El Gobierno manifestó su disposición a incorporar modificaciones a la reforma constitucional de seguridad luego de las resistencias que la iniciativa encontró en el Senado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo está abierto a discutir propuestas parlamentarias, aunque buscará preservar los aspectos centrales del proyecto.
El secretario de Estado abordó nuevamente la iniciativa durante la noche del viernes en Concepción, después de encabezar una ronda de fiscalización junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Senda, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos.
Entre los principales componentes que Arrau defendió se encuentra la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. El ministro calificó esa herramienta como especialmente relevante, aunque expresó disponibilidad para negociar aspectos relacionados con sus plazos, mecanismos de control y algunas sanciones adicionales contempladas originalmente.
Arrau sostuvo que el Ejecutivo adoptará una posición pragmática durante la discusión parlamentaria y concentrará sus esfuerzos en mantener los elementos que considera fundamentales. Entre ellos mencionó un listado asociado a un régimen penitenciario y la creación de un estado de excepción de carácter policial que entregue facultades que actualmente no están disponibles.
El ministro enfatizó que otros componentes de la reforma pueden ser objeto de conversaciones con los parlamentarios, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para aprobar la iniciativa.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, también abordó los alcances del nuevo estado de excepción y explicó que la herramienta busca permitir una intervención intensa en los sectores afectados por problemas de seguridad, pero acompañada de presencia policial sostenida para recuperar la tranquilidad de los habitantes.
Respecto de la posibilidad de interceptar comunicaciones durante la vigencia de la medida, Guerrero aclaró que un eventual período de 120 días no implicaría mantener escuchas telefónicas durante todo ese plazo. Según explicó, estas podrían extenderse solamente por algunos días, mientras el resto del período podría destinarse a reforzar la presencia y el acompañamiento policial.
El subsecretario mencionó como referencia la experiencia de La Araucanía, donde, según afirmó, parte de la población solicita mantener la presencia militar asociada al estado de excepción que se ha prolongado durante más de cuatro años.
Otro de los puntos controvertidos corresponde a las restricciones para acceder a determinadas prestaciones estatales por parte de personas condenadas por delitos terroristas o vinculados al crimen organizado. Guerrero reconoció que este aspecto requiere una discusión técnica, particularmente cuando se trata de prestaciones de salud.
La autoridad explicó que la determinación sobre si una cirugía es o no de primera necesidad no puede depender exclusivamente de una consideración desde el ámbito de la seguridad, ya que debe incorporar criterios médicos y sanitarios.
Guerrero recalcó que las restricciones planteadas están dirigidas a personas condenadas por delitos considerados especialmente graves y específicos, como terrorismo y crimen organizado. Añadió que cualquier regulación deberá considerar también criterios humanitarios.
La apertura del Ejecutivo a introducir cambios busca facilitar la tramitación de una reforma que requiere acuerdos políticos en el Congreso. Pese a la disposición a negociar aspectos cuestionados, las autoridades de Seguridad han insistido en mantener las herramientas que consideran esenciales para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y otros delitos graves. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Gobierno evalúa cambios a reforma ACOT para destrabar apoyos en el Senado se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno manifestó su disposición a incorporar modificaciones a la reforma constitucional de seguridad luego de las resistencias que la iniciativa encontró en el Senado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo está abierto a discutir propuestas parlamentarias, aunque buscará preservar los aspectos centrales del proyecto.. El secretario de Estado abordó nuevamente la iniciativa durante la noche del viernes en Concepción, después de encabezar una ronda de fiscalización junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Senda, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos.. Entre los principales componentes que Arrau defendió se encuentra la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. El ministro calificó esa herramienta como especialmente relevante, aunque expresó disponibilidad para negociar aspectos relacionados con sus plazos, mecanismos de control y algunas sanciones adicionales contempladas originalmente.. Arrau sostuvo que el Ejecutivo adoptará una posición pragmática durante la discusión parlamentaria y concentrará sus esfuerzos en mantener los elementos que considera fundamentales. Entre ellos mencionó un listado asociado a un régimen penitenciario y la creación de un estado de excepción de carácter policial que entregue facultades que actualmente no están disponibles.. El ministro enfatizó que otros componentes de la reforma pueden ser objeto de conversaciones con los parlamentarios, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para aprobar la iniciativa.. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, también abordó los alcances del nuevo estado de excepción y explicó que la herramienta busca permitir una intervención intensa en los sectores afectados por problemas de seguridad, pero acompañada de presencia policial sostenida para recuperar la tranquilidad de los habitantes.. Respecto de la posibilidad de interceptar comunicaciones durante la vigencia de la medida, Guerrero aclaró que un eventual período de 120 días no implicaría mantener escuchas telefónicas durante todo ese plazo. Según explicó, estas podrían extenderse solamente por algunos días, mientras el resto del período podría destinarse a reforzar la presencia y el acompañamiento policial.. El subsecretario mencionó como referencia la experiencia de La Araucanía, donde, según afirmó, parte de la población solicita mantener la presencia militar asociada al estado de excepción que se ha prolongado durante más de cuatro años.. Otro de los puntos controvertidos corresponde a las restricciones para acceder a determinadas prestaciones estatales por parte de personas condenadas por delitos terroristas o vinculados al crimen organizado. Guerrero reconoció que este aspecto requiere una discusión técnica, particularmente cuando se trata de prestaciones de salud.. La autoridad explicó que la determinación sobre si una cirugía es o no de primera necesidad no puede depender exclusivamente de una consideración desde el ámbito de la seguridad, ya que debe incorporar criterios médicos y sanitarios.. Guerrero recalcó que las restricciones planteadas están dirigidas a personas condenadas por delitos considerados especialmente graves y específicos, como terrorismo y crimen organizado. Añadió que cualquier regulación deberá considerar también criterios humanitarios.. La apertura del Ejecutivo a introducir cambios busca facilitar la tramitación de una reforma que requiere acuerdos políticos en el Congreso. Pese a la disposición a negociar aspectos cuestionados, las autoridades de Seguridad han insistido en mantener las herramientas que consideran esenciales para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y otros delitos graves. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Gobierno evalúa cambios a reforma ACOT para destrabar apoyos en el Senado se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno manifestó su disposición a incorporar modificaciones a la reforma constitucional de seguridad luego de las resistencias que la iniciativa encontró en el Senado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo está abierto a discutir propuestas parlamentarias, aunque buscará preservar los aspectos centrales del proyecto. El secretario de Estado abordó nuevamente La entrada Gobierno evalúa cambios a reforma ACOT para destrabar apoyos en el Senado se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno manifestó su disposición a incorporar modificaciones a la reforma constitucional de seguridad luego de las resistencias que la iniciativa encontró en el Senado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo está abierto a discutir propuestas parlamentarias, aunque buscará preservar los aspectos centrales del proyecto.. El secretario de Estado abordó nuevamente la iniciativa durante la noche del viernes en Concepción, después de encabezar una ronda de fiscalización junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Senda, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos.. Entre los principales componentes que Arrau defendió se encuentra la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. El ministro calificó esa herramienta como especialmente relevante, aunque expresó disponibilidad para negociar aspectos relacionados con sus plazos, mecanismos de control y algunas sanciones adicionales contempladas originalmente.. Arrau sostuvo que el Ejecutivo adoptará una posición pragmática durante la discusión parlamentaria y concentrará sus esfuerzos en mantener los elementos que considera fundamentales. Entre ellos mencionó un listado asociado a un régimen penitenciario y la creación de un estado de excepción de carácter policial que entregue facultades que actualmente no están disponibles.. El ministro enfatizó que otros componentes de la reforma pueden ser objeto de conversaciones con los parlamentarios, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para aprobar la iniciativa.. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, también abordó los alcances del nuevo estado de excepción y explicó que la herramienta busca permitir una intervención intensa en los sectores afectados por problemas de seguridad, pero acompañada de presencia policial sostenida para recuperar la tranquilidad de los habitantes.. Respecto de la posibilidad de interceptar comunicaciones durante la vigencia de la medida, Guerrero aclaró que un eventual período de 120 días no implicaría mantener escuchas telefónicas durante todo ese plazo. Según explicó, estas podrían extenderse solamente por algunos días, mientras el resto del período podría destinarse a reforzar la presencia y el acompañamiento policial.. El subsecretario mencionó como referencia la experiencia de La Araucanía, donde, según afirmó, parte de la población solicita mantener la presencia militar asociada al estado de excepción que se ha prolongado durante más de cuatro años.. Otro de los puntos controvertidos corresponde a las restricciones para acceder a determinadas prestaciones estatales por parte de personas condenadas por delitos terroristas o vinculados al crimen organizado. Guerrero reconoció que este aspecto requiere una discusión técnica, particularmente cuando se trata de prestaciones de salud.. La autoridad explicó que la determinación sobre si una cirugía es o no de primera necesidad no puede depender exclusivamente de una consideración desde el ámbito de la seguridad, ya que debe incorporar criterios médicos y sanitarios.. Guerrero recalcó que las restricciones planteadas están dirigidas a personas condenadas por delitos considerados especialmente graves y específicos, como terrorismo y crimen organizado. Añadió que cualquier regulación deberá considerar también criterios humanitarios.. La apertura del Ejecutivo a introducir cambios busca facilitar la tramitación de una reforma que requiere acuerdos políticos en el Congreso. Pese a la disposición a negociar aspectos cuestionados, las autoridades de Seguridad han insistido en mantener las herramientas que consideran esenciales para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y otros delitos graves. (NP-ChatGPT-Emol)
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