La oposición fijó para este jueves una reunión destinada a definir los argumentos jurídicos y los plazos de presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de crecientes cuestionamientos por la demora en formalizar la iniciativa.
El libelo, anunciado hace más de una semana, surge a raíz de los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La controversia ha generado tensiones entre el Gobierno y la oposición, además de diferencias respecto de la oportunidad para presentar la acusación.
El senador Ricardo Celis (PPD) cuestionó el tiempo que ha tomado la preparación del documento y advirtió que prolongar su ingreso al Congreso podría afectar la credibilidad de quienes anunciaron la medida.
«Si tú anuncias algo tienes que hacerlo. Entonces se han demorado más de la cuenta», afirmó en el programa Desde la Redacción, de La Tercera.
El parlamentario sostuvo que una acción de esta gravedad debe concretarse oportunamente para preservar la confianza pública. No obstante, destacó que existe un amplio acuerdo entre los partidos opositores sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas.
«La acusación constitucional es una cuestión que ha generado unidad y ha cuadrado la oposición», aseguró.
Celis manifestó su expectativa de que el texto sea ingresado a comienzos de la próxima semana y afirmó que existen parlamentarios de distintos sectores, incluso del oficialismo, dispuestos a respaldar la iniciativa.
Las críticas por la demora se producen después de que el Presidente José Antonio Kast emplazara desde Italia a la oposición a presentar la acusación y someterla a votación.
El Mandatario cuestionó que, pese a los reiterados anuncios, todavía no se haya formalizado el procedimiento. Asimismo, defendió la actuación del Ejecutivo y planteó que el Congreso debería priorizar modificaciones legales para abordar la controversia.
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, respondió que la oposición no modificará sus tiempos por las declaraciones presidenciales.
«No vamos a caer en la provocación del Presidente», señaló en Radio Duna.
Soto confirmó que este jueves se reunirán representantes opositores con abogados constitucionalistas y el equipo jurídico encargado de elaborar el libelo. En esa instancia esperan precisar los fundamentos legales y establecer una fecha para su presentación.
El dirigente aseguró que la demora responde a la necesidad de construir una acusación jurídicamente sólida y no a una decisión política de postergarla.
Uno de los principales obstáculos, explicó, es la falta de acceso a los decretos y antecedentes administrativos que sustentaron las rebajas de condenas.
En ese contexto, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que el Ministerio de Justicia entregue la documentación, adoptando las medidas necesarias para resguardar la identidad de las víctimas.
Soto también expresó dudas sobre el número total de beneficiados y sostuvo que, mientras el Ejecutivo no entregue los antecedentes completos, no será posible descartar la existencia de otros casos.
Pese a estas dificultades, afirmó que la oposición cuenta con fundamentos suficientes para impulsar la acusación y manifestó confianza en conseguir los votos necesarios.
El presidente del PPD confirmó, además, conversaciones con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), cuyo respaldo podría resultar relevante para la tramitación de la iniciativa.
La acusación constitucional debe ser presentada y examinada inicialmente por la Cámara de Diputadas y Diputados. Si esta declara que ha lugar, corresponde al Senado resolver si se configura alguna de las causales constitucionales invocadas.
En paralelo, Celis abordó las tensiones surgidas en la oposición por la salida del senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución.
El legislador aseguró que el conflicto se encuentra prácticamente superado, aunque reconoció que todavía quedan detalles pendientes y que Araya debe comunicar su decisión definitiva.
También descartó que la llegada de Vlado Mirosevic (PL) a la conducción de esa comisión implique retrasos en la discusión de proyectos relacionados con seguridad.
