La decisión del presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno y entre los partidos oficialistas. La crisis, que ya derivó en la salida del subsecretario Luis Silva, amenaza con profundizarse ante la acusación constitucional que prepara la oposición.
El conflicto se originó tras conocerse la firma de 56 decretos que concedieron reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, una situación que generó cuestionamientos al Ministerio de Justicia y puso bajo presión al Ejecutivo por el tratamiento de los derechos de las víctimas.
Según antecedentes publicados por la prensa, distintos integrantes del gabinete y dirigentes de los partidos que respaldan al mandatario recomendaron la salida de Rabat como una medida para contener los efectos políticos de la controversia.
Sin embargo, Kast ha mantenido su decisión de respaldar al secretario de Estado, pese a reconocer públicamente que existieron errores en el procedimiento.
Uno de los momentos decisivos se produjo el lunes, cuando el Presidente participó en una reunión con autoridades del Congreso, dirigentes oficialistas y representantes de su equipo político.
Tras ese encuentro, el mandatario comunicó a sus colaboradores que Rabat continuaría al frente del Ministerio de Justicia y que él mismo asumiría la vocería para reconocer las deficiencias del proceso.
De acuerdo con las versiones recogidas en La Moneda, la determinación generó sorpresa y preocupación entre varios integrantes del comité político, algunos de los cuales consideraban necesario un cambio ministerial.
Entre quienes habrían manifestado reparos a la continuidad de Rabat figuraban el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario Gonzalo Arenas; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director de Contenidos, Cristián Valenzuela.
Pese a esas diferencias, el Ejecutivo terminó alineándose públicamente con la decisión presidencial.
La defensa del ministro se trasladó el miércoles a la Cámara de Diputados, donde Rabat compareció en una sesión especial convocada para abordar los decretos y sus consecuencias.
La jornada estuvo marcada por emplazamientos de la oposición, manifestaciones en la Sala y solicitudes de renuncia.
Durante su intervención, Rabat insistió en que su actuación se ajustó al procedimiento establecido por la legislación y sostuvo que no se había acreditado una infracción constitucional que justificara su destitución.
El ministro también reconoció errores políticos y deficiencias relacionadas con la consideración de las víctimas, aunque mantuvo su defensa jurídica de los decretos.
Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional intervinieron en respaldo del secretario de Estado. El diputado Mario Olavarría destacó su desempeño legislativo durante los primeros meses de Gobierno, mientras Diego Schalper cuestionó la posición de la oposición frente a situaciones similares ocurridas en administraciones anteriores.
La Cámara votó además un proyecto de resolución que solicitaba al Presidente la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva, de Justicia, y Pablo Mira, de Derechos Humanos.
La iniciativa obtuvo 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, en una votación marcada por la ausencia de 38 parlamentarios de distintos sectores oficialistas.
Entre quienes se abstuvieron estuvieron el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la jefa de bancada de ese partido, Flor Weisse, ambos mencionados entre las figuras que han expresado reparos a la estrategia gubernamental de mantener al ministro.
Tras la sesión, la oposición confirmó que avanzaría con una acusación constitucional contra Rabat, la primera dirigida a un ministro de Estado durante la actual administración.
La decisión abrió un nuevo escenario de incertidumbre para el oficialismo, que deberá definir su postura frente a la ofensiva parlamentaria.
Ese mismo miércoles, los presidentes de Renovación Nacional, Andrea Balladares; del Partido Republicano, Arturo Squella, y de la UDI, Guillermo Ramírez, se reunieron en el Congreso para evaluar las consecuencias políticas de la sesión.
Previamente, según los antecedentes publicados, Arenas les había comunicado que la decisión presidencial era mantener a Rabat en su cargo.
En el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la comparecencia del ministro no había logrado resolver el problema político y que la controversia continuaría afectando al Gobierno.
La preocupación también se relaciona con el impacto de la crisis en la opinión pública.
Una medición del Termómetro Político de Descifra, difundida el viernes, indicó que aproximadamente dos tercios de los consultados respaldaban una acusación constitucional contra Rabat.
El mismo estudio mostró que una mayoría consideraba que la gravedad del error superaba la de otras controversias que anteriormente terminaron con salidas de integrantes del gabinete.
Para sectores del oficialismo, el caso resulta especialmente delicado porque afecta una de las principales promesas de campaña de Kast: priorizar la protección de las víctimas y endurecer la respuesta frente a la delincuencia.
