El Ministerio de Justicia resolvió suspender temporalmente la tramitación de decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, luego de la controversia generada por la reducción de penas concedida a 56 condenados y los cuestionamientos provenientes de la oposición y sectores del oficialismo.
La decisión fue adoptada tras una revisión de la normativa vigente, proceso en el que, según antecedentes publicados por La Tercera, se identificaron vacíos legales relacionados con la aplicación de restricciones incorporadas al ordenamiento jurídico en 2022.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció además una agenda legislativa destinada a modificar los requisitos de acceso a estos beneficios, precisar las exclusiones establecidas por la ley y evitar que las diferencias de interpretación permitan nuevas reducciones de condenas en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El secretario de Estado explicó que el cambio de criterio aplicado por su administración respondió a una interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, respaldada, según afirmó, por la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales.
En declaraciones a Radio Duna, Rabat sostuvo que las normas constitucionales relativas a la aplicación de la ley justificaban la dictación de los decretos, pese a que administraciones anteriores habían mantenido una posición distinta.
Sin embargo, ante las críticas surgidas por estas resoluciones, el Ejecutivo decidió impulsar modificaciones legales con carácter urgente para establecer restricciones expresas y reducir los márgenes de interpretación judicial.
La principal iniciativa del Gobierno buscará incorporar a la legislación sobre reducción de condenas un criterio similar al contemplado en el artículo 9 del Decreto Ley 321, que regula la libertad condicional.
La propuesta establecerá que los requisitos y las causales de exclusión deben examinarse al momento de solicitar el beneficio penitenciario, independientemente de la fecha en que se haya cometido el delito o dictado la condena.
Con ello, el Ejecutivo pretende resolver la controversia sobre la aplicación de las restricciones legales a personas condenadas antes de febrero de 2023, cuestión que ha sido determinante en las interpretaciones judiciales que permitieron otorgar las rebajas.
El Ministerio de Justicia también estudia promover una ley interpretativa que precise que estos mecanismos constituyen beneficios penitenciarios y no derechos adquiridos, con el propósito de establecer un criterio uniforme para su aplicación.
Otra de las medidas contempla acelerar la tramitación del proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa parlamentaria de respaldo transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta considera que las solicitudes de reducción de condenas contempladas en la Ley N.º 19.856, así como las peticiones de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, sean examinadas y resueltas mediante procedimientos judiciales especializados.
De aprobarse esta reforma, las decisiones dejarían de depender de las actuales instancias administrativas y comisiones especiales, trasladándose a tribunales encargados de supervisar el cumplimiento y la ejecución de las penas.
Rabat afirmó que el objetivo es establecer una solución legislativa que impida nuevas controversias judiciales y cierre el acceso a estos beneficios para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El anuncio se produce en medio de una creciente presión política sobre el ministro, mientras organizaciones de protección de la infancia y derechos humanos han solicitado revisar las rebajas ya concedidas y adoptar medidas para resguardar a las víctimas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Gobierno suspende rebajas de condenas a abusadores sexuales y anuncia reformas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Ministerio de Justicia resolvió suspender temporalmente la tramitación de decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, luego de la controversia generada por la reducción de penas concedida a 56 condenados y los cuestionamientos provenientes de la oposición y sectores del oficialismo.
La decisión fue adoptada tras una revisión de la normativa vigente, proceso en el que, según antecedentes publicados por La Tercera, se identificaron vacíos legales relacionados con la aplicación de restricciones incorporadas al ordenamiento jurídico en 2022.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció además una agenda legislativa destinada a modificar los requisitos de acceso a estos beneficios, precisar las exclusiones establecidas por la ley y evitar que las diferencias de interpretación permitan nuevas reducciones de condenas en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El secretario de Estado explicó que el cambio de criterio aplicado por su administración respondió a una interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, respaldada, según afirmó, por la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales.
En declaraciones a Radio Duna, Rabat sostuvo que las normas constitucionales relativas a la aplicación de la ley justificaban la dictación de los decretos, pese a que administraciones anteriores habían mantenido una posición distinta.
Sin embargo, ante las críticas surgidas por estas resoluciones, el Ejecutivo decidió impulsar modificaciones legales con carácter urgente para establecer restricciones expresas y reducir los márgenes de interpretación judicial.
La principal iniciativa del Gobierno buscará incorporar a la legislación sobre reducción de condenas un criterio similar al contemplado en el artículo 9 del Decreto Ley 321, que regula la libertad condicional.
La propuesta establecerá que los requisitos y las causales de exclusión deben examinarse al momento de solicitar el beneficio penitenciario, independientemente de la fecha en que se haya cometido el delito o dictado la condena.
