La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó esta semana una intensa jornada de cuestionamientos en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El foco de la controversia radica en un oficio enviado por la secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando explicaciones detalladas sobre el traslado de cuatro detectives en Iquique; una medida que afectó a un equipo que trabajaba con ella cuando aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
Steinert sostuvo firmemente que actuó dentro de sus competencias, citando los artículos 3, 4 y 5 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Según su interpretación, estas normas le facultan para solicitar antecedentes a cualquier órgano de la administración del Estado. “Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a las policías determinados antecedentes, el Ministerio de Seguridad serviría de poco”, argumentó ante los parlamentarios.
LÍMITES DEL CONTROL POLÍTICO
A pesar de la seguridad de la ministra, expertos en derecho administrativo y legisladores han planteado serias dudas sobre la legalidad de su requerimiento:
- Interferencia en causas penales: La ley prohíbe explícitamente que el ministro de Seguridad solicite información que pueda afectar investigaciones en curso. En su oficio, Steinert incluyó el RUC (Rol Único de Causa) de una investigación contra un clan chino, lo que es visto por críticos como una incursión en el ámbito “táctico y operativo” que corresponde a la fiscalía y la policía, y no a la dirección estratégica del ministerio.
- Posible conflicto de interés: El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reveló que Steinert lo contactó —siendo aún fiscal— para intentar frenar el cambio de los detectives. El hecho de que ahora, como ministra, utilice su cargo para pedir informes sobre ese mismo episodio ha levantado sospechas de una eventual desviación de poder.
- Normas especiales: Académicos como Julio Palavicini y Rosa Gómez señalan que, si bien la ministra tiene facultades de coordinación, estas no son absolutas. El debate no es solo si puede pedir información, sino si ese requerimiento específico incidió en una indagatoria penal.
OFICIO A CONTRALORÍA
La respuesta de la ministra no dejó conforme a la oposición. El diputado Raúl Leiva (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que emita un dictamen que zanje la discusión jurídica sobre el alcance de las facultades ministeriales frente a las policías.
Este flanco se suma a la tensión interna en la PDI, luego de que Steinert solicitara la remoción de la prefecta general (r) Consuelo Peña, quien lideraba la zona cuando se ordenaron los traslados que hoy motivan la controversia.
- Norma invocada: Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública (Arts. 3, 4 y 5).
- Punto de conflicto: Solicitud de información con RUC de causa penal específica.
- Acción parlamentaria: Requerimiento de dictamen a la Contraloría. (NP-Gemini-La Tercera)
La entrada Ministra Steinert defiende atribuciones legales tras solicitud de informes a la PDI se publicó primero en Nuevo Poder.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó esta semana una intensa jornada de cuestionamientos en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El foco de la controversia radica en un oficio enviado por la secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando explicaciones detalladas sobre el traslado de cuatro detectives en Iquique; una medida que afectó a un equipo que trabajaba con ella cuando aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.. Steinert sostuvo firmemente que actuó dentro de sus competencias, citando los artículos 3, 4 y 5 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Según su interpretación, estas normas le facultan para solicitar antecedentes a cualquier órgano de la administración del Estado. “Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a las policías determinados antecedentes, el Ministerio de Seguridad serviría de poco”, argumentó ante los parlamentarios.. LÍMITES DEL CONTROL POLÍTICO. A pesar de la seguridad de la ministra, expertos en derecho administrativo y legisladores han planteado serias dudas sobre la legalidad de su requerimiento:. Interferencia en causas penales: La ley prohíbe explícitamente que el ministro de Seguridad solicite información que pueda afectar investigaciones en curso. En su oficio, Steinert incluyó el RUC (Rol Único de Causa) de una investigación contra un clan chino, lo que es visto por críticos como una incursión en el ámbito “táctico y operativo” que corresponde a la fiscalía y la policía, y no a la dirección estratégica del ministerio.. Posible conflicto de interés: El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reveló que Steinert lo contactó —siendo aún fiscal— para intentar frenar el cambio de