El gobierno del Presidente José Antonio Kast retirará su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, luego del rechazo que generaron en el Congreso la creación de un nuevo estado de excepción de 120 días y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En su reemplazo, La Moneda respaldará una propuesta elaborada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), cuyo ingreso al Senado está previsto a más tardar para este martes.
La nueva iniciativa buscará establecer acuerdos legislativos en torno a tres materias: el combate al crimen organizado, la regulación de regímenes especiales de seguridad penitenciaria y modificaciones operativas al estado de excepción de emergencia actualmente contemplado en la Constitución.
La reformulación se produce después de que la propuesta original del Ejecutivo enfrentara reparos de distintos sectores políticos, especialmente por las atribuciones extraordinarias que contemplaba para las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Entre los puntos que quedarán fuera del nuevo texto figuran la creación de una quinta categoría de estado de excepción constitucional y la facultad de realizar interceptaciones telefónicas y de otras comunicaciones sin una orden judicial previa.
Pese al intento de alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición, la elaboración de la propuesta alternativa también generó diferencias entre los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó que el proyecto fuera presentado como resultado de un entendimiento transversal y aclaró que no participó en su redacción.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) manifestó dudas sobre la necesidad de modificar la Constitución para abordar los problemas de seguridad considerados en la iniciativa.
La parlamentaria sostuvo que algunas de las medidas pueden implementarse mediante reformas legales, sin incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental.
“Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo, sí de que hay que mejorar legislaciones, como por ejemplo elevar el rango de los reglamentos penitenciarios a leyes orgánicas, no a la Constitución”, afirmó.
Pascual agregó que, a su juicio, las materias actualmente en discusión no requieren necesariamente una reforma constitucional y planteó que primero debe establecerse cuáles son los cambios normativos indispensables.
Frente a los cuestionamientos por la participación de las distintas bancadas, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, rechazó que se haya excluido deliberadamente a representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista.
El legislador aseguró que se extendieron invitaciones y se compartió el contenido de la propuesta, aunque reconoció que cada parlamentario tiene derecho a decidir si participa o suscribe el proyecto.
“Es legítimo no estar disponible para firmar un proyecto”, sostuvo Squella, quien llamó a superar las diferencias surgidas durante las conversaciones y concentrar el trabajo legislativo en las herramientas destinadas a enfrentar al crimen organizado.
El senador republicano afirmó que espera contar con la disposición de otras bancadas una vez que conozcan el texto definitivo, elaborado junto con Araya y Longton.
Squella también defendió los objetivos que perseguía la reforma original del Ejecutivo, aunque admitió que la creación de un nuevo estado de excepción no era estrictamente indispensable.
Según explicó, una de las prioridades del Gobierno era disponer de mecanismos que permitieran una actuación más efectiva del Estado cuando existieran antecedentes suficientes sobre la ubicación de personas vinculadas a investigaciones judiciales por delitos graves.
El parlamentario sostuvo que esas herramientas deben permitir intervenciones oportunas contra organizaciones criminales, aunque el nuevo proyecto ya no contemplará algunas de las atribuciones excepcionales que habían generado mayor resistencia legislativa.
La decisión de retirar la propuesta inicial se produce después de las dificultades del Ejecutivo para reunir los apoyos necesarios en el Congreso y de las conversaciones impulsadas por senadores de distintos sectores para establecer una alternativa.
El nuevo texto deberá iniciar su tramitación en la Cámara Alta, donde persistirán las diferencias respecto de las materias que requieren cambios constitucionales y aquellas que pueden abordarse mediante modificaciones a la legislación vigente. (NP-ChatGPT-Cooperativa)
La entrada Gbno. afirma que apoyará propuesta alternativa de senadores si hay consenso: reparos PC y PS se publicó primero en Nuevo Poder.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast retirará su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, luego del rechazo que generaron en el Congreso la creación de un nuevo estado de excepción de 120 días y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En su reemplazo, La Moneda respaldará una propuesta elaborada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), cuyo ingreso al Senado está previsto a más tardar para este martes.. La nueva iniciativa buscará establecer acuerdos legislativos en torno a tres materias: el combate al crimen organizado, la regulación de regímenes especiales de seguridad penitenciaria y modificaciones operativas al estado de excepción de emergencia actualmente contemplado en la Constitución.. La reformulación se produce después de que la propuesta original del Ejecutivo enfrentara reparos de distintos sectores políticos, especialmente por las atribuciones extraordinarias que contemplaba para las autoridades encargadas de la seguridad pública.. Entre los puntos que quedarán fuera del nuevo texto figuran la creación de una quinta categoría de estado de excepción constitucional y la facultad de realizar interceptaciones telefónicas y de otras comunicaciones sin una orden judicial previa.. Pese al intento de alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición, la elaboración de la propuesta alternativa también generó diferencias entre los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado.. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó que el proyecto fuera presentado como resultado de un entendimiento transversal y aclaró que no participó en su redacción.. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) manifestó dudas sobre la necesidad de modificar la Constitución para abordar los problemas de seguridad considerados en la iniciativa.. La parlamentaria sostuvo que algunas de las medidas pueden implementarse mediante reformas legales, sin incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental.. “Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo, sí de que hay que mejorar legislaciones, como por ejemplo elevar el rango de los reglamentos penitenciarios a leyes orgánicas, no a la Constitución”, afirmó.. Pascual agregó que, a su juicio, las materias actualmente en discusión no requieren necesariamente una reforma constitucional y planteó que primero debe establecerse cuáles son los cambios normativos indispensables.. Frente a los cuestionamientos por la participación de las distintas bancadas, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, rechazó que se haya excluido deliberadamente a representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista.. El legislador aseguró que se extendieron invitaciones y se compartió el contenido de la propuesta, aunque reconoció que cada parlamentario tiene derecho a decidir si participa o suscribe el proyecto.. “Es legítimo no estar disponible para firmar un proyecto”, sostuvo Squella, quien llamó a superar las diferencias surgidas durante las conversaciones y concentrar el trabajo legislativo en las herramientas destinadas a enfrentar al crimen organizado.. El senador republicano afirmó que espera contar con la disposición de otras bancadas una vez que conozcan el texto definitivo, elaborado junto con Araya y Longton.. Squella también defendió los objetivos que perseguía la reforma original del Ejecutivo, aunque admitió que la creación de un nuevo estado de excepción no era estrictamente indispensable.. Según explicó, una de las prioridades del Gobierno era disponer de mecanismos que permitieran una actuación más efectiva del Estado cuando existieran antecedentes suficientes sobre la ubicación de personas vinculadas a investigaciones judiciales por delitos graves.. El parlamentario sostuvo que esas herramientas deben permitir intervenciones oportunas contra organizaciones criminales, aunque el nuevo proyecto ya no contemplará algunas de las atribuciones excepcionales que habían generado mayor resistencia legislativa.. La decisión de retirar la propuesta inicial se produce después de las dificultades del Ejecutivo para reunir los apoyos necesarios en el Congreso y de las conversaciones impulsadas por senadores de distintos sectores para establecer una alternativa.. El nuevo texto deberá iniciar su tramitación en la Cámara Alta, donde persistirán las diferencias respecto de las materias que requieren cambios constitucionales y aquellas que pueden abordarse mediante modificaciones a la legislación vigente. (NP-ChatGPT-Cooperativa). La entrada Gbno. afirma que apoyará propuesta alternativa de senadores si hay consenso: reparos PC y PS se publicó primero en Nuevo Poder.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast retirará su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, luego del rechazo que generaron en el Congreso la creación de un nuevo estado de excepción de 120 días y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En su reemplazo, La Moneda respaldará una propuesta elaborada por La entrada Gbno. afirma que apoyará propuesta alternativa de senadores si hay consenso: reparos PC y PS se publicó primero en Nuevo Poder.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast retirará su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, luego del rechazo que generaron en el Congreso la creación de un nuevo estado de excepción de 120 días y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. En su reemplazo, La Moneda respaldará una propuesta elaborada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), cuyo ingreso al Senado está previsto a más tardar para este martes.. La nueva iniciativa buscará establecer acuerdos legislativos en torno a tres materias: el combate al crimen organizado, la regulación de regímenes especiales de seguridad penitenciaria y modificaciones operativas al estado de excepción de emergencia actualmente contemplado en la Constitución.. La reformulación se produce después de que la propuesta original del Ejecutivo enfrentara reparos de distintos sectores políticos, especialmente por las atribuciones extraordinarias que contemplaba para las autoridades encargadas de la seguridad pública.. Entre los puntos que quedarán fuera del nuevo texto figuran la creación de una quinta categoría de estado de excepción constitucional y la facultad de realizar interceptaciones telefónicas y de otras comunicaciones sin una orden judicial previa.. Pese al intento de alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición, la elaboración de la propuesta alternativa también generó diferencias entre los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado.. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó que el proyecto fuera presentado como resultado de un entendimiento transversal y aclaró que no participó en su redacción.. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) manifestó dudas sobre la necesidad de modificar la Constitución para abordar los problemas de seguridad considerados en la iniciativa.. La parlamentaria sostuvo que algunas de las medidas pueden implementarse mediante reformas legales, sin incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental.. “Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo, sí de que hay que mejorar legislaciones, como por ejemplo elevar el rango de los reglamentos penitenciarios a leyes orgánicas, no a la Constitución”, afirmó.. Pascual agregó que, a su juicio, las materias actualmente en discusión no requieren necesariamente una reforma constitucional y planteó que primero debe establecerse cuáles son los cambios normativos indispensables.. Frente a los cuestionamientos por la participación de las distintas bancadas, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, rechazó que se haya excluido deliberadamente a representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista.. El legislador aseguró que se extendieron invitaciones y se compartió el contenido de la propuesta, aunque reconoció que cada parlamentario tiene derecho a decidir si participa o suscribe el proyecto.. “Es legítimo no estar disponible para firmar un proyecto”, sostuvo Squella, quien llamó a superar las diferencias surgidas durante las conversaciones y concentrar el trabajo legislativo en las herramientas destinadas a enfrentar al crimen organizado.. El senador republicano afirmó que espera contar con la disposición de otras bancadas una vez que conozcan el texto definitivo, elaborado junto con Araya y Longton.. Squella también defendió los objetivos que perseguía la reforma original del Ejecutivo, aunque admitió que la creación de un nuevo estado de excepción no era estrictamente indispensable.. Según explicó, una de las prioridades del Gobierno era disponer de mecanismos que permitieran una actuación más efectiva del Estado cuando existieran antecedentes suficientes sobre la ubicación de personas vinculadas a investigaciones judiciales por delitos graves.. El parlamentario sostuvo que esas herramientas deben permitir intervenciones oportunas contra organizaciones criminales, aunque el nuevo proyecto ya no contemplará algunas de las atribuciones excepcionales que habían generado mayor resistencia legislativa.. La decisión de retirar la propuesta inicial se produce después de las dificultades del Ejecutivo para reunir los apoyos necesarios en el Congreso y de las conversaciones impulsadas por senadores de distintos sectores para establecer una alternativa.. El nuevo texto deberá iniciar su tramitación en la Cámara Alta, donde persistirán las diferencias respecto de las materias que requieren cambios constitucionales y aquellas que pueden abordarse mediante modificaciones a la legislación vigente. (NP-ChatGPT-Cooperativa)
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