El debate legislativo de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comenzaría recién durante la segunda semana de septiembre, en medio de un complejo escenario político y de negociaciones destinadas a evitar el fracaso de la iniciativa en el Senado.
La próxima semana, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, presidida por Pedro Araya (PPD), concentrará su trabajo en otra iniciativa considerada prioritaria por el Ejecutivo: la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La postergación también responde a la decisión de La Moneda de retirar la suma urgencia de la reforma constitucional. Con ello, el Gobierno busca entregar mayor espacio para las conversaciones entre oficialismo y oposición antes de someter el proyecto a sus primeras votaciones.
El escenario parlamentario es adverso para el Ejecutivo. La iniciativa requiere 29 votos en el Senado para ser aprobada, debido a que modifica la Carta Fundamental, y actualmente el Gobierno no cuenta con los respaldos suficientes para asegurar siquiera su aprobación en general.
Ante esta situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), convocó a los senadores de la alianza de Gobierno a una reunión para el próximo martes, instancia en la que se analizarán las alternativas para destrabar la reforma.
En Renovación Nacional ya existe una propuesta para intentar alcanzar un acuerdo con parte de la oposición: eliminar del proyecto la creación del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública y concentrar las modificaciones en el fortalecimiento del actual Estado de Emergencia.
La colectividad inició conversaciones con parlamentarios opositores, particularmente con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, y con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
Núñez sostuvo que la viabilidad de la reforma pasa por abandonar el nuevo estado de excepción y reforzar los instrumentos constitucionales existentes. La senadora llamó además a abordar la discusión con realismo legislativo y evitar que el debate se convierta en una disputa respecto de qué sectores están más comprometidos con el combate al crimen organizado.
El senador Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Constitución, también ha sostenido conversaciones con Araya y Vodanovic para buscar puntos de encuentro. Las alternativas analizadas hasta ahora no contemplan mantener el nuevo estado de excepción en los términos propuestos originalmente por el Ejecutivo.
Longton ha planteado dudas respecto de la necesidad de crear una figura constitucional adicional si sus objetivos son similares a los del Estado de Emergencia que actualmente se aplica en la macrozona sur.
El parlamentario también cuestionó la necesidad de establecer nuevas restricciones a garantías individuales si las herramientas actualmente disponibles, acompañadas de autorización judicial cuando corresponde, permiten desarrollar medidas para combatir al crimen organizado.
Según Longton, solo si el Ejecutivo demuestra que existen restricciones adicionales indispensables para enfrentar eficazmente a las organizaciones criminales tendría sentido modificar el régimen vigente. Incluso en ese escenario, manifestó su preferencia por fortalecer el actual Estado de Emergencia antes que crear una nueva figura constitucional.
Arrau, sin embargo, continúa defendiendo la necesidad del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El ministro aseguró que existe respaldo político para disponer de una herramienta de aplicación territorial acotada que permita realizar intervenciones intensivas y temporales en barrios o zonas controladas por organizaciones criminales.
Una de las fórmulas que RN analiza para construir un entendimiento consiste en fusionar parte de la reforma gubernamental con iniciativas constitucionales presentadas anteriormente por senadores socialistas y otros parlamentarios.
Entre esas propuestas se encuentra una moción respaldada transversalmente por legisladores de RN, el PS e independientes, que busca establecer un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por determinados delitos.
La iniciativa cuenta, entre otras, con las firmas de Paulina Núñez, Paulina Vodanovic y Manuel José Ossandón (RN). Las coincidencias entre ese proyecto y algunos componentes de la propuesta del Ejecutivo podrían utilizarse como base para alcanzar un acuerdo que permita aprobar al menos la idea de legislar.
Sin embargo, una negociación de esas características exigiría que La Moneda renuncie a varias disposiciones del proyecto original. Además del nuevo estado de excepción, podrían quedar fuera algunas restricciones de derechos y determinadas normas relacionadas con beneficios fiscales.
En paralelo, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recibió este miércoles en La Moneda al senador Pedro Araya, uno de los parlamentarios considerados relevantes para cualquier eventual acuerdo.
Araya colaboró anteriormente con el Gobierno durante la tramitación de la denominada megarreforma económica impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, actualmente mantiene una posición crítica respecto de la reforma de seguridad y además ha tenido diferencias con Arrau.
