Parlamentarios de oposición presentaron denuncias ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos de administración desleal relacionados con las pérdidas registradas por los fondos de pensiones, en medio de los cuestionamientos a las inversiones de las AFP en instrumentos derivados conocidos como swaps de tasas de interés.
Las acciones buscan determinar si las administradoras adoptaron decisiones financieras que privilegiaron intereses propios por sobre la rentabilidad y seguridad de los ahorros previsionales de sus afiliados.
El diputado independiente-PPD José Montalva presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por hechos que, a su juicio, podrían configurar el delito de administración desleal, sin descartar otras calificaciones jurídicas que puedan surgir durante la investigación.
El parlamentario explicó que las pérdidas financieras, por sí solas, no constituyen necesariamente un delito, pero sostuvo que corresponde investigar si las operaciones fueron ejecutadas con conocimiento de sus riesgos y en beneficio de las administradoras.
“Perder dinero nunca ha sido un delito; sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas de que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal”, afirmó.
Montalva solicitó que la Fiscalía examine los antecedentes conocidos públicamente, entre ellos las advertencias que habrían recibido las administradoras sobre los riesgos asociados a determinadas operaciones financieras y sus posibles efectos sobre los fondos de los trabajadores.
En paralelo, el diputado socialista Daniel Manouchehri y la senadora del mismo partido Daniella Cicardini ingresaron otra denuncia dirigida al fiscal nacional, con el propósito de establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones de inversión cuestionadas.
Los legisladores sostuvieron que los antecedentes disponibles justifican investigar si existió administración desleal y determinar quiénes participaron en las operaciones financieras.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde su plata, las AFP se forran”, declaró Manouchehri.
La cifra mencionada por el diputado corresponde a su estimación de las pérdidas y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre el monto de eventuales perjuicios atribuibles a conductas ilícitas.
El parlamentario agregó que la denuncia busca establecer quiénes autorizaron las inversiones, cuáles fueron sus fundamentos y si existieron beneficiarios distintos de los afiliados.
“Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional para que investigue si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién se beneficiaba. Buscamos que, si hubo un delito, respondan con su propio patrimonio”, sostuvo.
Ambas presentaciones solicitan esclarecer si las decisiones de inversión respondieron a criterios técnicos relacionados con la rentabilidad y seguridad de los fondos o si estuvieron condicionadas por intereses económicos o competitivos de las propias AFP.
Los escritos hacen referencia a los artículos 45 y 147 del Decreto Ley N.º 3.500, que regula el sistema de pensiones y establece obligaciones para las administradoras respecto de la gestión de los recursos previsionales.
En particular, el artículo 45 dispone que las inversiones de los fondos deben tener como único objetivo obtener una adecuada rentabilidad y seguridad.
La controversia se produce después de conocerse importantes pérdidas en los fondos de pensiones, especialmente en aquellos con mayor exposición a instrumentos de renta fija, en un contexto de cuestionamientos al uso de swaps de tasas de interés.
Estos derivados financieros permiten intercambiar flujos asociados a tasas de interés y pueden utilizarse para administrar riesgos. Sin embargo, también pueden amplificar las pérdidas cuando los movimientos del mercado son contrarios a las posiciones asumidas.
Las denuncias parlamentarias apuntan a determinar si las operaciones efectuadas por las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales y a los deberes de administración de recursos pertenecientes a los afiliados.
La Fiscalía Nacional confirmó la recepción de las presentaciones e informó que serán tramitadas conforme a los procedimientos correspondientes.
Por ahora, las acciones constituyen solicitudes de investigación y no implican que se haya acreditado la comisión de delitos ni la responsabilidad penal de ejecutivos o administradoras. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
La entrada Parlamentarios piden indagar “administración desleal” de AFP’s por millonarias pérdidas se publicó primero en Nuevo Poder.
