La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast inició formalmente su tramitación en el Senado, donde deberá superar el análisis de tres comisiones presididas por parlamentarios de oposición o independientes y en las que el oficialismo no cuenta con mayoría.
La Sala del Senado dio cuenta del ingreso de la iniciativa y estableció su recorrido legislativo. El proyecto será revisado inicialmente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que deberá pronunciarse sobre la idea de legislar antes de que llegue a la Sala para su votación en general.
Si supera esa instancia, la propuesta regresará a Constitución para su discusión en particular. Por acuerdo de los senadores, la Comisión de Seguridad Pública también analizará su articulado, mientras que las disposiciones relacionadas con el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública serán estudiadas por la Comisión de Defensa.
En caso de que durante la tramitación sea necesaria una comisión mixta para resolver diferencias entre ambas cámaras, esta quedará integrada por los miembros de la Comisión de Constitución.
El escenario representa un desafío para el Ejecutivo. Constitución es presidida por Pedro Araya (PPD), Seguridad por Karim Bianchi (independiente) y Defensa por Francisco Huenchumilla (DC). En las tres instancias, la oposición y parlamentarios independientes cuentan con una posición mayoritaria.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, deberá buscar acuerdos con distintos sectores para conseguir los apoyos necesarios para una iniciativa que ha generado reparos tanto en la oposición como entre parlamentarios oficialistas y aliados del Gobierno.
Uno de los senadores con mayor influencia durante la tramitación será Pedro Araya, quien además de presidir Constitución integra las comisiones de Seguridad y Defensa. El parlamentario ya ha expresado fuertes críticas al contenido de la reforma y ha señalado que no está disponible para respaldarla en sus actuales términos.
La relación entre Araya y Arrau también registra diferencias anteriores. En 2021, cuando el actual ministro era convencional constituyente, impulsó una denuncia relacionada con supuestos movimientos bancarios en paraísos fiscales que mencionaba al senador y a otras figuras políticas. La investigación fue posteriormente cerrada sin responsables. Araya ha señalado que este antecedente no influirá en su evaluación del proyecto.
En materia legislativa, el senador PPD ha cuestionado la elaboración de la propuesta, llegando a comparar su redacción con un texto construido mediante inteligencia artificial a partir de legislaciones extranjeras. También ha sostenido que la reforma no garantiza por sí misma una mejora efectiva de la seguridad pública.
Otro actor relevante será Karim Bianchi. El presidente de la Comisión de Seguridad ha reconocido la gravedad del avance del crimen organizado y la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, pero cuestionó que esos problemas deban resolverse necesariamente mediante modificaciones constitucionales.
Bianchi también manifestó reparos frente al nuevo estado de excepción contemplado en el proyecto y advirtió que cualquier mecanismo que permita restringir derechos y entregar atribuciones extraordinarias debe ser evaluado considerando que podría ser utilizado por futuros gobiernos de distintas orientaciones políticas.