El oficialismo reconoce que necesita obligatoriamente votos opositores para aprobar la modificación constitucional y estaría dispuesto a realizar gestos destinados a facilitar las negociaciones.
El desafío es mayor debido a que tampoco existe respaldo completo dentro del sector que acompaña al Gobierno. De los 26 votos aliados que el oficialismo consiguió reunir durante la tramitación de la reforma económica, al menos cuatro senadores afines no estarían disponibles actualmente para aprobar siquiera la idea de legislar la reforma de seguridad.
Entre ellos se encuentran los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la senadora libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia.
La exigencia de alcanzar 29 votos se mantendrá tanto para la aprobación general de la reforma como para las disposiciones del articulado que requieran el mismo quórum constitucional. Esa aritmética convierte a la oposición en un actor indispensable para la continuidad del proyecto.
Con el retiro de la suma urgencia y la postergación del debate hasta septiembre, el Ejecutivo y los partidos oficialistas buscarán utilizar las próximas semanas para reformular la iniciativa y construir un acuerdo. La principal definición será determinar si La Moneda está dispuesta a renunciar al nuevo estado de excepción que Arrau considera central para la propuesta con el objetivo de evitar que la reforma sea rechazada en su primera votación. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Oficialismo busca salvar reforma de seguridad: RN propone eliminar nuevo estado de excepción se publicó primero en Nuevo Poder.
El debate legislativo de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comenzaría recién durante la segunda semana de septiembre, en medio de un complejo escenario político y de negociaciones destinadas a evitar el fracaso de la iniciativa en el Senado.. La próxima semana, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, presidida por Pedro Araya (PPD), concentrará su trabajo en otra iniciativa considerada prioritaria por el Ejecutivo: la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente.. La postergación también responde a la decisión de La Moneda de retirar la suma urgencia de la reforma constitucional. Con ello, el Gobierno busca entregar mayor espacio para las conversaciones entre oficialismo y oposición antes de someter el proyecto a sus primeras votaciones.. El escenario parlamentario es adverso para el Ejecutivo. La iniciativa requiere 29 votos en el Senado para ser aprobada, debido a que modifica la Carta Fundamental, y actualmente el Gobierno no cuenta con los respaldos suficientes para asegurar siquiera su aprobación en general.. Ante esta situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), convocó a los senadores de la alianza de Gobierno a una reunión para el próximo martes, instancia en la que se analizarán las alternativas para destrabar la reforma.. En Renovación Nacional ya existe una propuesta para intentar alcanzar un acuerdo con parte de la oposición: eliminar del proyecto la creación del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública y concentrar las modificaciones en el fortalecimiento del actual Estado de Emergencia.. La colectividad inició conversaciones con parlamentarios opositores, particularmente con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, y con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.. Núñez sostuvo que la viabilidad de la reforma pasa por abandonar el nuevo estado de excepción y reforzar los instrumentos constitucionales existentes. La senadora llamó además a abordar la discusión con realismo legislativo y evitar que el debate se convierta en una disputa respecto de qué sectores están más comprometidos con el combate al crimen organizado.. El senador Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Constitución, también ha sostenido conversaciones con Araya y Vodanovic para buscar puntos de encuentro. Las alternativas analizadas hasta ahora no contemplan mantener el nuevo estado de excepción en los términos propuestos originalmente por el Ejecutivo.. Longton ha planteado dudas respecto de la necesidad de crear una figura constitucional adicional si sus objetivos son similares a los del Estado de Emergencia que actualmente se aplica en la macrozona sur.. El parlamentario también cuestionó la necesidad de establecer nuevas restricciones a garantías individuales si las