La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales cuatro normas del proyecto Escuelas Protegidas, una de las principales iniciativas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, reactivó el debate sobre la utilización del organismo por parte de la oposición, pese a las críticas que históricamente sectores de la izquierda han formulado contra su existencia y funcionamiento.
La controversia volvió a instalarse luego de que el académico y exconvencional Fernando Atria abordara en redes sociales las razones por las que, a su juicio, resulta válido recurrir al Tribunal Constitucional en el escenario político actual. El abogado reiteró su postura de que el TC actúa como una “tercera cámara”, cuyas decisiones responden a la correlación de fuerzas entre sus integrantes más que a criterios estrictamente jurídicos.
Atria sostuvo que, si la composición del tribunal cambia, también cambian sus fallos, por lo que considera natural que una mayoría afín a determinadas posiciones políticas produzca resoluciones distintas a las registradas en años anteriores. En ese contexto, defendió que la oposición utilice el mecanismo mientras exista dentro de la institucionalidad vigente.
El cambio en la composición del Tribunal Constitucional durante los últimos años es uno de los factores que explican este nuevo escenario. Actualmente, el pleno cuenta con una mayoría de ministros considerados cercanos al progresismo, situación que ha llevado a la oposición a recurrir al organismo para impugnar proyectos impulsados por el Ejecutivo, como Escuelas Protegidas, y eventualmente otras iniciativas como la megarreforma y el Registro de Vándalos.
Las declaraciones de Atria generaron cuestionamientos incluso entre académicos cercanos al progresismo. El constitucionalista Cristóbal Osorio advirtió que revalorizar al Tribunal Constitucional por razones coyunturales puede debilitar tanto a la institución como a la propia izquierda, al sostener una posición contradictoria respecto de los cuestionamientos formulados durante años sobre el carácter democrático del organismo.
Según Osorio, recurrir al TC como estrategia política podría terminar afectando la legitimidad del tribunal y restando protagonismo al Congreso en la resolución de las diferencias legislativas. Asimismo, sostuvo que la izquierda debe mantener una postura coherente frente a las instituciones democráticas, incluso cuando se encuentra en minoría parlamentaria. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cuatro normas del proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa clave del gobierno del presidente José Antonio Kast, reavivó la controversia en torno al uso del cuerpo por parte de la oposición. Esto se produce a pesar de que sectores de izquierda han expresado tradicionalmente críticas sobre su existencia y funcionamiento. La disputa se reavivó cuando el académico y ex tradicionalista Fernando Atria discutió en las redes sociales los motivos por los cuales, en su opinión, es apropiado recurrir al Tribunal Constitucional en el contexto político actual. El abogado reiteró su postura de que el TC opera como una «tercera cámara», en la que sus decisiones se basan en el equilibrio de poder entre sus miembros en lugar de factores estrictamente legales. Atria sostuvo que cuando la composición del tribunal cambia, sus decisiones también se ven afectadas, lo que lleva a variaciones en sus sentencias. En consecuencia, era razonable esperar que una mayoría del tribunal alineada con posturas políticas específicas generara sentencias distintas de las de años anteriores. En el marco actual, abogó por que la oposición utilice el mecanismo mientras persista. Recientemente, la transformación de los miembros del Tribunal Constitucional es un elemento que contribuye a la aparición de esta nueva situación. En la actualidad, el pleno está compuesto predominantemente por ministros que se considera que simpatizan con el progresismo. Esta circunstancia ha dado lugar a que la oposición utilice el cuerpo para impugnar proyectos respaldados por el Ejecutivo, como las Escuelas Protegidas, y potencialmente otras iniciativas como la megarreforma y el Registro de Vándalos. Los comentarios de Atria despertaron dudas entre los progresistas, incluidos los aliados académicos.
El Tribunal Constitucional dictaminó que cuatro normas del proyecto de Escuelas Protegidas, que es una iniciativa clave del gobierno del presidente José Antonio Kast, son inconstitucionales. Esta decisión ha reavivado el debate sobre el uso del cuerpo por parte de la oposición, aunque sectores de izquierda han criticado históricamente su existencia. La entrada del Fallo del TC reabriendo el debate sobre su uso por la izquierda fue publicada por primera vez en Nuevo Poder.
El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cuatro normas del proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa clave del gobierno del presidente José Antonio Kast, reavivó la controversia en torno al uso del cuerpo por parte de la oposición. Esto se produce a pesar de que sectores de izquierda han expresado tradicionalmente críticas sobre su existencia y funcionamiento. La disputa se reavivó cuando el académico y ex tradicionalista Fernando Atria discutió en las redes sociales los motivos por los cuales, en su opinión, es apropiado recurrir al Tribunal Constitucional en el contexto político actual. El abogado reiteró su postura de que el TC opera como una «tercera cámara», en la que sus decisiones se basan en el equilibrio de poder entre sus miembros en lugar de factores estrictamente legales. Atria sostuvo que cuando la composición del tribunal cambia, sus decisiones también se ven afectadas, lo que lleva a variaciones en sus sentencias. En consecuencia, era razonable esperar que una mayoría del tribunal alineada con posturas políticas específicas generara sentencias distintas de las de años anteriores. En el marco actual, abogó por que la oposición utilice el mecanismo mientras persista. Recientemente, la transformación de los miembros del Tribunal Constitucional es un elemento que contribuye a la aparición de esta nueva situación. En la actualidad, el pleno está compuesto predominantemente por ministros que se considera que simpatizan con el progresismo. Esta circunstancia ha dado lugar a que la oposición utilice el cuerpo para impugnar proyectos respaldados por el Ejecutivo, como las Escuelas Protegidas, y potencialmente otras iniciativas como la megarreforma y el Registro de Vándalos. Los comentarios de Atria despertaron dudas entre los progresistas, incluidos los aliados académicos.
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