Un grupo de senadores de oposición presentó este jueves un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar disposiciones del proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), al considerar que algunas de sus normas podrían permitir el empleo de armamento potencialmente letal sin garantizar adecuadamente la protección del derecho a la vida y a la integridad física.
La presentación cuestiona dos aspectos de la iniciativa: las condiciones que permitirían recurrir a la fuerza potencialmente letal en determinadas circunstancias y las exigencias constitucionales relacionadas con el principio de proporcionalidad.
Uno de los principales reparos se concentra en una disposición que contempla el uso de armamento letal frente a ataques contra infraestructura crítica o instalaciones militares.
Los parlamentarios sostienen que la redacción no establece expresamente como requisito la existencia de una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
En particular, solicitan revisar la constitucionalidad de la expresión “o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda”, por estimar que podría ampliar los supuestos que justifican el empleo de fuerza letal más allá de los límites exigidos para proteger derechos fundamentales.
Según el requerimiento, la disposición no garantizaría suficientemente que las circunstancias habilitantes para utilizar armas se ajusten a las obligaciones constitucionales del Estado.
“Los requirentes sostenemos que dicha remisión, examinada en relación con el contenido de las disposiciones remitidas y con las reglas que regulan el empleo de armas, no asegura la sujeción de los supuestos de justificación a los límites materiales derivados de la protección constitucional de la vida y de la integridad personal”, señala el documento.
La controversia también alcanza a las referencias que el proyecto realiza a los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, disposiciones que contemplan determinadas causales de justificación o exención de responsabilidad penal.
Los senadores advierten que la aplicación de esas normas podría generar situaciones en que se considere justificado el empleo de fuerza contra civiles sin que necesariamente exista un peligro para la vida o la integridad física de alguna persona.
En ese sentido, argumentan que las disposiciones del Código de Justicia Militar responden a finalidades jurídicas que no necesariamente coinciden con los requisitos constitucionales para autorizar el uso de armamento potencialmente letal.
“El reproche constitucional se dirige específicamente a la incorporación de títulos de justificación cuyos presupuestos responden a finalidades jurídicas diferentes”, sostiene la presentación.
Los parlamentarios plantean que debe distinguirse entre la facultad legal que tiene un agente estatal para intervenir en una determinada situación y las condiciones que permiten justificar los medios utilizados durante esa intervención.
A su juicio, el cumplimiento de una función institucional, como proteger instalaciones estratégicas o resguardar la seguridad nacional, no constituye por sí solo una autorización suficiente para recurrir a fuerza potencialmente letal.
“La legitimidad del deber funcional que motiva la actuación de un agente estatal no equivale a la justificación del empleo de fuerza potencialmente letal”, señala el requerimiento.
El documento agrega que la existencia de atribuciones legales para actuar y la concurrencia de circunstancias que permitan utilizar determinados medios de fuerza son exigencias jurídicas distintas, cuya separación resulta indispensable para proteger el derecho a la vida.
La presentación sitúa así el debate en los límites constitucionales que deben regir la actuación de los agentes estatales, especialmente cuando sus procedimientos pueden tener consecuencias fatales.
Aunque el requerimiento también cuestiona aspectos relacionados con el principio de proporcionalidad, los antecedentes difundidos no detallan el contenido específico de esa segunda impugnación.
La acción judicial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza, iniciativa destinada a establecer un marco legal para la actuación de los agentes del Estado en situaciones que requieren el empleo de medios coercitivos.
El Tribunal Constitucional deberá determinar si corresponde admitir a tramitación el requerimiento y, posteriormente, resolver las objeciones formuladas por los parlamentarios, conforme al procedimiento aplicable.
Por ahora, los cuestionamientos representan la posición jurídica de los senadores recurrentes y no una declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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El jueves, varios senadores de la oposición presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional (TC) cuestionando elementos de la legislación propuesta para las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF), argumentando que ciertas pautas pueden permitir la utilización de armas potencialmente mortales sin garantizar suficientemente la salvaguardia del derecho a la vida.
(NP-ChatGPT-La Tercera)
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