El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla respaldó los principales lineamientos de la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast, aunque llamó a conocer el contenido específico de las reformas constitucionales antes de pronunciarse sobre algunas de las modificaciones propuestas.
El actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo sostuvo que las iniciativas responden a compromisos asumidos durante la campaña presidencial y afirmó que la implementación de las leyes aprobadas durante el gobierno anterior debe complementarse con nuevas medidas para enfrentar la evolución del crimen organizado.
A juicio de Ubilla, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales obliga al Estado a revisar permanentemente su legislación, sus mecanismos de gestión y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. En ese sentido, valoró que el actual Gobierno haya decidido dar continuidad a políticas impulsadas durante la administración anterior.
Uno de los principales componentes de la agenda corresponde a una reforma constitucional destinada a establecer expresamente la protección de la seguridad de las personas como un deber del Estado. Ubilla evitó entregar un respaldo definitivo a esa modificación mientras no se conozca el texto que será discutido por el Congreso.
El exsubsecretario advirtió que antes de incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental debe determinarse si los problemas que se busca resolver requieren efectivamente una reforma constitucional o pueden abordarse mediante modificaciones legales o reglamentarias.
También planteó interrogantes respecto de las consecuencias jurídicas que podría tener reconocer la seguridad pública dentro de las garantías constitucionales. Según explicó, dependiendo de la fórmula escogida, podría abrirse una discusión sobre las acciones disponibles para los ciudadanos cuando consideren que el Estado no está cumpliendo adecuadamente ese deber.
Ubilla expresó una cautela similar frente a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional. Señaló que primero debe conocerse su contenido y las circunstancias bajo las cuales podría aplicarse antes de evaluar su conveniencia.
Como antecedente, destacó la experiencia del estado de excepción aplicado reiteradamente en la Macrozona Sur. Según su evaluación, esta herramienta ha contribuido a reducir determinados delitos y ha permitido aumentar las detenciones y condenas asociadas a hechos ocurridos en esa zona.
El exsubsecretario reconoció que las políticas destinadas a fortalecer la seguridad pueden generar tensiones con la protección de las libertades individuales. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento del crimen organizado constituye una amenaza que obliga al Estado a buscar un equilibrio entre ambos objetivos.
En ese contexto, afirmó que una parte importante de la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar determinadas restricciones a cambio de mayores niveles de seguridad. Ubilla sostuvo además que la delincuencia afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para financiar sistemas privados de protección.
Respecto del carácter político de las propuestas, descartó que se trate exclusivamente de una agenda vinculada al Partido Republicano. Según señaló, varias de las iniciativas han formado parte durante años de las posiciones defendidas por distintos sectores de la derecha y también estuvieron presentes en las campañas presidenciales de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Entre las medidas mencionadas destacó las relacionadas con seguridad penitenciaria, control fronterizo, crimen organizado, protección de funcionarios policiales y de Gendarmería, además de las políticas destinadas a enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.
Ubilla también se refirió a la propuesta para facilitar el decomiso y disposición de bienes relacionados con actividades ilícitas. Planteó que el Estado mantiene desde hace años dificultades para administrar oportunamente drogas, armas, vehículos, propiedades, dinero y otros activos incautados en investigaciones criminales.
En materia legislativa, el exsubsecretario consideró que la oposición tendrá un margen político reducido para negarse a discutir las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo. A su juicio, la seguridad continúa entre las principales preocupaciones ciudadanas, lo que dificultaría un rechazo general al debate de los proyectos.
Sin embargo, sus afirmaciones sobre el eventual costo político para la oposición y sobre la disposición de los ciudadanos a restringir determinadas libertades corresponden a su evaluación política y no a antecedentes objetivos aportados en la entrevista.
Ubilla sostuvo finalmente que las nuevas propuestas no deben reemplazar la implementación de las normas aprobadas durante la administración anterior. A su juicio, enfrentar la delincuencia requiere combinar legislación, ejecución de las leyes vigentes y una mejor coordinación institucional.
De esta manera, el exsubsecretario respaldó la orientación general de la agenda impulsada por Kast, pero condicionó su evaluación de las reformas constitucionales a conocer sus textos definitivos y determinar si las herramientas propuestas son jurídicamente necesarias para enfrentar el crimen organizado. (NP-ChatGPT-La Tercera)
La entrada Ubilla (RN) pide evaluar con cautela cambios constitucionales en la agenda de seguridad se publicó primero en Nuevo Poder.
