El exministro de Justicia Luis Cordero advirtió que la decisión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, de suspender la firma de decretos de rebaja de condenas podría generar responsabilidades jurídicas, debido a la obligación de las autoridades de resolver oportunamente las solicitudes presentadas por personas privadas de libertad.
En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, Cordero cuestionó la medida adoptada por el Gobierno de José Antonio Kast en medio de la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
El conflicto se originó por las distintas interpretaciones de la legislación modificada en 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios. Mientras la administración del expresidente Gabriel Boric rechazaba determinadas solicitudes, algunas de esas decisiones fueron posteriormente revertidas por los tribunales mediante recursos de amparo.
Cordero explicó que las autoridades administrativas tienen el deber de pronunciarse sobre las solicitudes que puedan afectar la libertad de las personas condenadas, independientemente de que la resolución sea favorable o desfavorable.
«Cuando una persona está privada de libertad, el deber de las autoridades es resolver rápidamente, positiva o negativamente, pero tiene que resolver», afirmó.
En ese contexto, sostuvo que Rabat podría exponerse a cuestionamientos judiciales si mantiene paralizada la tramitación de los decretos, especialmente cuando las demoras puedan prolongar la permanencia en prisión de personas que eventualmente tendrían derecho a recuperar su libertad.
El exsecretario de Estado insistió en que el Ministerio de Justicia debe adoptar decisiones fundadas y evitar suspensiones indefinidas, debido a que los tribunales suelen aplicar criterios estrictos frente a retrasos administrativos que afectan derechos relacionados con la libertad personal.
La advertencia se produce mientras sectores de la oposición analizan la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Rabat por su actuación en el proceso de rebajas de condenas.
Consultado sobre esa alternativa, Cordero recordó que una de las causales constitucionales para acusar a un ministro de Estado es dejar las leyes sin ejecución. Sin embargo, reconoció que el actual titular de Justicia podría defender sus actuaciones sobre la base de una interpretación jurídica plausible.
Asimismo, manifestó reparos frente a la utilización de acusaciones constitucionales como instrumento de confrontación política, especialmente cuando existen controversias interpretativas que pueden ser resueltas por los tribunales.
Respecto de los decretos ya firmados, Cordero sostuvo que sería prácticamente imposible revertir aquellos beneficios que fueron otorgados y ejecutados, incluso si el Ejecutivo modifica posteriormente su interpretación de la normativa.
Según explicó, las personas que recuperaron su libertad como consecuencia de decretos plenamente ejecutados no podrían ser obligadas a regresar a prisión mediante una simple revisión administrativa de esas decisiones.
El exministro también cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno, particularmente la comparación realizada entre decretos suscritos durante la administración anterior y aquellos firmados bajo la actual gestión.
Cordero afirmó que el decreto suscrito por el exministro Jaime Gajardo respondió al cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que las decisiones adoptadas por el actual Ministerio de Justicia obedecerían a una interpretación administrativa propia de la legislación.
A su juicio, esa diferencia resulta fundamental para evaluar las responsabilidades de las autoridades, porque en el ámbito jurídico no solo importa el contenido de una decisión, sino también sus fundamentos y las circunstancias en que fue adoptada.
En ese sentido, criticó que el Ejecutivo utilizara una vocería oficial para defender su posición mediante argumentos que, según sostuvo, correspondían más bien a una controversia jurídica.
El exsecretario de Estado recordó que las autoridades deben respetar criterios de veracidad y fundamentación cuando utilizan canales institucionales para informar a la ciudadanía, conforme a las exigencias establecidas por la Contraloría General de la República.
También llamó al Gobierno a reconocer eventuales errores y evitar que las diferencias políticas profundicen una controversia que involucra decisiones judiciales y derechos de personas privadas de libertad.
Finalmente, Cordero cuestionó la conveniencia de impulsar una nueva legislación centrada exclusivamente en las rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores.
