Los diputados Agustín Romero, del Partido Republicano, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, defendieron la continuidad en el Congreso de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a las críticas surgidas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas.
Ambos parlamentarios valoraron la decisión del Ejecutivo de retirar la suma urgencia de la iniciativa, al considerar que permitirá ampliar los espacios de discusión y buscar acuerdos sobre las disposiciones que han generado mayores cuestionamientos.
Romero sostuvo que el Congreso es el lugar adecuado para resolver las diferencias y afirmó que retirar la propuesta no contribuirá a enfrentar los problemas asociados al narcotráfico y al crimen organizado. A su juicio, las modificaciones deben discutirse públicamente durante la tramitación legislativa.
El diputado republicano reconoció reparos frente a algunas facultades incluidas en el proyecto, particularmente la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En ese sentido, planteó que las restricciones a garantías fundamentales deben contar, como regla general, con control jurisdiccional.
Romero también se mostró disponible para modificar aspectos sustanciales de la iniciativa. Incluso señaló que, si durante el debate se concluye que el nuevo estado de excepción no resulta adecuado, este podría ser eliminado del proyecto.
Ossandón coincidió en la necesidad de introducir modificaciones y advirtió sobre los riesgos de entregar facultades excesivas a las autoridades. La vicepresidenta de RN recordó que una de las funciones esenciales de una Constitución es establecer límites al ejercicio del poder.
Pese a esas observaciones, la diputada defendió que la discusión permanezca en el Parlamento, donde, afirmó, están representadas las diferentes posiciones políticas. También discrepó del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien había solicitado retirar la reforma.
La postura de ambos legisladores se conoce mientras RN analiza modificaciones destinadas a reducir los plazos de las medidas excepcionales, fortalecer la intervención del Congreso y establecer autorización judicial para eventuales interceptaciones de comunicaciones.
Desde la oposición, en cambio, el presidente del PPD, Raúl Soto, insistió en que el Ejecutivo debe retirar la iniciativa. El diputado calificó la reforma como innecesaria y riesgosa para la democracia, y sostuvo que los esfuerzos deberían concentrarse en proyectos de ley actualmente en tramitación para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
También existen cuestionamientos dentro del oficialismo. El vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, ha advertido que la propuesta carece de viabilidad en sus actuales términos debido, entre otros aspectos, a las atribuciones presidenciales contempladas y al nivel de participación asignado al Congreso.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó, por su parte, que retirar la reforma signifique trasladar las negociaciones fuera de las instituciones. Afirmó que la oposición está disponible para fortalecer las policías y avanzar en legislación contra el crimen organizado, pero descartó respaldar la reforma constitucional presentada por el Gobierno. (NP-ChatGPT-Cooperativa)
La entrada Romero y Ossandón piden mantener reforma de seguridad en el Congreso pese a reparos se publicó primero en Nuevo Poder.
Los diputados Agustín Romero, del Partido Republicano, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, defendieron la continuidad en el Congreso de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a las críticas surgidas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas.. Ambos parlamentarios valoraron la decisión del Ejecutivo de retirar la suma urgencia de la iniciativa, al considerar que permitirá ampliar los espacios de discusión y buscar acuerdos sobre las disposiciones que han generado mayores cuestionamientos.. Romero sostuvo que el Congreso es el lugar adecuado para resolver las diferencias y afirmó que retirar la propuesta no contribuirá a enfrentar los problemas asociados al narcotráfico y al crimen organizado. A su juicio, las modificaciones deben discutirse públicamente durante la tramitación legislativa.. El diputado republicano reconoció reparos frente a algunas facultades incluidas en el proyecto, particularmente la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En ese sentido, planteó que las restricciones a garantías fundamentales deben contar, como regla general, con control jurisdiccional.. Romero también se mostró disponible para modificar aspectos sustanciales de la iniciativa. Incluso señaló que, si durante el debate se concluye que el nuevo estado de excepción no resulta adecuado, este podría ser eliminado del proyecto.. Ossandón coincidió en la necesidad de introducir modificaciones y advirtió sobre los riesgos de entregar facultades excesivas a las autoridades. La vicepresidenta de RN recordó que una de las funciones esenciales de una Constitución es establecer límites al ejercicio del poder.. Pese a esas observaciones, la diputada defendió que la discusión permanezca en el Parlamento, donde, afirmó, están representadas las diferentes posiciones políticas. También discrepó del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien había solicitado retirar la reforma.. La postura de ambos legisladores se conoce mientras RN analiza modificaciones destinadas a reducir los plazos de las medidas excepcionales, fortalecer la intervención del Congreso y establecer autorización judicial para eventuales interceptaciones de comunicaciones.. Desde la oposición, en cambio, el presidente del PPD, Raúl Soto, insistió en que el Ejecutivo debe retirar la iniciativa. El diputado calificó la reforma como innecesaria y riesgosa para la democracia, y sostuvo que los esfuerzos deberían concentrarse en proyectos de ley actualmente en tramitación para combatir la delincuencia y el crimen organizado.. También existen cuestionamientos dentro del oficialismo. El vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, ha advertido que la propuesta carece de viabilidad en sus actuales términos debido, entre otros aspectos, a las atribuciones presidenciales contempladas y al nivel de participación asignado al Congreso.. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó, por su parte, que retirar la reforma signifique trasladar las negociaciones fuera de las instituciones. Afirmó que la oposición está disponible para fortalecer las policías y avanzar en legislación contra el crimen organizado, pero descartó respaldar la reforma constitucional presentada por el Gobierno. (NP-ChatGPT-Cooperativa). La entrada Romero y Ossandón piden mantener reforma de seguridad en el Congreso pese a reparos se publicó primero en Nuevo Poder.
