El Gobierno del presidente José Antonio Kast informó avances en su estrategia para reducir los retrasos en la tramitación de permisos sectoriales, una de las principales dificultades identificadas por el Ejecutivo para impulsar la inversión. Entre los resultados destacan la disminución de autorizaciones pendientes en el Ministerio de Salud y la resolución de cerca de la mitad de los permisos que mantenían detenidos a proyectos con aprobación ambiental.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren, presentaron durante la semana los principales resultados de esta agenda, que contempla modificaciones legales, simplificación de reglamentos, mejoras de gestión y nuevas herramientas tecnológicas.
Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), Quiroz señaló que Hacienda revisó 234 proyectos que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años.
Las iniciativas representan inversiones superiores a US$77.000 millones y acumulaban más de 1.500 permisos sectoriales en trámite.
Según el secretario de Estado, durante los primeros siete meses de administración se logró resolver cerca del 50% de esas autorizaciones, lo que permitió liberar 40 proyectos asociados a inversiones por más de US$10.000 millones.
El ministro atribuyó parte de las dificultades a la acumulación de procedimientos administrativos que, a su juicio, han limitado el desarrollo de nuevas iniciativas económicas.
En paralelo, Eguiguren expuso los avances de la OASI durante el seminario «Avances en la agenda de permisos de inversión», organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
Uno de los resultados corresponde al Ministerio de Salud, donde el número de trámites atrasados disminuyó de 7.200 a 5.440 entre el 23 de junio y el 11 de septiembre, equivalente a una reducción de 24,4%.
El funcionario explicó que, en marzo, la cartera ni siquiera contaba con un registro consolidado de sus autorizaciones pendientes. Actualmente, todas las secretarías regionales ministeriales de Salud realizan seguimiento en línea de los expedientes.
La estrategia incluye metas por región, identificación de responsables y monitoreo de los plazos administrativos.
Otro organismo que registró avances fue el Consejo de Monumentos Nacionales, que durante los primeros siete meses del actual Gobierno resolvió un 50% más de expedientes que en períodos equivalentes de administraciones anteriores.
La Dirección General de Aguas (DGA), por su parte, mantiene aproximadamente 27.000 permisos pendientes, aunque actualmente resuelve más solicitudes de las que recibe.
Pese a esa mejora, Eguiguren reconoció que todavía existen dificultades importantes para reducir los tiempos de espera, que en determinados procedimientos pueden extenderse durante años.
A nivel general, Hacienda monitorea diariamente la tramitación de permisos en 18 organismos públicos, entre ellos la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, las seremis de Salud, Bienes Nacionales, Vialidad y las direcciones de obras municipales.
De acuerdo con Quiroz, existen cerca de 65.000 solicitudes activas, de las cuales 35.000 se encuentran fuera de los plazos establecidos.
El ministro sostuvo que el objetivo es transformar el cumplimiento de los plazos legales en una práctica habitual de los servicios públicos, en lugar de una excepción.
En materia legislativa, el Ejecutivo trabaja en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como Ley MAS, publicada en septiembre de 2025 durante la administración anterior.
La normativa permite introducir mecanismos simplificados para determinados procedimientos, entre ellos el uso de declaraciones juradas en autorizaciones consideradas de bajo riesgo.
Uno de los reglamentos próximos a completar su tramitación permitirá aplicar este mecanismo a modificaciones menores de cauces, como las que se requieren cuando una carretera o una línea eléctrica atraviesa un curso de agua.
Bajo este sistema, el titular declara el cumplimiento de las exigencias correspondientes y la fiscalización se realiza posteriormente.
Eguiguren explicó que la medida podría tener efectos relevantes en proyectos de infraestructura de gran escala.
Como ejemplo mencionó la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, entre Antofagasta y Santiago, que debía tramitar más de 6.000 autorizaciones, aproximadamente mil de ellas ante la DGA.
Según sus estimaciones, una proporción importante de esos permisos podría gestionarse mediante declaraciones juradas una vez que entre en vigencia el nuevo reglamento.
La Ley MAS contempla la posibilidad de aplicar mecanismos similares a más de 90 tipos de autorizaciones.
En el Ministerio de Salud también se encuentran próximos a completar su tramitación dos reglamentos prioritarios: uno relacionado con establecimientos de alimentos, que involucra aproximadamente 50.000 permisos anuales, y otro referido al agua potable.
