Las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sobre la persistencia de las causas que originaron el estallido social de octubre de 2019 provocaron una nueva controversia política, con críticas de parlamentarios oficialistas que lo acusan de justificar la violencia y respaldos desde la oposición, donde coinciden en que las demandas sociales continúan sin resolverse.
En conversación con EmolTV, el parlamentario sostuvo que, a siete años del inicio de las movilizaciones, las condiciones económicas y sociales que impulsaron las protestas permanecen vigentes e incluso se han deteriorado para parte de la población.
“Las condiciones materiales de vida de la población siguen estando básicamente igual o peor”, afirmó Bassa, quien vinculó el malestar ciudadano con el endeudamiento de las familias, las bajas pensiones y las dificultades para cubrir necesidades esenciales.
“El estallido, claro, ya no está probablemente en la calle, pero sigue vivo en cada hogar”, señaló.
El diputado también abordó la violencia registrada durante las manifestaciones y cuestionó que la discusión pública se concentre exclusivamente en condenar esos hechos, sin examinar las circunstancias sociales que contribuyeron al descontento.
“Yo no estoy aquí para repartir indulgencias, para condenar, para perdonar. Yo estoy aquí para representar”, manifestó, agregando que no le corresponde actuar como un juez moral de lo ocurrido.
Sus palabras generaron una inmediata respuesta de parlamentarios del oficialismo, quienes consideraron insuficiente su posición frente a los episodios de violencia registrados durante las protestas de 2019.
La diputada republicana Javiera Rodríguez acusó a Bassa de continuar validando la violencia y sostuvo que la ausencia de una condena transversal contribuye a mantener expresiones de conflictividad social.
La legisladora también le pidió realizar una autocrítica por las consecuencias que las manifestaciones y los hechos delictivos asociados tuvieron sobre sectores de menores ingresos y de clase media.
En términos similares, el diputado Sebastián Zamora, independiente cercano al Partido Republicano, cuestionó la trayectoria política de Bassa y afirmó que su protagonismo público estuvo estrechamente vinculado al proceso iniciado tras el estallido social.
Zamora sostuvo que el parlamentario reivindica la violencia política cuando le resulta conveniente, pero evita asumir responsabilidades por sus consecuencias.
Desde Evópoli, el diputado Tomás Kast calificó de lamentable que Bassa continúe buscando explicaciones para la violencia sin formular, a su juicio, una condena categórica.
El legislador recordó además una controversia ocurrida durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, cuando Bassa ejercía como vicepresidente del organismo, y cuestionó su actuación frente a un procedimiento policial.
Kast vinculó sus críticas con el rechazo ciudadano a la propuesta constitucional elaborada por la Convención en 2022 y sostuvo que el país necesita concentrarse en soluciones antes que en reivindicaciones del proceso político surgido en 2019.
El diputado de Renovación Nacional Francisco Orrego también cuestionó al exconvencional, argumentando que no es posible separar las demandas sociales de los saqueos, incendios y episodios de violencia que acompañaron las movilizaciones.
A juicio de Orrego, el parlamentario mantiene una visión nostálgica del denominado octubrismo y carece de autocrítica respecto de sus consecuencias políticas e institucionales.
En contraste, desde la oposición surgieron respaldos a la interpretación de Bassa sobre la continuidad de las demandas sociales.
La senadora independiente Fabiola Campillai afirmó compartir el diagnóstico de que las reivindicaciones de octubre de 2019 siguen pendientes, especialmente en materias como salud, educación, pensiones y acceso a derechos sociales.
La parlamentaria sostuvo que las movilizaciones respondieron a necesidades concretas de la ciudadanía y acusó que las medidas de ajuste del actual Gobierno afectan precisamente áreas donde la población reclamaba una mayor presencia del Estado.
Campillai también planteó que la conmemoración del estallido debe incorporar las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas.
En ese contexto, citó antecedentes del Ministerio Público sobre 464 víctimas de trauma ocular y 11.506 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, mencionó informes de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento efectivo de penas por parte de agentes estatales condenados.
Por su parte, el diputado independiente vinculado al PPD Jaime Araya coincidió en que las dificultades económicas que afectan a numerosas familias siguen presentes.