En su opinión, la discusión debería abordarse mediante el proyecto de Ley de Ejecución de Penas, aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente en tramitación en el Senado.
El exministro advirtió que una reforma diseñada únicamente como respuesta a la controversia podría generar efectos no previstos sobre otros mecanismos de cumplimiento de condenas y beneficios penitenciarios. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Exministro Cordero advierte riesgo jurídico para Rabat por suspender decretos de rebaja de condenas se publicó primero en Nuevo Poder.
El exministro de Justicia Luis Cordero advirtió que la decisión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, de suspender la firma de decretos de rebaja de condenas podría generar responsabilidades jurídicas, debido a la obligación de las autoridades de resolver oportunamente las solicitudes presentadas por personas privadas de libertad.
En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, Cordero cuestionó la medida adoptada por el Gobierno de José Antonio Kast en medio de la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
El conflicto se originó por las distintas interpretaciones de la legislación modificada en 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios. Mientras la administración del expresidente Gabriel Boric rechazaba determinadas solicitudes, algunas de esas decisiones fueron posteriormente revertidas por los tribunales mediante recursos de amparo.
Cordero explicó que las autoridades administrativas tienen el deber de pronunciarse sobre las solicitudes que puedan afectar la libertad de las personas condenadas, independientemente de que la resolución sea favorable o desfavorable.
«Cuando una persona está privada de libertad, el deber de las autoridades es resolver rápidamente, positiva o negativamente, pero tiene que resolver», afirmó.
En ese contexto, sostuvo que Rabat podría exponerse a cuestionamientos judiciales si mantiene paralizada la tramitación de los decretos, especialmente cuando las demoras puedan prolongar la permanencia en prisión de personas que eventualmente tendrían derecho a recuperar su libertad.
El exsecretario de Estado insistió en que el Ministerio de Justicia debe adoptar decisiones fundadas y evitar suspensiones indefinidas, debido a que los tribunales suelen aplicar criterios estrictos frente a retrasos administrativos que afectan derechos relacionados con la libertad personal.
La advertencia se produce mientras sectores de la oposición analizan la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Rabat por su actuación en el proceso de rebajas de condenas.
Consultado sobre esa alternativa, Cordero recordó que una de las causales constitucionales para acusar a un ministro de Estado es dejar las leyes sin ejecución. Sin embargo, reconoció que el actual titular de Justicia podría defender sus actuaciones sobre la base de una interpretación jurídica plausible.
Asimismo, manifestó reparos frente a la utilización de acusaciones constitucionales como instrumento de confrontación política, especialmente cuando existen controversias interpretativas que pueden ser resueltas por los tribunales.
Respecto de los decretos ya firmados, Cordero sostuvo que sería prácticamente imposible revertir aquellos beneficios que fueron otorgados y ejecutados, incluso si el Ejecutivo modifica posteriormente su interpretación de la normativa.
Según explicó, las personas que recuperaron su libertad como consecuencia de decretos plenamente ejecutados no podrían ser obligadas a regresar a prisión mediante una simple revisión administrativa de esas decisiones.
El exministro también cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno, particularmente la comparación realizada entre decretos suscritos durante la administración anterior y aquellos firmados bajo la actual gestión.
Cordero afirmó que el decreto suscrito por el exministro Jaime Gajardo respondió al cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que las decisiones adoptadas por el actual Ministerio de Justicia obedecerían a una interpretación administrativa propia de la legislación.
A su juicio, esa diferencia resulta fundamental para evaluar las responsabilidades de las autoridades, porque en el ámbito jurídico no solo importa el contenido de una decisión, sino también sus fundamentos y las circunstancias en que fue adoptada.
En ese sentido, criticó que el Ejecutivo utilizara una vocería oficial para defender su posición mediante argumentos que, según sostuvo, correspondían más bien a una controversia jurídica.
