El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó los antecedentes que revelan un alto riesgo de reincidencia en 33 de las 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad que recibieron rebajas administrativas de sus penas.
Según informó Radio Biobío, los informes elaborados por Gendarmería advertían factores de riesgo entre los beneficiados, incluidos la negación de los delitos cometidos y la falta de empatía hacia las víctimas.
El Gobierno confirmó que las 56 personas favorecidas por las rebajas de condena se encuentran actualmente en libertad y que las víctimas no fueron notificadas de estos beneficios.
En un punto de prensa realizado en dependencias de Morandé 107, Rabat explicó que el Ministerio de Justicia no tiene atribuciones para evaluar los antecedentes individuales de quienes solicitan una reducción de condena.
De acuerdo con el secretario de Estado, esa responsabilidad corresponde a una comisión especializada, integrada por representantes del Poder Judicial, psicólogos y asistentes sociales, encargada de determinar si los internos cumplen las condiciones exigidas por la legislación.
“El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades”, afirmó.
El ministro sostuvo que su cartera no realiza una evaluación del riesgo de reincidencia ni pondera los informes técnicos de Gendarmería al momento de tramitar las solicitudes.
Frente a los cuestionamientos por la liberación de personas consideradas de alto riesgo, Rabat señaló que el procedimiento vigente se remonta a 2003 y que las dificultades detectadas evidencian la necesidad de modificar la normativa.
En ese contexto, anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley, por instrucción del Presidente José Antonio Kast, destinado a impedir que se repitan situaciones similares.
Una de las principales modificaciones propuestas consiste en otorgar a los informes de Gendarmería la condición de antecedentes calificados, de manera que las comisiones encargadas de resolver las solicitudes deban darles especial consideración.
La iniciativa también contempla fortalecer la participación de especialistas técnicos en esas instancias, con el propósito de mejorar la evaluación de los antecedentes penitenciarios y del comportamiento de los condenados.
Rabat insistió en que las comisiones son las responsables de determinar si la conducta de un interno puede calificarse como sobresaliente y, en consecuencia, si corresponde conceder una rebaja de condena.
La controversia ha provocado fuertes cuestionamientos al Gobierno, tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas, debido a la gravedad de los delitos involucrados y a la falta de información entregada a las víctimas.
Entre las críticas destaca la de la senadora de Renovación Nacional María José Gatica, quien ha solicitado que Rabat asuma la responsabilidad política y deje su cargo.
Por su parte, la oposición anunció una sesión especial para examinar los antecedentes del caso y evaluar una eventual acusación constitucional contra el ministro.
La revelación de los informes de Gendarmería agrega un nuevo elemento a la crisis, al establecer que existían advertencias técnicas sobre el riesgo de reincidencia de una parte importante de los beneficiados, pese a lo cual las rebajas fueron concedidas. (NP-ChatGPT-Emol)
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Fernando Rabat, el Ministro de Justicia, abordó la cuestión del alto riesgo de reincidencia en 33 de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores que recibieron sentencias reducidas. Los informes de la Gendarmería identificaron factores de riesgo entre los beneficiarios, incluida la negación de los crímenes y la falta de empatía hacia las víctimas. El gobierno confirmó que las 56 personas con sentencias reducidas están actualmente en libertad y las víctimas no fueron informadas de estos beneficios. Rabat explicó que el Ministerio de Justicia no puede evaluar los antecedentes individuales de aquellos que solicitan reducciones de sentencias; esta responsabilidad recae en una comisión especializada. El ministro declaró que su cartera no evalúa el riesgo de recurrencia ni considera los informes de la Gendarmería al procesar las solicitudes. Rabat anunció que el gobierno está preparando un proyecto de ley para prevenir situaciones similares, incluyendo la concesión de un estatus calificado a los informes de la Gendarmería y el aumento de la participación de especialistas técnicos. Esta controversia ha llevado a llamadas a la renuncia de Rabat y posibles acusaciones constitucionales en su contra. La Gendarmería emitió una advertencia sobre el alto riesgo de reincidencia en 33 de los 56 convictos que recibieron reducciones de sentencias, como informó inicialmente Nuevo Poder.
Fernando Rabat, el Ministro de Justicia, discutió la información de fondo que indica una alta probabilidad de reincidencia en 33 de las 56 personas que fueron condenadas por delitos sexuales contra menores y recibieron reducciones en sus sentencias a través de medios administrativos. Según Radio Biobío, los informes de la Gendarmería destacaron los riesgos potenciales entre los que reciben beneficios, como el informe inicial que advirtió de una alta probabilidad de reincidencia en 33 de los 56 convictos a los que se les redujeron las penas. Esta información fue compartida por primera vez por Nuevo Poder.
El Ministro de Justicia, Fernando Rabat, discutió la información de fondo que indica un alto riesgo de reincidencia en 33 de las 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores que recibieron reducciones administrativas en sus sentencias. Según los informes de Radio Biobío, la Gendarmería advirtió de factores de riesgo entre los beneficiarios, incluida la negación de los crímenes cometidos y la falta de empatía hacia las víctimas. El Gobierno confirmó que las 56 personas que se beneficiaron de las reducciones de la pena están actualmente en libertad y que las víctimas no fueron informadas de estos beneficios. Durante una conferencia de prensa en Morandé 107, Rabat explicó que el Ministerio de Justicia no tiene la autoridad para evaluar los antecedentes individuales de aquellos que solicitan una reducción de su sentencia. Esta responsabilidad recae en una comisión especializada, compuesta por representantes del poder judicial, psicólogos y trabajadores sociales, que determina si los reclusos cumplen con los requisitos legales. El ministro declaró que su cartera no evalúa el riesgo de reincidencia ni considera los informes técnicos de la Gendarmería al procesar las solicitudes. En respuesta a preguntas sobre la liberación de personas consideradas de alto riesgo, Rabat señaló que el procedimiento actual se remonta a 2003 y que las dificultades identificadas ponen de relieve la necesidad de modificar las normas. En este contexto, anunció que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley, bajo las instrucciones del presidente José Antonio Kast, destinado a evitar que se repitan situaciones similares. Uno de los principales cambios propuestos es dar a los informes de la Gendarmería un estatus de fondo calificado, de modo que los comités responsables de resolver las solicitudes deben tenerlos en cuenta de manera especial. La iniciativa también tiene como objetivo fortalecer la participación de especialistas técnicos en estas instancias para mejorar la evaluación de los registros penitenciarios y el comportamiento de los condenados. Rabat insistió en que los comités son responsables de determinar si la conducta de un preso califica como excepcional y, en consecuencia, si se debe conceder una reducción de su sentencia. La controversia ha llevado a fuertes críticas al gobierno, tanto de la oposición como de los sectores oficialistas, debido a la gravedad de los crímenes involucrados y la falta de información proporcionada a las víctimas. Una de las críticas es de la senadora de Renovación Nacional María José Gatica, quien ha pedido que Rabat asuma la responsabilidad política y renuncie. En respuesta, la oposición ha anunciado una sesión especial para examinar los antecedentes del caso y evaluar una posible acusación constitucional contra el ministro. La revelación de los informes de la Gendarmería añade un nuevo elemento a la crisis, ya que establece que existían advertencias técnicas sobre el alto riesgo de reincidencia entre una parte significativa de los beneficiarios, a pesar de las reducciones concedidas.
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