El Ministerio del Deporte presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades detectadas durante el cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en la capital en octubre y noviembre de 2023.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y está a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien dispuso a la Policía de Investigaciones (PDI) efectuar las primeras diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados.
Según el Ministerio del Deporte, encabezado por Francisco Riveros, los antecedentes incluyen rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que eventualmente habrían ocasionado perjuicios patrimoniales a la Corporación y actuaciones relacionadas con la administración de su proceso de liquidación.
La cartera venía examinando estos antecedentes desde el comienzo de la actual administración junto con el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el equipo encargado de realizar la denominada Auditoría Total al Estado.
Uno de los principales aspectos bajo revisión corresponde a la vigencia de la Corporación Santiago 2023. Sus estatutos, redactados en 2018, establecían que la institución existiría hasta 12 meses después de terminados los Juegos, es decir, hasta el 26 de noviembre de 2024, con la posibilidad de extender ese período solamente por un año adicional.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Ejecutivo, en septiembre de 2024, cuando Harold Mayne-Nicholls ejercía como director ejecutivo, la asamblea de socios decidió prolongar la existencia de la institución hasta noviembre de 2025. El Ministerio del Deporte sostiene, sin embargo, que el procedimiento no habría cumplido las formalidades contempladas en los estatutos, entre ellas actuaciones ante notario y la correspondiente inscripción legal.
La denuncia también pone atención en el funcionamiento de la Corporación durante 2025. En ese período habría mantenido una dotación de 72 personas y contado con un presupuesto estimado de aproximadamente $5.100 millones.
En noviembre de 2025, la asamblea de socios acordó finalmente poner término a la entidad e iniciar su liquidación. Según los antecedentes del Gobierno, esa determinación tampoco habría sido inscrita legalmente.
Las dudas sobre la situación jurídica y patrimonial de la Corporación ya habían motivado actuaciones administrativas. El 12 de agosto, un día antes de dejar el Ministerio del Deporte, la entonces titular de la cartera, Natalia Duco, solicitó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, antecedentes sobre la vigencia de la institución, modificaciones de sus estatutos, operaciones efectuadas después del vencimiento de su plazo y movimientos patrimoniales, incluidas donaciones.
En ese oficio, Duco pidió efectuar una fiscalización integral destinada a establecer si la Corporación había cumplido la normativa y sus propios estatutos, además de examinar la regularidad de su administración, funcionamiento y situación patrimonial. Según los antecedentes disponibles, la solicitud todavía no había recibido respuesta de Justicia. Consultado por Ex-Ante, Mayne-Nicholls declinó referirse al asunto.
Otro de los principales capítulos de la denuncia corresponde a gastos efectuados con recursos públicos cuyas rendiciones fueron rechazadas por el IND. De acuerdo con los documentos citados, los desembolsos cuestionados, ejecutados desde 2022, alcanzarían aproximadamente $23.727 millones.
Entre las rendiciones objetadas figuran pagos previsionales correspondientes a 2023 y 2024 por cerca de $1.100 millones, una compra masiva de dólares por aproximadamente $790 millones y pagos de honorarios a extrabajadores de la Corporación.
A lo anterior se suma una serie de litigios laborales. Entre agosto de 2023 y junio de 2026 se habrían presentado 236 demandas por un monto conjunto de $6.345 millones. De ellas, 138 corresponderían a trabajadores directos y otras 48 a demandas solidarias, mientras que una parte importante de las acciones habría sido iniciada por personas que prestaron servicios a honorarios.
Fuentes de Gobierno estiman que la Corporación ha desembolsado alrededor de $1.614 millones por estos litigios. Desde 2023, la organización habría contado con una dotación acumulada de 1.952 personas, de las cuales 1.804 prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios.
La situación financiera también incluye litigios con proveedores. La Corporación mantiene tres juicios civiles abiertos por un monto total cercano a US$6,5 millones.
Uno de los principales conflictos involucra a la empresa brasileña Fast, responsable de instalar infraestructura metálica, graderías, tarimas, generadores de respaldo e iluminación para los Juegos. La disputa, iniciada en 2024, alcanza aproximadamente US$2,7 millones y contempla cuestionamientos de la compañía por retenciones de pagos y materias tributarias atribuidas a la Corporación.
Según documentos del Ministerio del Deporte, además existirían observaciones del Servicio de Impuestos Internos relacionadas con pagos de IVA y otros gravámenes, entre ellos el impuesto a las donaciones y el impuesto adicional.
La investigación penal deberá ahora determinar la naturaleza y alcance de las situaciones denunciadas y establecer si las presuntas irregularidades detectadas durante el funcionamiento y posterior liquidación de la Corporación Santiago 2023 configuran eventuales responsabilidades. (Ex Ante)
La entrada Deportes denuncia serias irregularidades en liquidación de la Corporación Santiago 2023 se publicó primero en Nuevo Poder.
