El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), recientemente designado presidente de la Comisión de Constitución del Senado tras la salida de Pedro Araya (PPD), cuestionó el acuerdo alcanzado entre parlamentarios de distintos sectores y el Gobierno para avanzar en una reforma constitucional de seguridad, especialmente en las modificaciones propuestas al estado de emergencia.
En entrevista con el programa Mesa Central, el legislador afirmó que no se considera comprometido con un entendimiento en cuya negociación no participó y sobre el cual mantiene importantes diferencias jurídicas y políticas.
«Yo no tengo por qué suscribir un acuerdo en el cual no participé y el cual tengo serias dudas», sostuvo.
Sus principales reparos se relacionan con la incorporación de un mecanismo preventivo que permitiría al Ejecutivo anticiparse a eventuales hechos de violencia mediante nuevas atribuciones vinculadas al estado de emergencia.
Mirosevic advirtió que una ampliación de esas facultades debe contemplar mecanismos de fiscalización y límites institucionales que impidan su utilización sin controles adecuados.
«A mí me preocupa que eso tiene que tener alguna clase de control», señaló, al explicar que no está disponible para respaldar la propuesta en sus actuales términos.
Pese a sus cuestionamientos, el parlamentario descartó que su llegada a la presidencia de la Comisión de Constitución tenga como propósito obstaculizar las iniciativas del Ejecutivo.
«Yo no vengo a dinamitar la agenda de seguridad. Eso es lo primero», afirmó.
Sin embargo, criticó la gestión del Gobierno del presidente José Antonio Kast en esta materia y sostuvo que el debate legislativo no debería concentrarse exclusivamente en nuevas reformas, sino también en la implementación de las normas ya aprobadas.
El senador recordó que durante la administración anterior se despacharon 74 iniciativas relacionadas con seguridad pública, cuya aplicación efectiva considera prioritaria para fortalecer las capacidades del Estado.
«La agenda de seguridad no es solo la agenda del Gobierno. Pero la que nos hemos puesto de acuerdo ya, que es la agenda de Estado en seguridad, la que ya aprobamos, implementémosla», planteó.
Entre las medidas pendientes mencionó la puesta en funcionamiento de una agencia destinada a la confiscación de bienes asociados al narcotráfico y al crimen organizado, además de la necesidad de asegurar recursos suficientes para la Fiscalía Supraterritorial.
A su juicio, la aprobación de nuevas leyes resulta insuficiente si las instituciones encargadas de ejecutarlas no cuentan con personal, financiamiento y herramientas operativas.
«Una cosa es tener una declaración legal y otra cosa es tener músculo estatal para perseguir a los delincuentes», afirmó.
Mirosevic también abordó la relación entre el Gobierno y los partidos opositores durante la tramitación de las reformas de seguridad.
En ese contexto, sostuvo que los entendimientos legislativos deben surgir de posiciones compartidas entre las distintas fuerzas de oposición y no limitarse a negociaciones particulares con determinados parlamentarios.
«Yo tengo disposición de diálogo, con una diferencia. Yo no vengo aquí a acuerdos individuales», enfatizó.
Las declaraciones del senador introducen nuevas interrogantes sobre la continuidad del acuerdo político alcanzado para modificar el estado de emergencia, justo cuando la Comisión de Constitución del Senado enfrenta cambios en su conducción.
El nuevo presidente de la instancia reafirmó su disposición a discutir las propuestas del Ejecutivo, aunque condicionó su respaldo a la existencia de controles adecuados sobre las nuevas facultades y a una coordinación política más amplia entre las bancadas opositoras. (NP-ChatGPT-Emol-C13)
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El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), el recién nombrado presidente de la Comisión Constitucional del Senado, ha cuestionado el acuerdo entre varias facciones parlamentarias y el Gobierno sobre una reforma constitucional de seguridad. Expresó su preocupación por las modificaciones propuestas al estado de emergencia en una entrevista con Mesa Central. Mirosevic declaró que no se siente obligado a apoyar un acuerdo del que no formó parte y con el que tiene importantes desacuerdos legales y políticos. En concreto, expresó su preocupación por la incorporación de un mecanismo preventivo que permita al Ejecutivo anticipar posibles actos de violencia. Mirosevic hizo hincapié en la importancia de incorporar mecanismos de control y límites institucionales para evitar el mal uso de tales poderes. A pesar de sus reservas, aclaró que su papel como jefe de la Comisión de la Constitución no es obstruir la agenda de seguridad. Comenzó por expresar sus opiniones sobre el asunto, pero criticó el manejo de la administración del presidente José Antonio Kast. En su opinión, el debate legislativo debería ir más allá de las nuevas reformas y abarcar la ejecución de los reglamentos aprobados previamente. El senador mencionó que bajo el gobierno anterior se introdujeron 74 iniciativas de seguridad pública, que considera cruciales para reforzar las capacidades del Estado. Enfatizó que la agenda de seguridad no es responsabilidad exclusiva del gobierno. «Pero la que ya hemos acordado, que es la agenda de seguridad del Estado, pongámosla en acción», declaró. Entre las medidas pendientes, mencionó el establecimiento de una agencia para incautar