Los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, avanzaron en una nueva fórmula para la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, con el objetivo de conseguir los respaldos necesarios tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala del Senado.
Los parlamentarios fueron encargados por el Ejecutivo de elaborar una alternativa que permita superar las objeciones surgidas durante la discusión. La reforma necesita 29 votos favorables para aprobar su idea de legislar en el pleno, lo que obliga al oficialismo a buscar acuerdos más allá de sus propias filas.
La Comisión de Constitución está integrada, además de los dos senadores oficialistas, por Pedro Araya (PPD), quien la preside, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). La intención de Squella y Longton es retomar las conversaciones después de las Fiestas Patrias y solicitar que la discusión pueda reanudarse durante la primera semana de octubre.
El principal cambio supone abandonar uno de los elementos centrales del proyecto original del Ejecutivo: la creación de un quinto estado de excepción constitucional denominado de “Seguridad Pública”.
La propuesta gubernamental contemplaba que el Presidente de la República pudiera decretar esta nueva herramienta durante 120 días, sin un pronunciamiento inicial del Congreso y con la posibilidad de extenderla por otros 120. Podría utilizarse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya hubiese sido gravemente afectada.
El proyecto original también incorporaba atribuciones para interceptar, abrir y registrar documentos y diferentes tipos de comunicaciones dentro del territorio sometido al nuevo estado de excepción. Esta facultad generó reparos durante la discusión parlamentaria.
La fórmula preparada por Longton y Squella optaría por modificar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ya contempla el ordenamiento jurídico, incorporando una nueva hipótesis relacionada con amenazas de grave alteración de la seguridad. De esta manera, las situaciones vinculadas con seguridad pública quedarían integradas a una figura existente en lugar de crear un nuevo estado de excepción.
Los senadores también eliminarían de su propuesta la facultad específica de interceptación de comunicaciones que contemplaba el proyecto del Gobierno. El Ejecutivo había defendido anteriormente esa herramienta, incluso después de manifestar disposición a introducir modificaciones durante la tramitación.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, había respaldado públicamente la necesidad de contar con mecanismos de interceptación, argumentando que las actuales tecnologías permiten cambiar rápidamente dispositivos y sistemas de comunicación, dificultando las investigaciones y obligando a obtener nuevas autorizaciones.
Squella explicó que la nueva redacción busca hacerse cargo de las inquietudes planteadas por distintos parlamentarios sin abandonar, a su juicio, el propósito fundamental perseguido por el Ministerio de Seguridad. El senador sostuvo que la alternativa permitiría alcanzar los objetivos de la reforma mediante una fórmula con mayores posibilidades de respaldo político.
En sectores que conocen las modificaciones existe expectativa de una recepción favorable dentro de la Comisión de Constitución, aunque se anticipan dificultades para conseguir el apoyo de todos sus integrantes. En particular, se considera improbable el voto favorable de la senadora comunista Claudia Pascual.
El desafío más complejo estará posteriormente en la Sala, donde el oficialismo deberá reunir los 29 votos exigidos para la reforma constitucional. En ese escenario también genera inquietud la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto, cuyo voto es considerado relevante para acercarse al quórum requerido.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó este lunes una nueva solicitud del Ministerio Público para desaforar a Calisto, quien es investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. Una eventual modificación de su situación parlamentaria podría incidir en los cálculos políticos para la votación.