El Ministerio del Deporte presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades detectadas durante el cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en la capital en octubre y noviembre de 2023.. La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y está a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien dispuso a la Policía de Investigaciones (PDI) efectuar las primeras diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados.. Según el Ministerio del Deporte, encabezado por Francisco Riveros, los antecedentes incluyen rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que eventualmente habrían ocasionado perjuicios patrimoniales a la Corporación y actuaciones relacionadas con la administración de su proceso de liquidación.. La cartera venía examinando estos antecedentes desde el comienzo de la actual administración junto con el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el equipo encargado de realizar la denominada Auditoría Total al Estado.. Uno de los principales aspectos bajo revisión corresponde a la vigencia de la Corporación Santiago 2023. Sus estatutos, redactados en 2018, establecían que la institución existiría hasta 12 meses después de terminados los Juegos, es decir, hasta el 26 de noviembre de 2024, con la posibilidad de extender ese período solamente por un año adicional.. De acuerdo con la denuncia presentada por el Ejecutivo, en septiembre de 2024, cuando Harold Mayne-Nicholls ejercía como director ejecutivo, la asamblea de socios decidió prolongar la existencia de la institución hasta noviembre de 2025. El Ministerio del Deporte sostiene, sin embargo, que el procedimiento no habría cumplido las formalidades contempladas en los estatutos, entre ellas actuaciones ante notario y la correspondiente inscripción legal.. La denuncia también pone atención en el funcionamiento de la Corporación durante 2025. En ese período habría mantenido una dotación de 72 personas y contado con un presupuesto estimado de aproximadamente $5.100 millones.. En noviembre de 2025, la asamblea de socios acordó finalmente poner término a la entidad e iniciar su liquidación. Según los antecedentes del Gobierno, esa determinación tampoco habría sido inscrita legalmente.. Las dudas sobre la situación jurídica y patrimonial de la Corporación ya habían motivado actuaciones administrativas. El 12 de agosto, un día antes de dejar el Ministerio del Deporte, la entonces titular de la cartera, Natalia Duco, solicitó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, antecedentes sobre la vigencia de la institución, modificaciones de sus estatutos, operaciones efectuadas después del vencimiento de su plazo y movimientos patrimoniales, incluidas donaciones.. En ese oficio, Duco pidió efectuar una fiscalización integral destinada a establecer si la Corporación había cumplido la normativa y sus propios estatutos, además de examinar la regularidad de su administración, funcionamiento y situación patrimonial. Según los antecedentes disponibles, la solicitud todavía no había recibido respuesta de Justicia. Consultado por Ex-Ante, Mayne-Nicholls declinó referirse al asunto.. Otro de los principales capítulos de la denuncia corresponde a gastos efectuados con recursos públicos cuyas rendiciones fueron rechazadas por el IND. De acuerdo con los documentos citados, los desembolsos cuestionados, ejecutados desde 2022, alcanzarían aproximadamente $23.727 millones.. Entre las rendiciones objetadas figuran pagos previsionales correspondientes a 2023 y 2024 por cerca de $1.100 millones, una compra masiva de dólares por aproximadamente $790 millones y pagos de honorarios a extrabajadores de la Corporación.. A lo anterior se suma una serie de litigios laborales. Entre agosto de 2023 y junio de 2026 se habrían presentado 236 demandas por un monto conjunto de $6.345 millones. De ellas, 138 corresponderían a trabajadores directos y otras 48 a demandas solidarias, mientras que una parte importante de las acciones habría sido iniciada por personas que prestaron servicios a honorarios.. Fuentes de Gobierno estiman que la Corporación ha desembolsado alrededor de $1.614 millones por estos litigios. Desde 2023, la organización habría contado con una dotación acumulada de 1.952 personas, de las cuales 1.804 prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios.. La situación financiera también incluye litigios con proveedores. La Corporación mantiene tres juicios civiles abiertos por un monto total cercano a US$6,5 millones.. Uno de los principales conflictos involucra a la empresa brasileña Fast, responsable de instalar infraestructura metálica, graderías, tarimas, generadores de respaldo e iluminación para los Juegos. La disputa, iniciada en 2024, alcanza aproximadamente US$2,7 millones y contempla cuestionamientos de la compañía por retenciones de pagos y materias tributarias atribuidas a la Corporación.. Según documentos del Ministerio del Deporte, además existirían observaciones del Servicio de Impuestos Internos relacionadas con pagos de IVA y otros gravámenes, entre ellos el impuesto a las donaciones y el impuesto adicional.. La investigación penal deberá ahora determinar la naturaleza y alcance de las situaciones denunciadas y establecer si las presuntas irregularidades detectadas durante el funcionamiento y posterior liquidación de la Corporación Santiago 2023 configuran eventuales responsabilidades. (Ex Ante). La entrada Deportes denuncia serias irregularidades en liquidación de la Corporación Santiago 2023 se publicó primero en Nuevo Poder.