La reunión del jueves será decisiva para establecer el calendario de la acusación contra Rabat, cuyo ingreso continúa pendiente mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus actuaciones y la oposición insiste en la necesidad de esclarecer las responsabilidades asociadas a las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Oposición define plazos de AC contra Rabat: surgen críticas por demora en presentación se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición fijó para este jueves una reunión destinada a definir los argumentos jurídicos y los plazos de presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de crecientes cuestionamientos por la demora en formalizar la iniciativa.. El libelo, anunciado hace más de una semana, surge a raíz de los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La controversia ha generado tensiones entre el Gobierno y la oposición, además de diferencias respecto de la oportunidad para presentar la acusación.. El senador Ricardo Celis (PPD) cuestionó el tiempo que ha tomado la preparación del documento y advirtió que prolongar su ingreso al Congreso podría afectar la credibilidad de quienes anunciaron la medida.. «Si tú anuncias algo tienes que hacerlo. Entonces se han demorado más de la cuenta», afirmó en el programa Desde la Redacción, de La Tercera.. El parlamentario sostuvo que una acción de esta gravedad debe concretarse oportunamente para preservar la confianza pública. No obstante, destacó que existe un amplio acuerdo entre los partidos opositores sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas.. «La acusación constitucional es una cuestión que ha generado unidad y ha cuadrado la oposición», aseguró.. Celis manifestó su expectativa de que el texto sea ingresado a comienzos de la próxima semana y afirmó que existen parlamentarios de distintos sectores, incluso del oficialismo, dispuestos a respaldar la iniciativa.. Las críticas por la demora se producen después de que el Presidente José Antonio Kast emplazara desde Italia a la oposición a presentar la acusación y someterla a votación.. El Mandatario cuestionó que, pese a los reiterados anuncios, todavía no se haya formalizado el procedimiento. Asimismo, defendió la actuación del Ejecutivo y planteó que el Congreso debería priorizar modificaciones legales para abordar la controversia.. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, respondió que la oposición no modificará sus tiempos por las declaraciones presidenciales.. «No vamos a caer en la provocación del Presidente», señaló en Radio Duna.. Soto confirmó que este jueves se reunirán representantes opositores con abogados constitucionalistas y el equipo jurídico encargado de elaborar el libelo. En esa instancia esperan precisar los fundamentos legales y establecer una fecha para su presentación.. El dirigente aseguró que la demora responde a la necesidad de construir una acusación jurídicamente sólida y no a una decisión política de postergarla.. Uno de los principales obstáculos, explicó, es la falta de acceso a los decretos y antecedentes administrativos que sustentaron las rebajas de condenas.. En ese contexto, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que el Ministerio de Justicia entregue la documentación, adoptando las medidas necesarias para resguardar la identidad de las víctimas.. Soto también expresó dudas sobre el número total de beneficiados y sostuvo que, mientras el Ejecutivo no entregue los antecedentes completos, no será posible descartar la existencia de otros casos.. Pese a estas dificultades, afirmó que la oposición cuenta con fundamentos suficientes para impulsar la acusación y manifestó confianza en conseguir los votos necesarios.. El presidente del PPD confirmó, además, conversaciones con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), cuyo respaldo podría resultar relevante para la tramitación de la iniciativa.. La acusación constitucional debe ser presentada y examinada inicialmente por la Cámara de Diputadas y Diputados. Si esta declara que ha lugar, corresponde al Senado resolver si se configura alguna de las causales constitucionales invocadas.. En paralelo, Celis abordó las tensiones surgidas en la oposición por la salida del senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución.. El legislador aseguró que el conflicto se encuentra prácticamente superado, aunque reconoció que todavía quedan detalles pendientes y que Araya debe comunicar su decisión definitiva.. También descartó que la llegada de Vlado Mirosevic (PL) a la conducción de esa comisión implique retrasos en la discusión de proyectos relacionados con seguridad.. La reunión del jueves será decisiva para establecer el calendario de la acusación contra Rabat, cuyo ingreso continúa pendiente mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus actuaciones y la oposición insiste en la necesidad de esclarecer las responsabilidades asociadas a las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Oposición define plazos de AC contra Rabat: surgen críticas por demora en presentación se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición fijó para este jueves una reunión destinada a definir los argumentos jurídicos y los plazos de presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de crecientes cuestionamientos por la demora en formalizar la iniciativa. El libelo, anunciado hace más de una semana, surge a raíz de los La entrada Oposición define plazos de AC contra Rabat: surgen críticas por demora en presentación se publicó primero en Nuevo Poder.
