La propuesta del Gobierno contempla un nuevo estado de excepción, un régimen penitenciario diferenciado y un registro de organizaciones criminales. Su puesta en marcha también exigirá protocolos de coordinación entre las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, fiscales y tribunales.
La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para consagrar en la Carta Fundamental el deber del Estado en materia de seguridad pública no se agotará en la modificación de la Constitución. Su implementación requerirá, además, al menos seis adecuaciones legales, junto con una serie de medidas administrativas y operativas destinadas a hacer efectivas sus disposiciones.
La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, debería ser informada mañana en la sala del Senado, dando inicio a una tramitación que se anticipa compleja debido a los altos quórums requeridos para su aprobación.
La propuesta necesita el respaldo de 29 senadores y 89 diputados, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes de cada cámara. De esta forma, La Moneda deberá buscar apoyos más allá de sus propias filas para conseguir que la reforma avance en el Congreso.
SEIS ADECUACIONES
El diseño elaborado por el Ejecutivo supone un desarrollo legislativo posterior a la eventual aprobación de la reforma constitucional. Entre las principales adecuaciones se encuentra una ley orgánica constitucional destinada a regular el nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa.
También se requerirá una normativa orgánica que permita establecer un régimen penitenciario diferenciado, además de una ley destinada a regular los registros de organizaciones criminales.
A estas disposiciones se sumarían modificaciones en cuatro ámbitos de la legislación vigente: policial, penitenciario, administrativo y procesal penal. El objetivo es que las nuevas atribuciones y obligaciones establecidas a nivel constitucional cuenten con herramientas jurídicas que permitan su aplicación efectiva.
COORDINACIÓN
La puesta en marcha de la reforma también demandará protocolos específicos de coordinación entre los distintos organismos involucrados en la seguridad pública y la persecución penal.
El esquema considera al Ministerio de Seguridad Pública, las policías, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Ministerio Público y los tribunales, además de los organismos responsables de administrar prestaciones estatales.
Uno de los desafíos será establecer procedimientos que definan las atribuciones y responsabilidades de cada institución y permitan compartir antecedentes relevantes para la ejecución de las medidas contempladas por el Ejecutivo.
El diseño incluye, además, sistemas de información y mecanismos de trazabilidad, junto con programas de capacitación para los funcionarios encargados de aplicar las nuevas disposiciones.
Asimismo, se prevé la elaboración de indicadores que permitan evaluar los resultados de las medidas adoptadas. Estos antecedentes tendrían especial relevancia en caso de que el Ejecutivo solicite al Congreso la prórroga de alguno de los estados de excepción contemplados en el nuevo esquema.
Con este entramado legislativo y administrativo, la reforma constitucional se configura como la primera etapa de un proceso más amplio. Incluso si el Gobierno consigue los votos necesarios para modificar la Carta Fundamental, deberá posteriormente impulsar las leyes y ajustes institucionales indispensables para que el nuevo modelo pueda entrar plenamente en funcionamiento. (El Mercurio)
La entrada Reforma de seguridad requerirá al menos seis cambios legales para su implementación se publicó primero en Nuevo Poder.
La propuesta del Gobierno contempla un nuevo estado de excepción, un régimen penitenciario diferenciado y un registro de organizaciones criminales. Su puesta en marcha también exigirá protocolos de coordinación entre las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, fiscales y tribunales.. La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para consagrar en la Carta Fundamental el deber del Estado en materia de seguridad pública no se agotará en la modificación de la Constitución. Su implementación requerirá, además, al menos seis adecuaciones legales, junto con una serie de medidas administrativas y operativas destinadas a hacer efectivas sus disposiciones.. La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, debería ser informada mañana en la sala del Senado, dando inicio a una tramitación que se anticipa compleja debido a los altos quórums requeridos para su aprobación.. La propuesta necesita el respaldo de 29 senadores y 89 diputados, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes de cada cámara. De esta forma, La Moneda deberá buscar apoyos más allá de sus propias filas para conseguir que la reforma avance en el Congreso.. SEIS ADECUACIONES. El diseño elaborado por el Ejecutivo supone un desarrollo legislativo posterior a la eventual aprobación de la reforma constitucional. Entre las principales adecuaciones se encuentra una ley orgánica constitucional destinada a regular el nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa.. También se requerirá una normativa orgánica que permita establecer un régimen penitenciario diferenciado, además de una ley destinada a regular los registros de organizaciones criminales.. A estas disposiciones se sumarían modificaciones en cuatro ámbitos de la legislación vigente: policial, penitenciario, administrativo y procesal penal. El objetivo es que las nuevas atribuciones y obligaciones establecidas a nivel constitucional cuenten con herramientas jurídicas que permitan su aplicación efectiva.. COORDINACIÓN. La puesta en marcha de la reforma también demandará protocolos específicos de coordinación entre los distintos organismos involucrados en la seguridad pública y la persecución penal.. El esquema considera al Ministerio de Seguridad Pública, las policías, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Ministerio Público y los tribunales, además de los organismos responsables de administrar prestaciones estatales.. Uno de los desafíos será establecer procedimientos que definan las atribuciones y responsabilidades de cada institución y permitan compartir antecedentes relevantes para la ejecución de las medidas contempladas por el Ejecutivo.. El diseño incluye, además, sistemas de información y mecanismos de trazabilidad, junto con programas de capacitación para los funcionarios encargados de aplicar las nuevas disposiciones.. Asimismo, se prevé la elaboración de indicadores que permitan evaluar los resultados de las medidas adoptadas. Estos antecedentes tendrían especial relevancia en caso de que el Ejecutivo solicite al Congreso la prórroga de alguno de los estados de excepción contemplados en el nuevo esquema.. Con este entramado legislativo y administrativo, la reforma constitucional se configura como la primera etapa de un proceso más amplio. Incluso si el Gobierno consigue los votos necesarios para modificar la Carta Fundamental, deberá posteriormente impulsar las leyes y ajustes institucionales indispensables para que el nuevo modelo pueda entrar plenamente en funcionamiento. (El Mercurio). La entrada Reforma de seguridad requerirá al menos seis cambios legales para su implementación se publicó primero en Nuevo Poder.