El Gobierno prepara, además, una nueva iniciativa legislativa denominada «ley de permisos 2.0», anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Entre los cambios en estudio figura una modificación a la legislación patrimonial para precisar qué hallazgos deben considerarse arqueológicos y, de esa manera, reducir exigencias que el Ejecutivo estima excesivas.
Eguiguren mencionó el caso de la Línea 7 del Metro de Santiago, donde se realizaron excavaciones en 24 sitios por un costo de US$72 millones. Según su presentación, con los criterios propuestos habría sido necesario intervenir aproximadamente un tercio de esos lugares.
Sin embargo, los avances expuestos por el Gobierno recibieron observaciones del exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien participó en el seminario del CEP.
Aunque valoró las medidas administrativas, Briones advirtió que todavía no existen señales suficientes de mejoras en las etapas finales de la evaluación ambiental.
El economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez analizó, con apoyo de inteligencia artificial, más de mil informes de observaciones formuladas por los organismos públicos a proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Su conclusión fue que el número promedio de observaciones por informe prácticamente no había cambiado entre el cierre del Gobierno anterior y los primeros seis meses de la actual administración.
A partir de esos antecedentes, sostuvo que las mejoras de gestión deben complementarse con reformas más profundas al sistema de evaluación ambiental.
Entre sus propuestas mencionó incorporar análisis de costos y beneficios y permitir que proyectos de menor impacto acrediten determinadas condiciones mediante declaraciones juradas.
Briones también llamó a moderar las expectativas sobre la velocidad de los cambios, señalando que todavía es temprano para evaluar los resultados definitivos de la agenda gubernamental.
Otro punto de preocupación corresponde a los tribunales ambientales, donde existen causas pendientes de sentencia que pueden prolongar la ejecución de proyectos.
Durante Enade, Quiroz informó que sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para abordar las demoras en la dictación de fallos.
En el encuentro también participaron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la ministra Jessica González, visitadora de los tribunales especiales.
Según los antecedentes difundidos, se planteó la necesidad de aumentar la disponibilidad de abogados y explorar herramientas de automatización para agilizar el trabajo judicial.
Chevesich adelantó que continuará las conversaciones con las autoridades y recordó que la insuficiencia de personal y recursos también afecta a la justicia ordinaria.
La incorporación de inteligencia artificial constituye otro de los componentes de la estrategia impulsada por la OASI.
Eguiguren destacó que estas herramientas podrían facilitar la revisión de expedientes extensos, especialmente en organismos que deben analizar grandes volúmenes de antecedentes con equipos reducidos.
Como ejemplo, mencionó el proyecto de expansión de la mina El Abra, cuyo expediente ambiental alcanza las 47.000 páginas, mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta dispone de cuatro revisores para esa iniciativa y otros proyectos.
El jefe de la OASI estimó que la aplicación de inteligencia artificial podría permitir reducciones significativas en los tiempos de tramitación, incluso superiores al 80% en determinados procesos.
Actualmente, la oficina desarrolla un programa piloto para revisar solicitudes de concesiones marítimas en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, procedimiento que demora entre cuatro y cinco años en promedio.
Briones advirtió, no obstante, que las mismas tecnologías también pueden facilitar la presentación de impugnaciones y observaciones contra proyectos, por lo que insistió en la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos simples.
Los avances en permisos coinciden con mejores perspectivas para la inversión. Durante los doce meses terminados en agosto, el SEIA aprobó iniciativas por US$63.503 millones, aproximadamente el triple del promedio registrado desde 2015.
Sin embargo, una parte importante de esos proyectos ingresó a evaluación durante el Gobierno anterior, por lo que las cifras no pueden atribuirse exclusivamente a las medidas de la actual administración.
En tanto, el Banco Central proyecta un crecimiento de la inversión de 8,1% para 2027.
