El expresidente Gabriel Boric suscribió una declaración internacional que condena la concentración del poder y las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al tiempo que defiende la soberanía del país centroamericano y rechaza cualquier intervención extranjera como mecanismo para resolver su crisis política.
La iniciativa reúne a más de 200 firmantes de América Latina y España, entre ellos exautoridades del gobierno de Boric, dirigentes políticos, intelectuales y representantes de distintos sectores progresistas. El exmandatario chileno difundió el documento mediante una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “Comparto carta que escribimos sobre la situación de Nicaragua”.
Entre los adherentes chilenos figuran los exministros Giorgio Jackson, quien encabezó las carteras de Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social, y Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores. También suscribieron el documento Rodrigo Echecopar, excolaborador del Ministerio de Hacienda; el exembajador Rolando Drago (PPD), y el abogado Alexandro Álvarez.
La declaración cuenta además con representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, México y España.
El texto cuestiona directamente la administración de Ortega, quien regresó a la Presidencia de Nicaragua en enero de 2007 y desde 2025 comparte formalmente la condición de copresidente con su esposa, Rosario Murillo.
Los firmantes sostienen que la persecución de opositores, el exilio de ciudadanos y la concentración del poder político en el entorno familiar del gobernante son incompatibles con los principios democráticos que, a su juicio, deben orientar a las fuerzas progresistas.
“El exilio de cientos de miles de nicaragüenses, la persecución de quienes piensan distinto y la consolidación de un poder familiar y autoritario no representan los principios de una izquierda democrática”, señala la declaración.
El documento también realiza una revisión histórica del proceso político nicaragüense, comenzando con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979 mediante la insurrección encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización de la que Ortega formó parte.
Los autores recuerdan que la Revolución Sandinista se convirtió entonces en un referente para movimientos que promovían la justicia social, la independencia nacional y la autodeterminación de los pueblos.
Asimismo, mencionan la guerra civil y los conflictos de la década de 1980, que dejaron decenas de miles de víctimas, y destacan la transición política iniciada después de las elecciones de 1990, cuando el sandinismo reconoció su derrota electoral y entregó el poder.
Sin embargo, la carta sostiene que la evolución posterior del FSLN significó un alejamiento progresivo de los principios que habían inspirado aquella revolución.
Según los firmantes, el retorno de Ortega al Gobierno en 2007 estuvo acompañado de reformas y acuerdos políticos que debilitaron los mecanismos de control institucional, redujeron la independencia de los poderes públicos y restringieron las condiciones para una competencia electoral pluralista.
La declaración dedica especial atención a las protestas de 2018, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, campesinos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con las cifras consignadas en el documento, la respuesta gubernamental dejó 355 personas fallecidas, miles de heridos y dio inicio a un período de mayor persecución política, encarcelamientos y desplazamientos forzados.
Los suscriptores también denuncian que, desde entonces, más de cinco mil organizaciones civiles han sido ilegalizadas, mientras universidades y medios de comunicación han sido clausurados o confiscados. Añaden que partidos políticos y organizaciones feministas, campesinas y sociales han enfrentado restricciones y medidas represivas.
La carta afirma, además, que más de 450 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos, en un escenario que también ha afectado a periodistas, artistas, dirigentes religiosos, empresarios y personas sin militancia política.
Uno de los aspectos centrales de la declaración es el rechazo a que la crisis nicaragüense sea utilizada para justificar intervenciones de potencias extranjeras.
Los firmantes sostienen que recuperar la democracia y las libertades públicas no debe significar la aceptación de injerencias militares, económicas o políticas externas, debido a que el derecho a decidir el futuro institucional del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos.
“La autodeterminación pertenece al pueblo nicaragüense. Democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables”, afirma el documento.
La declaración también emplaza a partidos políticos, gobiernos, organizaciones sindicales, movimientos sociales e intelectuales, especialmente de sectores democráticos y progresistas, a condenar la administración de Ortega y Murillo y exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos.
Asimismo, solicita restablecer las libertades públicas, los derechos ciudadanos y las condiciones necesarias para que la población pueda organizarse, expresarse y participar libremente en la definición del futuro del país.
La adhesión de Boric da continuidad a una posición que expresó en reiteradas oportunidades durante su mandato presidencial, cuando mantuvo diferencias públicas con Ortega por la situación de los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses.
Uno de los enfrentamientos más notorios ocurrió en septiembre de 2023, durante las actividades vinculadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.