Durante la campaña presidencial, el mandatario había manifestado expresamente su rechazo a otorgar indultos a condenados por delitos sexuales contra menores, antecedente que ha vuelto a ser mencionado en medio de los cuestionamientos actuales.
La resistencia del Presidente a remover a Rabat ha generado distintas interpretaciones dentro de la coalición gobernante.
Algunos dirigentes atribuyen la decisión a la confianza personal y profesional que Kast ha desarrollado con el ministro, mientras otros consideran que responde a su intención de no ceder ante las presiones de la oposición.
También han surgido versiones que apuntan a una eventual evaluación de la lealtad política de los partidos oficialistas, aunque no existen antecedentes públicos que permitan establecer esa hipótesis como una decisión deliberada del mandatario.
Rabat, abogado civilista de 53 años y académico universitario, llegó al Ministerio de Justicia sin experiencia política previa, pero durante sus primeros meses de gestión adquirió influencia en el Ejecutivo por sus conocimientos jurídicos.
Según fuentes cercanas al Gobierno, el secretario de Estado se convirtió en un interlocutor frecuente del Presidente y participó en la revisión de materias legislativas de otras carteras.
Su gestión también había recibido valoraciones positivas por el avance de proyectos relacionados con seguridad pública, acceso a la justicia y protección de víctimas.
Entre ellos figura la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa que amplía el período de flagrancia de 12 a 24 horas y entrega nuevas atribuciones investigativas a las policías.
Asimismo, durante octubre se registraron avances en proyectos vinculados con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y la responsabilidad parental.
Estos antecedentes han sido utilizados por sus defensores para sostener que la controversia no debería desconocer el trabajo desarrollado por el ministro.
Sin embargo, desde la oposición se cuestiona que Rabat haya privilegiado inicialmente la defensa jurídica de los decretos, sin reconocer de inmediato las consecuencias políticas y humanas de las rebajas de condenas.
La situación se agravó con la publicación de un video del entonces subsecretario Luis Silva, quien explicó su participación en la firma de algunos documentos.
Silva sostuvo que había suscrito decretos cuando le correspondió subrogar al ministro y que lo hizo siguiendo los criterios jurídicos establecidos por Rabat.
La difusión del registro sorprendió a las autoridades del Ministerio de Justicia y al equipo comunicacional del Gobierno, que no habrían sido informados previamente.
La controversia interna derivó en la salida de Silva durante la tarde del viernes, decisión que fue presentada como una medida para enfrentar las consecuencias políticas del episodio.
El senador Rojo Edwards sostuvo que la remoción contribuía a disminuir las tensiones, especialmente dentro del oficialismo, debido al malestar provocado por las declaraciones del exsubsecretario.
La crisis también ha afectado el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, donde se han registrado cuestionamientos por cambios de personal y filtraciones de documentos relacionados con las rebajas de penas.
Uno de los antecedentes más controvertidos fue la exhibición, durante la sesión especial de la Cámara, de una copia de un decreto identificado como reservado, lo que provocó un intercambio entre parlamentarios.
En paralelo, sindicatos del ministerio han cuestionado la salida de funcionarios con experiencia en la tramitación de solicitudes de reducción de condenas, entre ellos la exjefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, Marcela Corvalán.
Mientras tanto, Rabat ha manifestado su disposición a continuar en el cargo mientras cuente con la confianza presidencial.
Según versiones de su entorno, el ministro también habría señalado que no pretende convertirse en un obstáculo para el mandatario si este decide modificar su postura.
En el plano parlamentario, el secretario de Estado considera que existen argumentos jurídicos para enfrentar la acusación constitucional y confía en que, si la iniciativa supera la Cámara de Diputados, el Senado podría rechazarla.
No obstante, dentro del Gobierno persiste la preocupación por el efecto acumulativo de la controversia y por la dificultad de mantener cohesionados a los partidos oficialistas.
La Moneda trabaja en nuevas medidas destinadas a respaldar la continuidad del ministro y contener el desgaste político, aunque todavía no se ha informado una solución definitiva al conflicto.