El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla respaldó los principales lineamientos de la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast, aunque llamó a conocer el contenido específico de las reformas constitucionales antes de pronunciarse sobre algunas de las modificaciones propuestas.. El actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo sostuvo que las iniciativas responden a compromisos asumidos durante la campaña presidencial y afirmó que la implementación de las leyes aprobadas durante el gobierno anterior debe complementarse con nuevas medidas para enfrentar la evolución del crimen organizado.. A juicio de Ubilla, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales obliga al Estado a revisar permanentemente su legislación, sus mecanismos de gestión y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. En ese sentido, valoró que el actual Gobierno haya decidido dar continuidad a políticas impulsadas durante la administración anterior.. Uno de los principales componentes de la agenda corresponde a una reforma constitucional destinada a establecer expresamente la protección de la seguridad de las personas como un deber del Estado. Ubilla evitó entregar un respaldo definitivo a esa modificación mientras no se conozca el texto que será discutido por el Congreso.. El exsubsecretario advirtió que antes de incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental debe determinarse si los problemas que se busca resolver requieren efectivamente una reforma constitucional o pueden abordarse mediante modificaciones legales o reglamentarias.. También planteó interrogantes respecto de las consecuencias jurídicas que podría tener reconocer la seguridad pública dentro de las garantías constitucionales. Según explicó, dependiendo de la fórmula escogida, podría abrirse una discusión sobre las acciones disponibles para los ciudadanos cuando consideren que el Estado no está cumpliendo adecuadamente ese deber.. Ubilla expresó una cautela similar frente a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional. Señaló que primero debe conocerse su contenido y las circunstancias bajo las cuales podría aplicarse antes de evaluar su conveniencia.. Como antecedente, destacó la experiencia del estado de excepción aplicado reiteradamente en la Macrozona Sur. Según su evaluación, esta herramienta ha contribuido a reducir determinados delitos y ha permitido aumentar las detenciones y condenas asociadas a hechos ocurridos en esa zona.. El exsubsecretario reconoció que las políticas destinadas a fortalecer la seguridad pueden generar tensiones con la protección de las libertades individuales. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento del crimen organizado constituye una amenaza que obliga al Estado a buscar un equilibrio entre ambos objetivos.. En ese contexto, afirmó que una parte importante de la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar determinadas restricciones a cambio de mayores niveles de seguridad. Ubilla sostuvo además que la delincuencia afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para financiar sistemas privados de protección.. Respecto del carácter político de las propuestas, descartó que se trate exclusivamente de una agenda vinculada al Partido Republicano. Según señaló, varias de las iniciativas han formado parte durante años de las posiciones defendidas por distintos sectores de la derecha y también estuvieron presentes en las campañas presidenciales de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.. Entre las medidas mencionadas destacó las relacionadas con seguridad penitenciaria, control fronterizo, crimen organizado, protección de funcionarios policiales y de Gendarmería, además de las políticas destinadas a enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.. Ubilla también se refirió a la propuesta para facilitar el decomiso y disposición de bienes relacionados con actividades ilícitas. Planteó que el Estado mantiene desde hace años dificultades para administrar oportunamente drogas, armas, vehículos, propiedades, dinero y otros activos incautados en investigaciones criminales.. En materia legislativa, el exsubsecretario consideró que la oposición tendrá un margen político reducido para negarse a discutir las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo. A su juicio, la seguridad continúa entre las principales preocupaciones ciudadanas, lo que dificultaría un rechazo general al debate de los proyectos.. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el eventual costo político para la oposición y sobre la disposición de los ciudadanos a restringir determinadas libertades corresponden a su evaluación política y no a antecedentes objetivos aportados en la entrevista.. Ubilla sostuvo finalmente que las nuevas propuestas no deben reemplazar la implementación de las normas aprobadas durante la administración anterior. A su juicio, enfrentar la delincuencia requiere combinar legislación, ejecución de las leyes vigentes y una mejor coordinación institucional.. De esta manera, el exsubsecretario respaldó la orientación general de la agenda impulsada por Kast, pero condicionó su evaluación de las reformas constitucionales a conocer sus textos definitivos y determinar si las herramientas propuestas son jurídicamente necesarias para enfrentar el crimen organizado. (NP-ChatGPT-La Tercera). La entrada Ubilla (RN) pide evaluar con cautela cambios constitucionales en la agenda de seguridad se publicó primero en Nuevo Poder.