Con este escenario, la primera etapa de la reforma estará marcada por la búsqueda de acuerdos y eventuales modificaciones al texto original, especialmente en torno al nuevo estado de excepción y las facultades extraordinarias que contempla para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública. (NP-ChatGPT-Emol)
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La reforma de seguridad constitucional propuesta por el presidente José Antonio Kast ha comenzado sus procedimientos en el Senado. Debe someterse al escrutinio de tres comisiones dirigidas por parlamentarios de la oposición o independientes, en las que el funcionario no tiene mayoría. La Cámara del Senado dio una actualización sobre la entrada de la iniciativa y describió su progreso legislativo. El proyecto será examinado primero por el Comité de Constitución, Legislación, Justicia y Regulación, que debe decidir si promulgar la legislación antes de que vaya a la Cámara para una votación general. Si tiene éxito en esa fase, la propuesta volverá a la Constitución para el diálogo confidencial. Tras el consenso de los senadores, el Comité de Seguridad Pública examinará su propio artículo, mientras que las disposiciones relativas al nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública serán investigadas por el Comité de Defensa. Si se hace imperativo un comité conjunto durante todo el proceso para resolver disputas entre las dos cámaras, estará compuesto por miembros del Comité Constitucional. La situación actual plantea una dificultad para el Ejecutivo. La Constitución está dirigida por Pedro Araya del PPD, la Seguridad está supervisada por Karim Bianchi, un independiente, y la Defensa está administrada por Francisco Huenchumilla del DC. En cada caso, la oposición y los miembros independientes del parlamento tienen mayoría. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, debe colaborar con varios grupos para obtener el apoyo necesario para una iniciativa que ha causado preocupación tanto entre la oposición como entre los parlamentarios alineados con el gobierno. Pedro Araya, un senador muy influyente, jugará un papel importante durante el proceso, ya que preside la Constitución y también forma parte de las comisiones de Seguridad y Defensa. El parlamentario ha expresado una desaprobación significativa del contenido de la reforma y ha dejado claro que no puede apoyarla tal como está. Ha habido desacuerdos pasados entre Araya y Arrau, que se reflejan en su relación. En 2021, durante el tiempo en que el actual ministro participó en una convención constituyente, apoyó una apelación sobre supuestas transacciones financieras en jurisdicciones de paraísos fiscales, que implicaron al senador y otros miembros políticos. La investigación fue posteriormente terminada sin que se estableciera ninguna responsabilidad.
La propuesta de reforma de seguridad iniciada por el presidente José Antonio Kast ha comenzado en el Senado. Tiene que ser examinado por tres comisiones, encabezadas por la oposición o legisladores independientes, en los que el gobierno carece de mayoría. La publicación inicial de la entrada, centrada en la reforma de seguridad de Kast que comienza su viaje a través de los comités del Senado controlados por la oposición, apareció en Nuevo Poder.
La reforma de seguridad constitucional propuesta por el presidente José Antonio Kast ha comenzado sus procedimientos en el Senado. Debe someterse al escrutinio de tres comisiones dirigidas por parlamentarios de la oposición o independientes, en las que el funcionario no tiene mayoría. La Cámara del Senado dio una actualización sobre la entrada de la iniciativa y describió su progreso legislativo. El proyecto será examinado primero por el Comité de Constitución, Legislación, Justicia y Regulación, que debe decidir si promulgar la legislación antes de que vaya a la Cámara para una votación general. Si tiene éxito en esa fase, la propuesta volverá a la Constitución para el diálogo confidencial. Tras el consenso de los senadores, el Comité de Seguridad Pública examinará su propio artículo, mientras que las disposiciones relativas al nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública serán investigadas por el Comité de Defensa. Si se hace imperativo un comité conjunto durante todo el proceso para resolver disputas entre las dos cámaras, estará compuesto por miembros del Comité Constitucional. La situación actual plantea una dificultad para el Ejecutivo. La Constitución está dirigida por Pedro Araya del PPD, la Seguridad está supervisada por Karim Bianchi, un independiente, y la Defensa está administrada por Francisco Huenchumilla del DC. En cada caso, la oposición y los miembros independientes del parlamento tienen mayoría. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, debe colaborar con varios grupos para obtener el apoyo necesario para una iniciativa que ha causado preocupación tanto entre la oposición como entre los parlamentarios alineados con el gobierno. Pedro Araya, un senador muy influyente, jugará un papel importante durante el proceso, ya que preside la Constitución y también forma parte de las comisiones de Seguridad y Defensa. El parlamentario ha expresado una desaprobación significativa del contenido de la reforma y ha dejado claro que no puede apoyarla tal como está. Ha habido desacuerdos pasados entre Araya y Arrau, que se reflejan en su relación. En 2021, durante el tiempo en que el actual ministro participó en una convención constituyente, apoyó una apelación sobre supuestas transacciones financieras en jurisdicciones de paraísos fiscales, que implicaron al senador y otros miembros políticos. La investigación fue posteriormente terminada sin que se estableciera ninguna responsabilidad.
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