El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), destinado a regular la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas en determinadas funciones de seguridad. La iniciativa fue aprobada el miércoles 7 de octubre por el Senado, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, después de que la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara el informe de la Comisión Mixta por 111 votos favorables, 23 en contra y cinco abstenciones.
El texto establece un marco legal para el empleo de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y personal militar cuando corresponda, con principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
También contempla obligaciones de planificación, advertencia, progresión en el uso de la fuerza, protección de terceros, prestación de auxilio y registro de los procedimientos.
La normativa distingue distintos niveles de resistencia o agresión y mecanismos de respuesta, desde la presencia policial y la persuasión verbal hasta la inmovilización física, el empleo de medios menos letales y, bajo determinadas circunstancias, el uso de fuerza potencialmente letal.
Entre sus disposiciones, regula el empleo de armamento por parte de las Fuerzas Armadas cuando participen en tareas de seguridad pública o protección de infraestructura crítica y recintos militares.
Asimismo, establece eximentes de responsabilidad penal para funcionarios que actúen conforme a las reglas legales y disposiciones sobre responsabilidad civil por daños ocasionados durante el ejercicio de sus funciones.
Aunque existió acuerdo transversal respecto de la necesidad de contar con una regulación legal, parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista y otros sectores opositores cuestionaron aspectos del texto final.
Uno de los principales reparos fue la eliminación del principio explícito de proporcionalidad, que permitía relacionar el nivel de fuerza utilizado con la resistencia o agresión enfrentada.
La senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que mantener el principio de racionalidad no reemplaza esa exigencia. “Una fuerza puede ser racional y aun así excesiva”, afirmó.
También cuestionó que determinadas disposiciones permitan utilizar fuerza potencialmente letal para cumplir órdenes judiciales, impedir fugas o enfrentar resistencia sin exigir expresamente, en todos los supuestos, una amenaza contra la vida.
El senador Juan Luis Castro (PS) formuló una reserva de constitucionalidad por las condiciones contempladas para el empleo de armamento letal y las eximentes de responsabilidad.
“La seguridad nacional es una responsabilidad fundamental del Estado, pero es una expresión demasiado amplia para definir por sí sola cuándo se puede disparar contra alguien”, advirtió.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, manifestó que la legislación debía entregar certeza jurídica a los funcionarios y, simultáneamente, reducir los riesgos de abuso. Sin embargo, consideró que la redacción aprobada no garantiza adecuadamente ninguno de esos objetivos.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó la eliminación de referencias expresas a la prohibición de la tortura y a la protección de niños, niñas y adolescentes, además de las disposiciones relacionadas con el uso de fuerza letal para resguardar infraestructura.
El senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió que las ambigüedades del texto podrían generar controversias judiciales y dificultar la interpretación de las facultades otorgadas a policías y militares.
La senadora independiente Fabiola Campillai también rechazó la iniciativa, argumentando que las atribuciones contempladas podrían debilitar la protección de derechos fundamentales.
Durante la discusión legislativa se presentaron reservas de constitucionalidad tanto en la Cámara, por parte de la diputada Lorena Pizarro (PC), como en el Senado, por el senador Castro.
Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta en ambas cámaras, el proyecto concluyó su tramitación legislativa y quedó en condiciones de avanzar hacia su promulgación, sujeto a los trámites constitucionales correspondientes. (NP-ChatGPT-Emol)
La entrada Rechazo de sectores opositores de Ley RUF apuntó a proporcionalidad y armamento letal se publicó primero en Nuevo Poder.
El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), destinado a regular la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas en determinadas funciones de seguridad. La iniciativa fue aprobada el miércoles 7 de octubre por el Senado, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, después de que la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara el informe de la Comisión Mixta por 111 votos favorables, 23 en contra y cinco abstenciones.. El texto establece un marco legal para el empleo de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y personal militar cuando corresponda, con principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.. También contempla obligaciones de planificación, advertencia, progresión en el uso de la fuerza, protección de terceros, prestación de auxilio y registro de los procedimientos.. La normativa distingue distintos niveles de resistencia o agresión y mecanismos de respuesta, desde la presencia policial y la persuasión verbal hasta la inmovilización física, el empleo de medios menos letales y, bajo determinadas circunstancias, el uso de fuerza potencialmente letal.. Entre sus disposiciones, regula el empleo de armamento por parte de las Fuerzas Armadas cuando participen en tareas de seguridad pública o protección de infraestructura crítica y recintos militares.. Asimismo, establece eximentes de responsabilidad penal para funcionarios que actúen conforme a las reglas legales y disposiciones sobre responsabilidad civil por daños ocasionados durante el ejercicio de sus funciones.. Aunque existió acuerdo transversal respecto de la necesidad de contar con una regulación legal, parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista y otros sectores opositores cuestionaron aspectos del texto final.. Uno de los principales reparos fue la eliminación del principio explícito de proporcionalidad, que permitía relacionar el nivel de fuerza utilizado con la resistencia o agresión enfrentada.. La senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que mantener el principio de racionalidad no reemplaza esa exigencia. “Una fuerza puede ser racional y aun así excesiva”, afirmó.. También cuestionó que determinadas disposiciones permitan utilizar fuerza potencialmente letal para cumplir órdenes judiciales, impedir fugas o enfrentar resistencia sin exigir expresamente, en todos los supuestos, una amenaza contra la vida.. El senador Juan Luis Castro (PS) formuló una reserva de constitucionalidad por las condiciones contempladas para el empleo de armamento letal y las eximentes de responsabilidad.. “La seguridad nacional es una responsabilidad fundamental del Estado, pero es una expresión demasiado amplia para definir por sí sola cuándo se puede disparar contra alguien”, advirtió.. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, manifestó que la legislación debía entregar certeza jurídica a los funcionarios y, simultáneamente, reducir los riesgos de abuso. Sin embargo, consideró que la redacción aprobada no garantiza adecuadamente ninguno de esos objetivos.. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó la eliminación de referencias expresas a la prohibición de la tortura y a la protección de niños, niñas y adolescentes, además de las disposiciones relacionadas con el uso de fuerza letal para resguardar infraestructura.. El senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió que las ambigüedades del texto podrían generar controversias judiciales y dificultar la interpretación de las facultades otorgadas a policías y militares.. La senadora independiente Fabiola Campillai también rechazó la iniciativa, argumentando que las atribuciones contempladas podrían debilitar la protección de derechos fundamentales.. Durante la discusión legislativa se presentaron reservas de constitucionalidad tanto en la Cámara, por parte de la diputada Lorena Pizarro (PC), como en el Senado, por el senador Castro.. Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta en ambas cámaras, el proyecto concluyó su tramitación legislativa y quedó en condiciones de avanzar hacia su promulgación, sujeto a los trámites constitucionales correspondientes. (NP-ChatGPT-Emol). La entrada Rechazo de sectores opositores de Ley RUF apuntó a proporcionalidad y armamento letal se publicó primero en Nuevo Poder.
El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), destinado a regular la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas en determinadas funciones de seguridad. La iniciativa fue aprobada el miércoles 7 de octubre por el Senado, con 29 votos a favor, 15 en contra y una La entrada Rechazo de sectores opositores de Ley RUF apuntó a proporcionalidad y armamento letal se publicó primero en Nuevo Poder.
El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), destinado a regular la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas en determinadas funciones de seguridad. La iniciativa fue aprobada el miércoles 7 de octubre por el Senado, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, después de que la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara el informe de la Comisión Mixta por 111 votos favorables, 23 en contra y cinco abstenciones.. El texto establece un marco legal para el empleo de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y personal militar cuando corresponda, con principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.. También contempla obligaciones de planificación, advertencia, progresión en el uso de la fuerza, protección de terceros, prestación de auxilio y registro de los procedimientos.. La normativa distingue distintos niveles de resistencia o agresión y mecanismos de respuesta, desde la presencia policial y la persuasión verbal hasta la inmovilización física, el empleo de medios menos letales y, bajo determinadas circunstancias, el uso de fuerza potencialmente letal.. Entre sus disposiciones, regula el empleo de armamento por parte de las Fuerzas Armadas cuando participen en tareas de seguridad pública o protección de infraestructura crítica y recintos militares.. Asimismo, establece eximentes de responsabilidad penal para funcionarios que actúen conforme a las reglas legales y disposiciones sobre responsabilidad civil por daños ocasionados durante el ejercicio de sus funciones.. Aunque existió acuerdo transversal respecto de la necesidad de contar con una regulación legal, parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista y otros sectores opositores cuestionaron aspectos del texto final.. Uno de los principales reparos fue la eliminación del principio explícito de proporcionalidad, que permitía relacionar el nivel de fuerza utilizado con la resistencia o agresión enfrentada.. La senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que mantener el principio de racionalidad no reemplaza esa exigencia. “Una fuerza puede ser racional y aun así excesiva”, afirmó.. También cuestionó que determinadas disposiciones permitan utilizar fuerza potencialmente letal para cumplir órdenes judiciales, impedir fugas o enfrentar resistencia sin exigir expresamente, en todos los supuestos, una amenaza contra la vida.. El senador Juan Luis Castro (PS) formuló una reserva de constitucionalidad por las condiciones contempladas para el empleo de armamento letal y las eximentes de responsabilidad.. “La seguridad nacional es una responsabilidad fundamental del Estado, pero es una expresión demasiado amplia para definir por sí sola cuándo se puede disparar contra alguien”, advirtió.. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, manifestó que la legislación debía entregar certeza jurídica a los funcionarios y, simultáneamente, reducir los riesgos de abuso. Sin embargo, consideró que la redacción aprobada no garantiza adecuadamente ninguno de esos objetivos.. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó la eliminación de referencias expresas a la prohibición de la tortura y a la protección de niños, niñas y adolescentes, además de las disposiciones relacionadas con el uso de fuerza letal para resguardar infraestructura.. El senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió que las ambigüedades del texto podrían generar controversias judiciales y dificultar la interpretación de las facultades otorgadas a policías y militares.. La senadora independiente Fabiola Campillai también rechazó la iniciativa, argumentando que las atribuciones contempladas podrían debilitar la protección de derechos fundamentales.. Durante la discusión legislativa se presentaron reservas de constitucionalidad tanto en la Cámara, por parte de la diputada Lorena Pizarro (PC), como en el Senado, por el senador Castro.. Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta en ambas cámaras, el proyecto concluyó su tramitación legislativa y quedó en condiciones de avanzar hacia su promulgación, sujeto a los trámites constitucionales correspondientes. (NP-ChatGPT-Emol)
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