Con una acusación constitucional en preparación, diferencias entre los partidos de Gobierno y una creciente presión pública, la decisión de Kast de mantener a Rabat se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad política de su administración. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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La decisión del presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno y entre los partidos oficialistas. La crisis, que ya derivó en la salida del subsecretario Luis Silva, amenaza con profundizarse ante la acusación constitucional que prepara la oposición.. El conflicto se originó tras conocerse la firma de 56 decretos que concedieron reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, una situación que generó cuestionamientos al Ministerio de Justicia y puso bajo presión al Ejecutivo por el tratamiento de los derechos de las víctimas.. Según antecedentes publicados por la prensa, distintos integrantes del gabinete y dirigentes de los partidos que respaldan al mandatario recomendaron la salida de Rabat como una medida para contener los efectos políticos de la controversia.. Sin embargo, Kast ha mantenido su decisión de respaldar al secretario de Estado, pese a reconocer públicamente que existieron errores en el procedimiento.. Uno de los momentos decisivos se produjo el lunes, cuando el Presidente participó en una reunión con autoridades del Congreso, dirigentes oficialistas y representantes de su equipo político.. Tras ese encuentro, el mandatario comunicó a sus colaboradores que Rabat continuaría al frente del Ministerio de Justicia y que él mismo asumiría la vocería para reconocer las deficiencias del proceso.. De acuerdo con las versiones recogidas en La Moneda, la determinación generó sorpresa y preocupación entre varios integrantes del comité político, algunos de los cuales consideraban necesario un cambio ministerial.. Entre quienes habrían manifestado reparos a la continuidad de Rabat figuraban el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario Gonzalo Arenas; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director de Contenidos, Cristián Valenzuela.. Pese a esas diferencias, el Ejecutivo terminó alineándose públicamente con la decisión presidencial.. La defensa del ministro se trasladó el miércoles a la Cámara de Diputados, donde Rabat compareció en una sesión especial convocada para abordar los decretos y sus consecuencias.. La jornada estuvo marcada por emplazamientos de la oposición, manifestaciones en la Sala y solicitudes de renuncia.. Durante su intervención, Rabat insistió en que su actuación se ajustó al procedimiento establecido por la legislación y sostuvo que no se había acreditado una infracción constitucional que justificara su destitución.. El ministro también reconoció errores políticos y deficiencias relacionadas con la consideración de las víctimas, aunque mantuvo su defensa jurídica de los decretos.. Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional intervinieron en respaldo del secretario de Estado. El diputado Mario Olavarría destacó su desempeño legislativo durante los primeros meses de Gobierno, mientras Diego Schalper cuestionó la posición de la oposición frente a situaciones similares ocurridas en administraciones anteriores.. La Cámara votó además un proyecto de resolución que solicitaba al Presidente la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva, de Justicia, y Pablo Mira, de Derechos Humanos.. La iniciativa obtuvo 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, en una votación marcada por la ausencia de 38 parlamentarios de distintos sectores oficialistas.. Entre quienes se abstuvieron estuvieron el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la jefa de bancada de ese partido, Flor Weisse, ambos mencionados entre las figuras que han expresado reparos a la estrategia gubernamental de mantener al ministro.. Tras la sesión, la oposición confirmó que avanzaría con una acusación constitucional contra Rabat, la primera dirigida a un ministro de Estado durante la actual administración.. La decisión abrió un nuevo escenario de incertidumbre para el oficialismo, que deberá definir su postura frente a la ofensiva parlamentaria.. Ese mismo miércoles, los presidentes de Renovación Nacional, Andrea Balladares; del Partido Republicano, Arturo Squella, y de la UDI, Guillermo Ramírez, se reunieron en el Congreso para evaluar las consecuencias políticas de la sesión.. Previamente, según los antecedentes publicados, Arenas les había comunicado que la decisión presidencial era mantener a Rabat en su cargo.. En el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la comparecencia del ministro no había logrado resolver el problema político y que la controversia continuaría afectando al Gobierno.. La preocupación también se relaciona con el impacto de la crisis en la opinión pública.. Una medición del Termómetro Político de Descifra, difundida el viernes, indicó que aproximadamente dos tercios de los consultados respaldaban una acusación constitucional contra Rabat.. El mismo estudio mostró que una mayoría consideraba que la gravedad del error superaba la de otras controversias que anteriormente terminaron con salidas de integrantes del