La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas inhabilidades para abogados que hayan representado a imputados por delitos de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo, impidiéndoles posteriormente desempeñarse en distintos organismos públicos.
La propuesta contempla que la restricción alcance a la administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el caso del Congreso, la prohibición también comprendería determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios vinculadas con asesorías jurídicas, legislativas o profesionales destinadas a comités parlamentarios, diputados y senadores.
La iniciativa establece además una incompatibilidad para quienes ya se desempeñen como abogados en las instituciones comprendidas por la normativa. Mientras permanezcan ejerciendo esas funciones, no podrían asumir la representación de imputados en causas relacionadas con los delitos contemplados en el proyecto.
El incumplimiento de estas disposiciones podría provocar la destitución, remoción o término del contrato del profesional, dependiendo del organismo donde trabaje y del régimen jurídico aplicable.
Los autores de la moción sostienen que la iniciativa pretende aumentar las barreras destinadas a impedir una eventual penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.
El diputado Mauro González afirmó que el objetivo es cerrar espacios que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales para ingresar a organismos públicos. Según el parlamentario, la propuesta no pretende establecer una discriminación, sino imponer un estándar especial a profesionales que deciden representar voluntariamente a personas imputadas por delitos considerados especialmente graves.
El subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, argumentó que la iniciativa busca prevenir conflictos de interés y aumentar los estándares de probidad de quienes trabajan para el Estado.
Durán sostuvo que la propuesta no cuestiona el derecho de los imputados a contar con defensa jurídica, sino que pretende establecer incompatibilidades específicas para quienes posteriormente quieran desempeñar determinadas funciones dentro del aparato público.
La segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, defendió el proyecto señalando que las organizaciones criminales no solamente buscan ejercer control territorial, sino que también pueden intentar penetrar las instituciones.
A juicio de la parlamentaria, el Estado debe anticiparse a esos riesgos mediante barreras destinadas a proteger sus organismos y reducir eventuales espacios de infiltración.
Para fiscalizar las nuevas inhabilidades, la iniciativa propone crear un mecanismo de información administrado por la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el proyecto, los tribunales competentes o el Ministerio Público deberán comunicar a la Contraloría la identidad de los abogados que participen como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas penales comprendidas por la normativa.
Con esos antecedentes, la Contraloría mantendría un registro destinado exclusivamente a comprobar el cumplimiento de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas por la ley.
El registro podría ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para sus respectivos procesos de fiscalización y contratación, manteniendo la autonomía institucional de cada organismo.
La propuesta contempla, sin embargo, excepciones destinadas a resguardar el derecho a defensa. Las restricciones no serían aplicables a los abogados que desempeñen funciones en la Defensoría Penal Pública ni a los prestadores del sistema de Defensa Penal Pública.
También quedarían excluidos los profesionales pertenecientes a las corporaciones de Asistencia Judicial y al nuevo servicio de Acceso a la Justicia, así como los egresados de Derecho que realicen gratuitamente su práctica profesional en esas instituciones.
Según los fundamentos de la moción, estas excepciones buscan diferenciar entre abogados que asumen voluntariamente y de manera privada la representación de imputados y aquellos que participan en esas causas como consecuencia de una función institucional destinada a garantizar el derecho constitucional a defensa.
La iniciativa amplía una restricción que actualmente existe en la legislación sobre drogas. El artículo 61 de esa normativa establece incompatibilidades para abogados pertenecientes a la administración del Estado que pretendan defender simultáneamente a imputados por delitos contemplados en dicha ley.
El proyecto de RN busca extender ese principio tanto a otras categorías de delitos como a un conjunto considerablemente mayor de instituciones públicas y relaciones contractuales.
La propuesta anticipa una discusión jurídica y legislativa sobre el equilibrio entre las medidas destinadas a proteger al Estado frente al crimen organizado y garantías como el libre ejercicio profesional, el derecho a defensa y la necesidad de acreditar conflictos de interés concretos.