Los diputados Agustín Romero, del Partido Republicano, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, defendieron la continuidad en el Congreso de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a las críticas surgidas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas. Ambos parlamentarios valoraron la decisión del Ejecutivo de retirar la suma urgencia de La entrada Romero y Ossandón piden mantener reforma de seguridad en el Congreso pese a reparos se publicó primero en Nuevo Poder.
Los diputados Agustín Romero, del Partido Republicano, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, defendieron la continuidad en el Congreso de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a las críticas surgidas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas.. Ambos parlamentarios valoraron la decisión del Ejecutivo de retirar la suma urgencia de la iniciativa, al considerar que permitirá ampliar los espacios de discusión y buscar acuerdos sobre las disposiciones que han generado mayores cuestionamientos.. Romero sostuvo que el Congreso es el lugar adecuado para resolver las diferencias y afirmó que retirar la propuesta no contribuirá a enfrentar los problemas asociados al narcotráfico y al crimen organizado. A su juicio, las modificaciones deben discutirse públicamente durante la tramitación legislativa.. El diputado republicano reconoció reparos frente a algunas facultades incluidas en el proyecto, particularmente la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En ese sentido, planteó que las restricciones a garantías fundamentales deben contar, como regla general, con control jurisdiccional.. Romero también se mostró disponible para modificar aspectos sustanciales de la iniciativa. Incluso señaló que, si durante el debate se concluye que el nuevo estado de excepción no resulta adecuado, este podría ser eliminado del proyecto.. Ossandón coincidió en la necesidad de introducir modificaciones y advirtió sobre los riesgos de entregar facultades excesivas a las autoridades. La vicepresidenta de RN recordó que una de las funciones esenciales de una Constitución es establecer límites al ejercicio del poder.. Pese a esas observaciones, la diputada defendió que la discusión permanezca en el Parlamento, donde, afirmó, están representadas las diferentes posiciones políticas. También discrepó del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien había solicitado retirar la reforma.. La postura de ambos legisladores se conoce mientras RN analiza modificaciones destinadas a reducir los plazos de las medidas excepcionales, fortalecer la intervención del Congreso y establecer autorización judicial para eventuales interceptaciones de comunicaciones.. Desde la oposición, en cambio, el presidente del PPD, Raúl Soto, insistió en que el Ejecutivo debe retirar la iniciativa. El diputado calificó la reforma como innecesaria y riesgosa para la democracia, y sostuvo que los esfuerzos deberían concentrarse en proyectos de ley actualmente en tramitación para combatir la delincuencia y el crimen organizado.. También existen cuestionamientos dentro del oficialismo. El vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, ha advertido que la propuesta carece de viabilidad en sus actuales términos debido, entre otros aspectos, a las atribuciones presidenciales contempladas y al nivel de participación asignado al Congreso.. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó, por su parte, que retirar la reforma signifique trasladar las negociaciones fuera de las instituciones. Afirmó que la oposición está disponible para fortalecer las policías y avanzar en legislación contra el crimen organizado, pero descartó respaldar la reforma constitucional presentada por el Gobierno. (NP-ChatGPT-Cooperativa)
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