Una ofensiva política contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, iniciaron distintos partidos de oposición tras conocerse que el Gobierno autorizó reducciones de condenas para 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Las reacciones incluyen exigencias de invalidar los decretos, solicitudes de investigación ante la Contraloría General de la República, la evaluación de una acusación constitucional y peticiones de renuncia del secretario de Estado.
El Partido Socialista (PS) expresó su rechazo a las rebajas de penas y exigió revisar e invalidar los decretos que eventualmente contravengan la legislación vigente. También solicitó hacer públicos los antecedentes que fundamentaron las resoluciones y establecer las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
La colectividad calificó la situación como inaceptable y cuestionó especialmente que las decisiones fueran adoptadas bajo la conducción de Rabat, recordando su trayectoria como abogado defensor de Augusto Pinochet.
Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de bancada, Jorge Díaz, advirtió que los parlamentarios están evaluando presentar una acusación constitucional contra el ministro.
El diputado Héctor Barría sostuvo que su bancada no descarta ninguna acción de fiscalización y que también promoverá modificaciones legales para impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación de menores accedan a estos beneficios.
Barría cuestionó, además, la contradicción que, a su juicio, existe entre las decisiones del Ministerio de Justicia y el compromiso gubernamental de fortalecer la seguridad y la protección de las víctimas.
En el Partido por la Democracia (PPD), el diputado José Montalva respaldó la posibilidad de una acusación constitucional y emplazó al ministro a revocar las resoluciones administrativas si existen atribuciones legales para hacerlo.
El Frente Amplio (FA) fue más allá y exigió directamente la salida de Rabat del gabinete.
La jefa de bancada de la colectividad, Emilia Schneider, acusó al Ejecutivo de desatender los derechos de las víctimas y cuestionó tanto las rebajas de condenas por delitos sexuales como las concedidas a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos.
En la misma línea, la diputada Carolina Tello sostuvo que el Gobierno ha actuado con irresponsabilidad e incoherencia y rechazó que las autoridades atribuyan la controversia a decisiones adoptadas durante la administración anterior.
Por su parte, el Partido Comunista (PC) anunció una ofensiva ante la Contraloría General de la República para determinar si los decretos cumplen con las exigencias legales.
La diputada Sofía González informó que solicitó al organismo fiscalizador revisar la legalidad de las actuaciones administrativas que permitieron reducir las penas de los 56 condenados.
La parlamentaria argumentó que la situación resulta especialmente grave por tratarse de delitos contra menores de edad y cuestionó su compatibilidad con el compromiso gubernamental de priorizar la protección de la infancia.
La controversia se desarrolla en medio de diferencias sobre la interpretación de las normas que regulan la reducción de condenas. El Ministerio de Justicia ha defendido sus actuaciones invocando criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema relacionados con la aplicación temporal de las restricciones legales.
Rabat también ha comprometido el respaldo del Ejecutivo a iniciativas parlamentarias destinadas a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a reducciones de penas.
La discusión deberá determinar si las resoluciones cuestionadas se ajustan a la legislación y a los fallos judiciales aplicables, mientras la oposición busca establecer eventuales responsabilidades del ministro.
Por ahora, las exigencias de renuncia, la posibilidad de una acusación constitucional y las solicitudes de invalidación mantienen abierta una controversia que enfrenta al Gobierno con distintos sectores opositores y que podría trasladarse tanto al Congreso como a la Contraloría. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Oposición exige renuncia del ministro Rabat y evalúa acusación constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Una ofensiva política contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, iniciaron distintos partidos de oposición tras conocerse que el Gobierno autorizó reducciones de condenas para 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.. Las reacciones incluyen exigencias de invalidar los decretos, solicitudes de investigación ante la Contraloría General de la República, la evaluación de una acusación constitucional y peticiones de renuncia del secretario de Estado.. El Partido Socialista (PS) expresó su rechazo a las rebajas de penas y exigió revisar e invalidar los decretos que eventualmente contravengan la legislación vigente. También solicitó hacer públicos los antecedentes que fundamentaron las resoluciones y establecer las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.. La colectividad calificó la situación como inaceptable y cuestionó especialmente que las decisiones fueran adoptadas bajo la conducción de Rabat, recordando su trayectoria como abogado defensor de Augusto Pinochet.. Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de bancada, Jorge Díaz, advirtió que los parlamentarios están evaluando presentar una acusación constitucional contra el ministro.. El diputado Héctor Barría sostuvo que su bancada no descarta ninguna acción de fiscalización y que también promoverá modificaciones legales para impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación de menores accedan a estos beneficios.. Barría cuestionó, además, la contradicción que, a su juicio, existe entre las decisiones del Ministerio de Justicia y el compromiso gubernamental de fortalecer la seguridad y la protección de las víctimas.. En el Partido por la Democracia (PPD), el diputado José Montalva respaldó la posibilidad de una acusación constitucional y emplazó al ministro a revocar las resoluciones administrativas si existen atribuciones legales para hacerlo.. El Frente Amplio (FA) fue más allá y exigió directamente la salida de Rabat del gabinete.. La jefa de bancada de la colectividad, Emilia Schneider, acusó al Ejecutivo de desatender los derechos de las víctimas y cuestionó tanto las rebajas de condenas por delitos sexuales como las concedidas a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos.. En la misma línea, la diputada Carolina Tello sostuvo que el Gobierno ha actuado