El Gobierno ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, con un texto más acotado que los borradores conocidos durante los últimos días. La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, en lugar de las 11 inicialmente consideradas, aunque mantiene algunos puntos que han generado debate dentro del oficialismo.
Los ajustes fueron explicados durante el comité político ampliado de La Moneda, luego de los reparos planteados principalmente desde Chile Vamos. Entre ellos figuraban las restricciones que podrían aplicarse a personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
El Ejecutivo mantuvo la posibilidad de establecer inhabilidades para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas a ámbitos como salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, estableció que las restricciones específicas deberán ser determinadas mediante una ley de quórum calificado.
Además, fueron eliminadas disposiciones incluidas en borradores que establecían que estas diferencias de trato no serían consideradas arbitrarias y que las restricciones no afectarían los derechos en su esencia.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el texto no pretende privar a los condenados de prestaciones esenciales. “En ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud”, afirmó.
TRES EJES DE LA REFORMA
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la iniciativa se concentra en tres objetivos: establecer la seguridad pública como un deber constitucional del Estado, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo asociado a regímenes penitenciarios especiales, y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Este último punto figura entre los aspectos de mayor alcance del proyecto. El nuevo estado de excepción podría ser declarado por el Presidente ante una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.
Su duración máxima inicial sería de 120 días, prorrogables por otro período equivalente. Para extensiones posteriores sería necesario el acuerdo del Congreso Nacional.
Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringir el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
El texto establece que el mando corresponderá a un oficial general, pero no precisa si deberá pertenecer a las Fuerzas Armadas o a Carabineros.
UDI MODERA REPAROS
Las modificaciones permitieron reducir las tensiones surgidas durante los últimos días en el oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había advertido que su colectividad no podía respaldar los borradores conocidos porque, a su juicio, afectaban la institucionalidad.
Tras el comité político, Ramírez modificó su evaluación y anticipó que la propuesta podría conseguir un respaldo considerable en el Parlamento.
“Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales”, señaló, agregando que cree que el proyecto recibirá un “amplísimo apoyo”.
El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke también valoró que se redujera el alcance de la propuesta, aunque sostuvo que Chile Vamos espera que las modificaciones constitucionales se limiten a aquello que resulte imprescindible para ejecutar la agenda de seguridad.
El Presidente José Antonio Kast, en tanto, defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos y descartó que represente la apertura de un nuevo proceso de cambios amplios a la Carta Fundamental. El Ejecutivo apuesta ahora a que el texto definitivo permita recomponer los respaldos oficialistas y abrir la negociación con sectores de la oposición en el Congreso.García Ruminot detalla reforma de seguridad: restricciones a condenados dependerán de una ley especial
DETALLES DE LA REFORMA
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, entregó nuevos detalles de la reforma constitucional de seguridad ingresada por el Gobierno al Senado, cuyo contenido será informado oficialmente este martes a la Sala.
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión corresponde a las restricciones de beneficios para personas condenadas por crimen organizado o delitos terroristas.
García Ruminot precisó que la reforma circunscribe estas medidas a condenados por esos delitos y que las restricciones concretas respecto de prestaciones financiadas con recursos públicos deberán ser reguladas posteriormente mediante una ley de quórum calificado.
“Esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador”, explicó el ministro, quien sostuvo que este mecanismo permitirá que las medidas sean discutidas y obtengan respaldo político y parlamentario.
La propuesta contempla además 15 años de inhabilitación para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos y, en el caso de condenados por crimen organizado, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
García Ruminot recordó, sin embargo, que el proyecto recién comienza su tramitación y requerirá un quórum elevado, por lo que su contenido podrá modificarse durante la discusión en el Congreso.
REGISTRO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Otro de los cambios relevantes apunta a crear un mecanismo para declarar formalmente a determinadas agrupaciones como organizaciones terroristas o de crimen organizado.
La propuesta incorpora una nueva atribución presidencial que permitiría realizar esa declaración previo informe fundado. Según explicó García Ruminot respecto de la última versión que conoció, el procedimiento considera la participación del Ministerio Público y del Senado.