El parlamentario mencionó los problemas para llegar a fin de mes, el costo de las enfermedades, las barreras de acceso a la vivienda y las desigualdades en la disponibilidad de bienes y servicios.
Araya sostuvo que el estallido social no consiguió traducirse en transformaciones suficientes para modificar esas condiciones y cuestionó la falta de avances estructurales en materia de desigualdad.
A diferencia de los parlamentarios oficialistas, consideró que el debate no debería centrarse en condenas o indulgencias, sino en la construcción de una agenda de cambios sociales y económicos.
La controversia se suma a las diferencias surgidas en torno a la conmemoración del séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019 y al significado político de las movilizaciones.
Bassa también había generado críticas por sus declaraciones sobre la Plaza Baquedano, al afirmar que el lugar seguiría siendo identificado como Plaza Dignidad, independientemente de la reinstalación del monumento al general Manuel Baquedano.
Las distintas reacciones reflejan la persistencia de interpretaciones contrapuestas sobre el estallido social: mientras sectores oficialistas enfatizan sus consecuencias en materia de violencia y deterioro institucional, parlamentarios opositores insisten en que las demandas que motivaron las protestas siguen formando parte de los problemas sociales del país. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Dichos de J. Bassa sobre vigencia del 18-O generan colisión entre oficialismo y oposición se publicó primero en Nuevo Poder.
Las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sobre la persistencia de las causas que originaron el estallido social de octubre de 2019 provocaron una nueva controversia política, con críticas de parlamentarios oficialistas que lo acusan de justificar la violencia y respaldos desde la oposición, donde coinciden en que las demandas sociales continúan sin resolverse.. En conversación con EmolTV, el parlamentario sostuvo que, a siete años del inicio de las movilizaciones, las condiciones económicas y sociales que impulsaron las protestas permanecen vigentes e incluso se han deteriorado para parte de la población.. “Las condiciones materiales de vida de la población siguen estando básicamente igual o peor”, afirmó Bassa, quien vinculó el malestar ciudadano con el endeudamiento de las familias, las bajas pensiones y las dificultades para cubrir necesidades esenciales.. “El estallido, claro, ya no está probablemente en la calle, pero sigue vivo en cada hogar”, señaló.. El diputado también abordó la violencia registrada durante las manifestaciones y cuestionó que la discusión pública se concentre exclusivamente en condenar esos hechos, sin examinar las circunstancias sociales que contribuyeron al descontento.. “Yo no estoy aquí para repartir indulgencias, para condenar, para perdonar. Yo estoy aquí para representar”, manifestó, agregando que no le corresponde actuar como un juez moral de lo ocurrido.. Sus palabras generaron una inmediata respuesta de parlamentarios del oficialismo, quienes consideraron insuficiente su posición frente a los episodios de violencia registrados durante las protestas de 2019.. La diputada republicana Javiera Rodríguez acusó a Bassa de continuar validando la violencia y sostuvo que la ausencia de una condena transversal contribuye a mantener expresiones de conflictividad social.. La legisladora también le pidió realizar una autocrítica por las consecuencias que las manifestaciones y los hechos delictivos asociados tuvieron sobre sectores de menores ingresos y de clase media.. En términos similares, el diputado Sebastián Zamora, independiente cercano al Partido Republicano, cuestionó la trayectoria política de Bassa y afirmó que su protagonismo público estuvo estrechamente vinculado al proceso iniciado tras el estallido social.. Zamora sostuvo que el parlamentario reivindica la violencia política cuando le resulta conveniente, pero evita asumir responsabilidades por sus consecuencias.. Desde Evópoli, el diputado Tomás Kast calificó de lamentable que Bassa continúe buscando explicaciones para la violencia sin formular, a su juicio, una condena