herramientas actualmente disponibles, acompañadas de autorización judicial cuando corresponde, permiten desarrollar medidas para combatir al crimen organizado.. Según Longton, solo si el Ejecutivo demuestra que existen restricciones adicionales indispensables para enfrentar eficazmente a las organizaciones criminales tendría sentido modificar el régimen vigente. Incluso en ese escenario, manifestó su preferencia por fortalecer el actual Estado de Emergencia antes que crear una nueva figura constitucional.. Arrau, sin embargo, continúa defendiendo la necesidad del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El ministro aseguró que existe respaldo político para disponer de una herramienta de aplicación territorial acotada que permita realizar intervenciones intensivas y temporales en barrios o zonas controladas por organizaciones criminales.. Una de las fórmulas que RN analiza para construir un entendimiento consiste en fusionar parte de la reforma gubernamental con iniciativas constitucionales presentadas anteriormente por senadores socialistas y otros parlamentarios.. Entre esas propuestas se encuentra una moción respaldada transversalmente por legisladores de RN, el PS e independientes, que busca establecer un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por determinados delitos.. La iniciativa cuenta, entre otras, con las firmas de Paulina Núñez, Paulina Vodanovic y Manuel José Ossandón (RN). Las coincidencias entre ese proyecto y algunos componentes de la propuesta del Ejecutivo podrían utilizarse como base para alcanzar un acuerdo que permita aprobar al menos la idea de legislar.. Sin embargo, una negociación de esas características exigiría que La Moneda renuncie a varias disposiciones del proyecto original. Además del nuevo estado de excepción, podrían quedar fuera algunas restricciones de derechos y determinadas normas relacionadas con beneficios fiscales.. En paralelo, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recibió este miércoles en La Moneda al senador Pedro Araya, uno de los parlamentarios considerados relevantes para cualquier eventual acuerdo.. Araya colaboró anteriormente con el Gobierno durante la tramitación de la denominada megarreforma económica impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, actualmente mantiene una posición crítica respecto de la reforma de seguridad y además ha tenido diferencias con Arrau.. El oficialismo reconoce que necesita obligatoriamente votos opositores para aprobar la modificación constitucional y estaría dispuesto a realizar gestos destinados a facilitar las negociaciones.. El desafío es mayor debido a que tampoco existe respaldo completo dentro del sector que acompaña al Gobierno. De los 26 votos aliados que el oficialismo consiguió reunir durante la tramitación de la reforma económica, al menos cuatro senadores afines no estarían disponibles actualmente para aprobar siquiera la idea de legislar la reforma de seguridad.. Entre ellos se encuentran los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la senadora libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia.. La exigencia de alcanzar 29 votos se mantendrá tanto para la aprobación general de la reforma como para las disposiciones del articulado que requieran el mismo quórum constitucional. Esa aritmética convierte a la oposición en un actor indispensable para la continuidad del proyecto.. Con el retiro de la suma urgencia y la postergación del debate hasta septiembre, el Ejecutivo y los partidos oficialistas buscarán utilizar las próximas semanas para reformular la iniciativa y construir un acuerdo. La principal definición será determinar si La Moneda está dispuesta a renunciar al nuevo estado de excepción que Arrau considera central para la propuesta con el objetivo de evitar que la reforma sea rechazada en su primera votación. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Oficialismo busca salvar reforma de seguridad: RN propone eliminar nuevo estado de excepción se publicó primero en Nuevo Poder.
El debate legislativo de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comenzaría recién durante la segunda semana de septiembre, en medio de un complejo escenario político y de negociaciones destinadas a evitar el fracaso de la iniciativa en el Senado. La próxima La entrada Oficialismo busca salvar reforma de seguridad: RN propone eliminar nuevo estado de excepción se publicó primero en Nuevo Poder.
