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  Política  Comisión revisora de la AC contra Rabat queda con mayoría de oposición y sin republicanos
Política

Comisión revisora de la AC contra Rabat queda con mayoría de oposición y sin republicanos

estrechonoticias.comestrechonoticias.com—16 de noviembre de 2026
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La Cámara de Diputadas y Diputados conformó este lunes la comisión encargada de examinar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien responsabilizan de presuntas infracciones constitucionales y legales relacionadas con la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La instancia quedó integrada por los diputados Carlos Chandía, de Renovación Nacional (RN); Lorena Pizarro, del Partido Comunista (PC); Germán Verdugo, del Partido Nacional Libertario (PNL); Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), y Lorena Fries, del Frente Amplio (FA).

La selección se realizó mediante un sorteo en la Cámara Baja, luego de excluir de la nómina a los integrantes de la Mesa de la corporación y a los parlamentarios que suscribieron el libelo acusatorio. Los cinco legisladores deberán revisar los antecedentes, escuchar los argumentos correspondientes y elaborar un informe que servirá de base para la posterior discusión de la acusación en la Sala.

El documento presentado por las bancadas opositoras consta de 189 páginas de argumentación y alcanza las 4.056 páginas al incorporar sus anexos. Su contenido se estructura en tres capítulos acusatorios que atribuyen al secretario de Estado eventuales incumplimientos de sus obligaciones constitucionales y legales.

El primer capítulo cuestiona la firma de decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Según los acusadores, estas decisiones habrían contravenido el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, modificado por la Ley N.º 21.421, que establece exclusiones para determinados delitos sexuales contra menores de edad respecto del beneficio de reducción de penas.

La oposición sostiene que la actuación del ministro también habría desconocido las obligaciones estatales de protección de la infancia, contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación chilena sobre garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En este mismo capítulo, los parlamentarios atribuyen a Rabat un presunto abuso de poder, argumentando que habría adoptado decisiones administrativas sobre materias que correspondía resolver individualmente a los tribunales de justicia. Asimismo, cuestionan la suspensión de la tramitación de postulaciones al beneficio y una eventual falta de supervisión sobre la correcta aplicación de la normativa dentro del Ministerio de Justicia.

El segundo capítulo aborda las reducciones de condenas concedidas a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad. Los acusadores sostienen que el secretario de Estado habría omitido considerar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorporado al ordenamiento jurídico chileno mediante el Decreto N.º 104 de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el escrito, esta omisión constituiría una infracción a las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Constitución, que exige a los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos reconocidos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La acusación plantea que el ministro no habría verificado adecuadamente los requisitos aplicables a la reducción de penas por delitos de lesa humanidad, cuestión que, a juicio de los parlamentarios firmantes, comprometería la responsabilidad constitucional del titular de Justicia.

El tercer capítulo se concentra en eventuales incumplimientos del deber de probidad y transparencia. En particular, se acusa a Rabat de haber entregado información presuntamente inexacta o incompleta, además de omitir antecedentes relevantes en sus comunicaciones con el Congreso Nacional y la opinión pública.

Para fundamentar este cuestionamiento, los acusadores invocan el artículo 8 de la Constitución y disposiciones de la legislación sobre probidad administrativa, que establecen obligaciones de conducta y transparencia para quienes desempeñan funciones públicas.

La presentación del libelo se produce en medio de una controversia política por las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia respecto de los beneficios de reducción de condenas, situación que ha generado cuestionamientos desde la oposición y diferencias dentro del propio oficialismo sobre la continuidad del secretario de Estado.

Durante esta jornada también se dio cuenta formal de la acusación constitucional ante la Sala de la Cámara, dando inicio a una nueva etapa de su tramitación parlamentaria.

La comisión revisora deberá analizar los fundamentos jurídicos y políticos del escrito, junto con los antecedentes y descargos que presente la defensa del ministro. Su informe tendrá carácter no vinculante, por lo que corresponderá a la Sala determinar si la acusación reúne los votos necesarios para continuar su tramitación.

En caso de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la acusación será remitida al Senado, organismo al que corresponde actuar como jurado y resolver sobre la responsabilidad constitucional del secretario de Estado, conforme a las disposiciones vigentes.