categórica.. El legislador recordó además una controversia ocurrida durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, cuando Bassa ejercía como vicepresidente del organismo, y cuestionó su actuación frente a un procedimiento policial.. Kast vinculó sus críticas con el rechazo ciudadano a la propuesta constitucional elaborada por la Convención en 2022 y sostuvo que el país necesita concentrarse en soluciones antes que en reivindicaciones del proceso político surgido en 2019.. El diputado de Renovación Nacional Francisco Orrego también cuestionó al exconvencional, argumentando que no es posible separar las demandas sociales de los saqueos, incendios y episodios de violencia que acompañaron las movilizaciones.. A juicio de Orrego, el parlamentario mantiene una visión nostálgica del denominado octubrismo y carece de autocrítica respecto de sus consecuencias políticas e institucionales.. En contraste, desde la oposición surgieron respaldos a la interpretación de Bassa sobre la continuidad de las demandas sociales.. La senadora independiente Fabiola Campillai afirmó compartir el diagnóstico de que las reivindicaciones de octubre de 2019 siguen pendientes, especialmente en materias como salud, educación, pensiones y acceso a derechos sociales.. La parlamentaria sostuvo que las movilizaciones respondieron a necesidades concretas de la ciudadanía y acusó que las medidas de ajuste del actual Gobierno afectan precisamente áreas donde la población reclamaba una mayor presencia del Estado.. Campillai también planteó que la conmemoración del estallido debe incorporar las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas.. En ese contexto, citó antecedentes del Ministerio Público sobre 464 víctimas de trauma ocular y 11.506 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, mencionó informes de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento efectivo de penas por parte de agentes estatales condenados.. Por su parte, el diputado independiente vinculado al PPD Jaime Araya coincidió en que las dificultades económicas que afectan a numerosas familias siguen presentes.. El parlamentario mencionó los problemas para llegar a fin de mes, el costo de las enfermedades, las barreras de acceso a la vivienda y las desigualdades en la disponibilidad de bienes y servicios.. Araya sostuvo que el estallido social no consiguió traducirse en transformaciones suficientes para modificar esas condiciones y cuestionó la falta de avances estructurales en materia de desigualdad.. A diferencia de los parlamentarios oficialistas, consideró que el debate no debería centrarse en condenas o indulgencias, sino en la construcción de una agenda de cambios sociales y económicos.. La controversia se suma a las diferencias surgidas en torno a la conmemoración del séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019 y al significado político de las movilizaciones.. Bassa también había generado críticas por sus declaraciones sobre la Plaza Baquedano, al afirmar que el lugar seguiría siendo identificado como Plaza Dignidad, independientemente de la reinstalación del monumento al general Manuel Baquedano.. Las distintas reacciones reflejan la persistencia de interpretaciones contrapuestas sobre el estallido social: mientras sectores oficialistas enfatizan sus consecuencias en materia de violencia y deterioro institucional, parlamentarios opositores insisten en que las demandas que motivaron las protestas siguen formando parte de los problemas sociales del país. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Dichos de J. Bassa sobre vigencia del 18-O generan colisión entre oficialismo y oposición se publicó primero en Nuevo Poder.
Las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sobre la persistencia de las causas que originaron el estallido social de octubre de 2019 provocaron una nueva controversia política, con críticas de parlamentarios oficialistas que lo acusan de justificar la violencia y respaldos desde la oposición, donde coinciden en que las demandas sociales continúan sin La entrada Dichos de J. Bassa sobre vigencia del 18-O generan colisión entre oficialismo y oposición se publicó primero en Nuevo Poder.