gabinete.. Para sectores del oficialismo, el caso resulta especialmente delicado porque afecta una de las principales promesas de campaña de Kast: priorizar la protección de las víctimas y endurecer la respuesta frente a la delincuencia.. Durante la campaña presidencial, el mandatario había manifestado expresamente su rechazo a otorgar indultos a condenados por delitos sexuales contra menores, antecedente que ha vuelto a ser mencionado en medio de los cuestionamientos actuales.. La resistencia del Presidente a remover a Rabat ha generado distintas interpretaciones dentro de la coalición gobernante.. Algunos dirigentes atribuyen la decisión a la confianza personal y profesional que Kast ha desarrollado con el ministro, mientras otros consideran que responde a su intención de no ceder ante las presiones de la oposición.. También han surgido versiones que apuntan a una eventual evaluación de la lealtad política de los partidos oficialistas, aunque no existen antecedentes públicos que permitan establecer esa hipótesis como una decisión deliberada del mandatario.. Rabat, abogado civilista de 53 años y académico universitario, llegó al Ministerio de Justicia sin experiencia política previa, pero durante sus primeros meses de gestión adquirió influencia en el Ejecutivo por sus conocimientos jurídicos.. Según fuentes cercanas al Gobierno, el secretario de Estado se convirtió en un interlocutor frecuente del Presidente y participó en la revisión de materias legislativas de otras carteras.. Su gestión también había recibido valoraciones positivas por el avance de proyectos relacionados con seguridad pública, acceso a la justicia y protección de víctimas.. Entre ellos figura la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa que amplía el período de flagrancia de 12 a 24 horas y entrega nuevas atribuciones investigativas a las policías.. Asimismo, durante octubre se registraron avances en proyectos vinculados con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y la responsabilidad parental.. Estos antecedentes han sido utilizados por sus defensores para sostener que la controversia no debería desconocer el trabajo desarrollado por el ministro.. Sin embargo, desde la oposición se cuestiona que Rabat haya privilegiado inicialmente la defensa jurídica de los decretos, sin reconocer de inmediato las consecuencias políticas y humanas de las rebajas de condenas.. La situación se agravó con la publicación de un video del entonces subsecretario Luis Silva, quien explicó su participación en la firma de algunos documentos.. Silva sostuvo que había suscrito decretos cuando le correspondió subrogar al ministro y que lo hizo siguiendo los criterios jurídicos establecidos por Rabat.. La difusión del registro sorprendió a las autoridades del Ministerio de Justicia y al equipo comunicacional del Gobierno, que no habrían sido informados previamente.. La controversia interna derivó en la salida de Silva durante la tarde del viernes, decisión que fue presentada como una medida para enfrentar las consecuencias políticas del episodio.. El senador Rojo Edwards sostuvo que la remoción contribuía a disminuir las tensiones, especialmente dentro del oficialismo, debido al malestar provocado por las declaraciones del exsubsecretario.. La crisis también ha afectado el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, donde se han registrado cuestionamientos por cambios de personal y filtraciones de documentos relacionados con las rebajas de penas.. Uno de los antecedentes más controvertidos fue la exhibición, durante la sesión especial de la Cámara, de una copia de un decreto identificado como reservado, lo que provocó un intercambio entre parlamentarios.. En paralelo, sindicatos del ministerio han cuestionado la salida de funcionarios con experiencia en la tramitación de solicitudes de reducción de condenas, entre ellos la exjefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, Marcela Corvalán.. Mientras tanto, Rabat ha manifestado su disposición a continuar en el cargo mientras cuente con la confianza presidencial.. Según versiones de su entorno, el ministro también habría señalado que no pretende convertirse en un obstáculo para el mandatario si este decide modificar su postura.. En el plano parlamentario, el secretario de Estado considera que existen argumentos jurídicos para enfrentar la acusación constitucional y confía en que, si la iniciativa supera la Cámara de Diputados, el Senado podría rechazarla.. No obstante, dentro del Gobierno persiste la preocupación por el efecto acumulativo de la controversia y por la dificultad de mantener cohesionados a los partidos oficialistas.. La Moneda trabaja en nuevas medidas destinadas a respaldar la continuidad del ministro y contener el desgaste político, aunque todavía no se ha informado una solución definitiva al conflicto.. Con una acusación constitucional en preparación, diferencias entre los partidos de Gobierno y una creciente presión pública, la decisión de Kast de mantener a Rabat se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad política de su administración. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Crisis por rebajas de condenas: oficialismo sin hipótesis sobre tenaz apoyo de Kast a Rabat se publicó primero en Nuevo Poder.
