La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con los parlamentarios Eduardo Cretton y Daniel Lilayu, solicitaron al Ministerio Público evaluar la decisión de no perseverar en la investigación contra tres ex altos mandos de Carabineros por su presunta responsabilidad de mando durante los acontecimientos del estallido social de 2019.
El planteamiento fue formulado este domingo 18 de octubre, cuando se cumplen siete años del inicio de las manifestaciones, y se refiere a la causa que involucra a los exgenerales directores Mario Rozas y Ricardo Yáñez, además del exsubdirector general Diego Olate.
Según recordaron los legisladores, las indagatorias comenzaron en noviembre de 2019 y, en octubre de 2024, el Ministerio Público formalizó a los tres exoficiales por hechos relacionados con su actuación en la conducción institucional durante ese período.
Los diputados argumentaron que, considerando que el plazo de investigación vencería a mediados de enero de 2027, sería conveniente que la Fiscalía examinara los antecedentes reunidos y evaluara la posibilidad de no continuar con la persecución penal.
En un comunicado, Weisse, Cretton y Lilayu calificaron esa alternativa como una decisión “prudente” y “sensata”, al sostener que las circunstancias en que se desarrollaron las manifestaciones deben formar parte del análisis de las eventuales responsabilidades de los exuniformados.
Los parlamentarios afirmaron que Carabineros desempeñó un papel fundamental frente a los episodios de violencia registrados durante el estallido social y que ese contexto no debería ser omitido al evaluar las actuaciones policiales.
La solicitud también se extendió a otras 378 investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones de agentes del Estado durante las protestas, que, de acuerdo con los antecedentes citados por los diputados, permanecían activas hasta agosto de 2026.
Los representantes de la UDI pidieron al Ministerio Público revisar los criterios aplicados en esas causas y considerar las condiciones de orden público que enfrentó el país durante los meses posteriores al 18 de octubre de 2019.
A juicio de los legisladores, la evaluación de las conductas investigadas debe incorporar tanto los antecedentes específicos de cada caso como las circunstancias generales en que se desarrollaron los procedimientos policiales.
“Sería profundamente injusto juzgar la actuación policial desconociendo las circunstancias excepcionales que vivimos”, señalaron.
Los diputados también sostuvieron que Carabineros enfrentó una situación de violencia que, según su apreciación, superó las capacidades habituales de respuesta de la institución.
Pese a solicitar una revisión de las investigaciones, Weisse, Cretton y Lilayu afirmaron que respetan la autonomía constitucional y legal del Ministerio Público para conducir las indagatorias y adoptar las decisiones procesales correspondientes.
La decisión de no perseverar en una investigación constituye una facultad del Ministerio Público cuando estima que no ha reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación. Su eventual aplicación debe resolverse conforme a los requisitos establecidos en la legislación procesal penal.
Las investigaciones mencionadas por los parlamentarios forman parte de las causas abiertas por presuntas vulneraciones de derechos durante el estallido social, cuyo desarrollo ha incluido formalizaciones, condenas, absoluciones y procedimientos que todavía se encuentran pendientes. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada UDI pide a Fiscalía no perseverar en indagación contra alto mando de Carabineros por el 18-O se publicó primero en Nuevo Poder.
La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con los parlamentarios Eduardo Cretton y Daniel Lilayu, solicitaron al Ministerio Público evaluar la decisión de no perseverar en la investigación contra tres ex altos mandos de Carabineros por su presunta responsabilidad de mando durante los acontecimientos del estallido social de 2019.
El planteamiento fue formulado este domingo 18 de octubre, cuando se cumplen siete años del inicio de las manifestaciones, y se refiere a la causa que involucra a los exgenerales directores Mario Rozas y Ricardo Yáñez, además del exsubdirector general Diego Olate.
Según recordaron los legisladores, las indagatorias comenzaron en noviembre de 2019 y, en octubre de 2024, el Ministerio Público formalizó a los tres exoficiales por hechos relacionados con su actuación en la conducción institucional durante ese período.
Los diputados argumentaron que, considerando que el plazo de investigación vencería a mediados de enero de 2027, sería conveniente que la Fiscalía examinara los antecedentes reunidos y evaluara la posibilidad de no continuar con la persecución penal.
En un comunicado, Weisse, Cretton y Lilayu calificaron esa alternativa como una decisión “prudente” y “sensata”, al sostener que las circunstancias en que se desarrollaron las manifestaciones deben formar parte del análisis de las eventuales responsabilidades de los exuniformados.