Las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jaime Bassa sobre la persistencia de las causas que originaron el estallido social de octubre de 2019 provocaron una nueva controversia política, con críticas de parlamentarios oficialistas que lo acusan de justificar la violencia y respaldos desde la oposición, donde coinciden en que las demandas sociales continúan sin resolverse.. En conversación con EmolTV, el parlamentario sostuvo que, a siete años del inicio de las movilizaciones, las condiciones económicas y sociales que impulsaron las protestas permanecen vigentes e incluso se han deteriorado para parte de la población.. “Las condiciones materiales de vida de la población siguen estando básicamente igual o peor”, afirmó Bassa, quien vinculó el malestar ciudadano con el endeudamiento de las familias, las bajas pensiones y las dificultades para cubrir necesidades esenciales.. “El estallido, claro, ya no está probablemente en la calle, pero sigue vivo en cada hogar”, señaló.. El diputado también abordó la violencia registrada durante las manifestaciones y cuestionó que la discusión pública se concentre exclusivamente en condenar esos hechos, sin examinar las circunstancias sociales que contribuyeron al descontento.. “Yo no estoy aquí para repartir indulgencias, para condenar, para perdonar. Yo estoy aquí para representar”, manifestó, agregando que no le corresponde actuar como un juez moral de lo ocurrido.. Sus palabras generaron una inmediata respuesta de parlamentarios del oficialismo, quienes consideraron insuficiente su posición frente a los episodios de violencia registrados durante las protestas de 2019.. La diputada republicana Javiera Rodríguez acusó a Bassa de continuar validando la violencia y sostuvo que la ausencia de una condena transversal contribuye a mantener expresiones de conflictividad social.. La legisladora también le pidió realizar una autocrítica por las consecuencias que las manifestaciones y los hechos delictivos asociados tuvieron sobre sectores de menores ingresos y de clase media.. En términos similares, el diputado Sebastián Zamora, independiente cercano al Partido Republicano, cuestionó la trayectoria política de Bassa y afirmó que su protagonismo público estuvo estrechamente vinculado al proceso iniciado tras el estallido social.. Zamora sostuvo que el parlamentario reivindica la violencia política cuando le resulta conveniente, pero evita asumir responsabilidades por sus consecuencias.. Desde Evópoli, el diputado Tomás Kast calificó de lamentable que Bassa continúe buscando explicaciones para la violencia sin formular, a su juicio, una condena categórica.. El legislador recordó además una controversia ocurrida durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, cuando Bassa ejercía como vicepresidente del organismo, y cuestionó su actuación frente a un procedimiento policial.. Kast vinculó sus críticas con el rechazo ciudadano a la propuesta constitucional elaborada por la Convención en 2022 y sostuvo que el país necesita concentrarse en soluciones antes que en reivindicaciones del proceso político surgido en 2019.. El diputado de Renovación Nacional Francisco Orrego también cuestionó al exconvencional, argumentando que no es posible separar las demandas sociales de los saqueos, incendios y episodios de violencia que acompañaron las movilizaciones.. A juicio de Orrego, el parlamentario mantiene una visión nostálgica del denominado octubrismo y carece de autocrítica respecto de sus consecuencias políticas e institucionales.. En contraste, desde la oposición surgieron respaldos a la interpretación de Bassa sobre la continuidad de las demandas sociales.. La senadora independiente Fabiola Campillai afirmó compartir el diagnóstico de que las reivindicaciones de octubre de 2019 siguen pendientes, especialmente en materias como salud, educación, pensiones y acceso a derechos sociales.. La parlamentaria sostuvo que las movilizaciones respondieron a necesidades concretas de la ciudadanía y acusó que las medidas de ajuste del actual Gobierno afectan precisamente áreas donde la población reclamaba una mayor presencia del Estado.. Campillai también planteó que la conmemoración del estallido debe incorporar las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas.. En ese contexto, citó antecedentes del Ministerio Público sobre 464 víctimas de trauma ocular y 11.506 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, mencionó informes de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento efectivo de penas por parte de agentes estatales condenados.. Por su parte, el diputado independiente vinculado al PPD Jaime Araya coincidió en que las dificultades económicas que afectan a numerosas familias siguen presentes.. El parlamentario mencionó los problemas para llegar a fin de mes, el costo de las enfermedades, las barreras de acceso a la vivienda y las desigualdades en la disponibilidad de bienes y servicios.. Araya sostuvo que el estallido social no consiguió traducirse en transformaciones suficientes para modificar esas condiciones y cuestionó la falta de avances estructurales en materia de desigualdad.. A diferencia de los parlamentarios oficialistas, consideró que el debate no debería centrarse en condenas o indulgencias, sino en la construcción de una agenda de cambios sociales y económicos.. La controversia se suma a las diferencias surgidas en torno a la conmemoración del séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019 y al significado político de las movilizaciones.. Bassa también había generado críticas por sus declaraciones sobre la Plaza Baquedano, al afirmar que el lugar seguiría siendo identificado como Plaza Dignidad, independientemente de la reinstalación del monumento al general Manuel Baquedano.. Las distintas reacciones reflejan la persistencia de interpretaciones contrapuestas sobre el estallido social: mientras sectores oficialistas enfatizan sus consecuencias en materia de violencia y deterioro institucional, parlamentarios opositores insisten en que las demandas que motivaron las protestas siguen formando parte de los problemas sociales del país. (NP-ChatGPT-Emol)
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