Con los cambios diseñados por Squella y Longton, el oficialismo busca reducir las resistencias que provocó la propuesta original y concentrar la reforma en la ampliación de una herramienta constitucional ya existente. Las negociaciones posteriores a las Fiestas Patrias serán determinantes para establecer si la nueva fórmula consigue los apoyos necesarios para continuar su tramitación. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Oficialismo reformula proyecto de seguridad y desiste de crear quinto estado de excepción constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, avanzaron en una nueva fórmula para la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, con el objetivo de conseguir los respaldos necesarios tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala del Senado.. Los parlamentarios fueron encargados por el Ejecutivo de elaborar una alternativa que permita superar las objeciones surgidas durante la discusión. La reforma necesita 29 votos favorables para aprobar su idea de legislar en el pleno, lo que obliga al oficialismo a buscar acuerdos más allá de sus propias filas.. La Comisión de Constitución está integrada, además de los dos senadores oficialistas, por Pedro Araya (PPD), quien la preside, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). La intención de Squella y Longton es retomar las conversaciones después de las Fiestas Patrias y solicitar que la discusión pueda reanudarse durante la primera semana de octubre.. El principal cambio supone abandonar uno de los elementos centrales del proyecto original del Ejecutivo: la creación de un quinto estado de excepción constitucional denominado de “Seguridad Pública”.. La propuesta gubernamental contemplaba que el Presidente de la República pudiera decretar esta nueva herramienta durante 120 días, sin un pronunciamiento inicial del Congreso y con la posibilidad de extenderla por otros 120. Podría utilizarse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya hubiese sido gravemente afectada.. El proyecto original también incorporaba atribuciones para interceptar, abrir y registrar documentos y diferentes tipos de comunicaciones dentro del territorio sometido al nuevo estado de excepción. Esta facultad generó reparos durante la discusión parlamentaria.. La fórmula preparada por Longton y Squella optaría por modificar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ya contempla el ordenamiento jurídico, incorporando una nueva hipótesis relacionada con amenazas de grave alteración de la seguridad. De esta manera, las situaciones vinculadas con seguridad pública quedarían integradas a una figura existente en lugar de crear un nuevo estado de excepción.. Los senadores también eliminarían de su propuesta la facultad específica de interceptación de comunicaciones que contemplaba el proyecto del Gobierno. El Ejecutivo había defendido anteriormente esa herramienta, incluso después de manifestar disposición a introducir modificaciones durante la tramitación.. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, había respaldado públicamente la necesidad de contar con mecanismos de interceptación, argumentando que las actuales tecnologías permiten cambiar rápidamente dispositivos y sistemas de comunicación, dificultando las investigaciones y obligando a obtener nuevas autorizaciones.. Squella explicó que la nueva redacción busca hacerse cargo de las inquietudes planteadas por distintos parlamentarios sin abandonar, a su juicio, el propósito fundamental perseguido por el Ministerio de Seguridad. El senador sostuvo que la alternativa permitiría alcanzar los objetivos de la reforma mediante una fórmula con mayores posibilidades de respaldo político.. En sectores que conocen las modificaciones existe expectativa de una recepción favorable dentro de la Comisión de Constitución, aunque se anticipan dificultades para conseguir el apoyo de todos sus integrantes. En particular, se considera improbable el voto favorable de la senadora comunista Claudia Pascual.. El desafío más complejo estará posteriormente en la Sala, donde el oficialismo deberá reunir los 29 votos exigidos para la reforma constitucional. En ese escenario también genera inquietud la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto, cuyo voto es considerado relevante para acercarse al quórum requerido.. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó este lunes una nueva solicitud del Ministerio Público para desaforar a Calisto, quien es investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. Una eventual modificación de su situación parlamentaria podría incidir en los cálculos políticos para la votación.. Con los cambios diseñados por Squella y Longton, el oficialismo busca reducir las resistencias que provocó la propuesta original y concentrar la reforma en la ampliación de una herramienta constitucional ya existente. Las negociaciones posteriores a las Fiestas Patrias serán determinantes para establecer si la nueva fórmula consigue los apoyos necesarios para continuar su tramitación. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Oficialismo reformula proyecto de seguridad y desiste de crear quinto estado de excepción constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, avanzaron en una nueva fórmula para la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, con el objetivo de conseguir los respaldos necesarios tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala del Senado. Los parlamentarios fueron encargados por el Ejecutivo La entrada Oficialismo reformula proyecto de seguridad y desiste de crear quinto estado de excepción constitucional se publicó primero en Nuevo Poder.
