La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado proyecto antibarricadas 2.0, iniciativa que busca ampliar las conductas sancionadas por la interrupción de vías y del funcionamiento de servicios de transporte público o privado.
El proyecto fue respaldado por 89 diputados, mientras 41 votaron en contra y tres se abstuvieron. La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo.
Durante la discusión, la Cámara aprobó además una indicación presentada por el diputado Raúl Leiva (PS) destinada a establecer expresamente que las nuevas disposiciones no se aplicarán cuando una persona esté ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
La modificación obtuvo 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, sumando apoyos de parlamentarios de oposición y también de representantes del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario.
El proyecto propone modificar el artículo 268 septies del Código Penal para ampliar las hipótesis relacionadas con la interrupción u obstaculización, total o parcial, de la circulación de personas y vehículos, así como del normal funcionamiento de medios o servicios de transporte de pasajeros o carga.
Una de las disposiciones establece una multa de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales para quien, sin autorización o excediendo las condiciones establecidas por la autoridad, interrumpa u obstaculice la circulación o el funcionamiento del transporte y posteriormente no obedezca un requerimiento claro de la autoridad competente, pudiendo hacerlo.
La propuesta contempla además una hipótesis sancionada con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 10 y 20 UTM para determinadas conductas de interrupción u obstaculización, incluso cuando no exista un requerimiento previo de la autoridad.
El texto aumenta las sanciones cuando las acciones impidan el desplazamiento de vehículos policiales, de Bomberos u otros destinados a atender emergencias. Para esos casos se contempla presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM.
La discusión parlamentaria estuvo marcada por las diferencias respecto del alcance que las nuevas normas podrían tener sobre las manifestaciones públicas. Desde sectores oficialistas se defendió la necesidad de proteger la libre circulación y el funcionamiento del transporte, mientras representantes de la oposición advirtieron sobre eventuales efectos en el ejercicio del derecho a protesta.
El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que el respaldo a una determinada demanda no puede justificar la vulneración de los derechos de otras personas. En una línea similar, Juan Irarrázaval (Republicano) planteó que la legislación vigente resulta insuficiente y defendió la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al desplazamiento.
Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro cuestionó que la propuesta pueda utilizarse para criminalizar movilizaciones sociales y anunció que, de avanzar la iniciativa, evaluaría recurrir al Tribunal Constitucional u otras instancias.
El diputado Gonzalo Winter (FA), en tanto, criticó que una iniciativa incorporada a la agenda contra el crimen organizado se concentre en este tipo de conductas. También sostuvo que sus disposiciones podrían afectar manifestaciones pacíficas y pidió que las normas sean aplicadas con los mismos criterios ante protestas realizadas por distintos sectores.
José Antonio Rivas (PS) formuló reparos respecto de la amplitud de algunas de las conductas sancionadas y cuestionó la proporcionalidad de penalizar situaciones que, según argumentó durante el debate, podrían producirse sin violencia ni intimidación.
El proyecto también consiguió respaldos entre parlamentarios del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario. Paula Olmos (PDG) defendió una regulación que permita proteger la circulación sin afectar el legítimo derecho a manifestarse, mientras Álvaro Jofre (PNL) destacó la necesidad de que el Estado actúe frente a situaciones de violencia y alteración del orden.
Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista formularon además reservas de constitucionalidad, dejando formalmente establecidos sus reparos jurídicos respecto de algunas disposiciones. Estas reservas no equivalen por sí mismas a una declaración de inconstitucionalidad, materia que corresponde resolver a las instituciones competentes en caso de que se activen los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.