Por ahora, las infracciones atribuidas a Rabat corresponden a acusaciones formuladas por los parlamentarios opositores y no constituyen hechos establecidos por una resolución definitiva.

UDI ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISIÓN

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó la composición de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, argumentando que algunos de sus integrantes han manifestado posiciones anticipadas sobre el caso y carecerían de la imparcialidad necesaria para evaluar los antecedentes y la defensa del secretario de Estado.

Los cuestionamientos fueron encabezados por los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes apuntaron directamente a Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA), tres de los parlamentarios seleccionados mediante el sorteo realizado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

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Según los representantes gremialistas, los legisladores mencionados habrían emitido declaraciones públicas que evidencian una postura previa frente a la acusación constitucional. Además, sostuvieron que algunos participaron en la elaboración del documento acusatorio, situación que, a su juicio, compromete las garantías de una revisión imparcial.

La controversia surge luego de que se conformara la comisión revisora con mayoría opositora, instancia que deberá examinar los fundamentos de la acusación y los argumentos que presente la defensa del ministro antes de emitir su informe a la Sala.

Uno de los principales cuestionamientos de la UDI se concentró en las declaraciones del diputado Raúl Soto, quien sostuvo que los parlamentarios deberán decidir si se sitúan del lado de las víctimas o de los victimarios al momento de votar la acusación.

Weisse y Bobadilla calificaron esos dichos como una forma de «extorsión moral», al considerar que plantean una disyuntiva que condiciona anticipadamente la discusión parlamentaria y dificulta un análisis centrado en los antecedentes del caso.

Los diputados oficialistas también recordaron declaraciones de Lorena Pizarro, quien estableció comparaciones con crímenes cometidos durante la dictadura, y cuestionaron las posiciones expresadas por Lorena Fries respecto de los indultos.

A juicio de la bancada gremialista, estos antecedentes reflejan que los tres parlamentarios ya habrían adoptado una posición política frente al titular de Justicia, incluso antes de iniciar formalmente el trabajo de la comisión.

Los representantes de la UDI afirmaron, además, que Soto, Pizarro y Fries han desconocido previamente a Rabat como interlocutor válido, lo que consideran incompatible con una evaluación equilibrada de su defensa.

En ese contexto, Weisse y Bobadilla solicitaron acelerar la tramitación de la acusación constitucional, argumentando que prolongar el procedimiento carecería de justificación si algunos integrantes de la comisión ya tienen una opinión definida sobre su resultado.

«No tiene ningún sentido dilatar la tramitación de esta acusación», señalaron los parlamentarios, quienes insistieron en que el Congreso debe resolver el proceso sin extender innecesariamente sus plazos.

La bancada también acusó que una prolongación de la discusión podría utilizarse con fines políticos, en lugar de contribuir al esclarecimiento de las responsabilidades que se atribuyen al secretario de Estado.

En esa línea, los diputados advirtieron que mantener una tramitación extensa podría responder al propósito de «instrumentalizar a las víctimas para así perjudicar al Gobierno».

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de tensión entre el oficialismo y la oposición por la acusación constitucional contra Rabat, cuyo futuro dependerá de la evaluación parlamentaria y de la posterior votación en la Cámara.

La comisión revisora tiene la tarea de analizar los antecedentes de la presentación y recibir los argumentos de las partes involucradas. Su informe constituye una etapa del procedimiento, aunque no determina por sí solo el resultado de la acusación.

Los cuestionamientos de la UDI apuntan principalmente a la legitimidad política de la composición de la instancia. Las afirmaciones sobre una eventual falta de imparcialidad corresponden a la posición expresada por la bancada y no constituyen una resolución institucional sobre la actuación de los diputados mencionados.

Por ahora, la controversia anticipa una discusión marcada tanto por el contenido de la acusación constitucional como por las diferencias entre los sectores políticos respecto de la forma en que debe desarrollarse su revisión.

Mientras la UDI exige una tramitación más rápida y cuestiona la conducta previa de algunos integrantes de la comisión, el proceso deberá continuar conforme a las reglas parlamentarias que regulan este mecanismo de fiscalización y responsabilidad constitucional. (NP-ChatGPT-La Tercera-ADN)

La entrada Comisión revisora de la AC contra Rabat queda con mayoría de oposición y sin republicanos se publicó primero en Nuevo Poder.

