El ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió en abril antecedentes elaborados por asesores de su cartera que advertían sobre los riesgos jurídicos y políticos de modificar los criterios para conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Los documentos fueron analizados en reuniones internas, meses antes de que estallara la controversia por los 56 decretos cuestionados.
Según antecedentes publicados por La Tercera, los equipos del Ministerio de Justicia prepararon minutas que examinaban distintas interpretaciones legales y sus posibles consecuencias. Las reuniones buscaban entregar elementos para una decisión que correspondía adoptar al ministro.
En los encuentros participaron, entre otros funcionarios, la jefa de la División de Reinserción Social, Fabiana Castro; el jefe del Departamento de Reinserción Social Adultos, Ignacio Abarca; el asesor Sebastián Schmoller y la jefa de gabinete, Paula Bagioli. Los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira no asistieron a esas reuniones.
Uno de los documentos abordó las solicitudes de reducción de condenas por delitos sexuales contra menores. Allí se consignó que entre 2022 y 2026 se habían presentado 295 recursos de amparo relacionados con esta materia, de los cuales el 92,5% fueron acogidos.
Ese antecedente constituye uno de los principales argumentos utilizados por Rabat para defender su actuación, al sostener que aplicó una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia mayoritaria de la Segunda Sala de la Corte Suprema.
La discusión se concentró en la aplicación temporal de una causal legal de exclusión incorporada en febrero de 2022, que restringió el acceso al beneficio para determinados condenados.
Bajo una interpretación basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, esa causal no podía aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en vigencia.
Sin embargo, las minutas también recogieron otra alternativa jurídica: rechazar las solicitudes considerando la especial gravedad del delito o la vulnerabilidad de las víctimas, incluso cuando no concurriera una causal expresa de exclusión.
Uno de los documentos planteó que la decisión requería «ponderar el aumento de los recursos de amparo y la jurisprudencia mayoritaria versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales de menores de edad».
En materia de derechos humanos, otra minuta advirtió sobre las consecuencias comunicacionales de reducir penas a condenados por delitos de lesa humanidad.
El texto señaló que existía un «riesgo político» de que la opinión pública confundiera esas reducciones con beneficios distintos, como los indultos.
Los antecedentes muestran que dentro del ministerio se examinaron distintas alternativas antes de adoptar el criterio que posteriormente motivó los cuestionamientos políticos. No obstante, las minutas corresponden a documentos de análisis y no a actas formales de las reuniones.
Las diferencias de interpretación también generaron tensiones entre equipos de la cartera, incluidos funcionarios con amplia trayectoria institucional. Entre ellos figura Marcela Corvalán, exjefa del Departamento de Reinserción Social Adultos, desvinculada durante la actual administración.
Este jueves 29 de octubre, Rabat retomó sus actividades públicas y participó en la ceremonia de juramento de Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema.
Tras la actividad, el secretario de Estado reiteró que actuó conforme a la Constitución y la legislación vigente, y descartó que los antecedentes conocidos justifiquen una acusación constitucional.
«Con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional», afirmó.
El ministro también confirmó que encargó la preparación de una querella criminal contra el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, por declaraciones en las que planteó una eventual vinculación entre las rebajas de condenas y una supuesta red internacional de pedofilia, sin aportar pruebas que respaldaran esa hipótesis.
Rabat calificó esas afirmaciones como lamentables y sostuvo que afectan su honra.
Respecto de la acusación constitucional anunciada por la oposición, el titular de Justicia consideró que los parlamentarios están intentando establecer un «punto político» y reiteró su tranquilidad frente al proceso.
La presentación del libelo todavía se encuentra pendiente, mientras las bancadas opositoras trabajan en sus fundamentos jurídicos y buscan reunir los apoyos necesarios para su tramitación.
Consultado sobre una eventual renuncia, Rabat reafirmó que cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast.
«Estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado», declaró. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Minutas internas advirtieron a Rabat sobre riesgos de rebajar penas a abusadores de niños se publicó primero en Nuevo Poder.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió en abril antecedentes elaborados por asesores de su cartera que advertían sobre los riesgos jurídicos y políticos de modificar los criterios para conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Los documentos fueron analizados en reuniones internas, meses antes de que estallara la controversia por los 56 decretos cuestionados.. Según antecedentes publicados por La Tercera, los equipos del Ministerio de Justicia prepararon minutas que examinaban distintas interpretaciones legales y sus posibles consecuencias. Las reuniones buscaban entregar elementos para una decisión que correspondía adoptar al ministro.. En los encuentros participaron, entre otros funcionarios, la jefa de la División de Reinserción Social, Fabiana Castro; el jefe del Departamento de Reinserción Social Adultos, Ignacio Abarca; el asesor Sebastián Schmoller y la jefa de gabinete, Paula Bagioli. Los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira no asistieron a esas reuniones.. Uno de los documentos abordó las solicitudes de reducción de condenas por delitos sexuales contra menores. Allí se consignó que entre 2022 y 2026 se habían presentado 295 recursos de amparo relacionados con esta materia, de los cuales el 92,5% fueron acogidos.. Ese antecedente constituye uno de los principales argumentos utilizados por Rabat para defender su actuación, al sostener que aplicó una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia mayoritaria de la Segunda Sala de la Corte Suprema.. La discusión se concentró en la aplicación temporal de una causal legal de exclusión incorporada en febrero de 2022, que restringió el acceso al beneficio para determinados condenados.. Bajo una interpretación basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, esa causal no podía aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en vigencia.. Sin embargo, las minutas también recogieron otra alternativa jurídica: rechazar las solicitudes considerando la especial gravedad del delito o la vulnerabilidad de las víctimas, incluso cuando no concurriera una causal expresa de exclusión.. Uno de los documentos planteó que la decisión requería «ponderar el aumento de los recursos de amparo y la jurisprudencia mayoritaria versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales de menores de edad».. En materia de derechos humanos, otra minuta advirtió sobre las consecuencias comunicacionales de reducir penas a condenados por delitos de lesa humanidad.. El texto señaló que existía un «riesgo político» de que la opinión pública confundiera esas reducciones con beneficios distintos, como los indultos.. Los antecedentes muestran que dentro del ministerio se examinaron distintas alternativas antes de adoptar el criterio que posteriormente motivó los cuestionamientos políticos. No obstante, las minutas corresponden a documentos de análisis y no a actas formales de las reuniones.. Las diferencias de interpretación también generaron tensiones entre equipos de la cartera, incluidos funcionarios con amplia trayectoria institucional. Entre ellos figura Marcela Corvalán, exjefa del Departamento de Reinserción Social Adultos, desvinculada durante la actual administración.. Este jueves 29 de octubre, Rabat retomó sus actividades públicas y participó en la ceremonia de juramento de Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema.. Tras la actividad, el secretario de Estado reiteró que actuó conforme a la Constitución y la legislación vigente, y descartó que los antecedentes conocidos justifiquen una acusación constitucional.. «Con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional», afirmó.. El ministro también confirmó que encargó la preparación de una querella criminal contra el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, por declaraciones en las que planteó una eventual vinculación entre las rebajas de condenas y una supuesta red internacional de pedofilia, sin aportar pruebas que respaldaran esa hipótesis.. Rabat calificó esas afirmaciones como lamentables y sostuvo que afectan su honra.. Respecto de la acusación constitucional anunciada por la oposición, el titular de Justicia consideró que los parlamentarios están intentando establecer un «punto político» y reiteró su tranquilidad frente al proceso.. La presentación del libelo todavía se encuentra pendiente, mientras las bancadas opositoras trabajan en sus fundamentos jurídicos y buscan reunir los apoyos necesarios para su tramitación.. Consultado sobre una eventual renuncia, Rabat reafirmó que cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast.. «Estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado», declaró. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Minutas internas advirtieron a Rabat sobre riesgos de rebajar penas a abusadores de niños se publicó primero en Nuevo Poder.