El Tribunal Constitucional (TC) desarrolló este miércoles una jornada de más de cinco horas de audiencias públicas en el marco de los tres requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como “megarreforma”, impulsada por el Gobierno.
Las impugnaciones se concentran principalmente en normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones de carácter ambiental. Entre los puntos cuestionados se encuentra el mecanismo de compensación económica que debería asumir el Estado ante la eventual anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La audiencia comenzó a las 09.00 horas y concluyó cerca de las 14.30. Durante la jornada intervinieron 56 entidades admitidas como terceros interesados, entre organizaciones ambientalistas, asociaciones empresariales y productivas, sindicatos, centros de estudios, representantes de pueblos originarios y otras agrupaciones de la sociedad civil.
Debido al número de participantes, el TC distribuyó las intervenciones en tres bloques y otorgó cinco minutos a cada expositor. Entre las presentaciones quedaron en evidencia posiciones contrapuestas respecto de los efectos económicos, ambientales y jurídicos de las disposiciones cuestionadas.
La Fundación Libertad y Desarrollo intervino en defensa de la invariabilidad tributaria. Su representante, Carlos Oyarzún, expuso argumentos favorables a la norma en medio de las impugnaciones que buscan que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su conformidad con la Carta Fundamental.
Otro de los participantes fue el exministro Luis Cordero, quien compareció como abogado de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile para abordar los artículos 5 y 6 de la legislación.
Cordero argumentó que los cuestionamientos formulados contra esas disposiciones corresponden fundamentalmente a diferencias sobre el mérito de la política pública y no necesariamente a controversias de constitucionalidad. Desde esa perspectiva, sostuvo que esas discrepancias deberían resolverse mediante el proceso político y legislativo.
Greenpeace Pacífico Sur, en cambio, cuestionó el artículo 5, relacionado con las denominadas microrrelocalizaciones de centros de cultivo y su tratamiento dentro del sistema de evaluación ambiental.
Roxana Núñez, representante de la organización, sostuvo que permitir desplazamientos de concesiones de hasta 350 metros sin evaluación ambiental carecería de suficiente fundamento técnico. También advirtió sobre las consecuencias que el mecanismo podría tener en áreas protegidas de la Patagonia.
Según los antecedentes presentados por Greenpeace durante la audiencia, cerca de la mitad de las relocalizaciones actualmente en tramitación podrían calificar como microrrelocalizaciones y una proporción significativa de ellas tendría como destino zonas protegidas.
La invariabilidad tributaria también fue cuestionada desde organizaciones sindicales. Ana Lamas, representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre, criticó la posibilidad de mantener durante 20 años determinadas condiciones tributarias para grandes compañías mineras, argumentando que una medida de esa extensión limitaría las decisiones que pudieran adoptar futuras administraciones.
La diversidad de posiciones quedó reflejada en la nómina de participantes. Entre las organizaciones ambientales comparecieron ONG FIMA, Fundación Terram, Greenpeace Pacífico Sur y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, además de agrupaciones territoriales de distintas comunas.
El sector productivo estuvo representado, entre otros, por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso.
También intervinieron organizaciones laborales como la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de federaciones vinculadas a la minería, la salud y otras actividades.
A ellas se sumaron centros de estudios e instituciones relacionadas con el debate público, entre ellos Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, la Universidad del Desarrollo, Fundación Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI, el Programa de Reformas a la Justicia UC e Instituto Igualdad.
La audiencia también contó con organizaciones de pueblos originarios y comunidades territoriales, entre ellas el Consejo de Pueblos Atacameños, el Foro Indígena sobre Cambio Climático y la Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan, además de colegios profesionales.
Tras escuchar a los terceros interesados, el Tribunal Constitucional continuará este jueves con una etapa decisiva del procedimiento. La instancia contempla los alegatos de las partes involucradas en los requerimientos antes de que el organismo adopte una resolución sobre el fondo de las impugnaciones.
Por parte del Gobierno, la defensa estaría encabezada por los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés. La resolución del TC será determinante para establecer qué disposiciones de la megarreforma podrán continuar formando parte de la Ley de Reconstrucción Nacional. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada TC escucha a 56 organizaciones en extensa audiencia por impugnaciones a la megarreforma se publicó primero en Nuevo Poder.