En aquella oportunidad, Ortega cuestionó duramente a Carabineros de Chile y afirmó que la institución había sido formada para ejercer violencia contra la población. Boric respondió calificándolo de dictador, defendió a la policía chilena e instruyó al entonces canciller Alberto van Klaveren presentar una nota de protesta diplomática.
La controversia continuó cuando Ortega respondió con nuevos ataques personales al entonces mandatario chileno, a quien llamó “pinochetito”.
Las diferencias entre ambos dirigentes, sin embargo, eran anteriores. Durante la campaña presidencial de 2021, Boric ya había cuestionado el proceso electoral nicaragüense y la persecución de opositores.
En una publicación del 12 de noviembre de ese año, el entonces candidato afirmó que su eventual gobierno mantendría un compromiso con la democracia y los derechos humanos, sin respaldar dictaduras ni autocracias, independientemente de su orientación política.
La nueva declaración mantiene esa línea de cuestionamiento al gobierno de Ortega y Murillo, pero incorpora expresamente el principio de no intervención extranjera. Sus firmantes plantean que la recuperación de las libertades democráticas debe surgir de la capacidad de decisión y organización del propio pueblo nicaragüense. (NP-ChatGPT-La Tercera-Agencias)
La entrada Boric suscribe dura carta de condena al régimen izquierdista de Ortega y Murillo en Nicaragua se publicó primero en Nuevo Poder.
El expresidente Gabriel Boric suscribió una declaración internacional que condena la concentración del poder y las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al tiempo que defiende la soberanía del país centroamericano y rechaza cualquier intervención extranjera como mecanismo para resolver su crisis política.. La iniciativa reúne a más de 200 firmantes de América Latina y España, entre ellos exautoridades del gobierno de Boric, dirigentes políticos, intelectuales y representantes de distintos sectores progresistas. El exmandatario chileno difundió el documento mediante una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “Comparto carta que escribimos sobre la situación de Nicaragua”.. Entre los adherentes chilenos figuran los exministros Giorgio Jackson, quien encabezó las carteras de Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social, y Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores. También suscribieron el documento Rodrigo Echecopar, excolaborador del Ministerio de Hacienda; el exembajador Rolando Drago (PPD), y el abogado Alexandro Álvarez.. La declaración cuenta además con representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, México y España.. El texto cuestiona directamente la administración de Ortega, quien regresó a la Presidencia de Nicaragua en enero de 2007 y desde 2025 comparte formalmente la condición de copresidente con su esposa, Rosario Murillo.. Los firmantes sostienen que la persecución de opositores, el exilio de ciudadanos y la concentración del poder político en el entorno familiar del gobernante son incompatibles con los principios democráticos que, a su juicio, deben orientar a las fuerzas progresistas.. “El exilio de cientos de miles de nicaragüenses, la persecución de quienes piensan distinto y la consolidación de un poder familiar y autoritario no representan los principios de una izquierda democrática”, señala la declaración.. El documento también realiza una revisión histórica del proceso político nicaragüense, comenzando con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979 mediante la insurrección encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización de la que Ortega formó parte.. Los autores recuerdan que la Revolución Sandinista se convirtió entonces en un referente para movimientos que promovían la justicia social, la independencia nacional y la autodeterminación de los pueblos.. Asimismo, mencionan la guerra civil y los conflictos de la década de 1980, que dejaron decenas de miles de víctimas, y destacan la transición política iniciada después de las elecciones de 1990, cuando el sandinismo reconoció su derrota electoral y entregó el poder.. Sin embargo, la carta sostiene que la evolución posterior del FSLN significó un alejamiento progresivo de los principios que habían inspirado aquella revolución.. Según los firmantes, el retorno de Ortega al Gobierno en 2007 estuvo acompañado de reformas y acuerdos políticos que debilitaron los mecanismos de control institucional, redujeron la independencia de los poderes públicos y