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La Cámara de Diputadas y Diputados conformó este lunes la comisión encargada de examinar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien responsabilizan de presuntas infracciones constitucionales y legales relacionadas con la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.. La instancia quedó integrada por los diputados Carlos Chandía, de Renovación Nacional (RN); Lorena Pizarro, del Partido Comunista (PC); Germán Verdugo, del Partido Nacional Libertario (PNL); Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), y Lorena Fries, del Frente Amplio (FA).. La selección se realizó mediante un sorteo en la Cámara Baja, luego de excluir de la nómina a los integrantes de la Mesa de la corporación y a los parlamentarios que suscribieron el libelo acusatorio. Los cinco legisladores deberán revisar los antecedentes, escuchar los argumentos correspondientes y elaborar un informe que servirá de base para la posterior discusión de la acusación en la Sala.. El documento presentado por las bancadas opositoras consta de 189 páginas de argumentación y alcanza las 4.056 páginas al incorporar sus anexos. Su contenido se estructura en tres capítulos acusatorios que atribuyen al secretario de Estado eventuales incumplimientos de sus obligaciones constitucionales y legales.. El primer capítulo cuestiona la firma de decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Según los acusadores, estas decisiones habrían contravenido el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, modificado por la Ley N.º 21.421, que establece exclusiones para determinados delitos sexuales contra menores de edad respecto del beneficio de reducción de penas.. La oposición sostiene que la actuación del ministro también habría desconocido las obligaciones estatales de protección de la infancia, contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación chilena sobre garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.. En este mismo capítulo, los parlamentarios atribuyen a Rabat un presunto abuso de poder, argumentando que habría adoptado decisiones administrativas sobre materias que correspondía resolver individualmente a los tribunales de justicia. Asimismo, cuestionan la suspensión de la tramitación de postulaciones al beneficio y una eventual falta de supervisión sobre la correcta aplicación de la normativa dentro del Ministerio de Justicia.. El segundo capítulo aborda las reducciones de condenas concedidas a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad. Los acusadores sostienen que el secretario de Estado habría omitido considerar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorporado al ordenamiento jurídico chileno mediante el Decreto N.º 104 de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores.. Según el escrito, esta omisión constituiría una infracción a las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Constitución, que exige a los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos reconocidos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.. La acusación plantea que el ministro no habría verificado adecuadamente los requisitos aplicables a la reducción de penas por delitos de lesa humanidad, cuestión que, a juicio de los parlamentarios firmantes, comprometería la responsabilidad constitucional del titular de Justicia.. El tercer capítulo se concentra en eventuales incumplimientos del deber de probidad y transparencia. En particular, se acusa a Rabat de haber entregado información presuntamente inexacta o incompleta, además de omitir antecedentes relevantes en sus comunicaciones con el Congreso Nacional y la opinión pública.. Para fundamentar este cuestionamiento, los acusadores invocan el artículo 8 de la Constitución y disposiciones de la legislación sobre probidad administrativa, que establecen obligaciones de conducta y transparencia para quienes desempeñan funciones públicas.. La presentación del libelo se produce en medio de una controversia política por las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia respecto de los beneficios de reducción de condenas, situación que ha generado cuestionamientos desde la oposición y diferencias dentro del propio oficialismo sobre la continuidad del secretario de Estado.. Durante esta jornada también se dio cuenta formal de la acusación constitucional ante la Sala de la Cámara, dando inicio a una nueva etapa de su tramitación parlamentaria.. La comisión revisora deberá analizar los fundamentos jurídicos y políticos del escrito, junto con los antecedentes y descargos que presente la defensa del ministro. Su informe tendrá carácter no vinculante, por lo que corresponderá a la Sala determinar si la acusación reúne los votos necesarios para continuar su tramitación.. En caso de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la acusación será remitida al Senado, organismo al que corresponde actuar como jurado y resolver sobre la responsabilidad constitucional del secretario de Estado, conforme a las disposiciones vigentes.. Por ahora, las infracciones atribuidas a Rabat corresponden a acusaciones formuladas por los parlamentarios opositores y no constituyen hechos establecidos por una resolución definitiva.. UDI ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISIÓN. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó la composición de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, argumentando que algunos de sus integrantes han manifestado posiciones anticipadas sobre el caso y carecerían de la imparcialidad necesaria para evaluar los antecedentes y la defensa del secretario de Estado.. Los cuestionamientos fueron encabezados por los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes apuntaron directamente a Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA), tres de los parlamentarios seleccionados mediante el sorteo realizado en la Cámara de Diputadas y Diputados.. Según los representantes gremialistas, los legisladores mencionados habrían emitido declaraciones públicas que evidencian una postura previa frente a la acusación constitucional. Además, sostuvieron que algunos participaron en la elaboración del documento acusatorio, situación que, a su juicio, compromete las garantías de una revisión imparcial.. La controversia surge luego de que se conformara la comisión revisora con mayoría opositora, instancia que deberá examinar los fundamentos de la acusación y los argumentos que presente la defensa del ministro antes de emitir su informe a la Sala.. Uno de los principales cuestionamientos de la UDI se concentró en las declaraciones del diputado Raúl Soto, quien sostuvo que los parlamentarios deberán decidir si se sitúan del lado de las víctimas o de los victimarios al momento de votar la acusación.. Weisse y Bobadilla calificaron esos dichos como una forma de «extorsión moral», al considerar que plantean una disyuntiva que condiciona anticipadamente la discusión parlamentaria y dificulta un análisis centrado en los antecedentes del caso.. Los diputados oficialistas también recordaron declaraciones de Lorena Pizarro, quien estableció comparaciones con crímenes cometidos durante la dictadura, y cuestionaron las posiciones expresadas por Lorena Fries respecto de los indultos.. A juicio de la bancada gremialista, estos antecedentes reflejan que los tres parlamentarios ya habrían adoptado una posición política frente al titular de Justicia, incluso antes de iniciar formalmente el trabajo de la comisión.. Los representantes de la UDI afirmaron, además, que Soto, Pizarro y Fries han desconocido previamente a Rabat como interlocutor válido, lo que consideran incompatible con una evaluación equilibrada de su defensa.. En ese contexto, Weisse y Bobadilla solicitaron acelerar la tramitación de la acusación constitucional, argumentando que prolongar el procedimiento carecería de justificación si algunos integrantes de la comisión ya tienen una opinión definida sobre su resultado.. «No tiene ningún sentido dilatar la tramitación de esta acusación», señalaron los parlamentarios, quienes insistieron en que el Congreso debe resolver el proceso sin extender innecesariamente sus plazos.. La bancada también acusó que una prolongación de la discusión podría utilizarse con fines políticos, en lugar de contribuir al esclarecimiento de las responsabilidades que se atribuyen al secretario de Estado.. En esa línea, los diputados advirtieron que mantener una tramitación extensa podría responder al propósito de «instrumentalizar a las víctimas para así perjudicar al Gobierno».. Las declaraciones se producen en medio de un escenario de tensión entre el oficialismo y la oposición por la acusación constitucional contra Rabat, cuyo futuro dependerá de la evaluación parlamentaria y de la posterior votación en la Cámara.. La comisión revisora tiene la tarea de analizar los antecedentes de la presentación y recibir los argumentos de las partes involucradas. Su informe constituye una etapa del procedimiento, aunque no determina por sí solo el resultado de la acusación.. Los cuestionamientos de la UDI apuntan principalmente a la legitimidad política de la composición de la instancia. Las afirmaciones sobre una eventual falta de imparcialidad corresponden a la posición expresada por la bancada y no constituyen una resolución institucional sobre la actuación de los diputados mencionados.. Por ahora, la controversia anticipa una discusión marcada tanto por el contenido de la acusación constitucional como por las diferencias entre los sectores políticos respecto de la forma en que debe desarrollarse su revisión.. Mientras la UDI exige una tramitación más rápida y cuestiona la conducta previa de algunos integrantes de la comisión, el proceso deberá continuar conforme a las reglas parlamentarias que regulan este mecanismo de fiscalización y responsabilidad constitucional. (NP-ChatGPT-La Tercera-ADN). La entrada Comisión revisora de la AC contra Rabat queda con mayoría de oposición y sin republicanos se publicó primero en Nuevo Poder.

