho de las comunidades religiosas a desarrollar sus actividades, pero cuestionó que los recursos provengan del Ministerio de Vivienda en momentos en que numerosas familias continúan esperando una solución habitacional.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la medida y calificó la controversia como una “micropolémica”. El secretario de Estado sostuvo que el programa tendrá un costo acotado y cuestionó a los parlamentarios críticos, a quienes acusó de desconocer el papel social que desempeñan las iglesias en sectores vulnerables.
Poduje afirmó que la finalidad del financiamiento trasciende las actividades religiosas y se relaciona principalmente con el trabajo comunitario que realizan estas organizaciones. Mencionó que la iniciativa puede incluir recintos vinculados a distintas confesiones y sostuvo que el criterio relevante será la función social que desarrollen.
El ministro comparó el programa con otras modalidades mediante las cuales el Estado entrega apoyo o terrenos para sedes sociales, centros destinados a adultos mayores, juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias.
Posteriormente, Poduje informó que se reunió con el diputado Benjamín Lorca (Republicano) para abordar los alcances de la nueva línea del DS27. Según explicó, el objetivo es mejorar espacios que, además de servir para actividades propias de las organizaciones religiosas, funcionen como lugares de encuentro y apoyo para vecinos y familias.
El titular del Minvu reiteró que la cartera respaldará la construcción o reparación de iglesias de barrio por considerar que desempeñan una función social, de manera similar al apoyo entregado a sedes comunitarias, centros de adultos mayores, juntas de vecinos y clubes deportivos.
La controversia enfrenta así dos interpretaciones sobre la iniciativa. Mientras sus críticos cuestionan la utilización de fondos del Minvu para recintos vinculados al culto y plantean dudas sobre las prioridades habitacionales y la neutralidad estatal, el ministerio sostiene que el financiamiento responde al uso comunitario y social que tendrán los inmuebles.
El alcance preciso de los proyectos, los requisitos para acceder a los 22 cupos y los mecanismos destinados a garantizar el uso comunitario de los recintos serán elementos relevantes para evaluar la implementación de la nueva línea del programa. (NP-ChatGPT-Emol-Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
La entrada Minvu destina cerca US$ 6 millones a centros comunitarios de culto y genera polémica se publicó primero en Nuevo Poder.
La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de incorporar el financiamiento de Centros Comunitarios de Culto a uno de sus programas abrió un debate entre el Gobierno y parlamentarios respecto del uso de recursos públicos para infraestructura vinculada a organizaciones religiosas.. La nueva línea forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) y contempla una inversión total de 143.800 UF, equivalente a cerca de $5.900 millones, con 22 cupos distribuidos a nivel nacional.. Según informó el Minvu, es la primera vez que el programa incorpora una línea específica destinada a la construcción de este tipo de recintos. La cartera sostiene que los inmuebles no estarán dedicados exclusivamente a actividades religiosas, sino que deberán cumplir también una función comunitaria.. Los proyectos deberán disponer de espacios para el culto y la reflexión, además de dependencias destinadas a talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y otras actividades abiertas a los habitantes del sector.. También se contempla la habilitación de áreas exteriores para actividades culturales y recreativas, además de cocinas, oficinas, bodegas y baños.. El anuncio generó cuestionamientos de parlamentarios que plantearon reparos respecto del financiamiento estatal de infraestructura asociada a organizaciones religiosas y pidieron al Ejecutivo explicar los criterios utilizados para establecer esta prioridad presupuestaria.. El senador Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, argumentó que los recursos públicos deben dirigirse a objetivos de interés general y sostuvo que la iniciativa podría abrir un debate sobre la neutralidad religiosa del Estado.. La diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, afirmó que respeta el derecho de las comunidades religiosas a desarrollar sus actividades, pero cuestionó que los recursos provengan del Ministerio de Vivienda en momentos en que numerosas familias continúan esperando una solución habitacional.. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la medida y calificó la controversia como una “micropolémica”. El secretario de Estado sostuvo que el programa tendrá un costo acotado y cuestionó a los parlamentarios críticos, a quienes acusó de desconocer el papel social que desempeñan las iglesias en sectores vulnerables.. Poduje afirmó que la finalidad del financiamiento trasciende las actividades religiosas y se relaciona principalmente con el trabajo comunitario que realizan estas organizaciones. Mencionó que la iniciativa puede incluir recintos vinculados a distintas confesiones y sostuvo que el criterio relevante será la función social que desarrollen.. El ministro comparó el programa con otras modalidades mediante las cuales el Estado entrega apoyo o terrenos para sedes sociales, centros destinados a adultos mayores, juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias.. Posteriormente, Poduje informó que se reunió con el diputado Benjamín Lorca (Republicano) para abordar los alcances de la nueva línea del DS27. Según explicó, el objetivo es mejorar espacios que, además de servir para actividades propias de las organizaciones religiosas, funcionen como lugares de encuentro y apoyo para vecinos y familias.. El titular del Minvu reiteró que la cartera respaldará la construcción o reparación de iglesias de barrio por considerar que desempeñan una función social, de manera similar al apoyo entregado a sedes comunitarias, centros de adultos mayores, juntas de vecinos y clubes deportivos.. La controversia enfrenta así dos interpretaciones sobre la iniciativa. Mientras sus críticos cuestionan la utilización de fondos del Minvu para recintos vinculados al culto y plantean dudas sobre las prioridades habitacionales y la neutralidad estatal, el ministerio sostiene que el financiamiento responde al uso comunitario y social que tendrán los inmuebles.. El alcance preciso de los proyectos, los requisitos para acceder a los 22 cupos y los mecanismos destinados a garantizar el uso comunitario de los recintos serán elementos relevantes para evaluar la implementación de la nueva línea del programa. (NP-ChatGPT-Emol-Ministerio de Vivienda y Urbanismo). La entrada Minvu destina cerca US$ 6 millones a centros comunitarios de culto y genera polémica se publicó primero en Nuevo Poder.