Parlamentarios de oposición presentaron denuncias ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos de administración desleal relacionados con las pérdidas registradas por los fondos de pensiones, en medio de los cuestionamientos a las inversiones de las AFP en instrumentos derivados conocidos como swaps de tasas de interés.
Las acciones buscan determinar si las administradoras adoptaron decisiones financieras que privilegiaron intereses propios por sobre la rentabilidad y seguridad de los ahorros previsionales de sus afiliados.
El diputado independiente-PPD José Montalva presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por hechos que, a su juicio, podrían configurar el delito de administración desleal, sin descartar otras calificaciones jurídicas que puedan surgir durante la investigación.
El parlamentario explicó que las pérdidas financieras, por sí solas, no constituyen necesariamente un delito, pero sostuvo que corresponde investigar si las operaciones fueron ejecutadas con conocimiento de sus riesgos y en beneficio de las administradoras.
“Perder dinero nunca ha sido un delito; sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas de que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal”, afirmó.
Montalva solicitó que la Fiscalía examine los antecedentes conocidos públicamente, entre ellos las advertencias que habrían recibido las administradoras sobre los riesgos asociados a determinadas operaciones financieras y sus posibles efectos sobre los fondos de los trabajadores.
En paralelo, el diputado socialista Daniel Manouchehri y la senadora del mismo partido Daniella Cicardini ingresaron otra denuncia dirigida al fiscal nacional, con el propósito de establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones de inversión cuestionadas.
Los legisladores sostuvieron que los antecedentes disponibles justifican investigar si existió administración desleal y determinar quiénes participaron en las operaciones financieras.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde su plata, las AFP se forran”, declaró Manouchehri.
La cifra mencionada por el diputado corresponde a su estimación de las pérdidas y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre el monto de eventuales perjuicios atribuibles a conductas ilícitas.
El parlamentario agregó que la denuncia busca establecer quiénes autorizaron las inversiones, cuáles fueron sus fundamentos y si existieron beneficiarios distintos de los afiliados.
“Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional para que investigue si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién se beneficiaba. Buscamos que, si hubo un delito, respondan con su propio patrimonio”, sostuvo.
Ambas presentaciones solicitan esclarecer si las decisiones de inversión respondieron a criterios técnicos relacionados con la rentabilidad y seguridad de los fondos o si estuvieron condicionadas por intereses económicos o competitivos de las propias AFP.
Los escritos hacen referencia a los artículos 45 y 147 del Decreto Ley N.º 3.500, que regula el sistema de pensiones y establece obligaciones para las administradoras respecto de la gestión de los recursos previsionales.
En particular, el artículo 45 dispone que las inversiones de los fondos deben tener como único objetivo obtener una adecuada rentabilidad y seguridad.
La controversia se produce después de conocerse importantes pérdidas en los fondos de pensiones, especialmente en aquellos con mayor exposición a instrumentos de renta fija, en un contexto de cuestionamientos al uso de swaps de tasas de interés.
Estos derivados financieros permiten intercambiar flujos asociados a tasas de interés y pueden utilizarse para administrar riesgos. Sin embargo, también pueden amplificar las pérdidas cuando los movimientos del mercado son contrarios a las posiciones asumidas.
Las denuncias parlamentarias apuntan a determinar si las operaciones efectuadas por las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales y a los deberes de administración de recursos pertenecientes a los afiliados.
La Fiscalía Nacional confirmó la recepción de las presentaciones e informó que serán tramitadas conforme a los procedimientos correspondientes.
Por ahora, las acciones constituyen solicitudes de investigación y no implican que se haya acreditado la comisión de delitos ni la responsabilidad penal de ejecutivos o administradoras. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
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Representantes de la oposición presentaron quejas al Ministerio Público para investigar posibles delitos de administración indebida relacionados con las pérdidas de los fondos de pensiones, en el contexto de las controversias sobre las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en instrumentos financieros llamados swaps de tasas de interés. Las acciones intentan averiguar si los administradores han adoptado la ‘administración desleal’ de AFP’s tras pérdidas multimillonarias. Los parlamentarios solicitan una investigación. Este contenido fue primero publicado en Nuevo Poder.