 

La Cámara de Diputadas y Diputados conformó este lunes la comisión encargada de examinar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien responsabilizan de presuntas infracciones constitucionales y legales relacionadas con la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores La entrada Comisión revisora de la AC contra Rabat queda con mayoría de oposición y sin republicanos se publicó primero en Nuevo Poder.

  

La Cámara de Diputadas y Diputados conformó este lunes la comisión encargada de examinar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien responsabilizan de presuntas infracciones constitucionales y legales relacionadas con la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.. La instancia quedó integrada por los diputados Carlos Chandía, de Renovación Nacional (RN); Lorena Pizarro, del Partido Comunista (PC); Germán Verdugo, del Partido Nacional Libertario (PNL); Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), y Lorena Fries, del Frente Amplio (FA).. La selección se realizó mediante un sorteo en la Cámara Baja, luego de excluir de la nómina a los integrantes de la Mesa de la corporación y a los parlamentarios que suscribieron el libelo acusatorio. Los cinco legisladores deberán revisar los antecedentes, escuchar los argumentos correspondientes y elaborar un informe que servirá de base para la posterior discusión de la acusación en la Sala.. El documento presentado por las bancadas opositoras consta de 189 páginas de argumentación y alcanza las 4.056 páginas al incorporar sus anexos. Su contenido se estructura en tres capítulos acusatorios que atribuyen al secretario de Estado eventuales incumplimientos de sus obligaciones constitucionales y legales.. El primer capítulo cuestiona la firma de decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Según los acusadores, estas decisiones habrían contravenido el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, modificado por la Ley N.º 21.421, que establece exclusiones para determinados delitos sexuales contra menores de edad respecto del beneficio de reducción de penas.. La oposición sostiene que la actuación del ministro también habría desconocido las obligaciones estatales de protección de la infancia, contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación chilena sobre garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.. En este mismo capítulo, los parlamentarios atribuyen a Rabat un presunto abuso de poder, argumentando que habría adoptado decisiones administrativas sobre materias que correspondía resolver individualmente a los tribunales de justicia. Asimismo, cuestionan la suspensión de la tramitación de postulaciones al beneficio y una eventual falta de supervisión sobre la correcta aplicación de la normativa dentro del Ministerio de Justicia.. El segundo capítulo aborda las reducciones de condenas concedidas a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad. Los acusadores sostienen que el secretario de Estado habría omitido considerar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorporado al ordenamiento jurídico chileno mediante el Decreto N.º 104 de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores.. Según el escrito, esta omisión constituiría una infracción a las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Constitución, que exige a los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos reconocidos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.. La acusación plantea que el ministro no habría verificado adecuadamente los requisitos aplicables a la reducción de penas por delitos de lesa humanidad, cuestión que, a juicio de los parlamentarios firmantes, comprometería la responsabilidad constitucional del titular de Justicia.. El tercer capítulo se concentra en eventuales incumplimientos del deber de probidad y transparencia. En particular, se acusa a Rabat de haber entregado información presuntamente inexacta o incompleta, además de omitir antecedentes relevantes en sus comunicaciones con el Congreso Nacional y la opinión pública.. Para fundamentar este cuestionamiento, los acusadores invocan el artículo 8 de la Constitución y disposiciones de la legislación sobre probidad administrativa, que establecen obligaciones de conducta y transparencia para quienes desempeñan funciones públicas.. La presentación del libelo se produce en medio de una controversia política por las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia respecto de los beneficios de reducción de condenas, situación que ha generado cuestionamientos desde la oposición y diferencias dentro del propio oficialismo sobre la continuidad del secretario de Estado.. Durante esta jornada también se dio cuenta formal de la acusación constitucional ante la Sala de la Cámara, dando inicio a una nueva etapa de su tramitación parlamentaria.. La comisión revisora deberá analizar los fundamentos jurídicos y políticos del escrito, junto con los antecedentes y descargos que presente la defensa del ministro. Su informe tendrá carácter no vinculante, por lo que corresponderá a la Sala determinar si la acusación reúne los votos necesarios para continuar su tramitación.. En caso de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la acusación será remitida al Senado, organismo al que corresponde actuar como jurado y resolver sobre la responsabilidad constitucional del secretario de Estado, conforme a las disposiciones vigentes.. Por ahora, las infracciones atribuidas a Rabat corresponden a acusaciones formuladas por los parlamentarios opositores y no constituyen hechos establecidos por una resolución definitiva.. UDI ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISIÓN. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó la composición de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, argumentando que algunos de sus integrantes han manifestado posiciones anticipadas sobre el caso y carecerían de la imparcialidad necesaria para evaluar los antecedentes y la defensa del secretario de Estado.. Los cuestionamientos fueron encabezados por los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes apuntaron directamente a Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA), tres de los parlamentarios seleccionados mediante el sorteo realizado en la Cámara de Diputadas y Diputados.. Según los representantes gremialistas, los legisladores mencionados habrían emitido declaraciones públicas que evidencian una postura previa frente a la acusación constitucional. Además, sostuvieron que algunos participaron en la elaboración del documento acusatorio, situación que, a su juicio, compromete las garantías de una revisión imparcial.. La controversia surge luego de que se conformara la comisión revisora con mayoría opositora, instancia que deberá examinar los fundamentos de la acusación y los argumentos que presente la defensa del ministro antes de emitir su informe a la Sala.. Uno de los principales cuestionamientos de la UDI se concentró en las declaraciones del diputado Raúl Soto, quien sostuvo que los parlamentarios deberán decidir si se sitúan del lado de las víctimas o de los victimarios al momento de votar la acusación.. Weisse y Bobadilla calificaron esos dichos como una forma de «extorsión moral», al considerar que plantean una disyuntiva que condiciona anticipadamente la discusión parlamentaria y dificulta un análisis centrado en los antecedentes del caso.. Los diputados oficialistas también recordaron declaraciones de Lorena Pizarro, quien estableció comparaciones con crímenes cometidos durante la dictadura, y cuestionaron las posiciones expresadas por Lorena Fries respecto de los indultos.. A juicio de la bancada gremialista, estos antecedentes reflejan que los tres parlamentarios ya habrían adoptado una posición política frente al titular de Justicia, incluso antes de iniciar formalmente el trabajo de la comisión.. Los representantes de la UDI afirmaron, además, que Soto, Pizarro y Fries han desconocido previamente a Rabat como interlocutor válido, lo que consideran incompatible con una evaluación equilibrada de su defensa.. En ese contexto, Weisse y Bobadilla solicitaron acelerar la tramitación de la acusación constitucional, argumentando que prolongar el procedimiento carecería de justificación si algunos integrantes de la comisión ya tienen una opinión definida sobre su resultado.. «No tiene ningún sentido dilatar la tramitación de esta acusación», señalaron los parlamentarios, quienes insistieron en que el Congreso debe resolver el proceso sin extender innecesariamente sus plazos.. La bancada también acusó que una prolongación de la discusión podría utilizarse con fines políticos, en lugar de contribuir al esclarecimiento de las responsabilidades que se atribuyen al secretario de Estado.. En esa línea, los diputados advirtieron que mantener una tramitación extensa podría responder al propósito de «instrumentalizar a las víctimas para así perjudicar al Gobierno».. Las declaraciones se producen en medio de un escenario de tensión entre el oficialismo y la oposición por la acusación constitucional contra Rabat, cuyo futuro dependerá de la evaluación parlamentaria y de la posterior votación en la Cámara.. La comisión revisora tiene la tarea de analizar los antecedentes de la presentación y recibir los argumentos de las partes involucradas. Su informe constituye una etapa del procedimiento, aunque no determina por sí solo el resultado de la acusación.. Los cuestionamientos de la UDI apuntan principalmente a la legitimidad política de la composición de la instancia. Las afirmaciones sobre una eventual falta de imparcialidad corresponden a la posición expresada por la bancada y no constituyen una resolución institucional sobre la actuación de los diputados mencionados.. Por ahora, la controversia anticipa una discusión marcada tanto por el contenido de la acusación constitucional como por las diferencias entre los sectores políticos respecto de la forma en que debe desarrollarse su revisión.. Mientras la UDI exige una tramitación más rápida y cuestiona la conducta previa de algunos integrantes de la comisión, el proceso deberá continuar conforme a las reglas parlamentarias que regulan este mecanismo de fiscalización y responsabilidad constitucional. (NP-ChatGPT-La Tercera-ADN)

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