La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de incorporar el financiamiento de Centros Comunitarios de Culto a uno de sus programas abrió un debate entre el Gobierno y parlamentarios respecto del uso de recursos públicos para infraestructura vinculada a organizaciones religiosas. La nueva línea forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y La entrada Minvu destina cerca US$ 6 millones a centros comunitarios de culto y genera polémica se publicó primero en Nuevo Poder.
La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de incorporar el financiamiento de Centros Comunitarios de Culto a uno de sus programas abrió un debate entre el Gobierno y parlamentarios respecto del uso de recursos públicos para infraestructura vinculada a organizaciones religiosas.. La nueva línea forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) y contempla una inversión total de 143.800 UF, equivalente a cerca de $5.900 millones, con 22 cupos distribuidos a nivel nacional.. Según informó el Minvu, es la primera vez que el programa incorpora una línea específica destinada a la construcción de este tipo de recintos. La cartera sostiene que los inmuebles no estarán dedicados exclusivamente a actividades religiosas, sino que deberán cumplir también una función comunitaria.. Los proyectos deberán disponer de espacios para el culto y la reflexión, además de dependencias destinadas a talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y otras actividades abiertas a los habitantes del sector.. También se contempla la habilitación de áreas exteriores para actividades culturales y recreativas, además de cocinas, oficinas, bodegas y baños.. El anuncio generó cuestionamientos de parlamentarios que plantearon reparos respecto del financiamiento estatal de infraestructura asociada a organizaciones religiosas y pidieron al Ejecutivo explicar los criterios utilizados para establecer esta prioridad presupuestaria.. El senador Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, argumentó que los recursos públicos deben dirigirse a objetivos de interés general y sostuvo que la iniciativa podría abrir un debate sobre la neutralidad religiosa del Estado.. La diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, afirmó que respeta el derecho de las comunidades religiosas a desarrollar sus actividades, pero cuestionó que los recursos provengan del Ministerio de Vivienda en momentos en que numerosas familias continúan esperando una solución habitacional.. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la medida y calificó la controversia como una “micropolémica”. El secretario de Estado sostuvo que el programa tendrá un costo acotado y cuestionó a los parlamentarios críticos, a quienes acusó de desconocer el papel social que desempeñan las iglesias en sectores vulnerables.. Poduje afirmó que la finalidad del financiamiento trasciende las actividades religiosas y se relaciona principalmente con el trabajo comunitario que realizan estas organizaciones. Mencionó que la iniciativa puede incluir recintos vinculados a distintas confesiones y sostuvo que el criterio relevante será la función social que desarrollen.. El ministro comparó el programa con otras modalidades mediante las cuales el Estado entrega apoyo o terrenos para sedes sociales, centros destinados a adultos mayores, juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias.. Posteriormente, Poduje informó que se reunió con el diputado Benjamín Lorca (Republicano) para abordar los alcances de la nueva línea del DS27. Según explicó, el objetivo es mejorar espacios que, además de servir para actividades propias de las organizaciones religiosas, funcionen como lugares de encuentro y apoyo para vecinos y familias.. El titular del Minvu reiteró que la cartera respaldará la construcción o reparación de iglesias de barrio por considerar que desempeñan una función social, de manera similar al apoyo entregado a sedes comunitarias, centros de adultos mayores, juntas de vecinos y clubes deportivos.. La controversia enfrenta así dos interpretaciones sobre la iniciativa. Mientras sus críticos cuestionan la utilización de fondos del Minvu para recintos vinculados al culto y plantean dudas sobre las prioridades habitacionales y la neutralidad estatal, el ministerio sostiene que el financiamiento responde al uso comunitario y social que tendrán los inmuebles.. El alcance preciso de los proyectos, los requisitos para acceder a los 22 cupos y los mecanismos destinados a garantizar el uso comunitario de los recintos serán elementos relevantes para evaluar la implementación de la nueva línea del programa. (NP-ChatGPT-Emol-Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
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