Con estos antecedentes, el Ejecutivo busca consolidar una reducción sostenida de los tiempos administrativos, aunque especialistas advierten que el principal desafío será extender los avances de gestión a la evaluación ambiental, la resolución judicial de controversias y la ejecución efectiva de los proyectos. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Gbno. reduce retrasos en permisos de inversión y anuncia nuevas reformas para agilizarlas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast informó avances en su estrategia para reducir los retrasos en la tramitación de permisos sectoriales, una de las principales dificultades identificadas por el Ejecutivo para impulsar la inversión. Entre los resultados destacan la disminución de autorizaciones pendientes en el Ministerio de Salud y la resolución de cerca de la mitad de los permisos que mantenían detenidos a proyectos con aprobación ambiental.. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren, presentaron durante la semana los principales resultados de esta agenda, que contempla modificaciones legales, simplificación de reglamentos, mejoras de gestión y nuevas herramientas tecnológicas.. Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), Quiroz señaló que Hacienda revisó 234 proyectos que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años.. Las iniciativas representan inversiones superiores a US$77.000 millones y acumulaban más de 1.500 permisos sectoriales en trámite.. Según el secretario de Estado, durante los primeros siete meses de administración se logró resolver cerca del 50% de esas autorizaciones, lo que permitió liberar 40 proyectos asociados a inversiones por más de US$10.000 millones.. El ministro atribuyó parte de las dificultades a la acumulación de procedimientos administrativos que, a su juicio, han limitado el desarrollo de nuevas iniciativas económicas.. En paralelo, Eguiguren expuso los avances de la OASI durante el seminario «Avances en la agenda de permisos de inversión», organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).. Uno de los resultados corresponde al Ministerio de Salud, donde el número de trámites atrasados disminuyó de 7.200 a 5.440 entre el 23 de junio y el 11 de septiembre, equivalente a una reducción de 24,4%.. El funcionario explicó que, en marzo, la cartera ni siquiera contaba con un registro consolidado de sus autorizaciones pendientes. Actualmente, todas las secretarías regionales ministeriales de Salud realizan seguimiento en línea de los expedientes.. La estrategia incluye metas por región, identificación de responsables y monitoreo de los plazos administrativos.. Otro organismo que registró avances fue el Consejo de Monumentos Nacionales, que durante los primeros siete meses del actual Gobierno resolvió un 50% más de expedientes que en períodos equivalentes de administraciones anteriores.. La Dirección General de Aguas (DGA), por su parte, mantiene aproximadamente 27.000 permisos pendientes, aunque actualmente resuelve más solicitudes de las que recibe.. Pese a esa mejora, Eguiguren reconoció que todavía existen dificultades importantes para reducir los tiempos de espera, que en determinados procedimientos pueden extenderse durante años.. A nivel general, Hacienda monitorea diariamente la tramitación de permisos en 18 organismos públicos, entre ellos la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, las seremis de Salud, Bienes Nacionales, Vialidad y las direcciones de obras municipales.. De acuerdo con Quiroz, existen cerca de 65.000 solicitudes activas, de las cuales 35.000 se encuentran fuera de los plazos establecidos.. El ministro sostuvo que el objetivo es transformar el cumplimiento de los plazos legales en una práctica habitual de los servicios públicos, en lugar de una excepción.. En materia legislativa, el Ejecutivo trabaja en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como Ley MAS, publicada en septiembre de 2025 durante la administración anterior.. La normativa permite introducir mecanismos simplificados para determinados procedimientos, entre ellos el uso de declaraciones juradas en autorizaciones consideradas de bajo riesgo.. Uno de los reglamentos próximos a completar su tramitación permitirá aplicar este mecanismo a modificaciones menores de cauces, como las que se requieren cuando una carretera o una línea eléctrica atraviesa un curso de agua.. Bajo este sistema, el titular declara el cumplimiento de las exigencias correspondientes y la fiscalización se realiza posteriormente.. Eguiguren explicó que la medida podría tener efectos relevantes en proyectos de infraestructura de gran escala.. Como ejemplo mencionó la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, entre Antofagasta y Santiago, que debía tramitar más de 6.000 autorizaciones, aproximadamente mil de ellas ante la DGA.. Según sus estimaciones, una proporción importante de esos permisos podría gestionarse mediante declaraciones juradas una vez que entre en vigencia el nuevo reglamento.. La Ley MAS contempla la posibilidad de aplicar mecanismos similares a más de 90 tipos de autorizaciones.. En el Ministerio de Salud también se encuentran próximos