El debate legislativo de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comenzaría recién durante la segunda semana de septiembre, en medio de un complejo escenario político y de negociaciones destinadas a evitar el fracaso de la iniciativa en el Senado.. La próxima semana, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, presidida por Pedro Araya (PPD), concentrará su trabajo en otra iniciativa considerada prioritaria por el Ejecutivo: la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente.. La postergación también responde a la decisión de La Moneda de retirar la suma urgencia de la reforma constitucional. Con ello, el Gobierno busca entregar mayor espacio para las conversaciones entre oficialismo y oposición antes de someter el proyecto a sus primeras votaciones.. El escenario parlamentario es adverso para el Ejecutivo. La iniciativa requiere 29 votos en el Senado para ser aprobada, debido a que modifica la Carta Fundamental, y actualmente el Gobierno no cuenta con los respaldos suficientes para asegurar siquiera su aprobación en general.. Ante esta situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), convocó a los senadores de la alianza de Gobierno a una reunión para el próximo martes, instancia en la que se analizarán las alternativas para destrabar la reforma.. En Renovación Nacional ya existe una propuesta para intentar alcanzar un acuerdo con parte de la oposición: eliminar del proyecto la creación del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública y concentrar las modificaciones en el fortalecimiento del actual Estado de Emergencia.. La colectividad inició conversaciones con parlamentarios opositores, particularmente con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, y con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.. Núñez sostuvo que la viabilidad de la reforma pasa por abandonar el nuevo estado de excepción y reforzar los instrumentos constitucionales existentes. La senadora llamó además a abordar la discusión con realismo legislativo y evitar que el debate se convierta en una disputa respecto de qué sectores están más comprometidos con el combate al crimen organizado.. El senador Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Constitución, también ha sostenido conversaciones con Araya y Vodanovic para buscar puntos de encuentro. Las alternativas analizadas hasta ahora no contemplan mantener el nuevo estado de excepción en los términos propuestos originalmente por el Ejecutivo.. Longton ha planteado dudas respecto de la necesidad de crear una figura constitucional adicional si sus objetivos son similares a los del Estado de Emergencia que actualmente se aplica en la macrozona sur.. El parlamentario también cuestionó la necesidad de establecer nuevas restricciones a garantías individuales si las herramientas actualmente disponibles, acompañadas de autorización judicial cuando corresponde, permiten desarrollar medidas para combatir al crimen organizado.. Según Longton, solo si el Ejecutivo demuestra que existen restricciones adicionales indispensables para enfrentar eficazmente a las organizaciones criminales tendría sentido modificar el régimen vigente. Incluso en ese escenario, manifestó su preferencia por fortalecer el actual Estado de Emergencia antes que crear una nueva figura constitucional.. Arrau, sin embargo, continúa defendiendo la necesidad del nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El ministro aseguró que existe respaldo político para disponer de una herramienta de aplicación territorial acotada que permita realizar intervenciones intensivas y temporales en barrios o zonas controladas por organizaciones criminales.. Una de las fórmulas que RN analiza para construir un entendimiento consiste en fusionar parte de la reforma gubernamental con iniciativas constitucionales presentadas anteriormente por senadores socialistas y otros parlamentarios.. Entre esas propuestas se encuentra una moción respaldada transversalmente por legisladores de RN, el PS e independientes, que busca establecer un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por determinados delitos.. La iniciativa cuenta, entre otras, con las firmas de Paulina Núñez, Paulina Vodanovic y Manuel José Ossandón (RN). Las coincidencias entre ese proyecto y algunos componentes de la propuesta del Ejecutivo podrían utilizarse como base para alcanzar un acuerdo que permita aprobar al menos la idea de legislar.. Sin embargo, una negociación de esas características exigiría que La Moneda renuncie a varias disposiciones del proyecto original. Además del nuevo estado de excepción, podrían quedar fuera algunas restricciones de derechos y determinadas normas relacionadas con beneficios fiscales.. En paralelo, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recibió este miércoles en La Moneda al senador Pedro Araya, uno de los parlamentarios considerados relevantes para cualquier eventual acuerdo.. Araya colaboró anteriormente con el Gobierno durante la tramitación de la denominada megarreforma económica impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, actualmente mantiene una posición crítica respecto de la reforma de seguridad y además ha tenido diferencias con Arrau.. El oficialismo reconoce que necesita obligatoriamente votos opositores para aprobar la modificación constitucional y estaría dispuesto a realizar gestos destinados a facilitar las negociaciones.. El desafío es mayor debido a que tampoco existe respaldo completo dentro del sector que acompaña al Gobierno. De los 26 votos aliados que el oficialismo consiguió reunir durante la tramitación de la reforma económica, al menos cuatro senadores afines no estarían disponibles actualmente para aprobar siquiera la idea de legislar la reforma de seguridad.. Entre ellos se encuentran los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la senadora libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia.. La exigencia de alcanzar 29 votos se mantendrá tanto para la aprobación general de la reforma como para las disposiciones del articulado que requieran el mismo quórum constitucional. Esa aritmética convierte a la oposición en un actor indispensable para la continuidad del proyecto.. Con el retiro de la suma urgencia y la postergación del debate hasta septiembre, el Ejecutivo y los partidos oficialistas buscarán utilizar las próximas semanas para reformular la iniciativa y construir un acuerdo. La principal definición será determinar si La Moneda está dispuesta a renunciar al nuevo estado de excepción que Arrau considera central para la propuesta con el objetivo de evitar que la reforma sea rechazada en su primera votación. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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