bienes relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como garantizar recursos adecuados para la Fiscalía Supraterritorial. Argumentó que la adopción de nuevas leyes es insuficiente sin el personal, la financiación y las herramientas operativas adecuadas para las instituciones ejecutoras. «Una cosa es tener un marco legal y otra es tener el poder del estado para perseguir a los criminales», dijo. Mirosevic también discutió la relación entre el Gobierno y los partidos de oposición durante el proceso de reforma de la seguridad. En este contexto, sugirió que los acuerdos legislativos deberían derivarse de posiciones compartidas entre varias fuerzas de la oposición en lugar de limitarse a negociaciones específicas con parlamentarios individuales. «Estoy abierto al diálogo, con una distinción». Él hizo hincapié en que él no visita para arreglos personales. Los comentarios del senador plantean dudas sobre la persistencia del acuerdo político hecho para alterar el estado de emergencia, ya que el Comité Constitucional del Senado sufre cambios en su liderazgo. El renovado presidente de la comisión expresó su disposición a considerar las sugerencias del Ejecutivo, pero declaró que su apoyo está condicionado a la presencia de una supervisión adecuada sobre los poderes recién otorgados y una cooperación política más amplia entre las facciones de la oposición. Si no se dispone de estos datos, la parte pertinente podría optar por suspender la aprobación del componente activo. La entrada del blog de Mirosevic cuestiona la validez del acuerdo de reforma de seguridad: «Es un acuerdo del que no fui parte» fue publicada inicialmente en Nuevo Poder.
El senador Vlado Mirosevic, que pertenece al Partido Liberal y recientemente fue nombrado presidente de la Comisión de la Constitución del Senado tras la salida de Pedro Araya (PPD), expresó dudas sobre el acuerdo alcanzado entre funcionarios del gobierno y parlamentarios de varias facciones para avanzar en una reforma de seguridad constitucional. Esto es particularmente en referencia a las modificaciones sugeridas al estado de emergencia. En una reciente entrevista con La entrada, Mirosevic cuestiona la legitimidad del acuerdo de reforma de seguridad, afirmando: «No estuve involucrado en el acuerdo».
El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), el recién nombrado presidente de la Comisión Constitucional del Senado, ha cuestionado el acuerdo entre varias facciones parlamentarias y el Gobierno sobre una reforma constitucional de seguridad. Expresó su preocupación por las modificaciones propuestas al estado de emergencia en una entrevista con Mesa Central. Mirosevic declaró que no se siente obligado a apoyar un acuerdo del que no formó parte y con el que tiene importantes desacuerdos legales y políticos. En concreto, expresó su preocupación por la incorporación de un mecanismo preventivo que permita al Ejecutivo anticipar posibles actos de violencia. Mirosevic hizo hincapié en la importancia de incorporar mecanismos de control y límites institucionales para evitar el mal uso de tales poderes. A pesar de sus reservas, aclaró que su papel como jefe de la Comisión de la Constitución no es obstruir la agenda de seguridad. Comenzó por expresar sus opiniones sobre el asunto, pero criticó el manejo de la administración del presidente José Antonio Kast. En su opinión, el debate legislativo debería ir más allá de las nuevas reformas y abarcar la ejecución de los reglamentos aprobados previamente. El senador mencionó que bajo el gobierno anterior se introdujeron 74 iniciativas de seguridad pública, que considera cruciales para reforzar las capacidades del Estado. Enfatizó que la agenda de seguridad no es responsabilidad exclusiva del gobierno. «Pero la que ya hemos acordado, que es la agenda de seguridad del Estado, pongámosla en acción», declaró. Entre las medidas pendientes, mencionó el establecimiento de una agencia para incautar bienes relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como garantizar recursos adecuados para la Fiscalía Supraterritorial. Argumentó que la adopción de nuevas leyes es insuficiente sin el personal, la financiación y las herramientas operativas adecuadas para las instituciones ejecutoras. «Una cosa es tener un marco legal y otra es tener el poder del estado para perseguir a los criminales», dijo. Mirosevic también discutió la relación entre el Gobierno y los partidos de oposición durante el proceso de reforma de la seguridad. En este contexto, sugirió que los acuerdos legislativos deberían derivarse de posiciones compartidas entre varias fuerzas de la oposición en lugar de limitarse a negociaciones específicas con parlamentarios individuales. «Estoy abierto al diálogo, con una distinción». «No vengo aquí buscando acuerdos individuales», enfatizó. Los comentarios del senador plantean preocupaciones sobre la validez del acuerdo político alcanzado para alterar el estado de emergencia, coincidiendo con cambios en el liderazgo del Comité Constitucional del Senado. El nuevo jefe de la institución expresó su disposición a discutir las sugerencias del Ejecutivo, pero declaró que su apoyo dependería de la presencia de controles adecuados sobre los nuevos poderes y de una mayor cooperación política entre las facciones de la oposición. Si no se dispone de esta información, la parte interesada podría optar por imponer una suspensión temporal de la autorización.
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