La moción deberá ahora iniciar su tramitación en el Congreso, donde sus autores buscarán respaldo para ampliar las actuales incompatibilidades y convertirlas en una barrera de acceso al empleo público para determinados abogados que hayan intervenido en causas por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada RN propone impedir ingreso al Estado de abogados defensores de narcotraficantes se publicó primero en Nuevo Poder.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas inhabilidades para abogados que hayan representado a imputados por delitos de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo, impidiéndoles posteriormente desempeñarse en distintos organismos públicos.. La propuesta contempla que la restricción alcance a la administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.. En el caso del Congreso, la prohibición también comprendería determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios vinculadas con asesorías jurídicas, legislativas o profesionales destinadas a comités parlamentarios, diputados y senadores.. La iniciativa establece además una incompatibilidad para quienes ya se desempeñen como abogados en las instituciones comprendidas por la normativa. Mientras permanezcan ejerciendo esas funciones, no podrían asumir la representación de imputados en causas relacionadas con los delitos contemplados en el proyecto.. El incumplimiento de estas disposiciones podría provocar la destitución, remoción o término del contrato del profesional, dependiendo del organismo donde trabaje y del régimen jurídico aplicable.. Los autores de la moción sostienen que la iniciativa pretende aumentar las barreras destinadas a impedir una eventual penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.. El diputado Mauro González afirmó que el objetivo es cerrar espacios que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales para ingresar a organismos públicos. Según el parlamentario, la propuesta no pretende establecer una discriminación, sino imponer un estándar especial a profesionales que deciden representar voluntariamente a personas imputadas por delitos considerados especialmente graves.. El subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, argumentó que la iniciativa busca prevenir conflictos de interés y aumentar los estándares de probidad de quienes trabajan para el Estado.. Durán sostuvo que la propuesta no cuestiona el derecho de los imputados a contar con defensa jurídica, sino que pretende establecer incompatibilidades específicas para quienes posteriormente quieran desempeñar determinadas funciones dentro del aparato público.. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, defendió el proyecto señalando que las organizaciones criminales no solamente buscan ejercer control territorial, sino que también pueden intentar penetrar las instituciones.. A juicio de la parlamentaria, el Estado debe anticiparse a esos riesgos mediante barreras destinadas a proteger sus organismos y reducir eventuales espacios de infiltración.. Para fiscalizar las nuevas inhabilidades, la iniciativa propone crear un mecanismo de información administrado por la Contraloría General de la República.. De acuerdo con el proyecto, los tribunales competentes o el Ministerio Público deberán comunicar a la Contraloría la identidad de los abogados que participen como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas penales comprendidas por la normativa.. Con esos antecedentes, la Contraloría mantendría un registro destinado exclusivamente a comprobar el cumplimiento de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas por la ley.. El registro podría ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para sus respectivos procesos de fiscalización y contratación, manteniendo la autonomía institucional de cada organismo.. La propuesta contempla, sin embargo, excepciones destinadas a resguardar el derecho a defensa. Las restricciones no serían aplicables a los abogados que desempeñen funciones en la Defensoría Penal Pública ni a los prestadores del sistema de Defensa Penal Pública.. También quedarían excluidos los profesionales pertenecientes a las corporaciones de Asistencia Judicial y al nuevo servicio de Acceso a la Justicia, así como los egresados de Derecho que realicen gratuitamente su práctica profesional en esas instituciones.. Según los fundamentos de la moción, estas excepciones buscan diferenciar entre abogados que asumen voluntariamente y de manera privada la representación de imputados y aquellos que participan en esas causas como consecuencia de una función institucional destinada a garantizar el derecho constitucional a defensa.. La iniciativa amplía una restricción que actualmente existe en la legislación sobre drogas. El artículo 61 de esa normativa establece incompatibilidades para abogados pertenecientes a la administración del Estado que pretendan defender simultáneamente a imputados por delitos contemplados en dicha ley.. El proyecto de RN busca extender ese principio tanto a otras categorías de delitos como a un conjunto considerablemente mayor de instituciones públicas y relaciones contractuales.. La propuesta anticipa una discusión jurídica y legislativa sobre el equilibrio entre las medidas destinadas a proteger al Estado frente al crimen organizado y garantías como el libre ejercicio profesional, el derecho a defensa y la necesidad de acreditar conflictos de interés concretos.. La moción deberá ahora iniciar su tramitación en el Congreso, donde sus autores buscarán respaldo para ampliar las actuales incompatibilidades y convertirlas en una barrera de acceso al empleo público para determinados abogados que hayan intervenido en causas por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada RN propone impedir ingreso al Estado de abogados defensores de narcotraficantes se publicó primero en Nuevo Poder.