La aprobación constituye un avance legislativo para el Ejecutivo después del rechazo en la Cámara de la reforma destinada a ampliar los plazos de retención asociados a expulsiones administrativas. El proyecto antibarricadas deberá continuar ahora las etapas correspondientes de su tramitación antes de convertirse en ley. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Cámara aprueba proyecto antibarricadas 2.0 e incorpora resguardo para protestas pacíficas se publicó primero en Nuevo Poder.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado proyecto antibarricadas 2.0, iniciativa que busca ampliar las conductas sancionadas por la interrupción de vías y del funcionamiento de servicios de transporte público o privado.. El proyecto fue respaldado por 89 diputados, mientras 41 votaron en contra y tres se abstuvieron. La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo.. Durante la discusión, la Cámara aprobó además una indicación presentada por el diputado Raúl Leiva (PS) destinada a establecer expresamente que las nuevas disposiciones no se aplicarán cuando una persona esté ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.. La modificación obtuvo 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, sumando apoyos de parlamentarios de oposición y también de representantes del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario.. El proyecto propone modificar el artículo 268 septies del Código Penal para ampliar las hipótesis relacionadas con la interrupción u obstaculización, total o parcial, de la circulación de personas y vehículos, así como del normal funcionamiento de medios o servicios de transporte de pasajeros o carga.. Una de las disposiciones establece una multa de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales para quien, sin autorización o excediendo las condiciones establecidas por la autoridad, interrumpa u obstaculice la circulación o el funcionamiento del transporte y posteriormente no obedezca un requerimiento claro de la autoridad competente, pudiendo hacerlo.. La propuesta contempla además una hipótesis sancionada con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 10 y 20 UTM para determinadas conductas de interrupción u obstaculización, incluso cuando no exista un requerimiento previo de la autoridad.. El texto aumenta las sanciones cuando las acciones impidan el desplazamiento de vehículos policiales, de Bomberos u otros destinados a atender emergencias. Para esos casos se contempla presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM.. La discusión parlamentaria estuvo marcada por las diferencias respecto del alcance que las nuevas normas podrían tener sobre las manifestaciones públicas. Desde sectores oficialistas se defendió la necesidad de proteger la libre circulación y el funcionamiento del transporte, mientras representantes de la oposición advirtieron sobre eventuales efectos en el ejercicio del derecho a protesta.. El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que el respaldo a una determinada demanda no puede justificar la vulneración de los derechos de otras personas. En una línea similar, Juan Irarrázaval (Republicano) planteó que la legislación vigente resulta insuficiente y defendió la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al desplazamiento.. Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro cuestionó que la propuesta pueda utilizarse para criminalizar movilizaciones sociales y anunció que, de avanzar la iniciativa, evaluaría recurrir al Tribunal Constitucional u otras instancias.. El diputado Gonzalo Winter (FA), en tanto, criticó que una iniciativa incorporada a la agenda contra el crimen organizado se concentre en este tipo de conductas. También sostuvo que sus disposiciones podrían afectar manifestaciones pacíficas y pidió que las normas sean aplicadas con los mismos criterios ante protestas realizadas por distintos sectores.. José Antonio Rivas (PS) formuló reparos respecto de la amplitud de algunas de las conductas sancionadas y cuestionó la proporcionalidad de penalizar situaciones que, según argumentó durante el debate, podrían producirse sin violencia ni intimidación.. El proyecto también consiguió respaldos entre parlamentarios del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario. Paula Olmos (PDG) defendió una regulación que permita proteger la circulación sin afectar el legítimo derecho a manifestarse, mientras Álvaro Jofre (PNL) destacó la necesidad de que el Estado actúe frente a situaciones de violencia y alteración del orden.. Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista formularon además reservas de constitucionalidad, dejando formalmente establecidos sus reparos jurídicos respecto de algunas disposiciones. Estas reservas no equivalen por sí mismas a una declaración de inconstitucionalidad, materia que corresponde resolver a las instituciones competentes en caso de que se activen los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.. La aprobación constituye un avance legislativo para el Ejecutivo después del rechazo en la Cámara de la reforma destinada a ampliar los plazos de retención asociados a expulsiones administrativas. El proyecto antibarricadas deberá continuar ahora las etapas correspondientes de su tramitación antes de convertirse en ley. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Cámara aprueba proyecto antibarricadas 2.0 e incorpora resguardo para protestas pacíficas se publicó primero en Nuevo Poder.