La decisión del presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno y entre los partidos oficialistas. La crisis, que ya derivó en La entrada Crisis por rebajas de condenas: oficialismo sin hipótesis sobre tenaz apoyo de Kast a Rabat se publicó primero en Nuevo Poder.
La decisión del presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno y entre los partidos oficialistas. La crisis, que ya derivó en la salida del subsecretario Luis Silva, amenaza con profundizarse ante la acusación constitucional que prepara la oposición.. El conflicto se originó tras conocerse la firma de 56 decretos que concedieron reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, una situación que generó cuestionamientos al Ministerio de Justicia y puso bajo presión al Ejecutivo por el tratamiento de los derechos de las víctimas.. Según antecedentes publicados por la prensa, distintos integrantes del gabinete y dirigentes de los partidos que respaldan al mandatario recomendaron la salida de Rabat como una medida para contener los efectos políticos de la controversia.. Sin embargo, Kast ha mantenido su decisión de respaldar al secretario de Estado, pese a reconocer públicamente que existieron errores en el procedimiento.. Uno de los momentos decisivos se produjo el lunes, cuando el Presidente participó en una reunión con autoridades del Congreso, dirigentes oficialistas y representantes de su equipo político.. Tras ese encuentro, el mandatario comunicó a sus colaboradores que Rabat continuaría al frente del Ministerio de Justicia y que él mismo asumiría la vocería para reconocer las deficiencias del proceso.. De acuerdo con las versiones recogidas en La Moneda, la determinación generó sorpresa y preocupación entre varios integrantes del comité político, algunos de los cuales consideraban necesario un cambio ministerial.. Entre quienes habrían manifestado reparos a la continuidad de Rabat figuraban el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario Gonzalo Arenas; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director de Contenidos, Cristián Valenzuela.. Pese a esas diferencias, el Ejecutivo terminó alineándose públicamente con la decisión presidencial.. La defensa del ministro se trasladó el miércoles a la Cámara de Diputados, donde Rabat compareció en una sesión especial convocada para abordar los decretos y sus consecuencias.. La jornada estuvo marcada por emplazamientos de la oposición, manifestaciones en la Sala y solicitudes de renuncia.. Durante su intervención, Rabat insistió en que su actuación se ajustó al procedimiento establecido por la legislación y sostuvo que no se había acreditado una infracción constitucional que justificara su destitución.. El ministro también reconoció errores políticos y deficiencias relacionadas con la consideración de las víctimas, aunque mantuvo su defensa jurídica de los decretos.. Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional intervinieron en respaldo del secretario de Estado. El diputado Mario Olavarría destacó su desempeño legislativo durante los primeros meses de Gobierno, mientras Diego Schalper cuestionó la posición de la oposición frente a situaciones similares ocurridas en administraciones anteriores.. La Cámara votó además un proyecto de resolución que solicitaba al Presidente la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva, de Justicia, y Pablo Mira, de Derechos Humanos.. La iniciativa obtuvo 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, en una votación marcada por la ausencia de 38 parlamentarios de distintos sectores oficialistas.. Entre quienes se abstuvieron estuvieron el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la jefa de bancada de ese partido, Flor Weisse, ambos mencionados entre las figuras que han expresado reparos a la estrategia gubernamental de mantener al ministro.. Tras la sesión, la oposición confirmó que avanzaría con una acusación constitucional contra Rabat, la primera dirigida a un ministro de Estado durante la actual administración.. La decisión abrió un nuevo escenario de incertidumbre para el oficialismo, que deberá definir su postura frente a la ofensiva parlamentaria.. Ese mismo miércoles, los presidentes de Renovación Nacional, Andrea Balladares; del Partido Republicano, Arturo Squella, y de la UDI, Guillermo Ramírez, se reunieron en el Congreso para evaluar las consecuencias políticas de la sesión.. Previamente, según los antecedentes publicados, Arenas les había comunicado que la decisión presidencial era mantener a Rabat en su cargo.. En el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la comparecencia del ministro no había logrado resolver el problema político y que la controversia continuaría afectando al Gobierno.. La preocupación también se relaciona con el impacto de la crisis en la opinión pública.. Una medición del Termómetro Político de Descifra, difundida el viernes, indicó que aproximadamente dos tercios de los consultados respaldaban una acusación constitucional contra Rabat.. El mismo estudio mostró que una mayoría consideraba que la gravedad del error superaba la de otras controversias que anteriormente terminaron con salidas de integrantes del gabinete.. Para