La oposición fijó para este jueves una reunión destinada a definir los argumentos jurídicos y los plazos de presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de crecientes cuestionamientos por la demora en formalizar la iniciativa.. El libelo, anunciado hace más de una semana, surge a raíz de los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La controversia ha generado tensiones entre el Gobierno y la oposición, además de diferencias respecto de la oportunidad para presentar la acusación.. El senador Ricardo Celis (PPD) cuestionó el tiempo que ha tomado la preparación del documento y advirtió que prolongar su ingreso al Congreso podría afectar la credibilidad de quienes anunciaron la medida.. «Si tú anuncias algo tienes que hacerlo. Entonces se han demorado más de la cuenta», afirmó en el programa Desde la Redacción, de La Tercera.. El parlamentario sostuvo que una acción de esta gravedad debe concretarse oportunamente para preservar la confianza pública. No obstante, destacó que existe un amplio acuerdo entre los partidos opositores sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas.. «La acusación constitucional es una cuestión que ha generado unidad y ha cuadrado la oposición», aseguró.. Celis manifestó su expectativa de que el texto sea ingresado a comienzos de la próxima semana y afirmó que existen parlamentarios de distintos sectores, incluso del oficialismo, dispuestos a respaldar la iniciativa.. Las críticas por la demora se producen después de que el Presidente José Antonio Kast emplazara desde Italia a la oposición a presentar la acusación y someterla a votación.. El Mandatario cuestionó que, pese a los reiterados anuncios, todavía no se haya formalizado el procedimiento. Asimismo, defendió la actuación del Ejecutivo y planteó que el Congreso debería priorizar modificaciones legales para abordar la controversia.. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, respondió que la oposición no modificará sus tiempos por las declaraciones presidenciales.. «No vamos a caer en la provocación del Presidente», señaló en Radio Duna.. Soto confirmó que este jueves se reunirán representantes opositores con abogados constitucionalistas y el equipo jurídico encargado de elaborar el libelo. En esa instancia esperan precisar los fundamentos legales y establecer una fecha para su presentación.. El dirigente aseguró que la demora responde a la necesidad de construir una acusación jurídicamente sólida y no a una decisión política de postergarla.. Uno de los principales obstáculos, explicó, es la falta de acceso a los decretos y antecedentes administrativos que sustentaron las rebajas de condenas.. En ese contexto, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que el Ministerio de Justicia entregue la documentación, adoptando las medidas necesarias para resguardar la identidad de las víctimas.. Soto también expresó dudas sobre el número total de beneficiados y sostuvo que, mientras el Ejecutivo no entregue los antecedentes completos, no será posible descartar la existencia de otros casos.. Pese a estas dificultades, afirmó que la oposición cuenta con fundamentos suficientes para impulsar la acusación y manifestó confianza en conseguir los votos necesarios.. El presidente del PPD confirmó, además, conversaciones con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), cuyo respaldo podría resultar relevante para la tramitación de la iniciativa.. La acusación constitucional debe ser presentada y examinada inicialmente por la Cámara de Diputadas y Diputados. Si esta declara que ha lugar, corresponde al Senado resolver si se configura alguna de las causales constitucionales invocadas.. En paralelo, Celis abordó las tensiones surgidas en la oposición por la salida del senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución.. El legislador aseguró que el conflicto se encuentra prácticamente superado, aunque reconoció que todavía quedan detalles pendientes y que Araya debe comunicar su decisión definitiva.. También descartó que la llegada de Vlado Mirosevic (PL) a la conducción de esa comisión implique retrasos en la discusión de proyectos relacionados con seguridad.. La reunión del jueves será decisiva para establecer el calendario de la acusación contra Rabat, cuyo ingreso continúa pendiente mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus actuaciones y la oposición insiste en la necesidad de esclarecer las responsabilidades asociadas a las rebajas de condenas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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