Los parlamentarios afirmaron que Carabineros desempeñó un papel fundamental frente a los episodios de violencia registrados durante el estallido social y que ese contexto no debería ser omitido al evaluar las actuaciones policiales.
La solicitud también se extendió a otras 378 investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones de agentes del Estado durante las protestas, que, de acuerdo con los antecedentes citados por los diputados, permanecían activas hasta agosto de 2026.
Los representantes de la UDI pidieron al Ministerio Público revisar los criterios aplicados en esas causas y considerar las condiciones de orden público que enfrentó el país durante los meses posteriores al 18 de octubre de 2019.
A juicio de los legisladores, la evaluación de las conductas investigadas debe incorporar tanto los antecedentes específicos de cada caso como las circunstancias generales en que se desarrollaron los procedimientos policiales.
“Sería profundamente injusto juzgar la actuación policial desconociendo las circunstancias excepcionales que vivimos”, señalaron.
Los diputados también sostuvieron que Carabineros enfrentó una situación de violencia que, según su apreciación, superó las capacidades habituales de respuesta de la institución.
Pese a solicitar una revisión de las investigaciones, Weisse, Cretton y Lilayu afirmaron que respetan la autonomía constitucional y legal del Ministerio Público para conducir las indagatorias y adoptar las decisiones procesales correspondientes.
La decisión de no perseverar en una investigación constituye una facultad del Ministerio Público cuando estima que no ha reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación. Su eventual aplicación debe resolverse conforme a los requisitos establecidos en la legislación procesal penal.
Las investigaciones mencionadas por los parlamentarios forman parte de las causas abiertas por presuntas vulneraciones de derechos durante el estallido social, cuyo desarrollo ha incluido formalizaciones, condenas, absoluciones y procedimientos que todavía se encuentran pendientes. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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The leader of the UDI deputy bench, Flor Weisse, along with parliamentarians Eduardo Cretton and Daniel Lilayu, requested that the Public Ministry assess the decision not to pursue the investigation against three former high-ranking officials of Carabineros for their alleged responsibility in command during the 2019 social outbreak events. The UDI entry asks the Prosecutor’s Office not to persist in investigating the high command of Carabineros for the 18-O, which was first published in Nuevo Poder.
The leader of the UDI parliamentary bench, Flor Weisse, along with lawmakers Eduardo Cretton and Daniel Lilayu, have requested that the Public Ministry evaluate the decision not to pursue the investigation against three former high-ranking officials of Carabineros for their presumed responsibility in commanding during the 2019 social outbreak events. The proposal was made on Sunday, October 18th, which marks seven years since the start of the protests and involves the former directors general Mario Rozas and Ricardo Yáñez, as well as former general sub-director Diego Olate. The legislators recalled that the investigations began in November 2019, and in October 2024, the Public Ministry formally charged the three officials for actions related to their performance in institutional leadership during that period. The deputies argued that, considering the investigation deadline would be in mid-January 2027, it would be appropriate for the Prosecutor’s Office to review the evidence gathered and assess the possibility of not continuing with the criminal persecution. In a statement, Weisse, Cretton, and Lilayu qualified that alternative as a «prudent» and «sensible» decision, maintaining that the circumstances in which the protests developed should be part of the analysis of the potential responsibilities of the former uniformed personnel. The legislators stated that Carabineros played a fundamental role in the episodes of violence recorded during the social outbreak and that that context should not be omitted when evaluating police actions. The request also extends to another 378 investigations related to alleged actions by state agents during the protests, which, according to the background cited by the deputies, remained active until August 2026. The UDI representatives asked the Public Ministry to review the criteria applied in those cases and consider the conditions of public order that the country faced during the months following October 18th, 2019. In the opinion of the lawmakers, the assessment of the investigated behaviors should include both the specific antecedents of each case and the general circumstances in which the police procedures were developed. «It would be deeply unjust to judge the police performance without knowing the exceptional circumstances we lived in,» they noted. The deputies also argued that Carabineros faced a situation of violence that, in their assessment, exceeded the usual response capacity of the institution. Despite requesting a review of the investigations, Weisse, Cretton, and Lilayu stated that they respect the constitutional and legal autonomy of the Public Ministry to conduct the investigations and make the corresponding procedural decisions. The decision not to pursue an investigation is a power of the Public Ministry when it deems that it has not gathered sufficient antecedents to found an accusation. Your potential use must be resolved according to the requirements established in the criminal procedural legislation. The investigations mentioned by the parliamentarians are part of the open cases for presumed violations of rights during the social outbreak, whose development has included formalizations, convictions, acquittals, and procedures that are still pending. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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