El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó a los sectores de oposición que recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar disposiciones del proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), relacionadas con el empleo de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad en los procedimientos policiales.
El secretario de Estado cuestionó especialmente la participación de parlamentarios del Partido Comunista y del Partido Socialista en el requerimiento, y sostuvo que la iniciativa legal cuenta con un respaldo parlamentario que supera a los partidos oficialistas.
“No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad. No es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional”, afirmó.
La presentación ante el TC busca revisar la constitucionalidad de dos disposiciones del proyecto, particularmente aquellas que regulan las circunstancias en que los funcionarios pueden recurrir a la fuerza potencialmente letal y los criterios de proporcionalidad que deben observar durante sus actuaciones.
Arrau señaló que el Ejecutivo esperará el pronunciamiento del tribunal, pero destacó que la aprobación de la iniciativa fue posible gracias a acuerdos entre parlamentarios de distintos sectores políticos.
El ministro recordó que el proyecto acumuló tres años de tramitación y que la comisión mixta encargada de resolver sus discrepancias permaneció más de un año y medio sin sesionar.
Según detalló, el texto consiguió 111 votos favorables en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, resultados que, a su juicio, reflejan un respaldo transversal a la regulación de los procedimientos policiales.
“Se logra aunar voluntades de parlamentarios de todos los colores políticos, salvo ciertos sectores, pero hay una gran mayoría”, sostuvo.
El titular de Seguridad afirmó que la legislación busca entregar mayor respaldo jurídico a los funcionarios encargados de enfrentar delitos violentos y organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
También agradeció a los legisladores que participaron en la aprobación de la iniciativa y defendió la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para las instituciones policiales.
Durante sus declaraciones, Arrau abordó otras medidas que forman parte de la agenda legislativa del Ministerio de Seguridad Pública.
Entre ellas mencionó la ampliación del período de flagrancia de 12 a 24 horas, disposición que, según indicó, ya fue publicada y cuya aplicación considera relevante para la persecución penal.
Asimismo, señaló que continúa avanzando la tramitación de iniciativas relacionadas con personas encapuchadas, mejoras de remuneraciones asociadas al riesgo que enfrentan funcionarios de Carabineros y nuevas herramientas para las labores policiales.
El ministro adelantó que durante las próximas semanas el Ejecutivo ingresará una propuesta destinada a mejorar las remuneraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
También mencionó proyectos orientados a perfeccionar los procedimientos de análisis de ADN en laboratorios policiales, junto con otras modificaciones legislativas destinadas a fortalecer la investigación de delitos.
Arrau afirmó que actualmente existen más de 30 proyectos vinculados con seguridad pública en distintas etapas de avance y que una parte importante de ellos cuenta con apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores.
Respecto de las iniciativas que han generado mayores diferencias, destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante modificaciones a las propuestas originales del Ejecutivo.
Como ejemplo, mencionó una reforma cuya redacción inicial fue reemplazada por una fórmula que, según explicó, contó con la participación de dos senadores oficialistas y tres de oposición.
El secretario de Estado valoró ese mecanismo de negociación y sostuvo que el Gobierno continuará buscando acuerdos legislativos para fortalecer las atribuciones y condiciones de trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
“Así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública”, concluyó. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Arrau cuestiona recurso de la oposición al TC y destaca amplio respaldo a ley RUF se publicó primero en Nuevo Poder.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó a los sectores de oposición que recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar disposiciones del proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), relacionadas con el empleo de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad en los procedimientos policiales.
El secretario de Estado cuestionó especialmente la participación de parlamentarios del Partido Comunista y del Partido Socialista en el requerimiento, y sostuvo que la iniciativa legal cuenta con un respaldo parlamentario que supera a los partidos oficialistas.
“No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad. No es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional”, afirmó.
La presentación ante el TC busca revisar la constitucionalidad de dos disposiciones del proyecto, particularmente aquellas que regulan las circunstancias en que los funcionarios pueden recurrir a la fuerza potencialmente letal y los criterios de proporcionalidad que deben observar durante sus actuaciones.
Arrau señaló que el Ejecutivo esperará el pronunciamiento del tribunal, pero destacó que la aprobación de la iniciativa fue posible gracias a acuerdos entre parlamentarios de distintos sectores políticos.
El ministro recordó que el proyecto acumuló tres años de tramitación y que la comisión mixta encargada de resolver sus discrepancias permaneció más de un año y medio sin sesionar.
Según detalló, el texto consiguió 111 votos favorables en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, resultados que, a su juicio, reflejan un respaldo transversal a la regulación de los procedimientos policiales.
“Se logra aunar voluntades de parlamentarios de todos los colores políticos, salvo ciertos sectores, pero hay una gran mayoría”, sostuvo.
El titular de Seguridad afirmó que la legislación busca entregar mayor respaldo jurídico a los funcionarios encargados de enfrentar delitos violentos y organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
También agradeció a los legisladores que participaron en la aprobación de la iniciativa y defendió la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para las instituciones policiales.
Durante sus declaraciones, Arrau abordó otras medidas que forman parte de la agenda legislativa del Ministerio de Seguridad Pública.