La declaración solo produciría efectos después de ser ratificada por la Cámara Alta en sesión secreta y con el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio.
El ministro enfatizó que esta es la propuesta inicial del Ejecutivo y que será el Congreso el encargado de resolver su configuración definitiva.
“Tenemos absolutamente convicción de que esta es una gran necesidad para el país. El país está exigiendo más protección, más seguridad”, afirmó.
GENDARMERÍA MANTENDRÍA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
La reforma también considera regímenes penitenciarios diferenciados para determinados condenados. García Ruminot explicó que la administración interna de las cárceles continuará correspondiendo a Gendarmería.
“Naturalmente, la separación o lo que es la administración dentro de las cárceles queda entregado a Gendarmería”, señaló.
El proyecto inicia ahora una tramitación que estará marcada por la búsqueda de acuerdos, debido a los altos quórums requeridos para modificar la Constitución y a los reparos que algunas de sus disposiciones han generado tanto en sectores oficialistas como opositores. (NP-ChatGPT-Emol-La Tercera)
La entrada Gobierno ingresa reforma constitucional ACOT y reduce a 8 los cambios tras reparos oficialistas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, con un texto más acotado que los borradores conocidos durante los últimos días. La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, en lugar de las 11 inicialmente consideradas, aunque mantiene algunos puntos que han generado debate dentro del oficialismo.. Los ajustes fueron explicados durante el comité político ampliado de La Moneda, luego de los reparos planteados principalmente desde Chile Vamos. Entre ellos figuraban las restricciones que podrían aplicarse a personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.. El Ejecutivo mantuvo la posibilidad de establecer inhabilidades para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas a ámbitos como salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, estableció que las restricciones específicas deberán ser determinadas mediante una ley de quórum calificado.. Además, fueron eliminadas disposiciones incluidas en borradores que establecían que estas diferencias de trato no serían consideradas arbitrarias y que las restricciones no afectarían los derechos en su esencia.. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el texto no pretende privar a los condenados de prestaciones esenciales. “En ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud”, afirmó.. TRES EJES DE LA REFORMA. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la iniciativa se concentra en tres objetivos: establecer la seguridad pública como un deber constitucional del Estado, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo asociado a regímenes penitenciarios especiales, y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.. Este último punto figura entre los aspectos de mayor alcance del proyecto. El nuevo estado de excepción podría ser declarado por el Presidente ante una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.. Su duración máxima inicial sería de 120 días, prorrogables por otro período equivalente. Para extensiones posteriores sería necesario el acuerdo del Congreso Nacional.. Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringir el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.. El texto establece que el mando corresponderá a un oficial general, pero no precisa si deberá pertenecer a las Fuerzas Armadas o a Carabineros.. UDI MODERA REPAROS. Las modificaciones permitieron reducir las tensiones surgidas durante los últimos días en el oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había advertido que su colectividad no podía respaldar los borradores conocidos porque, a su juicio, afectaban la institucionalidad.. Tras el comité político, Ramírez modificó su evaluación y anticipó que la propuesta podría conseguir un respaldo considerable en el Parlamento.. “Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales”, señaló, agregando que cree que el proyecto recibirá un “amplísimo apoyo”.. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke también valoró que se redujera el alcance de la propuesta, aunque sostuvo que Chile Vamos espera que las modificaciones constitucionales se limiten a aquello que resulte imprescindible para ejecutar la agenda de seguridad.. El Presidente José Antonio Kast, en tanto, defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos y descartó que represente la apertura de un nuevo proceso de cambios amplios a la Carta Fundamental. El Ejecutivo apuesta ahora a que el texto definitivo permita recomponer los respaldos oficialistas y abrir la negociación con sectores de la oposición en el Congreso.García Ruminot detalla reforma de seguridad: restricciones a condenados dependerán de una ley especial. DETALLES DE LA REFORMA. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, entregó nuevos detalles de la reforma constitucional de seguridad ingresada por el Gobierno al Senado, cuyo contenido será informado oficialmente este martes a la Sala.. Uno de los puntos que ha generado mayor discusión corresponde a las restricciones de beneficios para personas condenadas por crimen organizado o delitos terroristas.. García Ruminot precisó que la reforma circunscribe estas medidas a condenados por esos delitos y que las restricciones concretas respecto de prestaciones financiadas con recursos públicos deberán ser reguladas posteriormente mediante una ley de quórum calificado.. “Esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador”, explicó el ministro, quien sostuvo que este mecanismo permitirá que las medidas sean discutidas y obtengan respaldo político y parlamentario.. La propuesta contempla además 15 años de inhabilitación para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos y, en el caso de condenados por crimen organizado, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.. García Ruminot recordó, sin embargo, que el proyecto recién comienza su tramitación y requerirá un quórum elevado, por lo que su contenido podrá modificarse durante la discusión en el Congreso.. REGISTRO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES. Otro de los cambios relevantes apunta a crear un mecanismo para declarar formalmente a determinadas agrupaciones como organizaciones terroristas o de crimen organizado.. La propuesta incorpora una nueva atribución presidencial que permitiría realizar esa declaración previo informe fundado. Según explicó García Ruminot respecto de la última versión que conoció, el procedimiento considera la participación del Ministerio Público y del Senado.. La declaración solo produciría efectos después de ser ratificada por la Cámara Alta en sesión secreta y con el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio.. El ministro enfatizó que esta es la propuesta inicial del Ejecutivo y que será el Congreso el encargado de resolver su configuración definitiva.. “Tenemos absolutamente convicción de que esta es una gran necesidad para el país. El país está exigiendo más protección, más seguridad”, afirmó.. GENDARMERÍA MANTENDRÍA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. La reforma también considera regímenes penitenciarios diferenciados para determinados condenados. García Ruminot explicó que la administración interna de las cárceles continuará correspondiendo a Gendarmería.. “Naturalmente, la separación o lo que es la administración dentro de las cárceles queda entregado a Gendarmería”, señaló.. El proyecto inicia ahora una tramitación que estará marcada por la búsqueda de acuerdos, debido a los altos quórums requeridos para modificar la Constitución y a los reparos que algunas de sus disposiciones han generado tanto en sectores oficialistas como opositores. (NP-ChatGPT-Emol-La Tercera). La entrada Gobierno ingresa reforma constitucional ACOT y reduce a 8 los cambios tras reparos oficialistas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, con un texto más acotado que los borradores conocidos durante los últimos días. La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, en lugar de las 11 inicialmente consideradas, aunque mantiene algunos puntos que han generado debate dentro del oficialismo. Los ajustes fueron explicados La entrada Gobierno ingresa reforma constitucional ACOT y reduce a 8 los cambios tras reparos oficialistas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, con un texto más acotado que los borradores conocidos durante los últimos días. La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, en lugar de las 11 inicialmente consideradas, aunque mantiene algunos puntos que han generado debate dentro del oficialismo.. Los ajustes fueron explicados durante el comité político ampliado de La Moneda, luego de los reparos planteados principalmente desde Chile Vamos. Entre ellos figuraban las restricciones que podrían aplicarse a personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.. El Ejecutivo mantuvo la posibilidad de establecer inhabilidades para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas a ámbitos como salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, estableció que las restricciones específicas deberán ser determinadas mediante una ley de quórum calificado.. Además, fueron eliminadas disposiciones incluidas en borradores que establecían que estas diferencias de trato no serían consideradas arbitrarias y que las restricciones no afectarían los derechos en su esencia.. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el texto no pretende privar a los condenados de prestaciones esenciales. “En ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud”, afirmó.. TRES EJES DE LA REFORMA. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la iniciativa se concentra en tres objetivos: establecer la seguridad pública como un deber constitucional del Estado, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo asociado a regímenes penitenciarios especiales, y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.. Este último punto figura entre los aspectos de mayor alcance del proyecto. El nuevo estado de excepción podría ser declarado por el Presidente ante una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.. Su duración máxima inicial sería de 120 días, prorrogables por otro período equivalente. Para extensiones posteriores sería necesario el acuerdo del Congreso Nacional.. Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringir el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.. El texto establece que el mando corresponderá a un oficial general, pero no precisa si deberá pertenecer a las Fuerzas Armadas o a Carabineros.. UDI MODERA REPAROS. Las modificaciones permitieron reducir las tensiones surgidas durante los últimos días en el oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había advertido que su colectividad no podía respaldar los borradores conocidos porque, a su juicio, afectaban la institucionalidad.. Tras el comité político, Ramírez modificó su evaluación y anticipó que la propuesta podría conseguir un respaldo considerable en el Parlamento.. “Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales”, señaló, agregando que cree que el proyecto recibirá un “amplísimo apoyo”.. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke también valoró que se redujera el alcance de la propuesta, aunque sostuvo que Chile Vamos espera que las modificaciones constitucionales se limiten a aquello que resulte imprescindible para ejecutar la agenda de seguridad.. El Presidente José Antonio Kast, en tanto, defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos y descartó que represente la apertura de un nuevo proceso de cambios amplios a la Carta Fundamental. El Ejecutivo apuesta ahora a que el texto definitivo permita recomponer los respaldos oficialistas y abrir la negociación con sectores de la oposición en el Congreso.García Ruminot detalla reforma de seguridad: restricciones a condenados dependerán de una ley especial. DETALLES DE LA REFORMA. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, entregó nuevos detalles de la reforma constitucional de seguridad ingresada por el Gobierno al Senado, cuyo contenido será informado oficialmente este martes a la Sala.. Uno de los puntos que ha generado mayor discusión corresponde a las restricciones de beneficios para personas condenadas por crimen organizado o delitos terroristas.. García Ruminot precisó que la reforma circunscribe estas medidas a condenados por esos delitos y que las restricciones concretas respecto de prestaciones financiadas con recursos públicos deberán ser reguladas posteriormente mediante una ley de quórum calificado.. “Esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador”, explicó el ministro, quien sostuvo que este mecanismo permitirá que las medidas sean discutidas y obtengan respaldo político y parlamentario.. La propuesta contempla además 15 años de inhabilitación para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos y, en el caso de condenados por crimen organizado, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.. García Ruminot recordó, sin embargo, que el proyecto recién comienza su tramitación y requerirá un quórum elevado, por lo que su contenido podrá modificarse durante la discusión en el Congreso.. REGISTRO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES. Otro de los cambios relevantes apunta a crear un mecanismo para declarar formalmente a determinadas agrupaciones como organizaciones terroristas o de crimen organizado.. La propuesta incorpora una nueva atribución presidencial que permitiría realizar esa declaración previo informe fundado. Según explicó García Ruminot respecto de la última versión que conoció, el procedimiento considera la participación del Ministerio Público y del Senado.. La declaración solo produciría efectos después de ser ratificada por la Cámara Alta en sesión secreta y con el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio.. El ministro enfatizó que esta es la propuesta inicial del Ejecutivo y que será el Congreso el encargado de resolver su configuración definitiva.. “Tenemos absolutamente convicción de que esta es una gran necesidad para el país. El país está exigiendo más protección, más seguridad”, afirmó.. GENDARMERÍA MANTENDRÍA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. La reforma también considera regímenes penitenciarios diferenciados para determinados condenados. García Ruminot explicó que la administración interna de las cárceles continuará correspondiendo a Gendarmería.. “Naturalmente, la separación o lo que es la administración dentro de las cárceles queda entregado a Gendarmería”, señaló.. El proyecto inicia ahora una tramitación que estará marcada por la búsqueda de acuerdos, debido a los altos quórums requeridos para modificar la Constitución y a los reparos que algunas de sus disposiciones han generado tanto en sectores oficialistas como opositores. (NP-ChatGPT-Emol-La Tercera)
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