La oposición calificó este viernes 30 de octubre como insuficiente la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia y exigió al Presidente José Antonio Kast remover también al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por los 56 decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales.
La renuncia de Silva se produjo después de que publicara un video en redes sociales en el que explicó que había firmado parte de las resoluciones mientras ejercía como ministro subrogante, aplicando los criterios establecidos por Rabat. El registro, difundido sin consultar previamente al secretario de Estado, generó malestar en el Ejecutivo y abrió nuevas diferencias dentro del oficialismo.
Desde el Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana cuestionaron que la decisión presidencial se limitara al subsecretario, mientras el titular de Justicia permanece en funciones pese a las críticas por la aprobación de los beneficios penitenciarios.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al Mandatario de dar mayor importancia a las diferencias internas que a las consecuencias de las rebajas de condenas. A su juicio, la salida de Silva respondió a la publicación del video y no a la gravedad de los hechos investigados.
El diputado Jorge Brito, también del Frente Amplio, sostuvo que la remoción era necesaria, pero no resolvía la crisis. «Rabat sigue en su cargo y debe renunciar», afirmó, junto con exigir respuestas para las víctimas.
En la misma línea, la jefa de bancada de esa colectividad, Emilia Schneider, atribuyó la salida del exsubsecretario a problemas de coordinación y confianza dentro del Gobierno. La parlamentaria emplazó a Kast a transparentar los antecedentes de los decretos y solicitar la renuncia del ministro.
Desde el Partido Socialista, la diputada Danisa Astudillo señaló que el cambio de autoridad no pone término a la controversia y cuestionó la conducción política del Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini, por su parte, acusó al Gobierno de haber reaccionado ante el conflicto entre las autoridades antes que frente a los cuestionamientos por las rebajas de penas.
El diputado socialista Juan Santana advirtió que el Ejecutivo no puede utilizar a Silva como responsable exclusivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
«El gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat», sostuvo.
Santana recordó que el propio exsubsecretario declaró haber aplicado los criterios del titular de la cartera y afirmó que Rabat suscribió directamente 22 de los decretos cuestionados.
El diputado independiente Gustavo Gatica también criticó la oportunidad de la decisión. Según planteó, el Ejecutivo actuó con mayor rapidez cuando surgieron diferencias públicas entre sus autoridades que cuando se conocieron los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales.
En la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz consideró tardía la salida del subsecretario y sostuvo que la responsabilidad política no debería concentrarse únicamente en él.
El senador Iván Flores, de la misma colectividad, afirmó que Silva había descrito correctamente el funcionamiento de las responsabilidades ministeriales, al señalar que los subsecretarios deben aplicar los criterios definidos por los titulares de las respectivas carteras cuando ejercen funciones de subrogancia.
Flores también aseguró que Rabat habría recibido advertencias de asesores sobre los riesgos jurídicos y políticos de firmar las resoluciones. Se trata de afirmaciones del parlamentario que requieren ser esclarecidas en las instancias correspondientes.
El senador advirtió que la permanencia del ministro mantiene abierto el conflicto y recordó que parlamentarios de oposición preparan una acusación constitucional en su contra.
Las críticas se producen mientras el Ministerio Público investiga una denuncia por eventual prevaricación administrativa relacionada con los decretos, sin que hasta ahora se hayan establecido responsabilidades penales.
Tras aceptar la renuncia de Silva, el Presidente Kast designó a la abogada Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia. Sin embargo, el cambio no modificó la posición de las bancadas opositoras, que mantienen su exigencia de que Rabat abandone el gabinete.
La continuidad del ministro se perfila así como el principal foco de la controversia política, mientras la oposición busca determinar las responsabilidades administrativas y políticas por las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Oposición: insuficiente salida de Luis Silva y exige destitución del ministro Fernando Rabat se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición calificó este viernes 30 de octubre como insuficiente la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia y exigió al Presidente José Antonio Kast remover también al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por los 56 decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales.. La renuncia de Silva se produjo después de que publicara un video en redes sociales en el que explicó que había firmado parte de las resoluciones mientras ejercía como ministro subrogante, aplicando los criterios establecidos por Rabat. El registro, difundido sin consultar previamente al secretario de Estado, generó malestar en el Ejecutivo y abrió nuevas diferencias dentro del oficialismo.. Desde el Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana cuestionaron que la decisión presidencial se limitara al subsecretario, mientras el titular de Justicia permanece en funciones pese a las críticas por la aprobación de los beneficios penitenciarios.. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al Mandatario de dar mayor importancia a las diferencias internas que a las consecuencias de las rebajas de condenas. A su juicio, la salida de Silva respondió a la publicación del video y no a la gravedad de los hechos investigados.. El diputado Jorge Brito, también del Frente Amplio, sostuvo que la remoción era necesaria, pero no resolvía la crisis. «Rabat sigue en su cargo y debe renunciar», afirmó, junto con exigir respuestas para las víctimas.. En la misma línea, la jefa de bancada de esa colectividad, Emilia Schneider, atribuyó la salida del exsubsecretario a problemas de coordinación y confianza dentro del Gobierno. La parlamentaria emplazó a Kast a transparentar los antecedentes de los decretos y solicitar la renuncia del ministro.. Desde el Partido Socialista, la diputada Danisa Astudillo señaló que el cambio de autoridad no pone término a la controversia y cuestionó la conducción política del Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini, por su parte, acusó al Gobierno de haber reaccionado ante el conflicto entre las autoridades antes que frente a los cuestionamientos por las rebajas de penas.. El diputado socialista Juan Santana advirtió que el Ejecutivo no puede utilizar a Silva como responsable exclusivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.. «El gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat», sostuvo.. Santana recordó que el propio exsubsecretario declaró haber aplicado los criterios del titular de la cartera y afirmó que Rabat suscribió