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas inhabilidades para abogados que hayan representado a imputados por delitos de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo, impidiéndoles posteriormente desempeñarse en distintos organismos públicos. La propuesta contempla que la restricción alcance a la administración del Estado, los escalafones del Poder La entrada RN propone impedir ingreso al Estado de abogados defensores de narcotraficantes se publicó primero en Nuevo Poder.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas inhabilidades para abogados que hayan representado a imputados por delitos de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo, impidiéndoles posteriormente desempeñarse en distintos organismos públicos.. La propuesta contempla que la restricción alcance a la administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.. En el caso del Congreso, la prohibición también comprendería determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios vinculadas con asesorías jurídicas, legislativas o profesionales destinadas a comités parlamentarios, diputados y senadores.. La iniciativa establece además una incompatibilidad para quienes ya se desempeñen como abogados en las instituciones comprendidas por la normativa. Mientras permanezcan ejerciendo esas funciones, no podrían asumir la representación de imputados en causas relacionadas con los delitos contemplados en el proyecto.. El incumplimiento de estas disposiciones podría provocar la destitución, remoción o término del contrato del profesional, dependiendo del organismo donde trabaje y del régimen jurídico aplicable.. Los autores de la moción sostienen que la iniciativa pretende aumentar las barreras destinadas a impedir una eventual penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.. El diputado Mauro González afirmó que el objetivo es cerrar espacios que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales para ingresar a organismos públicos. Según el parlamentario, la propuesta no pretende establecer una discriminación, sino imponer un estándar especial a profesionales que deciden representar voluntariamente a personas imputadas por delitos considerados especialmente graves.. El subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, argumentó que la iniciativa busca prevenir conflictos de interés y aumentar los estándares de probidad de quienes trabajan para el Estado.. Durán sostuvo que la propuesta no cuestiona el derecho de los imputados a contar con defensa jurídica, sino que pretende establecer incompatibilidades específicas para quienes posteriormente quieran desempeñar determinadas funciones dentro del aparato público.. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, defendió el proyecto señalando que las organizaciones criminales no solamente buscan ejercer control territorial, sino que también pueden intentar penetrar las instituciones.. A juicio de la parlamentaria, el Estado debe anticiparse a esos riesgos mediante barreras destinadas a proteger sus organismos y reducir eventuales espacios de infiltración.. Para fiscalizar las nuevas inhabilidades, la iniciativa propone crear un mecanismo de información administrado por la Contraloría General de la República.. De acuerdo con el proyecto, los tribunales competentes o el Ministerio Público deberán comunicar a la Contraloría la identidad de los abogados que participen como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas penales comprendidas por la normativa.. Con esos antecedentes, la Contraloría mantendría un registro destinado exclusivamente a comprobar el cumplimiento de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas por la ley.. El registro podría ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para sus respectivos procesos de fiscalización y contratación, manteniendo la autonomía institucional de cada organismo.. La propuesta contempla, sin embargo, excepciones destinadas a resguardar el derecho a defensa. Las restricciones no serían aplicables a los abogados que desempeñen funciones en la Defensoría Penal Pública ni a los prestadores del sistema de Defensa Penal Pública.. También quedarían excluidos los profesionales pertenecientes a las corporaciones de Asistencia Judicial y al nuevo servicio de Acceso a la Justicia, así como los egresados de Derecho que realicen gratuitamente su práctica profesional en esas instituciones.. Según los fundamentos de la moción, estas excepciones buscan diferenciar entre abogados que asumen voluntariamente y de manera privada la representación de imputados y aquellos que participan en esas causas como consecuencia de una función institucional destinada a garantizar el derecho constitucional a defensa.. La iniciativa amplía una restricción que actualmente existe en la legislación sobre drogas. El artículo 61 de esa normativa establece incompatibilidades para abogados pertenecientes a la administración del Estado que pretendan defender simultáneamente a imputados por delitos contemplados en dicha ley.. El proyecto de RN busca extender ese principio tanto a otras categorías de delitos como a un conjunto considerablemente mayor de instituciones públicas y relaciones contractuales.. La propuesta anticipa una discusión jurídica y legislativa sobre el equilibrio entre las medidas destinadas a proteger al Estado frente al crimen organizado y garantías como el libre ejercicio profesional, el derecho a defensa y la necesidad de acreditar conflictos de interés concretos.. La moción deberá ahora iniciar su tramitación en el Congreso, donde sus autores buscarán respaldo para ampliar las actuales incompatibilidades y convertirlas en una barrera de acceso al empleo público para determinados abogados que hayan intervenido en causas por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo. (NP-ChatGPT-Emol)
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