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió en abril antecedentes elaborados por asesores de su cartera que advertían sobre los riesgos jurídicos y políticos de modificar los criterios para conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Los documentos fueron analizados en reuniones La entrada Minutas internas advirtieron a Rabat sobre riesgos de rebajar penas a abusadores de niños se publicó primero en Nuevo Poder.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió en abril antecedentes elaborados por asesores de su cartera que advertían sobre los riesgos jurídicos y políticos de modificar los criterios para conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Los documentos fueron analizados en reuniones internas, meses antes de que estallara la controversia por los 56 decretos cuestionados.. Según antecedentes publicados por La Tercera, los equipos del Ministerio de Justicia prepararon minutas que examinaban distintas interpretaciones legales y sus posibles consecuencias. Las reuniones buscaban entregar elementos para una decisión que correspondía adoptar al ministro.. En los encuentros participaron, entre otros funcionarios, la jefa de la División de Reinserción Social, Fabiana Castro; el jefe del Departamento de Reinserción Social Adultos, Ignacio Abarca; el asesor Sebastián Schmoller y la jefa de gabinete, Paula Bagioli. Los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira no asistieron a esas reuniones.. Uno de los documentos abordó las solicitudes de reducción de condenas por delitos sexuales contra menores. Allí se consignó que entre 2022 y 2026 se habían presentado 295 recursos de amparo relacionados con esta materia, de los cuales el 92,5% fueron acogidos.. Ese antecedente constituye uno de los principales argumentos utilizados por Rabat para defender su actuación, al sostener que aplicó una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia mayoritaria de la Segunda Sala de la Corte Suprema.. La discusión se concentró en la aplicación temporal de una causal legal de exclusión incorporada en febrero de 2022, que restringió el acceso al beneficio para determinados condenados.. Bajo una interpretación basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, esa causal no podía aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en vigencia.. Sin embargo, las minutas también recogieron otra alternativa jurídica: rechazar las solicitudes considerando la especial gravedad del delito o la vulnerabilidad de las víctimas, incluso cuando no concurriera una causal expresa de exclusión.. Uno de los documentos planteó que la decisión requería «ponderar el aumento de los recursos de amparo y la jurisprudencia mayoritaria versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales de menores de edad».. En materia de derechos humanos, otra minuta advirtió sobre las consecuencias comunicacionales de reducir penas a condenados por delitos de lesa humanidad.. El texto señaló que existía un «riesgo político» de que la opinión pública confundiera esas reducciones con beneficios distintos, como los indultos.. Los antecedentes muestran que dentro del ministerio se examinaron distintas alternativas antes de adoptar el criterio que posteriormente motivó los cuestionamientos políticos. No obstante, las minutas corresponden a documentos de análisis y no a actas formales de las reuniones.. Las diferencias de interpretación también generaron tensiones entre equipos de la cartera, incluidos funcionarios con amplia trayectoria institucional. Entre ellos figura Marcela Corvalán, exjefa del Departamento de Reinserción Social Adultos, desvinculada durante la actual administración.. Este jueves 29 de octubre, Rabat retomó sus actividades públicas y participó en la ceremonia de juramento de Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema.. Tras la actividad, el secretario de Estado reiteró que actuó conforme a la Constitución y la legislación vigente, y descartó que los antecedentes conocidos justifiquen una acusación constitucional.. «Con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional», afirmó.. El ministro también confirmó que encargó la preparación de una querella criminal contra el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, por declaraciones en las que planteó una eventual vinculación entre las rebajas de condenas y una supuesta red internacional de pedofilia, sin aportar pruebas que respaldaran esa hipótesis.. Rabat calificó esas afirmaciones como lamentables y sostuvo que afectan su honra.. Respecto de la acusación constitucional anunciada por la oposición, el titular de Justicia consideró que los parlamentarios están intentando establecer un «punto político» y reiteró su tranquilidad frente al proceso.. La presentación del libelo todavía se encuentra pendiente, mientras las bancadas opositoras trabajan en sus fundamentos jurídicos y buscan reunir los apoyos necesarios para su tramitación.. Consultado sobre una eventual renuncia, Rabat reafirmó que cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast.. «Estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado», declaró. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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