Los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, avanzaron en una nueva fórmula para la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, con el objetivo de conseguir los respaldos necesarios tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala del Senado.. Los parlamentarios fueron encargados por el Ejecutivo de elaborar una alternativa que permita superar las objeciones surgidas durante la discusión. La reforma necesita 29 votos favorables para aprobar su idea de legislar en el pleno, lo que obliga al oficialismo a buscar acuerdos más allá de sus propias filas.. La Comisión de Constitución está integrada, además de los dos senadores oficialistas, por Pedro Araya (PPD), quien la preside, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). La intención de Squella y Longton es retomar las conversaciones después de las Fiestas Patrias y solicitar que la discusión pueda reanudarse durante la primera semana de octubre.. El principal cambio supone abandonar uno de los elementos centrales del proyecto original del Ejecutivo: la creación de un quinto estado de excepción constitucional denominado de “Seguridad Pública”.. La propuesta gubernamental contemplaba que el Presidente de la República pudiera decretar esta nueva herramienta durante 120 días, sin un pronunciamiento inicial del Congreso y con la posibilidad de extenderla por otros 120. Podría utilizarse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya hubiese sido gravemente afectada.. El proyecto original también incorporaba atribuciones para interceptar, abrir y registrar documentos y diferentes tipos de comunicaciones dentro del territorio sometido al nuevo estado de excepción. Esta facultad generó reparos durante la discusión parlamentaria.. La fórmula preparada por Longton y Squella optaría por modificar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ya contempla el ordenamiento jurídico, incorporando una nueva hipótesis relacionada con amenazas de grave alteración de la seguridad. De esta manera, las situaciones vinculadas con seguridad pública quedarían integradas a una figura existente en lugar de crear un nuevo estado de excepción.. Los senadores también eliminarían de su propuesta la facultad específica de interceptación de comunicaciones que contemplaba el proyecto del Gobierno. El Ejecutivo había defendido anteriormente esa herramienta, incluso después de manifestar disposición a introducir modificaciones durante la tramitación.. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, había respaldado públicamente la necesidad de contar con mecanismos de interceptación, argumentando que las actuales tecnologías permiten cambiar rápidamente dispositivos y sistemas de comunicación, dificultando las investigaciones y obligando a obtener nuevas autorizaciones.. Squella explicó que la nueva redacción busca hacerse cargo de las inquietudes planteadas por distintos parlamentarios sin abandonar, a su juicio, el propósito fundamental perseguido por el Ministerio de Seguridad. El senador sostuvo que la alternativa permitiría alcanzar los objetivos de la reforma mediante una fórmula con mayores posibilidades de respaldo político.. En sectores que conocen las modificaciones existe expectativa de una recepción favorable dentro de la Comisión de Constitución, aunque se anticipan dificultades para conseguir el apoyo de todos sus integrantes. En particular, se considera improbable el voto favorable de la senadora comunista Claudia Pascual.. El desafío más complejo estará posteriormente en la Sala, donde el oficialismo deberá reunir los 29 votos exigidos para la reforma constitucional. En ese escenario también genera inquietud la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto, cuyo voto es considerado relevante para acercarse al quórum requerido.. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó este lunes una nueva solicitud del Ministerio Público para desaforar a Calisto, quien es investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. Una eventual modificación de su situación parlamentaria podría incidir en los cálculos políticos para la votación.. Con los cambios diseñados por Squella y Longton, el oficialismo busca reducir las resistencias que provocó la propuesta original y concentrar la reforma en la ampliación de una herramienta constitucional ya existente. Las negociaciones posteriores a las Fiestas Patrias serán determinantes para establecer si la nueva fórmula consigue los apoyos necesarios para continuar su tramitación. (NP-ChatGPT-Emol)
Política archivos – Nuevo Poder