Parlamentarios de oposición presentaron denuncias ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos de administración desleal relacionados con las pérdidas registradas por los fondos de pensiones, en medio de los cuestionamientos a las inversiones de las AFP en instrumentos derivados conocidos como swaps de tasas de interés.
Las acciones buscan determinar si las administradoras adoptaron decisiones financieras que privilegiaron intereses propios por sobre la rentabilidad y seguridad de los ahorros previsionales de sus afiliados.
El diputado independiente-PPD José Montalva presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por hechos que, a su juicio, podrían configurar el delito de administración desleal, sin descartar otras calificaciones jurídicas que puedan surgir durante la investigación.
El parlamentario explicó que las pérdidas financieras, por sí solas, no constituyen necesariamente un delito, pero sostuvo que corresponde investigar si las operaciones fueron ejecutadas con conocimiento de sus riesgos y en beneficio de las administradoras.
“Perder dinero nunca ha sido un delito; sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas de que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal”, afirmó.
Montalva solicitó que la Fiscalía examine los antecedentes conocidos públicamente, entre ellos las advertencias que habrían recibido las administradoras sobre los riesgos asociados a determinadas operaciones financieras y sus posibles efectos sobre los fondos de los trabajadores.
En paralelo, el diputado socialista Daniel Manouchehri y la senadora del mismo partido Daniella Cicardini ingresaron otra denuncia dirigida al fiscal nacional, con el propósito de establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones de inversión cuestionadas.
Los legisladores sostuvieron que los antecedentes disponibles justifican investigar si existió administración desleal y determinar quiénes participaron en las operaciones financieras.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde su plata, las AFP se forran”, declaró Manouchehri.
La cifra mencionada por el diputado corresponde a su estimación de las pérdidas y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre el monto de eventuales perjuicios atribuibles a conductas ilícitas.
El parlamentario agregó que la denuncia busca establecer quiénes autorizaron las inversiones, cuáles fueron sus fundamentos y si existieron beneficiarios distintos de los afiliados.
“Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional para que investigue si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién se beneficiaba. Buscamos que, si hubo un delito, respondan con su propio patrimonio”, sostuvo.
Ambas presentaciones solicitan esclarecer si las decisiones de inversión respondieron a criterios técnicos relacionados con la rentabilidad y seguridad de los fondos o si estuvieron condicionadas por intereses económicos o competitivos de las propias AFP.
Los escritos hacen referencia a los artículos 45 y 147 del Decreto Ley N.º 3.500, que regula el sistema de pensiones y establece obligaciones para las administradoras respecto de la gestión de los recursos previsionales.
En particular, el artículo 45 dispone que las inversiones de los fondos deben tener como único objetivo obtener una adecuada rentabilidad y seguridad.
La controversia se produce después de conocerse importantes pérdidas en los fondos de pensiones, especialmente en aquellos con mayor exposición a instrumentos de renta fija, en un contexto de cuestionamientos al uso de swaps de tasas de interés.
Estos derivados financieros permiten intercambiar flujos asociados a tasas de interés y pueden utilizarse para administrar riesgos. Sin embargo, también pueden amplificar las pérdidas cuando los movimientos del mercado son contrarios a las posiciones asumidas.
Las denuncias parlamentarias apuntan a determinar si las operaciones efectuadas por las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales y a los deberes de administración de recursos pertenecientes a los afiliados.
La Fiscalía Nacional confirmó la recepción de las presentaciones e informó que serán tramitadas conforme a los procedimientos correspondientes.
Por ahora, las acciones constituyen solicitudes de investigación y no implican que se haya acreditado la comisión de delitos ni la responsabilidad penal de ejecutivos o administradoras. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
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