El Tribunal Constitucional (TC) desarrolló este miércoles una jornada de más de cinco horas de audiencias públicas en el marco de los tres requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como “megarreforma”, impulsada por el Gobierno.. Las impugnaciones se concentran principalmente en normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones de carácter ambiental. Entre los puntos cuestionados se encuentra el mecanismo de compensación económica que debería asumir el Estado ante la eventual anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).. La audiencia comenzó a las 09.00 horas y concluyó cerca de las 14.30. Durante la jornada intervinieron 56 entidades admitidas como terceros interesados, entre organizaciones ambientalistas, asociaciones empresariales y productivas, sindicatos, centros de estudios, representantes de pueblos originarios y otras agrupaciones de la sociedad civil.. Debido al número de participantes, el TC distribuyó las intervenciones en tres bloques y otorgó cinco minutos a cada expositor. Entre las presentaciones quedaron en evidencia posiciones contrapuestas respecto de los efectos económicos, ambientales y jurídicos de las disposiciones cuestionadas.. La Fundación Libertad y Desarrollo intervino en defensa de la invariabilidad tributaria. Su representante, Carlos Oyarzún, expuso argumentos favorables a la norma en medio de las impugnaciones que buscan que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su conformidad con la Carta Fundamental.. Otro de los participantes fue el exministro Luis Cordero, quien compareció como abogado de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile para abordar los artículos 5 y 6 de la legislación.. Cordero argumentó que los cuestionamientos formulados contra esas disposiciones corresponden fundamentalmente a diferencias sobre el mérito de la política pública y no necesariamente a controversias de constitucionalidad. Desde esa perspectiva, sostuvo que esas discrepancias deberían resolverse mediante el proceso político y legislativo.. Greenpeace Pacífico Sur, en cambio, cuestionó el artículo 5, relacionado con las denominadas microrrelocalizaciones de centros de cultivo y su tratamiento dentro del sistema de evaluación ambiental.. Roxana Núñez, representante de la organización, sostuvo que permitir desplazamientos de concesiones de hasta 350 metros sin evaluación ambiental carecería de suficiente fundamento técnico. También advirtió sobre las consecuencias que el mecanismo podría tener en áreas protegidas de la Patagonia.. Según los antecedentes presentados por Greenpeace durante la audiencia, cerca de la mitad de las relocalizaciones actualmente en tramitación podrían calificar como microrrelocalizaciones y una proporción significativa de ellas tendría como destino zonas protegidas.. La invariabilidad tributaria también fue cuestionada desde organizaciones sindicales. Ana Lamas, representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre, criticó la posibilidad de mantener durante 20 años determinadas condiciones tributarias para grandes compañías mineras, argumentando que una medida de esa extensión limitaría las decisiones que pudieran adoptar futuras administraciones.. La diversidad de posiciones quedó reflejada en la nómina de participantes. Entre las organizaciones ambientales comparecieron ONG FIMA, Fundación Terram, Greenpeace Pacífico Sur y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, además de agrupaciones territoriales de distintas comunas.. El sector productivo estuvo representado, entre otros, por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso.. También intervinieron organizaciones laborales como la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de federaciones vinculadas a la minería, la salud y otras actividades.. A ellas se sumaron centros de estudios e instituciones relacionadas con el debate público, entre ellos Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, la Universidad del Desarrollo, Fundación Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI, el Programa de Reformas a la Justicia UC e Instituto Igualdad.. La audiencia también contó con organizaciones de pueblos originarios y comunidades territoriales, entre ellas el Consejo de Pueblos Atacameños, el Foro Indígena sobre Cambio Climático y la Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan, además de colegios profesionales.. Tras escuchar a los terceros interesados, el Tribunal Constitucional continuará este jueves con una etapa decisiva del procedimiento. La instancia contempla los alegatos de las partes involucradas en los requerimientos antes de que el organismo adopte una resolución sobre el fondo de las impugnaciones.. Por parte del Gobierno, la defensa estaría encabezada por los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés. La resolución del TC será determinante para establecer qué disposiciones de la megarreforma podrán continuar formando parte de la Ley de Reconstrucción Nacional. (NP-ChatGPT-Emol). 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El Tribunal Constitucional (TC) desarrolló este miércoles una jornada de más de cinco horas de audiencias públicas en el marco de los tres requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como “megarreforma”, impulsada por el Gobierno. Las impugnaciones se concentran principalmente en normas relacionadas con la invariabilidad tributaria La entrada TC escucha a 56 organizaciones en extensa audiencia por impugnaciones a la megarreforma se publicó primero en Nuevo Poder.