restringieron las condiciones para una competencia electoral pluralista.. La declaración dedica especial atención a las protestas de 2018, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, campesinos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.. De acuerdo con las cifras consignadas en el documento, la respuesta gubernamental dejó 355 personas fallecidas, miles de heridos y dio inicio a un período de mayor persecución política, encarcelamientos y desplazamientos forzados.. Los suscriptores también denuncian que, desde entonces, más de cinco mil organizaciones civiles han sido ilegalizadas, mientras universidades y medios de comunicación han sido clausurados o confiscados. Añaden que partidos políticos y organizaciones feministas, campesinas y sociales han enfrentado restricciones y medidas represivas.. La carta afirma, además, que más de 450 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos, en un escenario que también ha afectado a periodistas, artistas, dirigentes religiosos, empresarios y personas sin militancia política.. Uno de los aspectos centrales de la declaración es el rechazo a que la crisis nicaragüense sea utilizada para justificar intervenciones de potencias extranjeras.. Los firmantes sostienen que recuperar la democracia y las libertades públicas no debe significar la aceptación de injerencias militares, económicas o políticas externas, debido a que el derecho a decidir el futuro institucional del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos.. “La autodeterminación pertenece al pueblo nicaragüense. Democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables”, afirma el documento.. La declaración también emplaza a partidos políticos, gobiernos, organizaciones sindicales, movimientos sociales e intelectuales, especialmente de sectores democráticos y progresistas, a condenar la administración de Ortega y Murillo y exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos.. Asimismo, solicita restablecer las libertades públicas, los derechos ciudadanos y las condiciones necesarias para que la población pueda organizarse, expresarse y participar libremente en la definición del futuro del país.. La adhesión de Boric da continuidad a una posición que expresó en reiteradas oportunidades durante su mandato presidencial, cuando mantuvo diferencias públicas con Ortega por la situación de los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses.. Uno de los enfrentamientos más notorios ocurrió en septiembre de 2023, durante las actividades vinculadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.. En aquella oportunidad, Ortega cuestionó duramente a Carabineros de Chile y afirmó que la institución había sido formada para ejercer violencia contra la población. Boric respondió calificándolo de dictador, defendió a la policía chilena e instruyó al entonces canciller Alberto van Klaveren presentar una nota de protesta diplomática.. La controversia continuó cuando Ortega respondió con nuevos ataques personales al entonces mandatario chileno, a quien llamó “pinochetito”.. Las diferencias entre ambos dirigentes, sin embargo, eran anteriores. Durante la campaña presidencial de 2021, Boric ya había cuestionado el proceso electoral nicaragüense y la persecución de opositores.. En una publicación del 12 de noviembre de ese año, el entonces candidato afirmó que su eventual gobierno mantendría un compromiso con la democracia y los derechos humanos, sin respaldar dictaduras ni autocracias, independientemente de su orientación política.. La nueva declaración mantiene esa línea de cuestionamiento al gobierno de Ortega y Murillo, pero incorpora expresamente el principio de no intervención extranjera. Sus firmantes plantean que la recuperación de las libertades democráticas debe surgir de la capacidad de decisión y organización del propio pueblo nicaragüense. (NP-ChatGPT-La Tercera-Agencias). La entrada Boric suscribe dura carta de condena al régimen izquierdista de Ortega y Murillo en Nicaragua se publicó primero en Nuevo Poder.
El expresidente Gabriel Boric suscribió una declaración internacional que condena la concentración del poder y las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al tiempo que defiende la soberanía del país centroamericano y rechaza cualquier intervención extranjera como mecanismo para resolver su crisis política. La iniciativa reúne La entrada Boric suscribe dura carta de condena al régimen izquierdista de Ortega y Murillo en Nicaragua se publicó primero en Nuevo Poder.
