La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó eliminar a Bernarda Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una resolución judicial firme estableciera que la profesora y militante del MIR, considerada durante más de cinco décadas víctima de la dictadura, se encuentra con vida y reside en Argentina.
La resolución administrativa fue publicada este jueves 10 de septiembre en el Diario Oficial y se sustenta en las conclusiones alcanzadas por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre. La investigación judicial determinó que Vera no fue secuestrada ni murió producto del ataque de terceros, descartando así los presupuestos que permitían mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada.
Vera había sido incorporada en mayo al registro creado por la Ley 21.775 debido a su reconocimiento previo como víctima por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig. Durante décadas, la versión conocida sobre su destino indicaba que había sido detenida y posteriormente ejecutada en la zona del río Toltén tras el golpe de Estado de 1973.
Las dudas sobre esa historia adquirieron una nueva dimensión después de investigaciones periodísticas que localizaron en Argentina a una mujer que podía corresponder a Vera. Los antecedentes dieron paso a diligencias judiciales destinadas a establecer definitivamente su identidad.
La confirmación llegó mediante una pericia del Servicio Médico Legal, que comparó el perfil genético de la mujer localizada en Argentina con muestras de familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. El análisis estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.
Con esos antecedentes, el ministro Mesa resolvió el 29 de julio que Bernarda Vera se encuentra con vida en Argentina. También estableció judicialmente su vínculo con su hija y dispuso comunicar los antecedentes a distintos organismos públicos para que revisaran, dentro de sus respectivas atribuciones, los actos administrativos relacionados con beneficios otorgados a su familia.
Una vez que la resolución quedó firme, los antecedentes fueron remitidos a la Subsecretaría de Derechos Humanos. El organismo concluyó que ya no concurren las condiciones contempladas en la legislación para mantener a Vera en el registro y ordenó al Registro Civil materializar su eliminación.
El caso ha abierto además un debate sobre las reparaciones estatales entregadas durante las últimas décadas. Desde algunos sectores se ha planteado la posibilidad de revisar los beneficios concedidos y eventualmente solicitar la restitución de recursos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha señalado que el Estado puede perseguir la devolución de pagos cuando se determine jurídicamente que carecen de una causa que los justifique. La eventual procedencia de esas acciones deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes y no se desprende automáticamente de la eliminación de Vera del registro.
El episodio también ha generado una discusión sobre el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Mientras algunos sectores han utilizado el caso para cuestionar los mecanismos estatales de calificación e investigación, otros sostienen que precisamente demuestra la importancia de continuar las pesquisas hasta determinar el destino de cada persona.
La periodista especializada en derechos humanos Pascale Bonnefoy, quien integró el Plan Nacional de Búsqueda entre 2024 y comienzos de 2026, ha calificado el esclarecimiento como un resultado exitoso de la búsqueda y ha advertido que se trata de un caso excepcional que no debería extrapolarse al conjunto de víctimas de desaparición forzada.
La resolución cierra la condición jurídica de Bernarda Vera como persona desaparecida, pero no modifica por sí sola las calificaciones ni los antecedentes correspondientes a las demás víctimas reconocidas por el Estado. Más de mil personas continúan con paradero desconocido a más de cinco décadas del golpe de Estado, por lo que las investigaciones destinadas a determinar su destino permanecen abiertas. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
La entrada Bernarda Vera es eliminada del registro de DD.DD. tras confirmarse que vive en Argentina se publicó primero en Nuevo Poder.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó eliminar a Bernarda Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una resolución judicial firme estableciera que la profesora y militante del MIR, considerada durante más de cinco décadas víctima de la dictadura, se encuentra con vida y reside en Argentina.. La resolución administrativa fue publicada este jueves 10 de septiembre en el Diario Oficial y se sustenta en las conclusiones alcanzadas por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre. La investigación judicial determinó que Vera no fue secuestrada ni murió producto del ataque de terceros, descartando así los presupuestos que permitían mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada.. Vera había sido incorporada en mayo al registro creado por la Ley 21.775 debido a su reconocimiento previo como víctima por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig. Durante décadas, la versión conocida sobre su destino indicaba que había sido detenida y posteriormente ejecutada en la zona del río Toltén tras el golpe de Estado de 1973.. Las dudas sobre esa historia adquirieron una nueva dimensión después de investigaciones periodísticas que localizaron en Argentina a una mujer que podía corresponder a Vera. Los antecedentes dieron paso a diligencias judiciales destinadas a establecer definitivamente su identidad.. La confirmación llegó mediante una pericia del Servicio Médico Legal, que comparó el perfil genético de la mujer localizada en Argentina con muestras de familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. El análisis estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.. Con esos antecedentes, el ministro Mesa resolvió el 29 de julio que Bernarda Vera se encuentra con vida en Argentina. También estableció judicialmente su vínculo con su hija y dispuso comunicar los antecedentes a distintos organismos públicos para que revisaran, dentro de sus respectivas atribuciones, los actos administrativos relacionados con beneficios otorgados a su familia.. Una vez que la resolución quedó firme, los antecedentes fueron remitidos a la Subsecretaría de Derechos Humanos. El organismo concluyó que ya no concurren las condiciones contempladas en la legislación para mantener a Vera en el registro y ordenó al Registro Civil materializar