El exsecretario de Estado recordó que las autoridades deben respetar criterios de veracidad y fundamentación cuando utilizan canales institucionales para informar a la ciudadanía, conforme a las exigencias establecidas por la Contraloría General de la República.
También llamó al Gobierno a reconocer eventuales errores y evitar que las diferencias políticas profundicen una controversia que involucra decisiones judiciales y derechos de personas privadas de libertad.
Finalmente, Cordero cuestionó la conveniencia de impulsar una nueva legislación centrada exclusivamente en las rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores.
En su opinión, la discusión debería abordarse mediante el proyecto de Ley de Ejecución de Penas, aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente en tramitación en el Senado.
El exministro advirtió que una reforma diseñada únicamente como respuesta a la controversia podría generar efectos no previstos sobre otros mecanismos de cumplimiento de condenas y beneficios penitenciarios. (NP-ChatGPT-Emol)
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Luis Cordero, el ex ministro de Justicia, advirtió que la decisión del actual jefe del departamento, Fernando Rabat, de detener la ejecución de decretos destinados a disminuir las sanciones podría llevar a responsabilidades legales. Esto se debe a que las autoridades tienen la obligación de atender con prontitud las solicitudes presentadas por personas privadas de libertad. Durante una entrevista con el programa The Entry, Exministro Cordero advierte sobre los posibles peligros legales para Rabat debido a la suspensión de decretos que acortan las sentencias de prisión. Esta información fue compartida inicialmente en Nuevo Poder.
Luis Cordero, el anterior Ministro de Justicia, advirtió que la decisión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, de suspender la firma de decretos para reducir las sentencias puede resultar en responsabilidades legales debido a la obligación de las autoridades de atender rápidamente las solicitudes hechas por los privados de libertad. Durante una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Cordero criticó la medida adoptada por el gobierno liderado por José Antonio Kast en medio de la controversia que rodea las reducciones de sentencias otorgadas a individuos condenados por delitos sexuales contra menores. El conflicto surgió de las diferentes interpretaciones de la legislación modificada en 2022, que imponía limitaciones al acceso a estas prestaciones. La administración del ex presidente Gabriel Boric rechazó ciertas solicitudes, pero algunas de estas decisiones fueron anuladas por los tribunales a través de apelaciones de amparo. Cordero declaró que las autoridades administrativas deben abordar las solicitudes que afectan la libertad de las personas encarceladas, independientemente del resultado de la resolución. Las autoridades tienen la responsabilidad de resolver rápidamente estos asuntos, ya sea positiva o negativamente, para evitar prolongar la prisión de las personas. Cordero instó al Ministerio de Justicia a tomar decisiones bien fundadas y evitar suspensiones indefinidas, ya que los tribunales a menudo aplican criterios estrictos a los retrasos administrativos que afectan la libertad personal. Esta advertencia se produce cuando los partidos de la oposición consideran presentar una acusación constitucional contra Rabat por su participación en el proceso de reducción de la sentencia. Cordero mencionó que una causa constitucional para acusar a un ministro de estado es no hacer cumplir las leyes. A pesar de su creencia de que el actual Jefe de Justicia puede justificar sus acciones a través de una interpretación legal razonable, expresó su preocupación por el uso de acusaciones constitucionales con fines políticos, particularmente cuando los problemas pueden ser resueltos por los tribunales. En cuanto a los decretos firmados anteriormente, Cordero declaró que sería casi imposible revertir los beneficios concedidos, incluso si el Ejecutivo cambiara su interpretación. También criticó la estrategia de comunicación del gobierno e instó a evitar profundizar las controversias que involucran decisiones judiciales y derechos de los ciudadanos. Cordero cuestionó la necesidad de una nueva legislación enfocada en reducir las sentencias por delitos sexuales contra menores, sugiriendo que la discusión debería abordarse a través del proyecto de Ley de Ejecución Penal. Advirtió que una reforma diseñada únicamente para abordar la controversia podría tener consecuencias no deseadas en otros aspectos del sistema de justicia penal.
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