a completar su tramitación dos reglamentos prioritarios: uno relacionado con establecimientos de alimentos, que involucra aproximadamente 50.000 permisos anuales, y otro referido al agua potable.. El Gobierno prepara, además, una nueva iniciativa legislativa denominada «ley de permisos 2.0», anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.. Entre los cambios en estudio figura una modificación a la legislación patrimonial para precisar qué hallazgos deben considerarse arqueológicos y, de esa manera, reducir exigencias que el Ejecutivo estima excesivas.. Eguiguren mencionó el caso de la Línea 7 del Metro de Santiago, donde se realizaron excavaciones en 24 sitios por un costo de US$72 millones. Según su presentación, con los criterios propuestos habría sido necesario intervenir aproximadamente un tercio de esos lugares.. Sin embargo, los avances expuestos por el Gobierno recibieron observaciones del exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien participó en el seminario del CEP.. Aunque valoró las medidas administrativas, Briones advirtió que todavía no existen señales suficientes de mejoras en las etapas finales de la evaluación ambiental.. El economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez analizó, con apoyo de inteligencia artificial, más de mil informes de observaciones formuladas por los organismos públicos a proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).. Su conclusión fue que el número promedio de observaciones por informe prácticamente no había cambiado entre el cierre del Gobierno anterior y los primeros seis meses de la actual administración.. A partir de esos antecedentes, sostuvo que las mejoras de gestión deben complementarse con reformas más profundas al sistema de evaluación ambiental.. Entre sus propuestas mencionó incorporar análisis de costos y beneficios y permitir que proyectos de menor impacto acrediten determinadas condiciones mediante declaraciones juradas.. Briones también llamó a moderar las expectativas sobre la velocidad de los cambios, señalando que todavía es temprano para evaluar los resultados definitivos de la agenda gubernamental.. Otro punto de preocupación corresponde a los tribunales ambientales, donde existen causas pendientes de sentencia que pueden prolongar la ejecución de proyectos.. Durante Enade, Quiroz informó que sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para abordar las demoras en la dictación de fallos.. En el encuentro también participaron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la ministra Jessica González, visitadora de los tribunales especiales.. Según los antecedentes difundidos, se planteó la necesidad de aumentar la disponibilidad de abogados y explorar herramientas de automatización para agilizar el trabajo judicial.. Chevesich adelantó que continuará las conversaciones con las autoridades y recordó que la insuficiencia de personal y recursos también afecta a la justicia ordinaria.. La incorporación de inteligencia artificial constituye otro de los componentes de la estrategia impulsada por la OASI.. Eguiguren destacó que estas herramientas podrían facilitar la revisión de expedientes extensos, especialmente en organismos que deben analizar grandes volúmenes de antecedentes con equipos reducidos.. Como ejemplo, mencionó el proyecto de expansión de la mina El Abra, cuyo expediente ambiental alcanza las 47.000 páginas, mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta dispone de cuatro revisores para esa iniciativa y otros proyectos.. El jefe de la OASI estimó que la aplicación de inteligencia artificial podría permitir reducciones significativas en los tiempos de tramitación, incluso superiores al 80% en determinados procesos.. Actualmente, la oficina desarrolla un programa piloto para revisar solicitudes de concesiones marítimas en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, procedimiento que demora entre cuatro y cinco años en promedio.. Briones advirtió, no obstante, que las mismas tecnologías también pueden facilitar la presentación de impugnaciones y observaciones contra proyectos, por lo que insistió en la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos simples.. Los avances en permisos coinciden con mejores perspectivas para la inversión. Durante los doce meses terminados en agosto, el SEIA aprobó iniciativas por US$63.503 millones, aproximadamente el triple del promedio registrado desde 2015.. Sin embargo, una parte importante de esos proyectos ingresó a evaluación durante el Gobierno anterior, por lo que las cifras no pueden atribuirse exclusivamente a las medidas de la actual administración.. En tanto, el Banco Central proyecta un crecimiento de la inversión de 8,1% para 2027.. Con estos antecedentes, el Ejecutivo busca consolidar una reducción sostenida de los tiempos administrativos, aunque especialistas advierten que el principal desafío será extender los avances de gestión a la evaluación ambiental, la resolución judicial de controversias y la ejecución efectiva de los proyectos. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Gbno. reduce retrasos en permisos de inversión y anuncia nuevas reformas para agilizarlas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast informó avances en su estrategia para reducir los retrasos en la tramitación de permisos sectoriales, una de las principales dificultades identificadas por el Ejecutivo para impulsar la inversión. Entre los resultados destacan la disminución de autorizaciones pendientes en el Ministerio de Salud y la resolución de cerca de La entrada Gbno. reduce retrasos en permisos de inversión y anuncia nuevas reformas para agilizarlas se publicó primero en Nuevo Poder.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast informó avances en su estrategia para reducir los retrasos en la tramitación de permisos sectoriales, una de las principales dificultades identificadas por el Ejecutivo para impulsar la inversión. Entre los resultados destacan la disminución de autorizaciones pendientes en el Ministerio de Salud y la resolución de cerca de la mitad de los permisos que mantenían detenidos a proyectos con aprobación ambiental.. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren, presentaron durante la semana los principales resultados de esta agenda, que contempla modificaciones legales, simplificación de reglamentos, mejoras de gestión y nuevas herramientas tecnológicas.. Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), Quiroz señaló que Hacienda revisó 234 proyectos que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años.. Las iniciativas representan inversiones superiores a US$77.000 millones y acumulaban más de 1.500 permisos sectoriales en trámite.. Según el secretario de Estado, durante los primeros siete meses de administración se logró resolver cerca del 50% de esas autorizaciones, lo que permitió liberar 40 proyectos asociados a inversiones por más de US$10.000 millones.. El ministro atribuyó parte de las dificultades a la acumulación de procedimientos administrativos que, a su juicio, han limitado el desarrollo de nuevas iniciativas económicas.. En paralelo, Eguiguren expuso los avances de la OASI durante el seminario «Avances en la agenda de permisos de inversión», organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).. Uno de los resultados corresponde al Ministerio de Salud, donde el número de trámites atrasados disminuyó de 7.200 a 5.440 entre el 23 de junio y el 11 de septiembre, equivalente a una reducción de 24,4%.. El funcionario explicó que, en marzo, la cartera ni siquiera contaba con un registro consolidado de sus autorizaciones pendientes. Actualmente, todas las secretarías regionales ministeriales de Salud realizan seguimiento en línea de los expedientes.. La estrategia incluye metas por región, identificación de responsables y monitoreo de los plazos administrativos.. Otro organismo que registró avances fue el Consejo de Monumentos Nacionales, que durante los primeros siete meses del actual Gobierno resolvió un 50% más de expedientes que en períodos equivalentes de administraciones anteriores.. La Dirección General de Aguas (DGA), por su parte, mantiene aproximadamente 27.000 permisos pendientes, aunque actualmente resuelve más solicitudes de las que recibe.. Pese a esa mejora, Eguiguren reconoció que todavía existen dificultades importantes para reducir los tiempos de espera, que en determinados procedimientos pueden extenderse durante años.. A nivel general, Hacienda monitorea diariamente la tramitación de permisos en 18 organismos públicos, entre ellos la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, las seremis de Salud, Bienes Nacionales, Vialidad y las direcciones de obras municipales.. De acuerdo con Quiroz, existen cerca de 65.000 solicitudes activas, de las cuales 35.000 se encuentran fuera de los plazos establecidos.. El ministro sostuvo que el objetivo es transformar el cumplimiento de los plazos legales en una práctica habitual de los servicios públicos, en lugar de una excepción.. En materia legislativa, el Ejecutivo trabaja en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como Ley MAS, publicada en septiembre de 2025 durante la administración anterior.. La normativa permite introducir mecanismos simplificados para determinados procedimientos, entre ellos el uso de declaraciones juradas en autorizaciones consideradas de bajo riesgo.. Uno de los reglamentos próximos a completar su tramitación permitirá aplicar este mecanismo a modificaciones menores de cauces, como las que se requieren cuando una carretera o una línea eléctrica atraviesa un curso de agua.. Bajo este sistema, el titular declara el cumplimiento de las exigencias correspondientes y la fiscalización se realiza posteriormente.. Eguiguren explicó que la medida podría tener efectos relevantes en proyectos de infraestructura de gran escala.. Como ejemplo mencionó la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, entre Antofagasta y Santiago, que debía tramitar más de 6.000 autorizaciones, aproximadamente mil de ellas ante la DGA.. Según sus estimaciones, una proporción importante de esos permisos podría gestionarse mediante declaraciones juradas una vez que entre en vigencia el nuevo reglamento.. La Ley MAS contempla la posibilidad de aplicar mecanismos similares a más de 90 tipos de