El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla respaldó los principales lineamientos de la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast, aunque llamó a conocer el contenido específico de las reformas constitucionales antes de pronunciarse sobre algunas de las modificaciones propuestas. El actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo sostuvo que las La entrada Ubilla (RN) pide evaluar con cautela cambios constitucionales en la agenda de seguridad se publicó primero en Nuevo Poder.
El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla respaldó los principales lineamientos de la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast, aunque llamó a conocer el contenido específico de las reformas constitucionales antes de pronunciarse sobre algunas de las modificaciones propuestas.. El actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo sostuvo que las iniciativas responden a compromisos asumidos durante la campaña presidencial y afirmó que la implementación de las leyes aprobadas durante el gobierno anterior debe complementarse con nuevas medidas para enfrentar la evolución del crimen organizado.. A juicio de Ubilla, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales obliga al Estado a revisar permanentemente su legislación, sus mecanismos de gestión y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. En ese sentido, valoró que el actual Gobierno haya decidido dar continuidad a políticas impulsadas durante la administración anterior.. Uno de los principales componentes de la agenda corresponde a una reforma constitucional destinada a establecer expresamente la protección de la seguridad de las personas como un deber del Estado. Ubilla evitó entregar un respaldo definitivo a esa modificación mientras no se conozca el texto que será discutido por el Congreso.. El exsubsecretario advirtió que antes de incorporar nuevas disposiciones a la Carta Fundamental debe determinarse si los problemas que se busca resolver requieren efectivamente una reforma constitucional o pueden abordarse mediante modificaciones legales o reglamentarias.. También planteó interrogantes respecto de las consecuencias jurídicas que podría tener reconocer la seguridad pública dentro de las garantías constitucionales. Según explicó, dependiendo de la fórmula escogida, podría abrirse una discusión sobre las acciones disponibles para los ciudadanos cuando consideren que el Estado no está cumpliendo adecuadamente ese deber.. Ubilla expresó una cautela similar frente a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional. Señaló que primero debe conocerse su contenido y las circunstancias bajo las cuales podría aplicarse antes de evaluar su conveniencia.. Como antecedente, destacó la experiencia del estado de excepción aplicado reiteradamente en la Macrozona Sur. Según su evaluación, esta herramienta ha contribuido a reducir determinados delitos y ha permitido aumentar las detenciones y condenas asociadas a hechos ocurridos en esa zona.. El exsubsecretario reconoció que las políticas destinadas a fortalecer la seguridad pueden generar tensiones con la protección de las libertades individuales. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento del crimen organizado constituye una amenaza que obliga al Estado a buscar un equilibrio entre ambos objetivos.. En ese contexto, afirmó que una parte importante de la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar determinadas restricciones a cambio de mayores niveles de seguridad. Ubilla sostuvo además que la delincuencia afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para financiar sistemas privados de protección.. Respecto del carácter político de las propuestas, descartó que se trate exclusivamente de una agenda vinculada al Partido Republicano. Según señaló, varias de las iniciativas han formado parte durante años de las posiciones defendidas por distintos sectores de la derecha y también estuvieron presentes en las campañas presidenciales de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.. Entre las medidas mencionadas destacó las relacionadas con seguridad penitenciaria, control fronterizo, crimen organizado, protección de funcionarios policiales y de Gendarmería, además de las políticas destinadas a enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.. Ubilla también se refirió a la propuesta para facilitar el decomiso y disposición de bienes relacionados con actividades ilícitas. Planteó que el Estado mantiene desde hace años dificultades para administrar oportunamente drogas, armas, vehículos, propiedades, dinero y otros activos incautados en investigaciones criminales.. En materia legislativa, el exsubsecretario consideró que la oposición tendrá un margen político reducido para negarse a discutir las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo. A su juicio, la seguridad continúa entre las principales preocupaciones ciudadanas, lo que dificultaría un rechazo general al debate de los proyectos.. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el eventual costo político para la oposición y sobre la disposición de los ciudadanos a restringir determinadas libertades corresponden a su evaluación política y no a antecedentes objetivos aportados en la entrevista.. Ubilla sostuvo finalmente que las nuevas propuestas no deben reemplazar la implementación de las normas aprobadas durante la administración anterior. A su juicio, enfrentar la delincuencia requiere combinar legislación, ejecución de las leyes vigentes y una mejor coordinación institucional.. De esta manera, el exsubsecretario respaldó la orientación general de la agenda impulsada por Kast, pero condicionó su evaluación de las reformas constitucionales a conocer sus textos definitivos y determinar si las herramientas propuestas son jurídicamente necesarias para enfrentar el crimen organizado. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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