La propuesta del Gobierno contempla un nuevo estado de excepción, un régimen penitenciario diferenciado y un registro de organizaciones criminales. Su puesta en marcha también exigirá protocolos de coordinación entre las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, fiscales y tribunales. La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para consagrar en la Carta Fundamental el La entrada Reforma de seguridad requerirá al menos seis cambios legales para su implementación se publicó primero en Nuevo Poder.
La propuesta del Gobierno contempla un nuevo estado de excepción, un régimen penitenciario diferenciado y un registro de organizaciones criminales. Su puesta en marcha también exigirá protocolos de coordinación entre las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, fiscales y tribunales.. La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para consagrar en la Carta Fundamental el deber del Estado en materia de seguridad pública no se agotará en la modificación de la Constitución. Su implementación requerirá, además, al menos seis adecuaciones legales, junto con una serie de medidas administrativas y operativas destinadas a hacer efectivas sus disposiciones.. La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, debería ser informada mañana en la sala del Senado, dando inicio a una tramitación que se anticipa compleja debido a los altos quórums requeridos para su aprobación.. La propuesta necesita el respaldo de 29 senadores y 89 diputados, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes de cada cámara. De esta forma, La Moneda deberá buscar apoyos más allá de sus propias filas para conseguir que la reforma avance en el Congreso.. SEIS ADECUACIONES. El diseño elaborado por el Ejecutivo supone un desarrollo legislativo posterior a la eventual aprobación de la reforma constitucional. Entre las principales adecuaciones se encuentra una ley orgánica constitucional destinada a regular el nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa.. También se requerirá una normativa orgánica que permita establecer un régimen penitenciario diferenciado, además de una ley destinada a regular los registros de organizaciones criminales.. A estas disposiciones se sumarían modificaciones en cuatro ámbitos de la legislación vigente: policial, penitenciario, administrativo y procesal penal. El objetivo es que las nuevas atribuciones y obligaciones establecidas a nivel constitucional cuenten con herramientas jurídicas que permitan su aplicación efectiva.. COORDINACIÓN. La puesta en marcha de la reforma también demandará protocolos específicos de coordinación entre los distintos organismos involucrados en la seguridad pública y la persecución penal.. El esquema considera al Ministerio de Seguridad Pública, las policías, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Ministerio Público y los tribunales, además de los organismos responsables de administrar prestaciones estatales.. Uno de los desafíos será establecer procedimientos que definan las atribuciones y responsabilidades de cada institución y permitan compartir antecedentes relevantes para la ejecución de las medidas contempladas por el Ejecutivo.. El diseño incluye, además, sistemas de información y mecanismos de trazabilidad, junto con programas de capacitación para los funcionarios encargados de aplicar las nuevas disposiciones.. Asimismo, se prevé la elaboración de indicadores que permitan evaluar los resultados de las medidas adoptadas. Estos antecedentes tendrían especial relevancia en caso de que el Ejecutivo solicite al Congreso la prórroga de alguno de los estados de excepción contemplados en el nuevo esquema.. Con este entramado legislativo y administrativo, la reforma constitucional se configura como la primera etapa de un proceso más amplio. Incluso si el Gobierno consigue los votos necesarios para modificar la Carta Fundamental, deberá posteriormente impulsar las leyes y ajustes institucionales indispensables para que el nuevo modelo pueda entrar plenamente en funcionamiento. (El Mercurio)
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