autorizaciones.. En el Ministerio de Salud también se encuentran próximos a completar su tramitación dos reglamentos prioritarios: uno relacionado con establecimientos de alimentos, que involucra aproximadamente 50.000 permisos anuales, y otro referido al agua potable.. El Gobierno prepara, además, una nueva iniciativa legislativa denominada «ley de permisos 2.0», anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.. Entre los cambios en estudio figura una modificación a la legislación patrimonial para precisar qué hallazgos deben considerarse arqueológicos y, de esa manera, reducir exigencias que el Ejecutivo estima excesivas.. Eguiguren mencionó el caso de la Línea 7 del Metro de Santiago, donde se realizaron excavaciones en 24 sitios por un costo de US$72 millones. Según su presentación, con los criterios propuestos habría sido necesario intervenir aproximadamente un tercio de esos lugares.. Sin embargo, los avances expuestos por el Gobierno recibieron observaciones del exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien participó en el seminario del CEP.. Aunque valoró las medidas administrativas, Briones advirtió que todavía no existen señales suficientes de mejoras en las etapas finales de la evaluación ambiental.. El economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez analizó, con apoyo de inteligencia artificial, más de mil informes de observaciones formuladas por los organismos públicos a proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).. Su conclusión fue que el número promedio de observaciones por informe prácticamente no había cambiado entre el cierre del Gobierno anterior y los primeros seis meses de la actual administración.. A partir de esos antecedentes, sostuvo que las mejoras de gestión deben complementarse con reformas más profundas al sistema de evaluación ambiental.. Entre sus propuestas mencionó incorporar análisis de costos y beneficios y permitir que proyectos de menor impacto acrediten determinadas condiciones mediante declaraciones juradas.. Briones también llamó a moderar las expectativas sobre la velocidad de los cambios, señalando que todavía es temprano para evaluar los resultados definitivos de la agenda gubernamental.. Otro punto de preocupación corresponde a los tribunales ambientales, donde existen causas pendientes de sentencia que pueden prolongar la ejecución de proyectos.. Durante Enade, Quiroz informó que sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para abordar las demoras en la dictación de fallos.. En el encuentro también participaron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la ministra Jessica González, visitadora de los tribunales especiales.. Según los antecedentes difundidos, se planteó la necesidad de aumentar la disponibilidad de abogados y explorar herramientas de automatización para agilizar el trabajo judicial.. Chevesich adelantó que continuará las conversaciones con las autoridades y recordó que la insuficiencia de personal y recursos también afecta a la justicia ordinaria.. La incorporación de inteligencia artificial constituye otro de los componentes de la estrategia impulsada por la OASI.. Eguiguren destacó que estas herramientas podrían facilitar la revisión de expedientes extensos, especialmente en organismos que deben analizar grandes volúmenes de antecedentes con equipos reducidos.. Como ejemplo, mencionó el proyecto de expansión de la mina El Abra, cuyo expediente ambiental alcanza las 47.000 páginas, mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta dispone de cuatro revisores para esa iniciativa y otros proyectos.. El jefe de la OASI estimó que la aplicación de inteligencia artificial podría permitir reducciones significativas en los tiempos de tramitación, incluso superiores al 80% en determinados procesos.. Actualmente, la oficina desarrolla un programa piloto para revisar solicitudes de concesiones marítimas en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, procedimiento que demora entre cuatro y cinco años en promedio.. Briones advirtió, no obstante, que las mismas tecnologías también pueden facilitar la presentación de impugnaciones y observaciones contra proyectos, por lo que insistió en la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos simples.. Los avances en permisos coinciden con mejores perspectivas para la inversión. Durante los doce meses terminados en agosto, el SEIA aprobó iniciativas por US$63.503 millones, aproximadamente el triple del promedio registrado desde 2015.. Sin embargo, una parte importante de esos proyectos ingresó a evaluación durante el Gobierno anterior, por lo que las cifras no pueden atribuirse exclusivamente a las medidas de la actual administración.. En tanto, el Banco Central proyecta un crecimiento de la inversión de 8,1% para 2027.. Con estos antecedentes, el Ejecutivo busca consolidar una reducción sostenida de los tiempos administrativos, aunque especialistas advierten que el principal desafío será extender los avances de gestión a la evaluación ambiental, la resolución judicial de controversias y la ejecución efectiva de los proyectos. (NP-ChatGPT-Emol)
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