El Ministerio del Deporte presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades detectadas durante el cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en la capital en octubre y noviembre de 2023. La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente La entrada Deportes denuncia serias irregularidades en liquidación de la Corporación Santiago 2023 se publicó primero en Nuevo Poder.
El Ministerio del Deporte presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades detectadas durante el cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en la capital en octubre y noviembre de 2023.. La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y está a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien dispuso a la Policía de Investigaciones (PDI) efectuar las primeras diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados.. Según el Ministerio del Deporte, encabezado por Francisco Riveros, los antecedentes incluyen rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que eventualmente habrían ocasionado perjuicios patrimoniales a la Corporación y actuaciones relacionadas con la administración de su proceso de liquidación.. La cartera venía examinando estos antecedentes desde el comienzo de la actual administración junto con el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el equipo encargado de realizar la denominada Auditoría Total al Estado.. Uno de los principales aspectos bajo revisión corresponde a la vigencia de la Corporación Santiago 2023. Sus estatutos, redactados en 2018, establecían que la institución existiría hasta 12 meses después de terminados los Juegos, es decir, hasta el 26 de noviembre de 2024, con la posibilidad de extender ese período solamente por un año adicional.. De acuerdo con la denuncia presentada por el Ejecutivo, en septiembre de 2024, cuando Harold Mayne-Nicholls ejercía como director ejecutivo, la asamblea de socios decidió prolongar la existencia de la institución hasta noviembre de 2025. El Ministerio del Deporte sostiene, sin embargo, que el procedimiento no habría cumplido las formalidades contempladas en los estatutos, entre ellas actuaciones ante notario y la correspondiente inscripción legal.. La denuncia también pone atención en el funcionamiento de la Corporación durante 2025. En ese período habría mantenido una dotación de 72 personas y contado con un presupuesto estimado de aproximadamente $5.100 millones.. En noviembre de 2025, la asamblea de socios acordó finalmente poner término a la entidad e iniciar su liquidación. Según los antecedentes del Gobierno, esa determinación tampoco habría sido inscrita legalmente.. Las dudas sobre la situación jurídica y patrimonial de la Corporación ya habían motivado actuaciones administrativas. El 12 de agosto, un día antes de dejar el Ministerio del Deporte, la entonces titular de la cartera, Natalia Duco, solicitó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, antecedentes sobre la vigencia de la institución, modificaciones de sus estatutos, operaciones efectuadas después del vencimiento de su plazo y movimientos patrimoniales, incluidas donaciones.. En ese oficio, Duco pidió efectuar una fiscalización integral destinada a establecer si la Corporación había cumplido la normativa y sus propios estatutos, además de examinar la regularidad de su administración, funcionamiento y situación patrimonial. Según los antecedentes disponibles, la solicitud todavía no había recibido respuesta de Justicia. Consultado por Ex-Ante, Mayne-Nicholls declinó referirse al asunto.. Otro de los principales capítulos de la denuncia corresponde a gastos efectuados con recursos públicos cuyas rendiciones fueron rechazadas por el IND. De acuerdo con los documentos citados, los desembolsos cuestionados, ejecutados desde 2022, alcanzarían aproximadamente $23.727 millones.. Entre las rendiciones objetadas figuran pagos previsionales correspondientes a 2023 y 2024 por cerca de $1.100 millones, una compra masiva de dólares por aproximadamente $790 millones y pagos de honorarios a extrabajadores de la Corporación.. A lo anterior se suma una serie de litigios laborales. Entre agosto de 2023 y junio de 2026 se habrían presentado 236 demandas por un monto conjunto de $6.345 millones. De ellas, 138 corresponderían a trabajadores directos y otras 48 a demandas solidarias, mientras que una parte importante de las acciones habría sido iniciada por personas que prestaron servicios a honorarios.. Fuentes de Gobierno estiman que la Corporación ha desembolsado alrededor de $1.614 millones por estos litigios. Desde 2023, la organización habría contado con una dotación acumulada de 1.952 personas, de las cuales 1.804 prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios.. La situación financiera también incluye litigios con proveedores. La Corporación mantiene tres juicios civiles abiertos por un monto total cercano a US$6,5 millones.. Uno de los principales conflictos involucra a la empresa brasileña Fast, responsable de instalar infraestructura metálica, graderías, tarimas, generadores de respaldo e iluminación para los Juegos. La disputa, iniciada en 2024, alcanza aproximadamente US$2,7 millones y contempla cuestionamientos de la compañía por retenciones de pagos y materias tributarias atribuidas a la Corporación.. Según documentos del Ministerio del Deporte, además existirían observaciones del Servicio de Impuestos Internos relacionadas con pagos de IVA y otros gravámenes, entre ellos el impuesto a las donaciones y el impuesto adicional.. La investigación penal deberá ahora determinar la naturaleza y alcance de las situaciones denunciadas y establecer si las presuntas irregularidades detectadas durante el funcionamiento y posterior liquidación de la Corporación Santiago 2023 configuran eventuales responsabilidades. (Ex Ante)
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