Entre ellas mencionó la ampliación del período de flagrancia de 12 a 24 horas, disposición que, según indicó, ya fue publicada y cuya aplicación considera relevante para la persecución penal.
Asimismo, señaló que continúa avanzando la tramitación de iniciativas relacionadas con personas encapuchadas, mejoras de remuneraciones asociadas al riesgo que enfrentan funcionarios de Carabineros y nuevas herramientas para las labores policiales.
El ministro adelantó que durante las próximas semanas el Ejecutivo ingresará una propuesta destinada a mejorar las remuneraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
También mencionó proyectos orientados a perfeccionar los procedimientos de análisis de ADN en laboratorios policiales, junto con otras modificaciones legislativas destinadas a fortalecer la investigación de delitos.
Arrau afirmó que actualmente existen más de 30 proyectos vinculados con seguridad pública en distintas etapas de avance y que una parte importante de ellos cuenta con apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores.
Respecto de las iniciativas que han generado mayores diferencias, destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante modificaciones a las propuestas originales del Ejecutivo.
Como ejemplo, mencionó una reforma cuya redacción inicial fue reemplazada por una fórmula que, según explicó, contó con la participación de dos senadores oficialistas y tres de oposición.
El secretario de Estado valoró ese mecanismo de negociación y sostuvo que el Gobierno continuará buscando acuerdos legislativos para fortalecer las atribuciones y condiciones de trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
“Así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública”, concluyó. (NP-ChatGPT-Emol)
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The Minister of Public Security, Martín Arrau, criticized opposition sectors that turned to the Constitutional Court (TC) to challenge provisions of the draft law on Rules of Use of Force (RUF), related to the use of potentially lethal force and the principle of proportionality in police procedures. El secretario de Estado La entrada Arrau cuestiona el recurso de la oposición al TC y destaca el amplio respaldo a la ley RUF fue publicado primero en Nuevo Poder.
Minister of Public Security, Martin Arrau, criticized opposition sectors that turned to the Constitutional Court (TC) to challenge provisions of the draft law on Rules of Use of Force (RUF), related to the use of potentially lethal force and the principle of proportionality in police procedures. The Secretary of State particularly questioned the involvement of parliamentarians from the Communist Party and the Socialist Party in the request, and argued that the legal initiative has parliamentary support that surpasses official parties. «It is not new that a certain sector opposes everything related to the legitimacy of police action, supporting order and security.» No es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional», afirmó. La presentación ante el TC busca revisar la constitucionalidad de dos disposiciones del proyecto, particularmente aquellas que regulan las circunstancias en que los funcionarios pueden recurrir a la fuerza potencialmente letal y los criterios de proporcionalidad que deben observar durante sus actuaciones. Arrau señaló que el Ejecutivo esperará el pronunciamiento del tribunal, pero destacó que la aprobación de la iniciativa fue posible gracias a acuerdos entre parlamentarios de distintos sectores políticos. El ministro recordó que el proyecto acumuló tres años de tramitación y que la comisión mixta encargada de resolver sus discrepancias permaneció más de un año y medio sin sesionar. Según detalló, el texto consiguió 111 votos favorables en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, resultados que, a su juicio, reflejan un respaldo transversal a la regulación de los procedimientos policiales. «Se logra aunar voluntades de parlamentarios de todos los colores políticos, salvo ciertos sectores, pero hay una gran mayoría», sostuvo. El titular de Seguridad afirmó que la legislación busca entregar mayor respaldo jurídico a los funcionarios encargados de enfrentar delitos violentos y organizaciones vinculadas con el narcotráfico. También agradeció a los legisladores que participaron en la aprobación de la iniciativa y defendió la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para las instituciones policiales. Durante sus declaraciones, Arrau abordó otras medidas que forman parte de la agenda legislativa del Ministerio de Seguridad Pública. Entre ellas mencionó la ampliación del período de flagrancia de 12 a 24 horas, disposición que, según indicó, ya fue publicada y cuya aplicación considera relevante para la persecución penal. Asimismo, señaló que continúa avanzando la tramitación de iniciativas relacionadas con personas encapuchadas, mejoras de remuneraciones asociadas al riesgo que enfrentan funcionarios de Carabineros y nuevas herramientas para las labores policiales. El ministro adelantó que durante las próximas semanas el Ejecutivo ingresará una propuesta destinada a mejorar las remuneraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). También mencionó proyectos orientados a perfeccionar los procedimientos de análisis de ADN en laboratorios policiales, junto con otras modificaciones legislativas destinadas a fortalecer la investigación de delitos. Arrau afirmó que actualmente existen más de 30 proyectos vinculados con seguridad pública en distintas etapas de avance y que una parte importante de ellos cuenta con apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores. Respecto de las iniciativas que han generado mayores diferencias, destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante modificaciones a las propuestas originales del Ejecutivo. Como ejemplo, mencionó una reforma cuya redacción inicial fue reemplazada por una fórmula que, según explicó, contó con la participación de dos senadores oficialistas y tres de oposición. El secretario de Estado valoró ese mecanismo de negociación y sostuvo que el Gobierno continuará buscando acuerdos legislativos para fortalecer las atribuciones y condiciones de trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública. «Así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública», concluyó.
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