sectores del oficialismo, el caso resulta especialmente delicado porque afecta una de las principales promesas de campaña de Kast: priorizar la protección de las víctimas y endurecer la respuesta frente a la delincuencia.. Durante la campaña presidencial, el mandatario había manifestado expresamente su rechazo a otorgar indultos a condenados por delitos sexuales contra menores, antecedente que ha vuelto a ser mencionado en medio de los cuestionamientos actuales.. La resistencia del Presidente a remover a Rabat ha generado distintas interpretaciones dentro de la coalición gobernante.. Algunos dirigentes atribuyen la decisión a la confianza personal y profesional que Kast ha desarrollado con el ministro, mientras otros consideran que responde a su intención de no ceder ante las presiones de la oposición.. También han surgido versiones que apuntan a una eventual evaluación de la lealtad política de los partidos oficialistas, aunque no existen antecedentes públicos que permitan establecer esa hipótesis como una decisión deliberada del mandatario.. Rabat, abogado civilista de 53 años y académico universitario, llegó al Ministerio de Justicia sin experiencia política previa, pero durante sus primeros meses de gestión adquirió influencia en el Ejecutivo por sus conocimientos jurídicos.. Según fuentes cercanas al Gobierno, el secretario de Estado se convirtió en un interlocutor frecuente del Presidente y participó en la revisión de materias legislativas de otras carteras.. Su gestión también había recibido valoraciones positivas por el avance de proyectos relacionados con seguridad pública, acceso a la justicia y protección de víctimas.. Entre ellos figura la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa que amplía el período de flagrancia de 12 a 24 horas y entrega nuevas atribuciones investigativas a las policías.. Asimismo, durante octubre se registraron avances en proyectos vinculados con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y la responsabilidad parental.. Estos antecedentes han sido utilizados por sus defensores para sostener que la controversia no debería desconocer el trabajo desarrollado por el ministro.. Sin embargo, desde la oposición se cuestiona que Rabat haya privilegiado inicialmente la defensa jurídica de los decretos, sin reconocer de inmediato las consecuencias políticas y humanas de las rebajas de condenas.. La situación se agravó con la publicación de un video del entonces subsecretario Luis Silva, quien explicó su participación en la firma de algunos documentos.. Silva sostuvo que había suscrito decretos cuando le correspondió subrogar al ministro y que lo hizo siguiendo los criterios jurídicos establecidos por Rabat.. La difusión del registro sorprendió a las autoridades del Ministerio de Justicia y al equipo comunicacional del Gobierno, que no habrían sido informados previamente.. La controversia interna derivó en la salida de Silva durante la tarde del viernes, decisión que fue presentada como una medida para enfrentar las consecuencias políticas del episodio.. El senador Rojo Edwards sostuvo que la remoción contribuía a disminuir las tensiones, especialmente dentro del oficialismo, debido al malestar provocado por las declaraciones del exsubsecretario.. La crisis también ha afectado el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, donde se han registrado cuestionamientos por cambios de personal y filtraciones de documentos relacionados con las rebajas de penas.. Uno de los antecedentes más controvertidos fue la exhibición, durante la sesión especial de la Cámara, de una copia de un decreto identificado como reservado, lo que provocó un intercambio entre parlamentarios.. En paralelo, sindicatos del ministerio han cuestionado la salida de funcionarios con experiencia en la tramitación de solicitudes de reducción de condenas, entre ellos la exjefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, Marcela Corvalán.. Mientras tanto, Rabat ha manifestado su disposición a continuar en el cargo mientras cuente con la confianza presidencial.. Según versiones de su entorno, el ministro también habría señalado que no pretende convertirse en un obstáculo para el mandatario si este decide modificar su postura.. En el plano parlamentario, el secretario de Estado considera que existen argumentos jurídicos para enfrentar la acusación constitucional y confía en que, si la iniciativa supera la Cámara de Diputados, el Senado podría rechazarla.. No obstante, dentro del Gobierno persiste la preocupación por el efecto acumulativo de la controversia y por la dificultad de mantener cohesionados a los partidos oficialistas.. La Moneda trabaja en nuevas medidas destinadas a respaldar la continuidad del ministro y contener el desgaste político, aunque todavía no se ha informado una solución definitiva al conflicto.. Con una acusación constitucional en preparación, diferencias entre los partidos de Gobierno y una creciente presión pública, la decisión de Kast de mantener a Rabat se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad política de su administración. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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