los detectives. El hecho de que ahora, como ministra, utilice su cargo para pedir informes sobre ese mismo episodio ha levantado sospechas de una eventual desviación de poder.. Normas especiales: Académicos como Julio Palavicini y Rosa Gómez señalan que, si bien la ministra tiene facultades de coordinación, estas no son absolutas. El debate no es solo si puede pedir información, sino si ese requerimiento específico incidió en una indagatoria penal.. OFICIO A CONTRALORÍA. La respuesta de la ministra no dejó conforme a la oposición. El diputado Raúl Leiva (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que emita un dictamen que zanje la discusión jurídica sobre el alcance de las facultades ministeriales frente a las policías.. Este flanco se suma a la tensión interna en la PDI, luego de que Steinert solicitara la remoción de la prefecta general (r) Consuelo Peña, quien lideraba la zona cuando se ordenaron los traslados que hoy motivan la controversia.. Norma invocada: Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública (Arts. 3, 4 y 5).. Punto de conflicto: Solicitud de información con RUC de causa penal específica.. Acción parlamentaria: Requerimiento de dictamen a la Contraloría. (NP-Gemini-La Tercera). La entrada Ministra Steinert defiende atribuciones legales tras solicitud de informes a la PDI se publicó primero en Nuevo Poder.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó esta semana una intensa jornada de cuestionamientos en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El foco de la controversia radica en un oficio enviado por la secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando explicaciones detalladas sobre el traslado de cuatro La entrada Ministra Steinert defiende atribuciones legales tras solicitud de informes a la PDI se publicó primero en Nuevo Poder.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó esta semana una intensa jornada de cuestionamientos en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El foco de la controversia radica en un oficio enviado por la secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando explicaciones detalladas sobre el traslado de cuatro detectives en Iquique; una medida que afectó a un equipo que trabajaba con ella cuando aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.. Steinert sostuvo firmemente que actuó dentro de sus competencias, citando los artículos 3, 4 y 5 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Según su interpretación, estas normas le facultan para solicitar antecedentes a cualquier órgano de la administración del Estado. “Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a las policías determinados antecedentes, el Ministerio de Seguridad serviría de poco”, argumentó ante los parlamentarios.. LÍMITES DEL CONTROL POLÍTICO. A pesar de la seguridad de la ministra, expertos en derecho administrativo y legisladores han planteado serias dudas sobre la legalidad de su requerimiento:. Interferencia en causas penales: La ley prohíbe explícitamente que el ministro de Seguridad solicite información que pueda afectar investigaciones en curso. En su oficio, Steinert incluyó el RUC (Rol Único de Causa) de una investigación contra un clan chino, lo que es visto por críticos como una incursión en el ámbito “táctico y operativo” que corresponde a la fiscalía y la policía, y no a la dirección estratégica del ministerio.. Posible conflicto de interés: El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reveló que Steinert lo contactó —siendo aún fiscal— para intentar frenar el cambio de los detectives. El hecho de que ahora, como ministra, utilice su cargo para pedir informes sobre ese mismo episodio ha levantado sospechas de una eventual desviación de poder.. Normas especiales: Académicos como Julio Palavicini y Rosa Gómez señalan que, si bien la ministra tiene facultades de coordinación, estas no son absolutas. El debate no es solo si puede pedir información, sino si ese requerimiento específico incidió en una indagatoria penal.. OFICIO A CONTRALORÍA. La respuesta de la ministra no dejó conforme a la oposición. El diputado Raúl Leiva (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que emita un dictamen que zanje la discusión jurídica sobre el alcance de las facultades ministeriales frente a las policías.. Este flanco se suma a la tensión interna en la PDI, luego de que Steinert solicitara la remoción de la prefecta general (r) Consuelo Peña, quien lideraba la zona cuando se ordenaron los traslados que hoy motivan la controversia.. Norma invocada: Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública (Arts. 3, 4 y 5).. Punto de conflicto: Solicitud de información con RUC de causa penal específica.. Acción parlamentaria: Requerimiento de dictamen a la Contraloría. (NP-Gemini-La Tercera)
Política archivos – Nuevo Poder