directamente 22 de los decretos cuestionados.. El diputado independiente Gustavo Gatica también criticó la oportunidad de la decisión. Según planteó, el Ejecutivo actuó con mayor rapidez cuando surgieron diferencias públicas entre sus autoridades que cuando se conocieron los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales.. En la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz consideró tardía la salida del subsecretario y sostuvo que la responsabilidad política no debería concentrarse únicamente en él.. El senador Iván Flores, de la misma colectividad, afirmó que Silva había descrito correctamente el funcionamiento de las responsabilidades ministeriales, al señalar que los subsecretarios deben aplicar los criterios definidos por los titulares de las respectivas carteras cuando ejercen funciones de subrogancia.. Flores también aseguró que Rabat habría recibido advertencias de asesores sobre los riesgos jurídicos y políticos de firmar las resoluciones. Se trata de afirmaciones del parlamentario que requieren ser esclarecidas en las instancias correspondientes.. El senador advirtió que la permanencia del ministro mantiene abierto el conflicto y recordó que parlamentarios de oposición preparan una acusación constitucional en su contra.. Las críticas se producen mientras el Ministerio Público investiga una denuncia por eventual prevaricación administrativa relacionada con los decretos, sin que hasta ahora se hayan establecido responsabilidades penales.. Tras aceptar la renuncia de Silva, el Presidente Kast designó a la abogada Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia. Sin embargo, el cambio no modificó la posición de las bancadas opositoras, que mantienen su exigencia de que Rabat abandone el gabinete.. La continuidad del ministro se perfila así como el principal foco de la controversia política, mientras la oposición busca determinar las responsabilidades administrativas y políticas por las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Oposición: insuficiente salida de Luis Silva y exige destitución del ministro Fernando Rabat se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición calificó este viernes 30 de octubre como insuficiente la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia y exigió al Presidente José Antonio Kast remover también al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por los 56 decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales. La renuncia La entrada Oposición: insuficiente salida de Luis Silva y exige destitución del ministro Fernando Rabat se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición calificó este viernes 30 de octubre como insuficiente la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia y exigió al Presidente José Antonio Kast remover también al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por los 56 decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales.. La renuncia de Silva se produjo después de que publicara un video en redes sociales en el que explicó que había firmado parte de las resoluciones mientras ejercía como ministro subrogante, aplicando los criterios establecidos por Rabat. El registro, difundido sin consultar previamente al secretario de Estado, generó malestar en el Ejecutivo y abrió nuevas diferencias dentro del oficialismo.. Desde el Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana cuestionaron que la decisión presidencial se limitara al subsecretario, mientras el titular de Justicia permanece en funciones pese a las críticas por la aprobación de los beneficios penitenciarios.. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al Mandatario de dar mayor importancia a las diferencias internas que a las consecuencias de las rebajas de condenas. A su juicio, la salida de Silva respondió a la publicación del video y no a la gravedad de los hechos investigados.. El diputado Jorge Brito, también del Frente Amplio, sostuvo que la remoción era necesaria, pero no resolvía la crisis. «Rabat sigue en su cargo y debe renunciar», afirmó, junto con exigir respuestas para las víctimas.. En la misma línea, la jefa de bancada de esa colectividad, Emilia Schneider, atribuyó la salida del exsubsecretario a problemas de coordinación y confianza dentro del Gobierno. La parlamentaria emplazó a Kast a transparentar los antecedentes de los decretos y solicitar la renuncia del ministro.. Desde el Partido Socialista, la diputada Danisa Astudillo señaló que el cambio de autoridad no pone término a la controversia y cuestionó la conducción política del Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini, por su parte, acusó al Gobierno de haber reaccionado ante el conflicto entre las autoridades antes que frente a los cuestionamientos por las rebajas de penas.. El diputado socialista Juan Santana advirtió que el Ejecutivo no puede utilizar a Silva como responsable exclusivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.. «El gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat», sostuvo.. Santana recordó que el propio exsubsecretario declaró haber aplicado los criterios del titular de la cartera y afirmó que Rabat suscribió directamente 22 de los decretos cuestionados.. El diputado independiente Gustavo Gatica también criticó la oportunidad de la decisión. Según planteó, el Ejecutivo actuó con mayor rapidez cuando surgieron diferencias públicas entre sus autoridades que cuando se conocieron los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales.. En la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz consideró tardía la salida del subsecretario y sostuvo que la responsabilidad política no debería concentrarse únicamente en él.. El senador Iván Flores, de la misma colectividad, afirmó que Silva había descrito correctamente el funcionamiento de las responsabilidades ministeriales, al señalar que los subsecretarios deben aplicar los criterios definidos por los titulares de las respectivas carteras cuando ejercen funciones de subrogancia.. Flores también aseguró que Rabat habría recibido advertencias de asesores sobre los riesgos jurídicos y políticos de firmar las resoluciones. Se trata de afirmaciones del parlamentario que requieren ser esclarecidas en las instancias correspondientes.. El senador advirtió que la permanencia del ministro mantiene abierto el conflicto y recordó que parlamentarios de oposición preparan una acusación constitucional en su contra.. Las críticas se producen mientras el Ministerio Público investiga una denuncia por eventual prevaricación administrativa relacionada con los decretos, sin que hasta ahora se hayan establecido responsabilidades penales.. Tras aceptar la renuncia de Silva, el Presidente Kast designó a la abogada Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia. Sin embargo, el cambio no modificó la posición de las bancadas opositoras, que mantienen su exigencia de que Rabat abandone el gabinete.. La continuidad del ministro se perfila así como el principal foco de la controversia política, mientras la oposición busca determinar las responsabilidades administrativas y políticas por las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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