El expresidente Gabriel Boric suscribió una declaración internacional que condena la concentración del poder y las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al tiempo que defiende la soberanía del país centroamericano y rechaza cualquier intervención extranjera como mecanismo para resolver su crisis política.. La iniciativa reúne a más de 200 firmantes de América Latina y España, entre ellos exautoridades del gobierno de Boric, dirigentes políticos, intelectuales y representantes de distintos sectores progresistas. El exmandatario chileno difundió el documento mediante una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “Comparto carta que escribimos sobre la situación de Nicaragua”.. Entre los adherentes chilenos figuran los exministros Giorgio Jackson, quien encabezó las carteras de Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social, y Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores. También suscribieron el documento Rodrigo Echecopar, excolaborador del Ministerio de Hacienda; el exembajador Rolando Drago (PPD), y el abogado Alexandro Álvarez.. La declaración cuenta además con representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, México y España.. El texto cuestiona directamente la administración de Ortega, quien regresó a la Presidencia de Nicaragua en enero de 2007 y desde 2025 comparte formalmente la condición de copresidente con su esposa, Rosario Murillo.. Los firmantes sostienen que la persecución de opositores, el exilio de ciudadanos y la concentración del poder político en el entorno familiar del gobernante son incompatibles con los principios democráticos que, a su juicio, deben orientar a las fuerzas progresistas.. “El exilio de cientos de miles de nicaragüenses, la persecución de quienes piensan distinto y la consolidación de un poder familiar y autoritario no representan los principios de una izquierda democrática”, señala la declaración.. El documento también realiza una revisión histórica del proceso político nicaragüense, comenzando con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979 mediante la insurrección encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización de la que Ortega formó parte.. Los autores recuerdan que la Revolución Sandinista se convirtió entonces en un referente para movimientos que promovían la justicia social, la independencia nacional y la autodeterminación de los pueblos.. Asimismo, mencionan la guerra civil y los conflictos de la década de 1980, que dejaron decenas de miles de víctimas, y destacan la transición política iniciada después de las elecciones de 1990, cuando el sandinismo reconoció su derrota electoral y entregó el poder.. Sin embargo, la carta sostiene que la evolución posterior del FSLN significó un alejamiento progresivo de los principios que habían inspirado aquella revolución.. Según los firmantes, el retorno de Ortega al Gobierno en 2007 estuvo acompañado de reformas y acuerdos políticos que debilitaron los mecanismos de control institucional, redujeron la independencia de los poderes públicos y restringieron las condiciones para una competencia electoral pluralista.. La declaración dedica especial atención a las protestas de 2018, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, campesinos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.. De acuerdo con las cifras consignadas en el documento, la respuesta gubernamental dejó 355 personas fallecidas, miles de heridos y dio inicio a un período de mayor persecución política, encarcelamientos y desplazamientos forzados.. Los suscriptores también denuncian que, desde entonces, más de cinco mil organizaciones civiles han sido ilegalizadas, mientras universidades y medios de comunicación han sido clausurados o confiscados. Añaden que partidos políticos y organizaciones feministas, campesinas y sociales han enfrentado restricciones y medidas represivas.. La carta afirma, además, que más de 450 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos, en un escenario que también ha afectado a periodistas, artistas, dirigentes religiosos, empresarios y personas sin militancia política.. Uno de los aspectos centrales de la declaración es el rechazo a que la crisis nicaragüense sea utilizada para justificar intervenciones de potencias extranjeras.. Los firmantes sostienen que recuperar la democracia y las libertades públicas no debe significar la aceptación de injerencias militares, económicas o políticas externas, debido a que el derecho a decidir el futuro institucional del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos.. “La autodeterminación pertenece al pueblo nicaragüense. Democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables”, afirma el documento.. La declaración también emplaza a partidos políticos, gobiernos, organizaciones sindicales, movimientos sociales e intelectuales, especialmente de sectores democráticos y progresistas, a condenar la administración de Ortega y Murillo y exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos.. Asimismo, solicita restablecer las libertades públicas, los derechos ciudadanos y las condiciones necesarias para que la población pueda organizarse, expresarse y participar libremente en la definición del futuro del país.. La adhesión de Boric da continuidad a una posición que expresó en reiteradas oportunidades durante su mandato presidencial, cuando mantuvo diferencias públicas con Ortega por la situación de los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses.. Uno de los enfrentamientos más notorios ocurrió en septiembre de 2023, durante las actividades vinculadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.. En aquella oportunidad, Ortega cuestionó duramente a Carabineros de Chile y afirmó que la institución había sido formada para ejercer violencia contra la población. Boric respondió calificándolo de dictador, defendió a la policía chilena e instruyó al entonces canciller Alberto van Klaveren presentar una nota de protesta diplomática.. La controversia continuó cuando Ortega respondió con nuevos ataques personales al entonces mandatario chileno, a quien llamó “pinochetito”.. Las diferencias entre ambos dirigentes, sin embargo, eran anteriores. Durante la campaña presidencial de 2021, Boric ya había cuestionado el proceso electoral nicaragüense y la persecución de opositores.. En una publicación del 12 de noviembre de ese año, el entonces candidato afirmó que su eventual gobierno mantendría un compromiso con la democracia y los derechos humanos, sin respaldar dictaduras ni autocracias, independientemente de su orientación política.. La nueva declaración mantiene esa línea de cuestionamiento al gobierno de Ortega y Murillo, pero incorpora expresamente el principio de no intervención extranjera. Sus firmantes plantean que la recuperación de las libertades democráticas debe surgir de la capacidad de decisión y organización del propio pueblo nicaragüense. (NP-ChatGPT-La Tercera-Agencias)
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