La Contraloría General de la República (CGR) inició un despliegue simultáneo e inédito en las 16 regiones del país para fiscalizar las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).
La auditoría tiene como principales objetivos:
- Revisar la transferencia de recursos públicos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs).
- Evaluar la supervisión realizada por Mejor Niñez sobre las residencias durante 2025.
- Verificar que las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes cumplan con la normativa vigente.
La contralora general, Dorothy Pérez, informó la medida durante una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
En esa instancia expuso los resultados del Informe Final N.º 541 sobre el Programa de Reunificación Familiar aplicado a menores haitianos, investigación que detectó:
- Deficiencias de coordinación entre las instituciones involucradas.
- Problemas de gestión en el proceso de reunificación familiar.
- La apertura de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
Pérez señaló que la protección de la infancia será uno de los principales focos fiscalizadores de la Contraloría durante 2026.
Según explicó: “Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”.
Asimismo, indicó que la decisión responde, entre otros antecedentes, a:
- 137 oficios remitidos por tribunales relacionados con ingresos de niños, niñas y adolescentes a residencias especializadas.
- Cuatro denuncias específicas sobre condiciones de seguridad, fallecimientos de menores en residencias y uso de recursos públicos por parte de algunas instituciones colaboradoras.
La Contraloría afirmó que el propósito del operativo es verificar que las instituciones públicas responsables de la protección de la infancia estén cumpliendo adecuadamente las obligaciones que les impone la legislación vigente. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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La Contraloría General de la República (CGR) inició un despliegue simultáneo e inédito en las 16 regiones del país para fiscalizar las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).. La auditoría tiene como principales objetivos:. Revisar la transferencia de recursos públicos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs).. Evaluar la supervisión realizada por Mejor Niñez sobre las residencias durante 2025.. Verificar que las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes cumplan con la normativa vigente.. La contralora general, Dorothy Pérez, informó la medida durante una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.. En esa instancia expuso los resultados del Informe Final N.º 541 sobre el Programa de Reunificación Familiar aplicado a menores haitianos, investigación que detectó:. Deficiencias de coordinación entre las instituciones involucradas.. Problemas de gestión en el proceso de reunificación familiar.. La apertura de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.. Pérez señaló que la protección de la infancia será uno de los principales focos fiscalizadores de la Contraloría durante 2026.. Según explicó: “Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”.. Asimismo, indicó que la decisión responde, entre otros antecedentes, a:. 137 oficios remitidos por tribunales relacionados con ingresos de niños, niñas y adolescentes a residencias especializadas.. Cuatro denuncias específicas sobre condiciones de seguridad, fallecimientos de menores en residencias y uso de recursos públicos por parte de algunas instituciones colaboradoras.. La Contraloría afirmó que el propósito del operativo es verificar que las instituciones públicas responsables de la protección de la infancia estén cumpliendo adecuadamente las obligaciones que les impone la legislación vigente. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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