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado proyecto antibarricadas 2.0, iniciativa que busca ampliar las conductas sancionadas por la interrupción de vías y del funcionamiento de servicios de transporte público o privado. El proyecto fue respaldado por 89 diputados, mientras 41 votaron en contra y tres se abstuvieron. La iniciativa forma parte de La entrada Cámara aprueba proyecto antibarricadas 2.0 e incorpora resguardo para protestas pacíficas se publicó primero en Nuevo Poder.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el denominado proyecto antibarricadas 2.0, iniciativa que busca ampliar las conductas sancionadas por la interrupción de vías y del funcionamiento de servicios de transporte público o privado.. El proyecto fue respaldado por 89 diputados, mientras 41 votaron en contra y tres se abstuvieron. La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo.. Durante la discusión, la Cámara aprobó además una indicación presentada por el diputado Raúl Leiva (PS) destinada a establecer expresamente que las nuevas disposiciones no se aplicarán cuando una persona esté ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.. La modificación obtuvo 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, sumando apoyos de parlamentarios de oposición y también de representantes del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario.. El proyecto propone modificar el artículo 268 septies del Código Penal para ampliar las hipótesis relacionadas con la interrupción u obstaculización, total o parcial, de la circulación de personas y vehículos, así como del normal funcionamiento de medios o servicios de transporte de pasajeros o carga.. Una de las disposiciones establece una multa de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales para quien, sin autorización o excediendo las condiciones establecidas por la autoridad, interrumpa u obstaculice la circulación o el funcionamiento del transporte y posteriormente no obedezca un requerimiento claro de la autoridad competente, pudiendo hacerlo.. La propuesta contempla además una hipótesis sancionada con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 10 y 20 UTM para determinadas conductas de interrupción u obstaculización, incluso cuando no exista un requerimiento previo de la autoridad.. El texto aumenta las sanciones cuando las acciones impidan el desplazamiento de vehículos policiales, de Bomberos u otros destinados a atender emergencias. Para esos casos se contempla presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM.. La discusión parlamentaria estuvo marcada por las diferencias respecto del alcance que las nuevas normas podrían tener sobre las manifestaciones públicas. Desde sectores oficialistas se defendió la necesidad de proteger la libre circulación y el funcionamiento del transporte, mientras representantes de la oposición advirtieron sobre eventuales efectos en el ejercicio del derecho a protesta.. El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo que el respaldo a una determinada demanda no puede justificar la vulneración de los derechos de otras personas. En una línea similar, Juan Irarrázaval (Republicano) planteó que la legislación vigente resulta insuficiente y defendió la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al desplazamiento.. Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro cuestionó que la propuesta pueda utilizarse para criminalizar movilizaciones sociales y anunció que, de avanzar la iniciativa, evaluaría recurrir al Tribunal Constitucional u otras instancias.. El diputado Gonzalo Winter (FA), en tanto, criticó que una iniciativa incorporada a la agenda contra el crimen organizado se concentre en este tipo de conductas. También sostuvo que sus disposiciones podrían afectar manifestaciones pacíficas y pidió que las normas sean aplicadas con los mismos criterios ante protestas realizadas por distintos sectores.. José Antonio Rivas (PS) formuló reparos respecto de la amplitud de algunas de las conductas sancionadas y cuestionó la proporcionalidad de penalizar situaciones que, según argumentó durante el debate, podrían producirse sin violencia ni intimidación.. El proyecto también consiguió respaldos entre parlamentarios del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario. Paula Olmos (PDG) defendió una regulación que permita proteger la circulación sin afectar el legítimo derecho a manifestarse, mientras Álvaro Jofre (PNL) destacó la necesidad de que el Estado actúe frente a situaciones de violencia y alteración del orden.. Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista formularon además reservas de constitucionalidad, dejando formalmente establecidos sus reparos jurídicos respecto de algunas disposiciones. Estas reservas no equivalen por sí mismas a una declaración de inconstitucionalidad, materia que corresponde resolver a las instituciones competentes en caso de que se activen los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.. La aprobación constituye un avance legislativo para el Ejecutivo después del rechazo en la Cámara de la reforma destinada a ampliar los plazos de retención asociados a expulsiones administrativas. El proyecto antibarricadas deberá continuar ahora las etapas correspondientes de su tramitación antes de convertirse en ley. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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