su eliminación.. El caso ha abierto además un debate sobre las reparaciones estatales entregadas durante las últimas décadas. Desde algunos sectores se ha planteado la posibilidad de revisar los beneficios concedidos y eventualmente solicitar la restitución de recursos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha señalado que el Estado puede perseguir la devolución de pagos cuando se determine jurídicamente que carecen de una causa que los justifique. La eventual procedencia de esas acciones deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes y no se desprende automáticamente de la eliminación de Vera del registro.. El episodio también ha generado una discusión sobre el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Mientras algunos sectores han utilizado el caso para cuestionar los mecanismos estatales de calificación e investigación, otros sostienen que precisamente demuestra la importancia de continuar las pesquisas hasta determinar el destino de cada persona.. La periodista especializada en derechos humanos Pascale Bonnefoy, quien integró el Plan Nacional de Búsqueda entre 2024 y comienzos de 2026, ha calificado el esclarecimiento como un resultado exitoso de la búsqueda y ha advertido que se trata de un caso excepcional que no debería extrapolarse al conjunto de víctimas de desaparición forzada.. La resolución cierra la condición jurídica de Bernarda Vera como persona desaparecida, pero no modifica por sí sola las calificaciones ni los antecedentes correspondientes a las demás víctimas reconocidas por el Estado. Más de mil personas continúan con paradero desconocido a más de cinco décadas del golpe de Estado, por lo que las investigaciones destinadas a determinar su destino permanecen abiertas. (NP-ChatGPT-Bio Bio). La entrada Bernarda Vera es eliminada del registro de DD.DD. tras confirmarse que vive en Argentina se publicó primero en Nuevo Poder.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó eliminar a Bernarda Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una resolución judicial firme estableciera que la profesora y militante del MIR, considerada durante más de cinco décadas víctima de la dictadura, se encuentra con vida y reside en Argentina. La resolución administrativa La entrada Bernarda Vera es eliminada del registro de DD.DD. tras confirmarse que vive en Argentina se publicó primero en Nuevo Poder.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó eliminar a Bernarda Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una resolución judicial firme estableciera que la profesora y militante del MIR, considerada durante más de cinco décadas víctima de la dictadura, se encuentra con vida y reside en Argentina.. La resolución administrativa fue publicada este jueves 10 de septiembre en el Diario Oficial y se sustenta en las conclusiones alcanzadas por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre. La investigación judicial determinó que Vera no fue secuestrada ni murió producto del ataque de terceros, descartando así los presupuestos que permitían mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada.. Vera había sido incorporada en mayo al registro creado por la Ley 21.775 debido a su reconocimiento previo como víctima por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig. Durante décadas, la versión conocida sobre su destino indicaba que había sido detenida y posteriormente ejecutada en la zona del río Toltén tras el golpe de Estado de 1973.. Las dudas sobre esa historia adquirieron una nueva dimensión después de investigaciones periodísticas que localizaron en Argentina a una mujer que podía corresponder a Vera. Los antecedentes dieron paso a diligencias judiciales destinadas a establecer definitivamente su identidad.. La confirmación llegó mediante una pericia del Servicio Médico Legal, que comparó el perfil genético de la mujer localizada en Argentina con muestras de familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. El análisis estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.. Con esos antecedentes, el ministro Mesa resolvió el 29 de julio que Bernarda Vera se encuentra con vida en Argentina. También estableció judicialmente su vínculo con su hija y dispuso comunicar los antecedentes a distintos organismos públicos para que revisaran, dentro de sus respectivas atribuciones, los actos administrativos relacionados con beneficios otorgados a su familia.. Una vez que la resolución quedó firme, los antecedentes fueron remitidos a la Subsecretaría de Derechos Humanos. El organismo concluyó que ya no concurren las condiciones contempladas en la legislación para mantener a Vera en el registro y ordenó al Registro Civil materializar su eliminación.. El caso ha abierto además un debate sobre las reparaciones estatales entregadas durante las últimas décadas. Desde algunos sectores se ha planteado la posibilidad de revisar los beneficios concedidos y eventualmente solicitar la restitución de recursos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha señalado que el Estado puede perseguir la devolución de pagos cuando se determine jurídicamente que carecen de una causa que los justifique. La eventual procedencia de esas acciones deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes y no se desprende automáticamente de la eliminación de Vera del registro.. El episodio también ha generado una discusión sobre el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Mientras algunos sectores han utilizado el caso para cuestionar los mecanismos estatales de calificación e investigación, otros sostienen que precisamente demuestra la importancia de continuar las pesquisas hasta determinar el destino de cada persona.. La periodista especializada en derechos humanos Pascale Bonnefoy, quien integró el Plan Nacional de Búsqueda entre 2024 y comienzos de 2026, ha calificado el esclarecimiento como un resultado exitoso de la búsqueda y ha advertido que se trata de un caso excepcional que no debería extrapolarse al conjunto de víctimas de desaparición forzada.. La resolución cierra la condición jurídica de Bernarda Vera como persona desaparecida, pero no modifica por sí sola las calificaciones ni los antecedentes correspondientes a las demás víctimas reconocidas por el Estado. Más de mil personas continúan con paradero desconocido a más de cinco décadas del golpe de Estado, por lo que las investigaciones destinadas a determinar su destino permanecen abiertas. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
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