Con ello, el Ejecutivo pretende resolver la controversia sobre la aplicación de las restricciones legales a personas condenadas antes de febrero de 2023, cuestión que ha sido determinante en las interpretaciones judiciales que permitieron otorgar las rebajas.
El Ministerio de Justicia también estudia promover una ley interpretativa que precise que estos mecanismos constituyen beneficios penitenciarios y no derechos adquiridos, con el propósito de establecer un criterio uniforme para su aplicación.
Otra de las medidas contempla acelerar la tramitación del proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa parlamentaria de respaldo transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta considera que las solicitudes de reducción de condenas contempladas en la Ley N.º 19.856, así como las peticiones de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, sean examinadas y resueltas mediante procedimientos judiciales especializados.
De aprobarse esta reforma, las decisiones dejarían de depender de las actuales instancias administrativas y comisiones especiales, trasladándose a tribunales encargados de supervisar el cumplimiento y la ejecución de las penas.
Rabat afirmó que el objetivo es establecer una solución legislativa que impida nuevas controversias judiciales y cierre el acceso a estos beneficios para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El anuncio se produce en medio de una creciente presión política sobre el ministro, mientras organizaciones de protección de la infancia y derechos humanos han solicitado revisar las rebajas ya concedidas y adoptar medidas para resguardar a las víctimas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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El Ministerio de Justicia resolvió suspender temporalmente la tramitación de decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, luego de la controversia generada por la reducción de penas concedida a 56 condenados y los cuestionamientos provenientes de la oposición y sectores del oficialismo. La decisión fue adoptada tras La entrada Gobierno suspende rebajas de condenas a abusadores sexuales y anuncia reformas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Ministerio de Justicia resolvió suspender temporalmente la tramitación de decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, luego de la controversia generada por la reducción de penas concedida a 56 condenados y los cuestionamientos provenientes de la oposición y sectores del oficialismo.. La decisión fue adoptada tras una revisión de la normativa vigente, proceso en el que, según antecedentes publicados por La Tercera, se identificaron vacíos legales relacionados con la aplicación de restricciones incorporadas al ordenamiento jurídico en 2022.. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció además una agenda legislativa destinada a modificar los requisitos de acceso a estos beneficios, precisar las exclusiones establecidas por la ley y evitar que las diferencias de interpretación permitan nuevas reducciones de condenas en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.. El secretario de Estado explicó que el cambio de criterio aplicado por su administración respondió a una interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, respaldada, según afirmó, por la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales.. En declaraciones a Radio Duna, Rabat sostuvo que las normas constitucionales relativas a la aplicación de la ley justificaban la dictación de los decretos, pese a que administraciones anteriores habían mantenido una posición distinta.. Sin embargo, ante las críticas surgidas por estas resoluciones, el Ejecutivo decidió impulsar modificaciones legales con carácter urgente para establecer restricciones expresas y reducir los márgenes de interpretación judicial.. La principal iniciativa del Gobierno buscará incorporar a la legislación sobre reducción de condenas un criterio similar al contemplado en el artículo 9 del Decreto Ley 321, que regula la libertad condicional.. La propuesta establecerá que los requisitos y las causales de exclusión deben examinarse al momento de solicitar el beneficio penitenciario, independientemente de la fecha en que se haya cometido el delito o dictado la condena.. Con ello, el Ejecutivo pretende resolver la controversia sobre la aplicación de las restricciones legales a personas condenadas antes de febrero de 2023, cuestión que ha sido determinante en las interpretaciones judiciales que permitieron otorgar las rebajas.. El Ministerio de Justicia también estudia promover una ley interpretativa que precise que estos mecanismos constituyen beneficios penitenciarios y no derechos adquiridos, con el propósito de establecer un criterio uniforme para su aplicación.. Otra de las medidas contempla acelerar la tramitación del proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa parlamentaria de respaldo transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.. La propuesta considera que las solicitudes de reducción de condenas contempladas en la Ley N.º 19.856, así como las peticiones de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, sean examinadas y resueltas mediante procedimientos judiciales especializados.. De aprobarse esta reforma, las decisiones dejarían de depender de las actuales instancias administrativas y comisiones especiales, trasladándose a tribunales encargados de supervisar el cumplimiento y la ejecución de las penas.. Rabat afirmó que el objetivo es establecer una solución legislativa que impida nuevas controversias judiciales y cierre el acceso a estos beneficios para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.. El anuncio se produce en medio de una creciente presión política sobre el ministro, mientras organizaciones de protección de la infancia y derechos humanos han solicitado revisar las rebajas ya concedidas y adoptar medidas para resguardar a las víctimas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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