El Tribunal Constitucional (TC) desarrolló este miércoles una jornada de más de cinco horas de audiencias públicas en el marco de los tres requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como “megarreforma”, impulsada por el Gobierno.. Las impugnaciones se concentran principalmente en normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones de carácter ambiental. Entre los puntos cuestionados se encuentra el mecanismo de compensación económica que debería asumir el Estado ante la eventual anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).. La audiencia comenzó a las 09.00 horas y concluyó cerca de las 14.30. Durante la jornada intervinieron 56 entidades admitidas como terceros interesados, entre organizaciones ambientalistas, asociaciones empresariales y productivas, sindicatos, centros de estudios, representantes de pueblos originarios y otras agrupaciones de la sociedad civil.. Debido al número de participantes, el TC distribuyó las intervenciones en tres bloques y otorgó cinco minutos a cada expositor. Entre las presentaciones quedaron en evidencia posiciones contrapuestas respecto de los efectos económicos, ambientales y jurídicos de las disposiciones cuestionadas.. La Fundación Libertad y Desarrollo intervino en defensa de la invariabilidad tributaria. Su representante, Carlos Oyarzún, expuso argumentos favorables a la norma en medio de las impugnaciones que buscan que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su conformidad con la Carta Fundamental.. Otro de los participantes fue el exministro Luis Cordero, quien compareció como abogado de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile para abordar los artículos 5 y 6 de la legislación.. Cordero argumentó que los cuestionamientos formulados contra esas disposiciones corresponden fundamentalmente a diferencias sobre el mérito de la política pública y no necesariamente a controversias de constitucionalidad. Desde esa perspectiva, sostuvo que esas discrepancias deberían resolverse mediante el proceso político y legislativo.. Greenpeace Pacífico Sur, en cambio, cuestionó el artículo 5, relacionado con las denominadas microrrelocalizaciones de centros de cultivo y su tratamiento dentro del sistema de evaluación ambiental.. Roxana Núñez, representante de la organización, sostuvo que permitir desplazamientos de concesiones de hasta 350 metros sin evaluación ambiental carecería de suficiente fundamento técnico. También advirtió sobre las consecuencias que el mecanismo podría tener en áreas protegidas de la Patagonia.. Según los antecedentes presentados por Greenpeace durante la audiencia, cerca de la mitad de las relocalizaciones actualmente en tramitación podrían calificar como microrrelocalizaciones y una proporción significativa de ellas tendría como destino zonas protegidas.. La invariabilidad tributaria también fue cuestionada desde organizaciones sindicales. Ana Lamas, representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre, criticó la posibilidad de mantener durante 20 años determinadas condiciones tributarias para grandes compañías mineras, argumentando que una medida de esa extensión limitaría las decisiones que pudieran adoptar futuras administraciones.. La diversidad de posiciones quedó reflejada en la nómina de participantes. Entre las organizaciones ambientales comparecieron ONG FIMA, Fundación Terram, Greenpeace Pacífico Sur y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, además de agrupaciones territoriales de distintas comunas.. El sector productivo estuvo representado, entre otros, por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso.. También intervinieron organizaciones laborales como la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de federaciones vinculadas a la minería, la salud y otras actividades.. A ellas se sumaron centros de estudios e instituciones relacionadas con el debate público, entre ellos Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, la Universidad del Desarrollo, Fundación Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI, el Programa de Reformas a la Justicia UC e Instituto Igualdad.. La audiencia también contó con organizaciones de pueblos originarios y comunidades territoriales, entre ellas el Consejo de Pueblos Atacameños, el Foro Indígena sobre Cambio Climático y la Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan, además de colegios profesionales.. Tras escuchar a los terceros interesados, el Tribunal Constitucional continuará este jueves con una etapa decisiva del procedimiento. La instancia contempla los alegatos de las partes involucradas en los requerimientos antes de que el organismo adopte una resolución sobre el fondo de las impugnaciones.. Por parte del Gobierno, la defensa estaría encabezada por los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés. La resolución del TC será determinante para establecer qué disposiciones de la megarreforma podrán continuar formando parte de la Ley de Reconstrucción Nacional. (NP-ChatGPT-Emol)
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