con irresponsabilidad e incoherencia y rechazó que las autoridades atribuyan la controversia a decisiones adoptadas durante la administración anterior.. Por su parte, el Partido Comunista (PC) anunció una ofensiva ante la Contraloría General de la República para determinar si los decretos cumplen con las exigencias legales.. La diputada Sofía González informó que solicitó al organismo fiscalizador revisar la legalidad de las actuaciones administrativas que permitieron reducir las penas de los 56 condenados.. La parlamentaria argumentó que la situación resulta especialmente grave por tratarse de delitos contra menores de edad y cuestionó su compatibilidad con el compromiso gubernamental de priorizar la protección de la infancia.. La controversia se desarrolla en medio de diferencias sobre la interpretación de las normas que regulan la reducción de condenas. El Ministerio de Justicia ha defendido sus actuaciones invocando criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema relacionados con la aplicación temporal de las restricciones legales.. Rabat también ha comprometido el respaldo del Ejecutivo a iniciativas parlamentarias destinadas a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a reducciones de penas.. La discusión deberá determinar si las resoluciones cuestionadas se ajustan a la legislación y a los fallos judiciales aplicables, mientras la oposición busca establecer eventuales responsabilidades del ministro.. Por ahora, las exigencias de renuncia, la posibilidad de una acusación constitucional y las solicitudes de invalidación mantienen abierta una controversia que enfrenta al Gobierno con distintos sectores opositores y que podría trasladarse tanto al Congreso como a la Contraloría. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Oposición exige renuncia del ministro Rabat y evalúa acusación constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Una ofensiva política contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, iniciaron distintos partidos de oposición tras conocerse que el Gobierno autorizó reducciones de condenas para 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Las reacciones incluyen exigencias de invalidar los decretos, solicitudes de investigación ante la Contraloría General de La entrada Oposición exige renuncia del ministro Rabat y evalúa acusación constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Una ofensiva política contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, iniciaron distintos partidos de oposición tras conocerse que el Gobierno autorizó reducciones de condenas para 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.. Las reacciones incluyen exigencias de invalidar los decretos, solicitudes de investigación ante la Contraloría General de la República, la evaluación de una acusación constitucional y peticiones de renuncia del secretario de Estado.. El Partido Socialista (PS) expresó su rechazo a las rebajas de penas y exigió revisar e invalidar los decretos que eventualmente contravengan la legislación vigente. También solicitó hacer públicos los antecedentes que fundamentaron las resoluciones y establecer las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.. La colectividad calificó la situación como inaceptable y cuestionó especialmente que las decisiones fueran adoptadas bajo la conducción de Rabat, recordando su trayectoria como abogado defensor de Augusto Pinochet.. Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de bancada, Jorge Díaz, advirtió que los parlamentarios están evaluando presentar una acusación constitucional contra el ministro.. El diputado Héctor Barría sostuvo que su bancada no descarta ninguna acción de fiscalización y que también promoverá modificaciones legales para impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación de menores accedan a estos beneficios.. Barría cuestionó, además, la contradicción que, a su juicio, existe entre las decisiones del Ministerio de Justicia y el compromiso gubernamental de fortalecer la seguridad y la protección de las víctimas.. En el Partido por la Democracia (PPD), el diputado José Montalva respaldó la posibilidad de una acusación constitucional y emplazó al ministro a revocar las resoluciones administrativas si existen atribuciones legales para hacerlo.. El Frente Amplio (FA) fue más allá y exigió directamente la salida de Rabat del gabinete.. La jefa de bancada de la colectividad, Emilia Schneider, acusó al Ejecutivo de desatender los derechos de las víctimas y cuestionó tanto las rebajas de condenas por delitos sexuales como las concedidas a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos.. En la misma línea, la diputada Carolina Tello sostuvo que el Gobierno ha actuado con irresponsabilidad e incoherencia y rechazó que las autoridades atribuyan la controversia a decisiones adoptadas durante la administración anterior.. Por su parte, el Partido Comunista (PC) anunció una ofensiva ante la Contraloría General de la República para determinar si los decretos cumplen con las exigencias legales.. La diputada Sofía González informó que solicitó al organismo fiscalizador revisar la legalidad de las actuaciones administrativas que permitieron reducir las penas de los 56 condenados.. La parlamentaria argumentó que la situación resulta especialmente grave por tratarse de delitos contra menores de edad y cuestionó su compatibilidad con el compromiso gubernamental de priorizar la protección de la infancia.. La controversia se desarrolla en medio de diferencias sobre la interpretación de las normas que regulan la reducción de condenas. El Ministerio de Justicia ha defendido sus actuaciones invocando criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema relacionados con la aplicación temporal de las restricciones legales.. Rabat también ha comprometido el respaldo del Ejecutivo a iniciativas parlamentarias destinadas a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a reducciones de penas.. La discusión deberá determinar si las resoluciones cuestionadas se ajustan a la legislación y a los fallos judiciales aplicables, mientras la oposición busca establecer eventuales responsabilidades del ministro.. Por ahora, las exigencias de renuncia, la posibilidad de una acusación constitucional y las solicitudes de invalidación mantienen abierta una controversia que enfrenta al Gobierno con distintos sectores opositores y que podría trasladarse tanto al Congreso como a la Contraloría. (NP-ChatGPT-Emol)
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